Un hogar con escrituras y servicios, un privilegio al que no tienen acceso los olvidados de la CDMX

En la capital mexicana hay al menos 900 asentamientos irregulares y aunque se han implementado programas de gobierno para regularizarlos, no han sido suficientes y los hogares sin escrituras y en desventaja aumentan en la ciudad.

vivienda

Treinta dólares mensuales son suficientes para que Catalina rente una vivienda. Ella dice que quizá es una casa precaria, hecha de loza con lamina de asbesto con una estructura deteriorada, pero con ese monto también tiene acceso a servicios -agua y luz- y vive cerca de la zona urbana, sin necesidad de pagar 10 dólares diarios para que sus hijos lleguen a la escuela y ella al trabajo.

El problema es que está en un asentamiento irregular, en un área natural protegida de la delegación Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, a las afueras de la capital. Es una vivienda irregular, de la que ni ella ni su arrendador tienen escritura y que, como casi todos los hogares irregulares de la capital, está hecha de asbesto, madera y materiales precarios, según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH).

Lauro Rivera, líder de la comunidad Tlacoapa en la que vive Catalina, dice que en esa zona habitan 70 familias en la misma situación, con viviendas improvisadas que no están regularizadas. Éste es apenas uno de los casi 900 asentamientos humanos irregulares que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) registró en 2014, año con el dato más actualizado.

Don Lauro, que lleva en la zona más de quince años, no duda en decir que su comunidad es parte del grupo de “los olvidados”, pues lo que ha visto es que ningún esfuerzo de las autoridades de la Ciudad de México para reubicar a estas familias y rescatar las zonas naturales protegidas ha tenido resultados.

“Los políticos vienen y reparten promesas cuando les interesa que los apoyemos. Pero al menos en Tlacoapa, quien ha salido para tener otra vivienda, una ya regular, con apoyo de los gobiernos, siempre vuelve, porque para gente como nosotros es imposible sostener una vivienda en esta ciudad”, se queja Don Lauro.

Es el caso de Catalina. Ella tiene 42 años, junto con su pareja rentaba una vivienda en Coyoacán, una zona céntrica de la Ciudad de México en donde se ubica Ciudad Universitaria, el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante del país.

Pero cuando su pareja la abandonó, sola y como madre soltera de tres niños, buscó en toda la zona metropolitana una vivienda que pudiera ajustarse a su salario de trabajadora doméstica y al de su hijo mayor, que es ayudante en mercados -unos 65 dólares mensuales-, pero sus opciones se limitaban a rentar un espacio en zonas marginadas del Estado de México, sin servicios, con altos índices de violencia y en donde la mitad de su salario se iría apagar el transporte público para ir a trabajar y sus hijos a la escuela.

“Al final, ni siquiera nos alcanzaba. No teníamos opciones”, dice Catalina.

La mayoría de las familias en asentamientos irregulares en la Ciudad de México están en la misma situación que Catalina: para ellos es imposible rentar una vivienda en la zona urbana. Vivir a las afueras les implica un gasto en transporte que quizá no pueden cubrir, y las opciones que dan las autoridades mexicanas para adquirir una vivienda regularizada también están totalmente fuera de su alcance.

“Es un tema de desigualdad. (…) Las opciones a las que recurre gran parte de la población que no puede adquirir una casa propia se limitan a identificar zonas que resulten más accesibles en costos de arrendamiento por medio de la compra irregular de terrenos o su ocupación para autoconstrucción de viviendas aunque sea de manera irregular”, explica Alfonso Iracheta, investigador de El Colegio Mexiquense y consejero de TECHO México en el ensayo “El acceso a la vivienda en la desigualdad.”

Un hogar escriturado, un privilegio

En mayo de 2013, la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas entregó un reporte al Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada.

En éste detallan que “la información disponible y sistemática sobre los asentamientos irregulares en el país es extremadamente escasa. (…) No existen de manera integral y generalizada datos oficiales relativos a la magnitud de la irregularidad”. Pero agregan que con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es posible aproximarse a la dimensión de la problemática para conocer las condiciones de vida de quienes no tienen acceso a una vivienda regular.

