Constructora de Hidalgo exige 65 mdp a ciudadano que denunció irregularidades en obra
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Eréndira Aquino

Constructora de Hidalgo exige 65 mdp a ciudadano que denunció irregularidades en obra

Para el abogado del ciudadano demandado, las acusaciones en su contra son un acto de criminalización a la libertad de expresión.
Eréndira Aquino
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La empresa constructora Sylma solicitó 65 millones de pesos, como medida de reparación del daño, al ciudadano Leonardo García vinculado a proceso por el delito de difamación luego de que denunciara a medios de comunicación una serie de presuntas irregularidades cometidas por la citada compañía.

De acuerdo con la denuncia presentada por Silvia Rico Moreno, dueña de Sylma, las publicaciones en las que presuntamente se les acusa de fraude le provocaron pérdidas millonarias a su empresa, por lo que están solicitando como medida de reparación del daño el pago de 65 millones de pesos.

Para Jesús Alberto Guerrero, abogado de Leonardo García, el tener que comprobar que su cliente no afectó a la empresa con sus declaraciones es un acto de criminalización a la libertad de expresión, por lo que dijo, “no vamos a legitimar esta acción, porque sencillamente no podemos tener pruebas de que Leonardo ejerció un derecho, acto que no es punible”.

“Los 65 millones de pesos se volverían una deuda para Leonardo, pero no podrían privarlo de la libertad”, pues “si lo hicieran, sería como criminalizar la pobreza”, aseguró Guerrero, ante la posibilidad de que la Jueza Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Sissi Anette Rodríguez, falle contra el acusado.

En espera de segunda audiencia  

En conferencia de prensa, el abogado de Leonardo García anunció que la próxima audiencia sobre el caso se celebrará el próximo 17 de mayo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por lo que espera que en esta audiencia, la jueza a cargo del caso falle en favor de su cliente, ya que, en su opinión, la dueña de Sylma no aportó pruebas para sustentar la presunta comisión de difamación, por haber dado entrevistas a medios de comunicación locales sobre supuestas irregularidades en la construcción de un fraccionamiento en Hidalgo.

“El Ministerio Público dice que tiene pruebas para acreditar que cumplen con premisas claras para probar que hubo difamación; sin embargo, de acuerdo con la imputación hecha por Silvia Rico Moreno… el ciudadano tuvo comunicación con el medio El Independiente entre noviembre y diciembre de 2016, a efecto de que se publicara que hubo un fraude por parte de la empresa, pero eso no es una prueba, porque es algo ambiguo”, dijo.

Explicó que con esta expresión no se acreditan los hechos de la forma en la que se señala en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige que se compruebe “la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar”.

Guerrero recordó que la demanda contra Leonardo García se dio luego de que éste declarara ante el diario El Independiente de Hidalgo que se sentía defraudado por Sylma, constructora de la casa donde habitaba, pues presentaba fallas que generaban inundaciones durante la temporada de lluvias, además de que señaló el probable conflicto de interés que existía entre la dueña de la empresa y su hermano, el exsubsecretario de obras en Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno.

“Me siento defraudado” fue la frase por la cual el pasado 11 de enero de 2018 se desplegó un operativo de nueve policías y tres patrullas desde Hidalgo al Estado de México, para detener a Leonardo, sin presentar una orden de aprehensión en su contra”, acusó.

Guerrero adelantó que, en caso de que se declare culpable a Leonardo García, recurrirán a una apelación, y darán seguimiento a la queja que presentó en febrero pasado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A pesar de que instancias internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se han pronunciado a favor de que se deroguen los llamados “delitos contra el honor”, en México, en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Yucatán e Hidalgo todavía se persigue penalmente la difamación.

Otros delitos contra el honor castigados en el país son el “halconeo”, que se persigue penalmente en 22 estados; los ataques a la autoridad e instituciones están penalizados en 23 estados, mientras en seis estados se considera punible la elaboración de “memes”, bajo la figura de “falsificación o alteración de documento o similar tecnológico”.

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China vuelve a los confinamientos y pone en cuarentena a más de 36 millones de personas

Millones de personas en todo el país se enfrentan ahora a duras restricciones por el repunte de los casos de coronavirus.
15 de marzo, 2022
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Escuelas cerradas, teletrabajo y paquetes rociados con desinfectante a las puertas de casa.

