Cuánto se ha gastado, y cuál es el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto
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Cuánto se ha gastado, y cuál es el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto

En un inicio, se dijo que el Nuevo Aeropuerto tendría un costo de 169 mil millones de pesos, pero esa cifra se ha incrementado; para financiar la obra, el gobierno aumentó 124% una tarifa que se cobra a los pasajeros en el Aeropuerto Benito Juárez, en vuelos internacionales.
Por Arturo Daen / Animal Político y Verificado 2018
15 de mayo, 2018
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La obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que el gobierno de Enrique Peña Nieto estima tendrá un costo de construcción de 13,300 millones de dólares, es cuestionada por el puntero en las encuestas, rumbo a la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

El político tabasqueño planteó en el inicio de las campañas que la obra debía cancelarse, porque es demasiado cara, y que era mejor conservar el aeropuerto actual (AICM, Benito Juárez) y construir dos pistas adicionales en la base militar de Santa Lucía, para resolver el problema de saturación.

Sin embargo, a la postre dijo que, de ganar la elección del 1 de julio, buscaría tener un diálogo con Peña Nieto, para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto, e incluso planteó la posibilidad de hacer una licitación, para que la obra de infraestructura esté a cargo de la iniciativa privada, y no se gasten más recursos públicos en ella.

En medio de la polémica, y al estar cada vez más cerca el día de los comicios, te presentamos una guía con puntos clave sobre el proyecto, que se dice será de la Ciudad de México, aunque se desarrolla en tres municipios mexiquenses, que son Ecatepec, Texcoco y Atenco:

Millones en vuelo

En la página del Nuevo Aeropuerto se indica cuál ha sido el importe pagado, hasta el 31 de marzo de 2018, por Obras preliminares y estudios, Obras Lado Tierra y Obras Lado Aire.

Al hacer la suma, se obtiene que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) –empresa de participación estatal mayoritaria, encargada de la construcción— ha pagado a contratistas 25 mil millones de pesos, y ya está comprometido el pago de 119 mil millones de pesos.

No se precisa cuánto de ese gasto es con recursos públicos, asignados en el Presupuesto de Egresos (PEF), y cuánto corresponde a los recursos que son denominados privados, que genera la tarifa que se cobra a los usuarios del Aeropuerto Benito Juárez, conocida como TUA.

De acuerdo con los documentos del PEF, en los ejercicios fiscales de 2015 a 2018 fueron asignados al menos 39 mil millones de pesos de recursos públicos, a la construcción del Nuevo Aeropuerto, sin que haya un indicador claro en su página web, de a qué rubro se han dirigido estas cantidades, aprobadas por el Congreso, y cuáles fueron las modificaciones presupuestales.

El GACM, para esta obra, ha prometido máxima transparencia, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión a la Cuenta Pública 2016, alertó que el Grupo había fallado en hacer una distinción clara, respecto a cuánto había de recursos públicos y cuánto de recursos privados, en las ampliaciones presupuestales que le aprobó Hacienda.

“Los recursos ejercidos por el GACM reportados en Cuenta Pública no se presentan de manera segregada de forma que se identifiquen los montos de la fuente privada y fiscal”, indicó la ASF.

Un ejemplo: En 2016, en el ramo 09 de Comunicaciones y Transportes, fueron aprobados 5,500 millones de pesos para inversión física en el Nuevo Aeropuerto, y ya en el reporte de la Cuenta Pública, se indicó que el gasto ejecutado fue de casi 37 mil millones de pesos. Es decir, 548% más.

Aunque en una nota se precisó que en el presupuesto modificado y ejercido habían sido considerados 31,600 millones de pesos de una partida adicional (46101 Aportaciones a fideicomisos públicos con tipo de gasto 9), no se precisó cuánto de ese dinero había sido de recursos PEF, y cuánto de recursos privados.

Si no se distinguen recursos fiscales y privados, de acuerdo con los reportes de la Cuenta Pública y la ASF, de 2014 a 2018 la asignación de gasto para la construcción del Nuevo Aeropuerto ha sido de al menos 85 mil millones de pesos. Poco más de un tercio del total estimado, con la expectativa de que el aeropuerto ya está listo para operar en 2020, en una primera etapa.

Lee: Verificado.mx: De Santa Lucía a la opción de licitar; las dudas y virajes en la propuesta aeroportuaria de AMLO

Lo pagan los usuarios

Para pagar el Nuevo Aeropuerto, además de los recursos fiscales o del PEF, el gobierno de Peña Nieto dispuso que se utilicen recursos generados por la Tarifa de Uso de Aeropuerto, conocida como TUA.

Estos recursos son los que el Grupo Aeroportuario denomina como recursos privados, y espera que cubran el 70% del costo total de la obra (ese calculó cambió, en un inicio se previó que cubrieran un 58%).

La TUA es un cobro que está incluido en el costo del boleto de avión de cada pasajero que utiliza el actual Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) -en vuelos de salida-, y también se cobrará a quienes usen el Nuevo Aeropuerto.

El gobierno fija esta tarifa de forma unilateral, está expresada en dólares, y cada año se determina su equivalente en pesos.