La ENIGH 2010 muestra que, en ese año, al menos 1.3 millones de hogares en el país no tenían las escrituras de la vivienda que habitan y que las características de éstos permiten comprender la brecha de desigualdad a la que se enfrentan las familias al tener o no una escritura. 

En la ENIGH 2016 se puede constatar que el número de hogares sin escrituras aumentó en seis años. Por ejemplo, en la Ciudad de México, aunque en 2014 se llevó a cabo un programa de regularización de vivienda por parte del gobierno de Marcelo Ebrard, si el 43% de los hogares tenía una escritura en 2010, seis años después ese porcentaje pasó a 39%.

Si bien no es posible señalar una única razón de esa baja porcentual, sí existen factores que han contribuido a que menos porcentaje de personas tengan acceso a una vivienda regular en la capital del país: como el crecimiento del mercado inmobiliario que ha provocado un aumento de precios de hasta 8% cada año, según datos oficiales; y la escasez de terrenos disponibles para construcción, lo que deja a las nuevas familias sin más opción que ubicarse en un lugar donde no es posible tramitar una escritura.

“La construcción de vivienda que es accesible para personas en situación de vulnerabilidad sólo se encuentra en la periferia de la ciudad, en donde no hay trabajo, escuelas, ni transporte público, complicando por completo la cotidianeidad de las personas. Esto los orilla a crear asentamientos informales, conformar hogares en situación de hacinamiento”, dice en entrevista con Animal Político Lorena López, directora Nacional de Investigación Social de la organización civil TECHO México.

Así como disminuyó el acceso a vivienda regular, las condiciones de vida tampoco mejoraron.

El 75% de las familias que tienen escrituras tienen piso de mosaico o madera. Cuando no es una vivienda regularizada ese mismo porcentaje vive con piso de cemento simple.

Los datos también muestran que el no tener una vivienda regular implica mayor vulnerabilidad en acceso a servicios, pues el más alto porcentaje de habitantes de la Ciudad de México sin acceso a agua potable entubada en el hogar está en las viviendas sin escrituras (18%) y son el grupo con el mayor número de integrantes por hogar:  3.6.

“El no tener una vivienda regular te deja al descubierto para que se te prive de derechos fundamentales. La falta de agua potable, la falta de drenaje, el acceso a energía eléctrica nunca es de forma regular. Naturalmente esto hace que baje la calidad de vida. Para las autoridades el estar regularizado te hace sujeto de derechos, no lo eres sin el papel que te de la escritura”, cuenta Enrique Cano, director social de TECHO México sobre la situación de las viviendas irregulares, en entrevista con Animal Político.

Según la ENIGH, en la Ciudad de México quienes ocupan una vivienda sin escriturar carecen, en mayor medida, de infraestructura relacionada con una mejor calidad de vida y tienen un ingreso promedio mensual de máximo 800 dólares; contra los 1,800 mínimos al mes que ganan quienes poseen una vivienda escriturada. 

Las delegaciones con los índices más altos de viviendas escrituradas son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, esta última el municipio con el Índice de Desarrollo Humano más alto del país y con uno de los mayores ingresos per cápita.

En contraste, las delegaciones con los porcentajes más altos de viviendas irregulares son también las del Índice de Desarrollo Humano más bajo de la capital: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Xochimilco.

Vivienda digna, sólo para algunos

En México, la opción que dan las autoridades para tener una vivienda regularizada es, principalmente, otorgando créditos para comprarla a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o, en el caso de la Ciudad de México, también del Instituto de Vivienda (Invi).

El principal problema para tener acceso a un crédito para la vivienda del gobierno es que éstos fueron creados para los trabajadores formales y en México, según cifras del Inegi, de los 54 millones de personas ocupadas, 29.1 millones tienen un empleo informal, que los descarta de esos apoyos.