Las escenas que se sucedían hace dos años en China, en el periodo más duro del confinamiento que trató de frenar la expansión de la covid-19, han vuelto a algunas grandes urbes del gigante asiático.

Millones de personas en todo el país se enfrentan ahora a duras restricciones por el repunte de los casos de coronavirus.

Entre las zonas afectadas por nuevas medidas se encuentran algunos puntos neurálgicos del país como el centro tecnológico Shenzhen y la megaurbe de Shanghái.

Incluso grandes empresas multinacionales han detenido algunas operaciones a medida que China amplía las zonas confinadas.

Toyota, Volkswagen y el proveedor de Apple, Foxconn, se encuentran entre las empresas afectadas y preocupa que las cadenas de suministro vuelvan a verse interrumpidas.

Filas en un centro de examinación en Hong Kong.

Reuters
Filas en un centro de examinación en Hong Kong.

Toda la provincia de Jilin

China informó el martes un récord de más de 5, 000 casos, la mayoría en la provincia de Jilin, lo que ha llevado a las autoridades a cerrar por completo el área.

Los 24 millones de residentes de esta provincia nororiental recibieron órdenes de cuarentena el pasado lunes.

Es la primera vez que China restringe una provincia entera desde el cierre de Wuhan y Hebei al comienzo de la pandemia.

A los residentes de Jilin se les ha prohibido moverse y cualquiera que quiera salir de la provincia debe solicitar un permiso policial.

Las medidas se producen un día después de que impusiera un bloqueo de cinco días a los 12.5 millones de residentes de la ciudad sureña de Shenzhen, donde todos los servicios de autobuses y metro están suspendidos.

Hombre con mascarilla

Getty Images

El martes, las autoridades de la ciudad de Langfang, que limita con la capital, Beijing, así como de Dongguan, en la provincia sureña de Guangdong, también impusieron cierres de forma inmediata.

Se ha dicho a las empresas en muchas de las regiones afectadas que cierren o que sus empleados trabajen desde casa, a menos que proporcionen servicios esenciales como alimentos, servicios públicos u otras necesidades.

Foxconn, que fabrica iPhones para Apple, detuvo sus operaciones en Shenzhen el lunes y dijo que la fecha de reanudación de sus actividades “será informada por el gobierno local”.

Algunos áreas residenciales están aplicando reglas estrictas sobre quién puede entrar.

Los paquetes se están rociando con desinfectante nuevamente a las puertas de las casas.


Análisis de Robin Brant, corresponsal de la BBC en Shanghái

Parece que China ha retrocedido dos años. Ha vuelto a los primeros días del brote que surgió por primera vez en el gigante asiático.

De nuevo se están imponiendo medidas drásticas y a gran escala para intentar contener el virus. Toda una provincia ha sido sellada.

El cierre de Jilin es similar en muchos aspectos al de Hubei a principios de 2020, el área de China donde comenzó todo.

Shenzhen, el centro tecnológico de importancia mundial, también es una ciudad confinada.

Shanghái, desde donde escribo esto es el hogar de 24 millones de personas y un importante centro global.

Todas las escuelas están cerradas, los niños han vuelto a las clases online y cada vez más personas trabajan desde casa.

Todo esto forma parte del esfuerzo de China para mantener/retener/recuperar la estrategia de “covid cero”.

Este objetivo se ha visto impulsado por el despliegue masivo de vacunas de producción china y por el cierre efectivo de fronteras.

Sin embargo, ese objetivo está siendo significativamente socavado por la variante ómicron.


Hombre desinfectando

Getty Images

China ha visto relativamente menos casos de covid gracias a su estricta política de “covid cero”, que le permite llevar a cabo cierres rápidos, pruebas masivas y restricciones de viaje cada vez que surge un brote.

Sin embargo, la rápida transmisibilidad de la variante ómicron ha hecho que apegarse a ese enfoque sea cada vez más desafiante.

Desde principios de año, China ha notificado más casos de transmisión interna que en todo 2021.

El principal experto chino en enfermedades infecciosas, Zhang Wenhong, calificó los brotes recientes como “el período más difícil en los últimos dos años de lucha contra el covid”.

Y afirmó en una publicación online de amplia difusión que todavía estaban en “la etapa inicial de un aumento exponencial”.

Pero agregó que aunque era necesario que China mantuviera su estrategia de “covid cero” para controlar los brotes por ahora, “esto no significa necesariamente que continuaremos implementando la estrategia de bloqueos y pruebas masivas para siempre”.


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