close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Eréndira Aquino

Constructora de Hidalgo exige 65 mdp a ciudadano que denunció irregularidades en obra

Para el abogado del ciudadano demandado, las acusaciones en su contra son un acto de criminalización a la libertad de expresión.
Eréndira Aquino
Comparte

La empresa constructora Sylma solicitó 65 millones de pesos, como medida de reparación del daño, al ciudadano Leonardo García vinculado a proceso por el delito de difamación luego de que denunciara a medios de comunicación una serie de presuntas irregularidades cometidas por la citada compañía.

De acuerdo con la denuncia presentada por Silvia Rico Moreno, dueña de Sylma, las publicaciones en las que presuntamente se les acusa de fraude le provocaron pérdidas millonarias a su empresa, por lo que están solicitando como medida de reparación del daño el pago de 65 millones de pesos.

Para Jesús Alberto Guerrero, abogado de Leonardo García, el tener que comprobar que su cliente no afectó a la empresa con sus declaraciones es un acto de criminalización a la libertad de expresión, por lo que dijo, “no vamos a legitimar esta acción, porque sencillamente no podemos tener pruebas de que Leonardo ejerció un derecho, acto que no es punible”.

“Los 65 millones de pesos se volverían una deuda para Leonardo, pero no podrían privarlo de la libertad”, pues “si lo hicieran, sería como criminalizar la pobreza”, aseguró Guerrero, ante la posibilidad de que la Jueza Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Sissi Anette Rodríguez, falle contra el acusado.

En espera de segunda audiencia  

En conferencia de prensa, el abogado de Leonardo García anunció que la próxima audiencia sobre el caso se celebrará el próximo 17 de mayo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por lo que espera que en esta audiencia, la jueza a cargo del caso falle en favor de su cliente, ya que, en su opinión, la dueña de Sylma no aportó pruebas para sustentar la presunta comisión de difamación, por haber dado entrevistas a medios de comunicación locales sobre supuestas irregularidades en la construcción de un fraccionamiento en Hidalgo.

“El Ministerio Público dice que tiene pruebas para acreditar que cumplen con premisas claras para probar que hubo difamación; sin embargo, de acuerdo con la imputación hecha por Silvia Rico Moreno… el ciudadano tuvo comunicación con el medio El Independiente entre noviembre y diciembre de 2016, a efecto de que se publicara que hubo un fraude por parte de la empresa, pero eso no es una prueba, porque es algo ambiguo”, dijo.

Explicó que con esta expresión no se acreditan los hechos de la forma en la que se señala en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige que se compruebe “la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar”.

Guerrero recordó que la demanda contra Leonardo García se dio luego de que éste declarara ante el diario El Independiente de Hidalgo que se sentía defraudado por Sylma, constructora de la casa donde habitaba, pues presentaba fallas que generaban inundaciones durante la temporada de lluvias, además de que señaló el probable conflicto de interés que existía entre la dueña de la empresa y su hermano, el exsubsecretario de obras en Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno.

“Me siento defraudado” fue la frase por la cual el pasado 11 de enero de 2018 se desplegó un operativo de nueve policías y tres patrullas desde Hidalgo al Estado de México, para detener a Leonardo, sin presentar una orden de aprehensión en su contra”, acusó.

Guerrero adelantó que, en caso de que se declare culpable a Leonardo García, recurrirán a una apelación, y darán seguimiento a la queja que presentó en febrero pasado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A pesar de que instancias internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se han pronunciado a favor de que se deroguen los llamados “delitos contra el honor”, en México, en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Yucatán e Hidalgo todavía se persigue penalmente la difamación.

Otros delitos contra el honor castigados en el país son el “halconeo”, que se persigue penalmente en 22 estados; los ataques a la autoridad e instituciones están penalizados en 23 estados, mientras en seis estados se considera punible la elaboración de “memes”, bajo la figura de “falsificación o alteración de documento o similar tecnológico”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
G. D. Olmo

Crisis en Venezuela: Guanta, la ciudad invisible que vive bajo una nube tóxica

Los habitantes de Guanta, junto al Parque Nacional Mochima, una de las maravillas de la costa venezolana, viven expuestos a la contaminación que emite una fábrica de cemento propiedad del Estado situada en las inmediaciones. Las infecciones respiratorias son frecuentes allí.
G. D. Olmo
13 de agosto, 2019
Comparte

Guanta está allí. Aunque apenas se la ve.

