En busca de un ejército electoral: Morena, PRI y Frente alistan estrategias para defender el voto
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En busca de un ejército electoral: Morena, PRI y Frente alistan estrategias para defender el voto

Los ciudadanos que enrolen los partidos serán los responsables de defender el voto el 1 de julio y evitar que factores externos incidan en la voluntad de los ciudadanos. Morena recluta a ciudadanos por todo el país; el PRI opera con su maquinaria y el PAN lo resuelve con tecnología.
Cuartoscuro
7 de mayo, 2018
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Los partidos alistan sus equipos y estrategias para defender los votos el próximo 1 de julio.

La mayoría de esos ‘soldados’ serán los representantes de partido en las casillas. Además de lealtad a su militancia, deben estar capacitados para reconocer las faltas e irregularidades que puedan desarrollarse el día de la contienda electoral.

El término defensa del voto inició en la década de los ochenta en “una época donde existían prácticas de fraude y la oposición decía que había que defender el voto, era una suerte de activismo social para cazar ‘mapaches’, detener robo y relleno de urnas”, explica Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente del Instituto Federal Electoral.

Ante el desprestigio y falta de credibilidad de las instituciones, el principal factor de confianza el día de la elección son el poder y la presencia de los ciudadanos.

Eduardo Espinosa Silis, abogado en materia electoral y director de Strategia Electoral, explicó que quienes tienen el control de la elección, son los ciudadanos, y cada uno de los funcionarios de casilla que estarán ahí.

Señaló que el voto masivo es otra forma de defender el sufragio, ya que aunque los partidos tengan cierta capacidad de movilización, el ejercicio masivo resta injerencia en el resultado de la coacción del voto.

En la próxima elección se elegirá al presidente del República, 9 gobernadores y 30 poderes locales. Son 3,400 cargos los que integran la contienda.

Morena, el ejército que se recluta

Morena tiene el objetivo de conseguir 500 mil voluntarios que serán los ‘ojos’ y ‘oídos’ de Andrés Manuel López Obrador.

Desde que empezó la campaña y en cada acto, el tabasqueño expone sus propuestas y a su despedida pide un momento más de atención. Aunque declara que “las encuestas nos favorecen”, llama a no confiarse e invita a sus simpatizantes para alistarse como representantes de casilla para defender el voto de “la mafia del poder”.

—¿Protestan evitar el fraude? —pregunta AMLO en sus actos.

La mayoría simpatizante levanta el brazo con solemnidad y responden con un coro sonoro “protesto”.

Leer: AMLO mantiene ventaja de 39% tras el debate; Anaya crece 5 puntos y llega a 25%: Parametría

La idea de crear una “superestructura” de defensa del voto inició en 2006, cuando López Obrador perdió por un ajustado margen (.56% del total de los votos) contra Felipe Calderón, al que acusó de ‘robarle’ el triunfo.

Esta defensa se avivó tras la última elección a gobernador del Edomex cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la votación y el triunfo del PRI con Alfredo del Mazo, a la par que desestimó las denuncias de fraude y consideró que Morena, PAN, PRD y PT no sustentaron sus acusaciones.

Para reunir el ‘ejército electoral’, López Obrador colocó operadores para las cinco circunscripciones electorales: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Julio Scherer, Rabindranath Salazar y Bertha Luján.

A ellos, se suman sus hijos, Gonzalo como coordinador nacional del aparato de defensa, y José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán como enlace estatal de Morena en Edomex y en la CDMX, respectivamente.

Paralelo a esa estructura, Morena trabaja en otra estrategia que agrupa “equipos de abogados” para cada circunscripción, ellos ayudarán a denunciar “las formas de coacción del voto o de fraude que se puedan dar el 1º de julio”, explica Bertha Luján.