Desde que se anunció el Nuevo Aeropuerto, ha tenido un aumento considerable.

La TUA para vuelos nacionales pasó de ser de 15.91 dólares, a 23.20 dólares, en 2018. Esto es un aumento del 45%.

En el caso del cobro por vuelos internacionales, pasó de ser de 19.59 dólares, a 44.07 en 2018. Un aumento del 124%.

Esta Tarifa del Uso del Aeropuerto o TUA es parte esencial del financiamiento del Nuevo Aeropuerto; ese ingreso ha sido la garantía de pago del Grupo Aeroportuario, para pedir créditos, o colocar bonos verdes de deuda, con los que bancos e inversionistas internacionales le han dado recursos, en dólares.

Ese ingreso constante también le permite al Grupo Aeroportuario presumir que el Nuevo Aeropuerto es autofinanciable, ya que lo están pagando los propios usuarios, nacionales e internacionales, con la TUA.

Federico Patiño, el 26 de marzo pasado, explicó que para la construcción del Nuevo Aeropuerto el Grupo Aeroportuario había “levantado” u obtenido hasta ahora 10 mil de los 13 mil 300 millones de dólares necesarios.

6 mil millones de dólares a través de bonos verdes; 1,600 millones de dólares, por medio del fideicomiso de inversión denominado Fibra E; mil millones de dólares, con una línea de crédito revolvente, y 1,250 millones de dólares de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

¿Cuál sería el costo total?

La principal crítica de López Obrador a la obra del Nuevo Aeropuerto es el costo, a su parecer exacerbado.

De acuerdo con el GACM, prevalece el cálculo inicial, de que la construcción costará al menos 13 mil 300 millones de dólares.

Sin embargo, cuando fue presentado en 2014, se dijo que en pesos mexicanos el costo sería de 169 mil millones de pesos, con un tipo de cambio de 13 pesos por dólar.

Y ahora, cuatro años después, con un tipo de cambio de 19 pesos por dólar, se habla de que el aeropuerto en Texcoco costará al menos 240 mil millones de pesos (es la cifra que dio Patiño, aunque en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de Hacienda, se considera un monto de 195 mil millones de pesos).

El director del GACM ha insistido en que el costo del aeropuerto está estrechamente vinculado con el tipo de cambio, ya que la obra está dolarizada.

Por un lado, varios de los componentes o materiales son de exportación; y por el otro, los recursos que capta el Grupo Aeroportuario con bonos, créditos o fideicomisos son en dólares, y una de sus principales fuentes de financiamiento, la TUA, también está expresada en esa moneda.

Asesores de López Obrador, como el ingeniero Javier Jiménez Espriú -a quien propone como secretario de Comunicaciones y Transportes- rechazan esos argumentos, e insisten en criticar que el costo en pesos se haya elevado.

Jiménez Espriú, además, acusa que el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto es ilegal, porque no se consideran como deuda pública los préstamos que ha obtenido el Grupo Aeroportuario, utilizando un fideicomiso y colocando como garantía de pago los ingresos de la TUA.

“Una deuda pública, se ha disfrazado de deuda privada”, dijo en entrevista con Televisa, el 26 de abril.

En ese sentido, la ASF apuntó: “Se advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente, también origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en las finanzas públicas”.

Deuda por años

Con el instrumento de los bonos verdes, por ejemplo, hay un monto de 3 mil millones de dólares que tiene como plazo de pago el año 2047 (con una tasa de interés anual de 5.500%); y otros mil millones, con vencimiento en el 2028.

Es decir, esa deuda podría seguirse pagando hasta ese entonces; aunque como ya se ha mencionado, el Grupo Aeroportuario estima que ese monto sea cubierto con la TUA, con recursos que considera privados.

Los bonos verdes son instrumentos que permiten obtener fondos, se pagan a cierto plazo, con sus respectivos intereses, y tienen como peculiaridad que los recursos que presten los inversionistas o tenedores deben ser utilizados para obras que procuren el cuidado del medio ambiente.

“Todo bono es deuda, para el emisor. Todo el que emita un bono, es deuda. Así sea el gobierno o sean las corporaciones privadas, o incluso organismos no gubernamentales”, explica el economista Raymundo Tenorio.

Cuánto se gastará en mantenimiento

En un lapso de 50 años, de acuerdo con el observatorio del gasto de la Secretaría de Hacienda, se estarían gastando unos 569 mil millones de pesos en operación y mantenimiento del Nuevo Aeropuerto.

Si se considera ese monto, el costo total del proyecto superaría en las próximas cinco décadas los 764 mil millones de pesos, sin considerar todo tipo de imprevistos, que podría aumentar la cifra.

El costo de cancelar

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario, en este momento hay 321 contratos firmados, cerca de un 30% de avance de la obra, y cancelar costaría unos 120 mil millones de pesos, considerando lo que ya se ha invertido, y las demandas que habría de los contratistas, y penas convencionales.

Otro factor a considerar es que, de acuerdo con el gobierno de Peña Nieto, 45 mil personas trabajan en este momento en la construcción del Nuevo Aeropuerto.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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