Desde el mirador de El Morro, situado en el otro frente de la bahía, las luces de sus farolas titilan bajo una nube situada a baja altura.

Es una nube distinta a las demás, más espesa, más pesada.

Si se sigue el rastro con la mirada, la vista intuye la fuente que la emite, la planta cementera de Pertigalete, situada a pocos kilómetros de Guanta y en la zona del Parque Nacional Mochima, uno de los paraísos naturales que abundan en la costa de Venezuela.

Aunque al forastero pueda sorprenderlo, los alrededor de 45.000 habitantes que se estima que tiene Guanta están habituados a vivir en un ambiente saturado de los residuos de caliza y esquisto que la planta, propiedad del Estado, utiliza para producir cemento.

Como la mayoría de sus vecinos, Gerardo Serra, de 77 años, barre a diario su casa, por dentro y por fuera.

“Aquí hay que estar siempre limpiando. Hay días en que el polvo tapa completamente el cerro”, asegura, escoba en mano, mientras señala a la montaña que se yergue frente a su casa en la urbanización Pamatacualito.

“A todos nos preocupa vivir con este problema; es una queja de todo el pueblo, pero…”

Guanta.

G. D. Olmo
Gerardo Serra, como muchos otros vecinos de Guanta, barre a diario el frente de su casa para evitar que se acumule el polvo de la cementera.

En Guanta el polvo lo impregna todo, sobre todo en la época del año en la que llueve menos.

Árboles y plantas, chamizos, cabinas telefónicas, automóviles… Nada se libra de las partículas.

Otra vecina que prefiere no ser identificada muestra los azulejos del patio de su casa, afeados por costras de un material blanquecino. Dice que, cuando llueve, con el agua caen también los materiales que emanan de Pertigalete. Si no alcanza a limpiarlos antes de que se seque el suelo, los restos se solidifican y quedan ahí para siempre.

Mapa

Alamy

Es lo que le ha pasado al auto que descansa en su garaje, cubierto por una suciedad que ya no cede.

Muchos en la zona cubren sus vehículos con fundas de plástico para evitar que les pase lo mismo.

Guanta.

G. D. Olmo
Los vecinos se quejan de que cuando llueve caen residuos del cielo, que, al secarse forman una capa de cemento sobre automóviles, casas y vegetación.

Problemas respiratorios

Pero hay cosas que no se pueden cubrir, como los pulmones de la gente.

En el Centro de Diagnóstico Integral de El Chorrerón, la doctora al frente del servicio de guardia atiende, sobre todo, pacientes afectados por problemas respiratorios.

“Infecciones respiratorias, bronquiolitis y neumonías son lo más frecuente aquí”, me cuenta.

“Esta semana hemos tenido entre 30 y 40 casos. Quienes más sufren son los lactantes y los pacientes asmáticos”.

Este es uno de los centros sanitarios de Venezuela en los que trabajan médicos cubanos y a diario los pacientes aguardan junto a retratos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro a recibir su tratamiento.

Últimamente no resulta fácil.

Guanta.

G. D. Olmo
La planta debería contar con unos filtros que redujeran su efecto contaminante, pero están dañados y no cumplen su función.

“Ahora no tenemos apenas antibióticos”, afirma la doctora, antes de mostrar los nebulizadores a los que necesitan conectarse los enfermos, para los que con frecuencia tampoco hay recargas.

Los problemas respiratorios de los vecinos han sido una constante en los 8 años que lleva trabajando aquí. “Al ser la contaminación el origen del problema nunca pudimos ofrecer una solución definitiva, pero antes, al menos, podíamos tratar a la gente; ahora ya no”, lamenta.

“Quienes más sufren son los lactantes y pacientes asmáticos”.

BBC Mundo intentó sin éxito obtener la versión de las autoridades y los responsables de la planta sobre el problema de la contaminación.

Ni su propietaria, la estatal Venezolana de Cementos (Vencemos), ni el alcalde de Guanta, ni el Ministerio de Comunicación, responsable de dar información en nombre del gobierno, respondieron a la solicitud de comentarios.

No es la doctora la única que ha notado los efectos que aparentemente tiene sobre la salud de la gente la contaminación de la fábrica de Pertigalete.

