Padre de Adiel Zermann, candidato asesinado en el Edomex, será su suplente en la campaña
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Foto tomada de sus redes sociales

Padre de Adiel Zermann, candidato asesinado en el Edomex, será su suplente en la campaña

Francisco Zermann, el padre del político asesinado el pasado 4 de mayo, ocupará su lugar y será el candidato para la alcaldía de Tenango del Aire, Estado de México.
Foto tomada de sus redes sociales
Por Nahielli Pulido
25 de mayo, 2018
Comparte

La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena-PES-PT, designó como candidato a la alcaldía de Tenango del Aire a Francisco Zermann, padre de Addiel Zermann, abanderado de esa alianza quien fue asesinado el pasado 4 de mayo.

“Miedo no tenemos, ni el equipo, ni la planilla, ni la estructura, vamos a seguir con más valor que antes”, aseguró Germán López, coordinador de campaña de la coalición en el municipio de Tenango del Aire, Estado de México.

Adiel militaba en el Partido Encuentro Social (PES). De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el móvil del crimen del candidato y exalcalde priista de Tenango, de 2013 a 2015, fue el robo.

Leer: Asesinan a candidato de Morena para alcaldía en Edomex

“La fortaleza de Adiel era el equipo de trabajo que lo respaldaba, que hoy día ya está preparado y vamos a salir con todo”, dijo Germán, quien reconoce que en el municipio de Tenango  la violencia va en aumento, aunque las cifras oficiales de la FGJEM no demuestren un repunte significativo de los delitos denunciados.

Aun así, un informe de las autoridades federales, publicado por el noticiero En Punto, de Televisa, en julio de 2017, muestra que en este municipio opera desde ese mismo año el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Cuando Adiel fue alcalde creó módulos de seguridad en las cinco delegaciones del municipio. Su gobierno entregó buenas cuentas en materia de seguridad al PAN, pero hoy día repuntó la inseguridad por la falta de cuidados y prevención”, sostuvo Germán López.

Con el asesinato de Adiel, sin embargo, la estrategia de la campaña de la coalición que lo postuló se modificó, pues como candidato suplemente quedó Francisco Zermann, el padre del político de 39 años asesinado.

“Con Adiel se iba a manejar el tocar puerta a puerta, una estrategia territorial, pero ahora es hacer una campaña de propuestas”, sostuvo German.

Ataques contra políticos

El dirigente estatal del PES, Vicente Alberto Onofre Vásquez, aseguró que es el cuarto ataque que sufre un integrante del Partido, entre el 2017 y 2018 en el Estado de México.

Entre las víctimas de esos ataques se encuentra el propio dirigente  estatal del PES, su hijastro Guillermo Romero Pozos, actual regidor del ayuntamiento de Chalco; Raúl Sánchez Reyes, ex alcalde de Tlalmanalco, y Adiel Zermann.

En tanto, Horacio Duarte Olivares,  dirigente mexiquense y representante de Morena ante el INE pidió al gobernador del Estado de México,  Alfredo del Mazo Maza, mecanismos en la contienda electoral para permitir realizar las campañas en paz y evitar la violencia.

“Esperamos que cese la violencia y no haya un incidente más de este tipo, para que las campañas locales se desarrollen con tranquilidad y con paz”, dijo.

Duarte Olivares mencionó que el homicidio de Addiel Zermann no es un hecho aislado de la violencia que se registra en la entidad, pues se añaden las otras agresiones con otros políticos de la coalición que integran el PT y PES en Teotihuacán, Chalco y Ecatepec durante el actual proceso electoral.

De los poco más de 90 políticos asesinados en el actual proceso electoral, al menos seis pertenecían al Estado de México. Dos de ellos militaban en el PRI, dos más en Morena, uno en el PES (Adiel) y otro en el PAN. Dos de las víctimas eran candidatos y un tercero precandidato.

Desde adolescente quiso ser alcalde

Julio Salamanca Méndez, amigo de Adiel Zermann, recordó que el candidato era un hombre trabajador, ordenado y conciso en lo laboral.

“Conocí primero a su papá Francisco cuando fue tesorero municipal, y él tenía alrededor de siete años de edad. Recuerdo muy bien, cuando era adolescente dijo que quería ser alcalde y lo logró. Durante la administración 2013 al 2015 fue presidente municipal por el PRI”.

Ricardo Flores Ávila, habitante de Tenango, recordó que cuando Adiel  fue alcalde impulso algunas acciones para mejorar la ciudad y un par de ocasiones se acercó con él para que trabajaran juntos, a través de su museo que por nombre lleva Casa de Madera.

“Él fue quien colocó las techumbres en la mayoría de escuelas primarias de Tenango del Aire, además colocó juegos en lugares de esparcimiento para los niños”, recordó.

“Adiel pensaba lanzar propuestas en materia de seguridad y educación, él era conocido como el presidente municipal de la educación”, dijo Germán López.

Robo, el móvil del crimen

De acuerdo con la FGJEM, el móvil del asesinato de Adiel Zermann fue el robo, por lo que ya fueron vinculados a proceso José Luis “N” y Cristian David “N” por su probable participación en el crimen.

Los  elementos de prueba recabados y aportados por la FGJEM fueron determinantes para que un Juez del Distrito Judicial de Chalco inicie un proceso legal en contra de ambos sujetos.

A ambos individuos les fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de robo con la agravante de haber causado la muerte.

Según la FGJEM, aún quedan en libertad por lo menos otras tres personas relacionadas con estos hechos por estos hechos, entre estos el autor intelectual del supuesto robo y  por el crimen del candidato de Tenango.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
Comparte

“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

Getty Images
La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=BKNQNzyRydw

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.