Víctimas narran abusos de policía comunitaria de Olinalá; Nestora no debe ser candidata, dicen Wallace y Martí

En un mensaje a medios, convocado por Alejandro Martí, presidente y fundador de México SOS, e Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, dos víctimas narraron los hechos vividos durante su detención por la Policía Comunitaria que comandaba Nestora Salgado.

Alejandro Martí y Miranda de Wallace
Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace presentaron a víctimas de abusos cometidos por la Policía Comunitaria de Olinalá. Cuartoscuro

Víctimas de abusos cometidos por la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, pidieron el retiro de la candidatura de Nestora Salgado, quien aspira a una curul en el Senado por Morena y exdirigente del organismo autónomo en el estado.

En un mensaje a medios, convocado por Alejandro Martí, presidente y fundador de México SOS, e Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, dos víctimas narraron los hechos vividos durante su detención por la Policía Comunitaria que comandaba Salgado.

Una de ellas, Dulce Rubí, menor de edad, denunció haber sido secuestrada por Nestora durante tres meses, y por quien se exigió un monto de cinco mil pesos para su liberación,

“Hace cinco años ella me secuestró, ella le ordenó a sus hombres que me subieran a una camioneta con armas apuntándome. Le pedí que me dijera por qué lo hacía pero no lo hizo. Me llevó a su casa, me obligó a que le firmara un papel. Esa misma noche me movía de un lado a otro, me sacó de Olinalá con tal de que no me encontraran”, relató la menor, quien dijo haber estado con 80 personas en un cuarto bajo precarias condiciones de salud.

La segunda víctima fue Armando Patrón Jiménez, un síndico procurador en Olinalá, quien aseguró haber sido secuestrado por Nestora, habló de las condiciones en las que vivió.

“Dormíamos en un cuarto tres personas, siempre parados. No había que tomar, teníamos que suplicar que nos dejaran salir al baño con amenaza de muerte. Quiero reclamar la justicia que no se ha hecho”, expuso el hombre que cuestionó la aspiración de Salgado a una senaduría.

En tanto, Miranda de Wallace y Martí acusaron a Nestora de escudarse en un tema político para evitar una eventual condena por los casos.

“Ella no salió exonerada, se repuso el juicio. La única persona que puede determinar el caso es el juez. Una persona que está en un proceso penal no puede ser candidata a senadora”, condenó Martí, quien cuestionó que personas acusadas de secuestro puedan representar a la ciudadanía y legislar.

Por su parte, Miranda de Wallace descartó que hagan esta exigencia por un coyuntura electoral, pues, aseguró, las organizaciones de Alto al Secuestro y México SOS han defendido a las víctimas desde 2015.

También acusó que el juicio se ha detenido “porque cuando la buscamos dicen que vive en Estados Unidos”, por lo cual acudirán a “todas las instancias que se requieren para obtener justicia”.

“Permitan que terminen los procesos, que un juez diga si (Nestora Salgado) es culpable o inocente y ya le dan el cargo que quiera”, expuso la activista.

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La discusión por la candidatura de Nestora Salgado inició tras el segundo debate presidencial, donde el abanderado del PRI, José Antonio Meade, la acusó de secuestradora, y de haber sido liberada “por fallas de la policía” para cuestionar las alianzas de su contrincante Andrés Manuel López Obrador.


Tal como lo ha documentado Verificado 2018, aunque Nestora Salgado fue liberada en 2016, luego de pasar casi tres años en prisión, todos los autos de libertad emitidos en su favor están actualmente impugnados por el Ministerio Público y, por lo tanto, dichas resoluciones están en proceso de revisión.

En tanto eso no suceda, los razonamientos expuestos por los jueces en favor de Nestora Salgado se consideran válidos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sí consideró que la Policía Comunitaria violó los derechos humanos de los detenidos. Incluso los acusó de que, en algunos casos, los torturó.

Esto lo dictaminó después de analizar y entrevistas a los detenidos. Sin embargo, consideró que esto también se explicaba por la falta de leyes y reglamentos que dictaran el proceder de la Policía Comunitaria.

Con información de Montserrat Sánchez Maldonado

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