Los cinco operadores de defensa del voto trabajan en coordinación con los Comités seccionales de Morena en todo el país; éstos llevan dos años trabajando en la designación de Coordinadores de representantes generales y Representantes generales. Ambas figuras son militantes y “personas de confianza” del partido, reciben un sueldo y capacitaciones en temas jurídicos.

Los Representantes generales trabajan en terreno, hacen “brigadeo casa por casa” para la promoción del voto, elaboran “una lista de convencidos” y conforman una lista de posibles representantes de casilla, detalla Luján.

Para la gran elección, Morena tiene como objetivo reunir cuatro representantes por casilla. Ellos, como voluntarios no recibirán pago, no tienen que contar con afiliación y el partido se encargará de su capacitación.

Las brigadas también se organizan para conseguir representantes y ofrecer apoyo en zonas calientes como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Edomex donde se documentaron casos de amenazas y agresiones a simpatizantes de Morena en la elección a gobernador del 2017.

“Se va a pedir la presencia de la fuerza pública para que se cuide la paz en las casillas y alrededor de las casillas”, puntualizó Luján.

La maquinaria del PRI

El PRI es el único partido que tiene representantes en cada uno de los 2 mil 457 municipios del país y eso, dicen los líderes del PRI, hace la diferencia en una elección.

La maquinaria priista para esta elección arrancó hace un año con la selección de los líderes de los organismos del partido y representantes en tierra para que, el día de la elección, cuiden y promuevan el voto. Su objetivo es ganar 30 millones de votos para llevar a José Antonio Meade a la presidencia

“El PRI es una organización compleja, extensa, nacional y con presencia de alguna de las vías en todo el territorio del país. Existe desde las Baja Californias hasta la península. Es el único partido nacional con estructuras establecidas”, sostiene Beatriz Paredes, coordinadora de la tercera circunscripción que integra Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

La operación del PRI de cara a la elección trabaja por dos vías. Una, integrada por la estructura histórica con las tres principales confederaciones del país: la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM); 11 organismos políticos y 27 organizaciones adherentes.

La segunda se conforma por la estructura de campaña, integrada por 43 generales que incluye desde enlace con empresarios, hasta coordinadores regionales.

Leer: Ellos forman el cuarto de guerra de Meade: 8 excolaboradores cercanos y 22 priistas de carrera

Por eso es que aunque otros partidos, como Morena donde “la presencia de expriistas es preponderante”, preparan una estructura de defensa del voto, no se comparan con la maquinaria del priismo. “Son muy competitivos, tienen fuerzas regionales más potentes, (pero) no alcanzo a ver una estructura nacional”, asegura Beatriz Paredes.

Arturo Zamora Jiménez, secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), explica que tras el arranque de campaña, “nos dedicamos a prepararnos exclusivamente para el proceso electoral”. Zamora insiste que “andar en mítines no es rentable para lo que viene, que es el trabajo, la información, a través de nuestras redes de lo que tenemos que propagar de nuestro candidato y también el trabajo de contención”.

Sólo la CNOP tiene 512 representantes en el país organizándose desde marzo de 2017. La maquinaria cuenta con un responsable electoral en cada uno de los 300 distritos del país, a ellos, sumarán a cuatro personas más como representantes de casillas para operar la promoción, movilización y defensa jurídica del voto.

La apuesta del PRI está en el trabajo en tierra, en engrasar una maquinaria que se comunica “todos los días, en todo momento, para convencer persona a persona”, explica el líder de la CNOP.  

Una app para cuidar el voto del Frente

Ricardo Anaya y la coalición Por México al Frente iniciaron sus actividades proselitistas con un hackatón, colocando a la tecnología como un símbolo de futuro y de ruta al cambio, capaz de general soluciones a problemas como corrupción, desigualdad y violencia.

El Frente se apoyará en la tecnología para defender el voto el día de la jornada electoral.

Ernesto Ruffo Appel, senador y coordinador de Defensa del voto en la campaña, declaró que el frente usará una aplicación móvil para evitar algún tipo de fraude el día de la elección.

