UNAM despide a empleado por violencia de género; luego cambia la sanción y lo suspende ocho días
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Cuartoscuro

UNAM despide a empleado por violencia de género; luego cambia la sanción y lo suspende ocho días

Las autoridades de la UNAM determinaron despedir a un trabajador sindicalizado por violencia física y verbal contra una de sus compañeras; posteriormente, cambiaron su sanción por una suspensión por ocho días sin sueldo "en consideración" a su trayectoria laboral.
Cuartoscuro
Por Eréndira Aquino
17 de mayo, 2018
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Judith Flores, una trabajadora sindicalizada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue agredida físicamente por Octavio Ortega, quien también labora en la institución. Ella lo denunció, y las autoridades escolares determinaron que el funcionario debía ser despedido, pero después, “en consideración de su trayectoria laboral”, cambiaron su sanción por una suspensión de ocho días.

El pasado 20 de febrero Judith acudió al estacionamiento del Instituto de Investigaciones Económicas, lugar en el que trabaja, para reunirse con otras de sus compañeras que aún no llegaban para ir juntas a un mitin.

“Bajo, no las veo y me doy la vuelta para entrar nuevamente al Instituto a buscarlas, pero para entonces él ya estaba en posición para golpearme con su hombro”, narra Judith.

El golpe que recibió Judith le ocasionó un desgarre muscular pectoral menor post trauma, lesión que hasta la fecha continúa causándole molestias.

Judith presentó una denuncia contra Ortega, quien llevaba varios días agrediéndola, y se inició un procedimiento a través del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en el que se determinó que debía sancionarse al trabajador.

De acuerdo con la investigación de la UNAM, existieron pruebas suficientes para determinar que el trabajador incurrió en actos considerados como violencia de género contra Judith: “comentarios obscenos, contactos físicos indeseados, violencia verbal y física, etcétera, dentro del establecimiento o puesto de trabajo donde presta sus servicios”.

De acuerdo con el resolutivo del Instituto, con fecha 23 de marzo de 2018 y firmado por la directora saliente, Verónica Villarespe, las autoridades universitarias determinaron que Octavio Ortega debía ser sancionado con la “recisión de su relación laboral” con la universidad; sin embargo decidieron conmutarle la sanción por una suspensión de 8 días sin goce de sueldo “por única ocasión” y “tomando en consideración su trayectoria laboral”.

El escrito, en poder de Animal Político, informa al trabajador que queda “apercibido que, de reincidir en su conducta o de incurrir en alguna otra causal de decisión de las previstas en la Ley Federal del Trabajo, se procederá conforme a derecho”.

La UNAM informó a través de su oficina de comunicación social que el caso deberá ser revisado por la abogada general, Mónica González Contró, en su calidad de responsable de la aplicación del Protocolo.

Protesta dentro de la UNAM

Este miércoles 16 de mayo, un grupo de estudiantes universitarias realizó una protesta en el Instituto de Investigaciones Económicas, donde Octavio Ortega labora como jefe de servicios, para exigirle al nuevo director, Armando Sánchez, que investigue y sancione al trabajador por considerar que la sanción que se le dio por la denuncia de Judith no fue justa.

Vestidas de negro y con el rostro cubierto, las manifestantes denunciaron que “la universidad, el sindicato de trabajadores STUNAM, la Secretaría de Asuntos Universitarios y el Instituto de Investigaciones Económicas encubren y protegen agresores, golpeadores, y a hombres que ofrecen estabilidad laboral a cambio de favores sexuales”.

Las estudiantes exigieron al recién nombrado director del Instituto de Investigaciones Económicas que “deje de hacer caso omiso a la violencia machista que se vive” dentro del centro y que tome las medidas necesarias para que exista un proceso claro contra el agresor de Judith.

También demandaron a las autoridades universitarias que el agresor no sea solo cambiado de instancia académica, sino que sea rescindido, y que los procesos por agresiones sexuales dentro del Tribunal Universitario sean revisados por mujeres expertas “y no por decanos milenarios”.

De acuerdo con el último Informe sobre la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, entre el 20 de agosto de 2016, fecha en que inició la implementación del mecanismo, y el 12 de junio de 2017, se presentaron 243 quejas por posibles agresiones. Como presuntos responsables de cometer las agresiones por motivos de género las autoridades universitarias identificaron a 203 personas, y recibieron una queja contra una porra, por considerarla una “práctica colectiva de género que afecta a la comunidad universitaria en lo general”.

En el 47.8% de los casos, los presuntos agresores son alumnos de la universidad; en el 24.1%, académicos, y en el 12.8% se trata de personal administrativo. Las personas externas y no identificadas representan el 13.3%.

Además, de las 234 personas que presentaron una queja, el 96.6% eran mujeres, y 3.4% hombres; el 96% de los presuntos agresores identificados fueron hombres, y el 4% mujeres.

Judith forma parte del 9% de las personas que laboran en la UNAM y han presentado una denuncia ante las autoridades universitarias; el 80.8% fueron interpuestas por estudiantes, y el 6.8% por personas externas a la Universidad.

Además de presentar una denuncia ante la universidad por la agresión que la llevó a utilizar un cabestrillo por dos semanas, Judith acudió ante el Ministerio Público para denunciar a su agresor. Las autoridades de la Procuraduría capitalina continúan en proceso de investigación del caso.

Que se investigue 

Desde que se presentó la agresión física y verbal, Judith ha tenido que continuar laborando en el mismo espacio que su agresor, lo cual, denuncia, ha derivado en otras situaciones en las que ha recibido insultos por parte de algunos de sus compañeros, quienes le insinúan que la lesión que le provocó fue parte de una venganza sentimental.

Judith señaló que espera que el nuevo director del Instituto de Investigaciones Económicas investigue a Octavio Ortega por la agresión cometida en su contra, así como por otras que presuntamente ha perpetrado contra otras de sus compañeras.

“Lo que estoy pidiendo es que lo permuten, que se vaya. Antes pensé que debía ser yo quien solicitara cambiar mi lugar de trabajo, pero después concluí que no, no debo pedirlo, porque no hice; en todo caso, que se vaya el agresor”, finalizó.

Consultadas sobre la resolución de este caso, las autoridades universitarias informaron a Animal Político que el caso deberá ser revisado por la abogada General de la institución, toda vez que las decisiones de los directores no son inapelables y la posición del rector ha sido “combatir con firmeza la violencia de género” en la institución.

Este martes 15 de mayo, en un evento con académicos, el rector Enrique Graue anunció que el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género vigente será mejorado con la participación de la comunidad universitaria.

“La decisión en este sentido es firme: debemos construir una nueva ciudadanía en equidad de género, respetuosa y tolerante”, dijo.

Apenas el 21 de marzo pasado una estudiante de Trabajo Social fue agredida sexualmente dentro de las instalaciones universitarias, por lo que alumnos de la institución protestaron en exigencia de mayores medidas de seguridad.

Seis días antes, alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras realizaron un paro, para demandar a los directivos del plantel que se investiguen las denuncias por acoso y abuso sexual, y que las autoridades universitarias realicen cambios al Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género, por considerar que actualmente no garantiza justicia para las víctimas. A este paro se sumó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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