“Cuando vivía en Guanta me levantaba todas las mañanas con una reacción alérgica”, recuerda Manuel Fernández, uno de los asesores que colaboró en la elaboración de un informe con el que el diputado opositor Armando Armas, elegido en el Estado Anzoátegui, denunció la acción contaminante de la cementera.

El informe encontró que, debido al polvillo, de cada 10 niños atendidos en el ambulatorio David Zambrano, el principal centro sanitario de la localidad, 6 lo eran por problemas respiratorios o cutáneos.

Los problemas respiratorios eran también una de las causas más frecuentes por las que los adultos acudían al médico.

Guanta.

G. D. Olmo
En este centro médico de Guanta, en el que trabajan médicos cubanos, no hay antibióticos para responder a las infecciones respiratorias.

La planta perteneció a la compañía mexicana Cemex hasta que en 2008 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de la empresa, con el argumento, entre otros, de que no cumplía sus obligaciones sobre protección medioambiental.

Quienes mejor la conocen son sus trabajadores, algunos de los cuales conversaron con BBC Mundo bajo condición de anonimato. Aseguran que varios de sus representantes sindicales han sido “secuestrados” e intimidados por parte de los servicios de seguridad.

“El problema de la contaminación siempre existió, pero se ha agravado desde la expropiación por la falta de mantenimiento”.

Sin filtros

Según el relato de los empleados, los filtros que deben succionar los residuos que genera el proceso de producción del cemento están dañados y ya no cumplen su función, por lo que ahora salen al aire sin control.

Paradójicamente, aunque seis de sus siete hornos están parados y la producción ha caído a mínimos históricos, ahora contamina más que nunca.

“La tecnología está obsoleta y eso está provocando un daño ambiental incalculable”, denuncian los empleados, que reclaman al gobierno que invierta en el mantenimiento de la planta para hacerla sostenible, en lo económico y en lo ambiental.

Guanta.

G. D. Olmo
En las mismas aguas a las que vierte la planta se bañan los turistas que llegan al paradisíaco Parque Nacional Mochima.

La zona en la que se ubica la planta tiene un alto valor ecológico. Se trata del Parque Nacional Mochima, casi cien mil hectáreas de “bahías, playas, islas, golfos y ensenadas de grandes maravillas naturales”, privilegiada por una “exuberante diversidad biológica”, de acuerdo con la descripción del Instituto Nacional de Parques.

Se trata de un paraíso al que tradicionalmente acudían turistas de todo el país para disfrutar sus vacaciones, aunque la crisis actual de Venezuela haya hecho caer drásticamente el flujo de visitantes.

“Nunca lo arreglarán”

Manuel Fernández asegura que “la empresa no solo contamina el aire, sino también los acuíferos”, una denuncia secundada por Antonio Oteiza, presidente de la asociación Movimiento Ecológico, que afirma: “Hace tiempo comprobamos que el polvo está cubriendo los corales”.

El problema, dice Fernández, ha alcanzado ya a otras poblaciones de la cercana Gran Barcelona, una de las mayores concentraciones urbanas de Venezuela, en la que muchas comunidades viven de la pesca.

Barcelona

G. D. Olmo
Según sus críticos, la planta está contaminando todo el norte del Estado Anzoátegui. También cercana Barcelona donde algunas de las comunidades más desfavorecidas se buscan la vida pescando en el río Neverí.

Según la oficina del diputado Armas, que ahora vive fuera del país a causa de lo que sus colaboradores describen como “persecución gubernamental”, ya en 2011 se elevó una queja a la Asamblea Nacional, que ordenó realizar un estudio sobre el impacto medioambiental de la cementera.

Nunca llegó a realizarse.

Tampoco se cumplieron las directrices que en 2014 dio el Ministerio de Medio Ambiente para reducir los daños provocados por la planta, ni las reiteradas promesas de las autoridades locales de destinar a tal fin fondos de la petrolera estatal PDVSA.

A estas alturas, muchos en Guanta creen más probable que la planta acabe cerrando por su inoperatividad antes de que se subsanen los problemas que la han vuelto tan nociva.

La mujer que no quiso identificarse resume ese sentir: “Eso no lo van a arreglar. Si quisieran hacerlo, ya lo hubieran hecho”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.