Disputa territorial entre ganaderos y wixárikas genera bloqueos, cierre de escuelas y pone en riesgo la elección
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Martha Hernández Fuentes

Disputa territorial entre ganaderos y wixárikas genera bloqueos, cierre de escuelas y pone en riesgo la elección

Indígenas wixárikas acordaron vetar las campañas electorales y cerrar las carreteras y escuelas en la zona norte de Jalisco, ante la negativa de las autoridades para ayudarlos a recuperar las tierras que ganaderos agrícolas se apropiaron en los años 50 y que se niegan a regresar.
Martha Hernández Fuentes
Por Martha Hernández Fuentes
10 de mayo, 2018
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Los indígenas Wixárikas resolvieron cerrar totalmente el acceso carretero a 35 comunidades y 35 escuelas de la zona norte de Jalisco, en protesta por la falta de respuesta a sus demandas en el conflicto de tierras con ganaderos de Nayarit.

Desde el pasado lunes 29 de abril, los indígenas acordaron como primera medida el veto a candidatos, representantes de partidos y autoridades electorales. También decomisaron propaganda proselitista y establecieron el 9 de mayo como fecha límite para que las autoridades estatales y federales atendieran el conflicto, pero ante la falta de acciones decidieron desde la noche de este miércoles cerrar el acceso carretero a las comunidades y escuelas de la zona.

Leer: Wixárikas advierten bloqueo del proceso electoral si no se resuelve conflicto de tierras.

Los Wixárikas exigen a los gobiernos estatal y federal que intervengan para que puedan recuperar las tierras que ganaderos nayaritas se niegan a regresar, pese a que existen resoluciones favorables para ellos, explicaron.

Este miércoles, tras cumplirse el plazo propuesto por la asamblea indígena, los Wixárikas acordaron “no dejar pasar a nadie que ande transitando en la carretera. También las escuelas amanecerán cerradas”, informó el presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Santos Hernández Bautista.

Los retenes instalados son:

1.- Paso Mesa del tirador (límites de Jalisco y Nayarit)

2.- Crucero Banderitas o La Cañada (Tepic-Aguascalientes)

3.- Crucero de Pachecho (Huejuquilla-Amatitán)

4.- Cerro de la Puerta (Huejuquilla y Amatitán)

Sin respuesta a demandas

Emilio Carrillo de la Cruz, comisionado especial de la comunidad indígena, señaló que hasta el momento ninguna autoridad local o federal ha atendido sus demandas, por lo que decidieron pasar a otro tipo de acciones.

“El viernes (4 de mayo), nos llamó el secretario general del gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, para decirnos que era un mensaje de paz, que respeta nuestra lucha, eso fue lo único”, indicó.

Leer: Indígenas wixárikas frenan campañas en el norte de Jalisco por conflicto de tierras.

Otra respuesta que obtuvieron fue a través de una carta enviada desde el gobierno federal ofreciendo una reunión este 9 de mayo en Ciudad de México, lo que fue tomado como una ofensa.

“Ya se cansó la comunidad de llevar documentos a la Ciudad de México, a Guadalajara, a la Cámara de Diputados, a tribunales federales y locales”, señaló por su parte Santos Hernández.

Elecciones en riesgo

Los Wixárikas advirtieron que en caso de no tener respuesta a sus demandas el próximo 1 de julio pasaran a otro tipo de acciones, como el no permitir la instalación de 13 casillas electorales donde votan 7 mil 593 indígenas de esta región.

“Siempre nos dan esperanzas, siempre nos dicen que sí se va a resolver el conflicto pero nunca llegan a algo concreto. Además, siempre hay amenazas, dicen que levantamos a la gente, que no optamos por otras vías y cosas de esas. Entonces nosotros no queremos que se siga manteniendo esa postura. Mejor que se resuelva el conflicto aquí  en el lugar de los hechos y con eso estaríamos bien enterados todos”, indicó el comisionado Emilio Carrillo de la Cruz.

El abogado de la comunidad indígena, Carlos González García, explicó a Animal Político que la disputa por territorio en la zona data desde tiempos de la colonia. En 1718 se expidió un título virreinal a favor de la comunidad.

Siglos después, el 15 de julio de 1953 se volvió a reconocer la propiedad por resolución presidencial. Sin embargo, en el transcurso de los años siguientes se emitieron títulos de Castro municipal a ganaderos de Nayarit, lo que derivó en el conflicto actual con indígenas de Jalisco.

Las disputas en tribunales suman 45 juicios restitutorios. Hay 15 sentencias favorables para los wixárikas, se han ejecutado 2, faltan 13 y los restantes están en trámite. El Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara emitió las sentencias y las turnó al Tribunal Unitario 56  de Tepic para su ejecución.

Los ganaderos se han opuesto a la ejecución de las sentencias, lo cual ha derivado en violencia. El pasado 12 de abril retuvieron a personal del Tribunal Agrario, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como al abogado de los Wixárikas.

“Nos pusieron sogas, intentaron ahorcarnos, nos reventaron las llantas de la camioneta con navajas. Eso fue en Huajimic. Lo más grave es que en el lugar se encontraba la fuerza pública, estaban policías del estado de Nayarit, personal del ejército y no hicieron nada. Finalmente se levantó un acta donde se señaló las exigencias de Huajimic en el sentido de que se ejecuten las sentencias siempre y cuando sean indemnizados, y ya después de que firmé el acta nos dieron el pase”, dijo el abogado Carlos González.

“El problema grave es la omisión del Estado mexicano para ejecutar las sentencias. El Estado mexicano es el que está cometiendo una vulneración grave al derecho, en contra del pueblo wirrárika, se ha infringido de manera grave al no ejecutar las sentencias como obliga la Constitución, no es algo que esté supeditado al capricho, es una obligación”, dijo González.

Por el conflicto de tierras en los límites de Jalisco y Nayarit, la CNDH y su derivada en Jalisco (CEDHJ), emitieron el pasado lunes 7 de abril un pronunciamiento conjunto, donde advirtieron que la comunidad wixárika es un pueblo milenario que ha mantenido su identidad social y cultural a pesar de las históricas agresiones e intromisiones en su vida comunitaria.

Ambas comisiones lanzaron un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales “a que realicen lo necesario a efecto de que se garantice el acceso a la justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social, para lo cual es indispensable el diálogo y el cumplimiento de acuerdos que permitan resolver este conflicto de forma integral”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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