Así encarcela el Estado mexicano a defensores del agua

Hace 14 años que seis indígenas náhuatl están en una prisión de máxima seguridad; defendían el río de su poblado, pero la justicia los condenó por el asesinato de un empresario; sus abogados aseguran que son inocentes.

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Cuartoscuro

El 1 de abril de 2003, por la ladera de una pendiente de más de dos kilómetros, en la que solo se puede caminar de uno por uno, alrededor de 150 personas descendieron, rozando la orilla de un desfiladero de 300 metros, en la zona conocida como Tierra Colorada, en San Pedro Tlanixco, Estado de México.

No era un grupo armonioso bajando en paz por la orilla de un profundo barranco. Estaban enojados, eran dos bandos en disputa, de dos municipios distintos. Los locales querían llegar a la sede de las autoridades tradicionales, con el delegado de su pueblo. Él llamaría a asamblea a la comunidad para que esta decidiera cómo solucionar el pleito último de una pelea por un río, entre los empresarios floricultures de la demarcación con la mayor producción de flores de todo México, Villa Guerrero, y ellos, los náhuatl de San Pedro Tlanixco.

No todos los que iban en descenso llegaron vivos hasta la delegación municipal. El empresario español y presidente de la Asociación de Riego de Villa Guerrero, Alejandro Isaak Basso, murió en el trayecto. Por esa muerte fueron condenadas seis personas a 50 años de cárcel, en la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, pese a que nunca se pudo establecer su participación concreta en el hecho.

Los condenados eran defensores del agua de su comunidad, que “no la quiere para lucrar con ella, sino para vivir”, dice Alejandra Peña, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de dos de los imputados, entre ellos la única mujer del grupo, la señora Dominga González Martínez.

Para Peña, el estado aprovechó la muerte del empresario para inculpar a los líderes del movimiento, descabezarlo y frenar las protestas del resto de los habitantes. La comunidad estaba inconforme por no poder usar el agua del Río Texcaltenco. Hasta 1989 habían tenido acceso a ella sin restricción. Pero el gobierno mexicano, vía la Conagua, la concesionó a los productores floricultores de Villa Guerrero. Los de Tlanixco se quedaron solo con la de un pozo artesanal.

Cuando la bomba del pozo fallaba, a la comunidad náhuatl le faltaba el agua hasta por un mes. Y empezaron los conflictos.

Conagua le cedió entonces a Tlanixco concesiones sobre tres manantiales: Vellotal, Tronconal y Puente de Troza, que nacen del Río Texcaltenco. “Pero después la misma Conagua les retiró esas concesiones, con el argumento de que ya tenían su pozo”, cuenta Peña.

Erick Aguilar Obregón —doctorante en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y experto en gestión y conflicto del agua— afirma que esta se está convirtiendo en un problema social por desabasto y por  inequidad en su distribución.

El acceso al agua, afirma Aguilar, “está generando ciudadanos de primera (los que viven en las urbes), de segunda y tercera (en la zona rural) y cuarta categoría (los que viven en áreas rurales e indígenas). La marginación de acceso a los recursos es más encarnizada cuando se trata de pueblos originarios”.

Esto pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación general N.º 15, sobre el derecho al agua, señala que, para la asignación del líquido debe concederse prioridad el derecho de uso para fines personales y domésticos y para tratarse como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como uno económico.

La gestión desigual del agua por parte del Estado mexicano ha desatado ya varios conflictos sociales y también la criminalización de sus defensores. Como ejemplos están los casos de León Fierro, en Mexicalli, acusado y detenido por intento de homicidio, y quien es un activo participante en la protesta por lo que se considera el intento de privatizar el agua en ese municipio.

Está también el caso de Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros del pueblo yaqui, que desde 2011 inició la disputa por su río. Ambos fueron acusados de los delitos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad.

En su Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció el incremento de las agresiones a estos representantes por parte del Estado mexicano. La organización reportó que de 2010 a 2017 se han registrado 391 casos de agresiones. En el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron 88 ataques, 16 por ciento de esos corresponden a criminalización.

MORIR A 180 METROS

Cuando Conagua le retiró las concesiones sobre los manantiales a Tlanixco, la comunidad protestó cerrando la autopista Ixtapan de la Sal. Por ese hecho, cuenta la abogada del Zeferino, Isaak Basso denunció, en 2000, a Pedro Sánchez Berriozábal, representante del Comité de Agua de Tlanixco, y a otras personas ligadas con este. La denuncia no procedió y las protestas continuaron.

“Villa Guerrero empezó a pedir que se entubara el río para evitar a toda costa que los de Tlanixco lo usaran. El gobierno, con Manuel Cadena, secretario de Gobierno del Estado, organizó mesas de diálogo para llegar a un arreglo. Se hicieron varias reuniones durante meses, pero nada se logró”.

En ese contexto fue que se produjo la visita de los de Villa Guerrero a Tlanixco. Las 12 personas que llegaron ese día hasta el Río Texcaltenco, entre las que iba Isaak Basso, entraron por la zona de los lavaderos. Las mujeres que estaban ahí alertaron a los fiscales, que se encargan de tocar las campanas, y estas sonaron para avisar de la presencia de los foráneos.