Además, el Infonavit exige al menos tres años de experiencia laboral ininterrumpida para tener la posibilidad de tramitar un crédito. La cantidad del apoyo se estima según el ingreso del trabajador, lo que determina el tipo de vivienda y la ubicación.

Lo anterior ha derivado en la construcción de vivienda de bajo costo pero sólo en las afueras de la Ciudad, lejos de la zona urbana, en donde el traslado es de al menos cuatro horas hasta el Centro de la capital. 

“Está comprobado que hay gente que está en los asentamientos humanos en Xochimilco que abandonaron su casa en Huehuetoca, Estado de México, dejaron de pagar el crédito de Infonavit y se fueron a la reserva natural protegida. A esa persona le tengo que garantizar su derecho a la vivienda, pero no le puedo regularizar en el área natural protegida ni puedo darle como única opción una vivienda de bajo costo a cuatro horas de distancia”, dijo en entrevista con Animal Político Mariana Vázquez del Mercado, coordinador de programa de Regularización de la Vivienda de la Fundación Appleeseed México.

Según las cifras del Invi, de casi 3 mil créditos que se otorgaron antes de 2007, nueve años después se logró la firma y entrega de 341 escrituras individuales. Una de las principales razones de esas cifras es el abandono de la vivienda, que suele estar en la periferia.  En 2015, autoridades federales confirmaron el abandono de 400 mil casas en los límites del Valle de México que comenzaron a construirse en la década de 1990.

Que en México la mitad de la población viva en la pobreza y tenga un ingreso por debajo de la línea de bienestar implica entonces que sea prácticamente imposible tener una vivienda regularizada en el área urbana, cerca de las escuelas, áreas recreativas, parques y los centros de trabajo.

Por ejemplo, el metro cuadrado de terreno en la Delegación Cuauhtémoc -que alberga el Centro Histórico, en donde se concentran la mayoría de los centros de trabajo, la zona financiera de la ciudad y las sedes de los poderes Ejecutivos tanto federal como local- cuesta al menos 1,200 dólares (unos 22,700 pesos mexicanos).

En Milpa Alta, la delegación más pobre de la Ciudad de México, con el 49% de su población en la pobreza; en la que no llega el transporte público como el metro o metrobús, no existen planteles de educación superior y tres cuartos de su territorio es zona rural; el metro cuadrado cuesta 400 dólares (o 7,600 pesos mexicanos).

Una diferencia de 3 a 1

“La vivienda que ahorita estamos construyendo en la Ciudad de México no es accesible para la mitad de la población si consideramos que esa mitad vive en la pobreza. Si una persona quiere una vivienda regular tiene que salir de la Ciudad y hacer cuatro, cinco horas de traslado diario. Si lo que queremos es regularizar la vivienda para aquellos que están en asentamientos irregulares, tampoco existe más opción que esas viviendas a las afueras de la zona urbana”, dijo Vázquez del Mercado. 

En la ciudad, explica la experta, los terrenos disponibles para vivienda son caros y “no es rentable para las constructoras levantar vivienda económica en esas zonas, por eso optan por construir lejos de la ciudad”.

La última vez que una autoridad se acercó a la comunidad de Tlacoapa en Xochimilco para presentar un programa de regularización de vivienda u ofrecer soluciones a las 70 familias que han levantado sus hogares con materiales precarios en terrenos irregulares fue hace cuatro o cinco años, dice Don Lauro.

“Pero nada prosperó”, cuenta. La opción de regularizarse viviendo en zonas violentas, sin servicios, alejados de los trabajos o las escuelas no puede ser una opción. “Eso sería ser doblemente olvidados y ya no podríamos con tanto”, advierte.


Este reportaje es parte de un trabajo en conjunto con Chequeado realizado gracias al apoyo del Pulitzer Center for Crisis Reporting.

Para saber más sobre la situación en Argentina ver Casi el 20% de las viviendas sociales de la Ciudad no tienen títulos de propiedad” 

Para conocer más sobre la situación actual en Perú, ve la nota de Ojo Público: Los papeles de la tierra: la interminable crisis de la titulación en el Perú

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