La red de militantes y ciudadanos voluntarios que vigilarán las casillas usarán la app para monitorear y reportar irregularidades.

“Tenemos que tener un sistema de monitoreo para que a los representantes generales, observadores nacionales o internacionales, les puedas decir mira acá hay un foco rojo”, explica el exgobernador de Baja California.

El Frente es una coalición nacional – por primera vez en la historia – entre partidos de izquierda y de derecha, por ello, además de la suma de estructuras partidistas, se está conformando un núcleo de organizaciones civiles y ciudadanos sin militancia para vigilar la jornada electoral, explica Ruffo Appel.

“Si tienes una abundante presencia de voluntarios ciudadanos y partidistas por la misma causa no hay manera de que te trastornen el proceso”, declara Appel y explica que sólo alcanzan a cubrir el 60% al día de la elección, por lo que el otro 40% tendrá que ser de los ciudadanos para complementarse en un solo sistema y que haya una sola visión del proceso electoral.

Leer: Lo que está en juego en 2018, con la elección más grande en la historia de México.

Una de las principales preocupaciones del Frente ante la defensa del voto son los lugares en los que se presentan votaciones atípicas, como por ejemplo en Chiapas, donde aunque haya representantes de casi todos los partidos, el 100% de votos son para el Partido Verde que gobierna la entidad.

“Ahí es donde tienes que cuidar no solo la casilla, también el traslado y esta figura que establece el INE de CAE (Capacitadores Asistentes Electorales) no le metan la mano”, explica Miguel Muñoz, secretario de elecciones de Movimiento Ciudadano, consciente de que cada partido se apoya en su propia militancia.

Otro lugar considerado como foco rojo es el Estado de México.

Ruffo Appel enuncia que ante la posibilidad de un fraude del PRI – que gobierna el estado – es necesario, que todos – incluidos otros partidos que no forman parte del Frente – vigilen la elección.

“Yo se lo platiqué a Morena, les dije esto es ecuménico, que en términos de la iglesia quiere decir todos, lo que nos interesa es la transparencia del proceso electoral.

—¿En esto entran todos, todos?

—Sí, por eso hablo de un tótem electoral ciudadano, y si los de Morena se quieren inscribir ahí, pues que se inscriban, dijo Ruffo Appel.

Para hablar de sus estrategias para defender el voto se buscó a los equipos de los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.  

Un ejército electoral

Espinosa Silis tiene muy claro que el partido que mejor trabaja en la defensa del voto es el PRI, “que alcanza a desplegar el mayor número de personas y que en su mayoría tienen mayor conocimiento de qué hacer el día de la jornada electoral en la casilla”.

Los demás partidos “no trabajan en sus estructuras, todo mundo está ahorita concentrado en las campañas, en la publicidad, los debates y mil cosas, pocos están preparando al ejército electoral en la defensa del voto y sobre todo por capacitar a las personas, si no nos dicen qué tenemos que ver, pues está muy difícil”.

Luis Carlos Ugalde exconsejero electoral explicó que con el paso del tiempo han mejorado los estándares de legalidad y transparencia del conteo de votos, pues la defensa se ha transformado en observación electoral.

Sin embargo hay otros fenómenos que ocurren antes de la jornada electoral que se han deteriorado en los último 10 años: clientelismo electoral, movilización de votantes, compra del voto, inhibición del voto, financiamiento ilegal de campañas, gasto excesivo de campañas, desvío de recursos públicos, pago de cobertura informativa de manera ilegal, etc.

“Estos fenómenos que sí están afectando las condiciones de competencia, que sí están generando un problema mayor de corrupción, no tiene nada que ver con la defensa del voto sino con en todo caso propiciar las condiciones legales de las contiendas políticas”.

Con información de Itxaro Arteta, Alejandra del Castillo, Manuel Ureste, Agustín Salgado y Nayeli Roldán.

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El Halconazo: la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
10 de junio, 2021
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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