Integrantes del colectivo Agua para Todos anunciaron este lunes que emprenderán acciones jurídicas para suspender los decretos firmados por el presidente Enrique Peña que, de acuerdo con especialistas y organizaciones, abren la puerta a la concesión del recurso a empresas privadas.
Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista, señaló en conferencia de prensa que este miércoles iniciarán una lucha jurídica en defensa del agua.
“Nos vamos a amparo contra estos 10 decretos publicados el pasado 5 de junio, porque afectan a ejidos de varios estados del país, y esto puede ser el ejemplo para aplicarse en el resto de las cuencas del país”, dijo.
De acuerdo con Correa, el amparo que presentarán tendrá como base el artículo 4° de la Constitución, “que señala que debe ser equitativo y sustentable el acceso al agua de toda la población”.
Luis Miguel Cano, abogado integrante del colectivo Agua para todos, explicó que la estrategia jurídica cuestiona si realmente existe recurso suficiente disponible para respetar la cláusula de sustentabilidad establecida en el artículo 4°.
“Lo que pondría en tela de juicio el cuestionamiento técnico es si son sustentables los decretos, es decir, si hay agua de calidad que podríamos liberar para que sea concesionada o asignada a quien primero lo pida”, indicó.
Asimismo, dijo, impugnarán “la regla de primacía”, que de acuerdo con los defensores del agua, permite que la primera persona o empresa que solicite una concesión sobre alguna cuenca, la reciba por parte del gobierno.
Cano resaltó que esto significaría que aquellas concesiones que se dieron de manera previa a la publicación de los decretos serían respetadas.
“Hacemos la petición de suspensión de los efectos de los decretos sobre la primacía en el tiempo, para que no salgan con que ya quedó concesionada el agua, de manera previa a los decretos, o que de manera posterior se quieran asignar de esta forma”, dijo.
Por su parte, Rigoberto Campos, del Comité de la Defensa del Agua en Mexicali, Baja California, expresó su preocupación sobre la negociación que Conagua podría emprender con empresas particulares o personas que pidan las concesiones del agua.
Te puede interesar: Conagua y el Ejército burlan orden de EPN y excavan pozos en acuífero protegido
“En Mexicali tenemos una veda rígida desde 1965; yo invito a Conagua a que revisemos cuántas concesiones han dado desde entonces a la fecha, porque la misma dependencia no respeta sus decretos, de ahí nuestra preocupación”, señaló.
De acuerdo con Julio Mendoza, del Comité Nacional de Central Campesina, además de presentar el amparo ante las instancias correspondientes, el próximo jueves protestarán frente a las oficinas de la Conagua, en la Ciudad de México, como parte de las acciones para frenar los decretos.
También informó que, además de esta iniciativa de amparo, otros abogados preparan estrategias legales en más estados del país, relacionados con el hecho de que no se dieron consultas con comunidades indígenas y pueblos originarios sobre los decretos de la Conagua, así como por otros temas específicos de las diferentes cuencas del país.
Los defensores alertaron que los estados en donde podrían darse las primeras concesiones del agua son Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Colima, Puebla y zonas donde se busca comenzar la práctica del “fracking” (extracción de recursos naturales a partir de fracturación hidráulica) como Baja California.
El borrador del amparo que presentarán los defensores se encuentra disponible en línea, pues dijeron, buscan que otros ciudadanos se sumen a la estrategia jurídica para ejercer presión ante las autoridades.
Lee también: Para 2030, el Valle de México tendrá agua solo para cubrir el 50% de la demanda: estudio
El pasado 5 de junio, el presidente Enrique Peña firmó 10 decretos de reserva de agua, que eliminan las vedas de casi 300 cuentas hidrológicas en el país, lo que significa que no habrá impedimentos para la extracción del recurso hídrico en ellas.
De acuerdo con especialistas, con los decretos se transita de un régimen jurídico de veda a otro de reserva, lo que habilita al gobierno a dar concesiones, aunque continúan existiendo restricciones, pues solo se podrán otorgar para “uso personal y doméstico, producción de energía y la protección y conservación ambiental”.
El colectivo Agua para Todos ha expresado su preocupación porque estos decretos “van a pertmitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresa mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y sectores populares urbanos”.
Sobre el tema, el titular de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, ha dicho que en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla.