“El juez consideró en la sentencia a los condenados por el homicidio del empresario español que tocar las campanas para reunir a todos fue premeditación —señala la abogada del Zeferino— cuando es un uso y costumbre que las comunidades indígenas tienen para solucionar sus conflictos”. Alrededor de 300 personas se reunieron en el punto conocido como Tierra Colorada.

Marisela Molina, esposa de Pedro Sánchez Berriozábal, uno de los condenados, está sentada en una banca de fierro, afuera del Senado de la República. Ha llegado hasta ahí para dar una conferencia sobre la criminalización de los defensores de Tlanixco. Pero el recinto tiene demasiadas actividades y ella termina hablando en la sala de comunicación social frente a los escritorios de los reporteros de la fuente, que continúan tecleando sus notas mientras ella hablaba.

Es un desaire más de entre muchos para Marisela, quien frente a la puerta del Senado cuenta que los de Villa Guerrero primero les dijeron  que habían ido a Tlanixco solo a pasear por el río, “después alegaron que el agua les estaba llegando espumosa y habían ido a checar por qué”.

No es que hubiera una restricción legal que les impidiera ingresar en la zona, pero a los pobladores náhuatl no les cayó bien la presencia de sus vecinos. “Estas personas, en específico Isaac Basso solían humillarlos cuando se encontraban en las reuniones que se tuvieron con el gobierno del estado, los llamaban indios huarachudos, ignorantes y mugrosos”, relata José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Por eso, su llegada a la zona se consideró una provocación. Los pobladores decidieron llevarlos a la delegación de las autoridades tradicionales, para ahí tomar entre todos una decisión de cómo se iba a proceder, algo que también es un uso y costumbre entre las comunidades indígenas. Solo que para llegar a la delegación había que bajar la pendiente por la orilla del desfiladero. En ese trayecto murió Isaac Basso.

La abogada del Zeferino dice que el proceso legal tuvo muchas irregularidades. “No existió una investigación real de los hechos. Los periciales son deficientes, no se realizaron con el rigor científico necesario. Por ejemplo, el dibujo de criminalística del lugar está hecho sin cumplir proporciones de distancia o espacio. La necropsia establece que la causa de la muerte fueron golpes, algo obvio si se considera que el cuerpo del empresario lo encontraron 180 metros abajo del barranco”.

La gente de Tlanixco dice que el empresario, de unos 60 años, se cayó. “Unos dicen que se desvaneció y se fue al barranco. El ascenso por la vereda para llegar a la delegación es peligroso, está el desfiladero y hay una sola vereda estrecha para caminar. Si para nosotros que estamos acostumbrados es riesgoso y cansado llegar hasta ahí, imagínate para él que no estaba acostumbrado”, dice la señora Marisela.

Pero el juez desestimó esos dichos y consideró los de quienes acompañaban ese día a Isaac Basso, pese a que ellos mismos reconocieron en sus declaraciones, a las que tuvimos acceso a través de la averiguación previa y la sentencia, que no estuvieron presentes en el momento en que el empresario murió.

“En el descenso por el barranco se habían hecho dos grupos, en uno iba Isaac Basso con pobladores de Tlanixco, y en el otro iban los otros 11 de Villa Guerrero con más personas de la comunidad náhuatl. Fue hasta que llegaron a la planicie que sus acompañantes notaron que Isaac Basso no llegó arriba, y hasta después, cuando llegaron a sus casas en Villa Guerrero, se enteraron que había muerto”, subraya Lara Duque.

Las declaraciones que el juez consideró fueron tan confusas que en un inicio los testigos de cargo dijeron que en el descenso iba custodiando al empresario un hombre que en realidad había fallecido un año antes. También dijeron que lo iba pateando una persona que no podría hacer eso, porque está inválido. Además, confundieron a un hombre con su hermano.

“Quince días después de los hechos, el 16 de abril de 2003, fue que los supuestos testigos llegaron con una lista de nombres. Ellos mismos dijeron en sus declaraciones —señala el coordinador del Zeferino— que los habían obtenido de investigaciones propias”.

Lara Duque asevera que las autoridades del estado mostraron a los testigos fotos y videos de las reuniones con los pobladores de Tlanixco para que después pudieran señalar a los supuestos culpables: Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez.

Los abogados del Zeferino acusan también que se hicieron reuniones en un rancho en las que participaron: María de Fátima Isaak Basso, abogada y hermana del finado, los testigos de cargo y autoridades del estado. “Ahí se pusieron de acuerdo respecto a quién señalar”, afirma. Uno de los testigos, quien después se retractó de sus primeras declaraciones en las que inculpaba a los seis pobladores de Tlanixco, reconoció también, y así está asentado en la averiguación previa, que esas reuniones existieron. Pero el juez consideró que su retractación era aislada, puesto que otras 10 personas decían algo contrario. Por lo que consideran irregularidades en la investigación, los abogados del Zeferino apelaron la sentencia y están en espera de respuesta.

Y TODO PARA QUÉ

La floricultura no va bien en Villa Guerrero. Así lo reportan los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, Javier Ramírez, Jessica Avitia y Fredyd Oregón en su estudio Desarrollo en el sur del Estado de México, ¿la floricultura como alternativa a la situación del sector agropecuario?

En la producción de flores predominan tres municipios: Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec de Harinas, dice el estudio, pero el crecimiento de la floricultura no ha mejorado el nivel de vida de la población en estos municipios, “al menos en el mediano plazo no hay cambios relevantes en las tendencias”.

Fredyd Oregón señala que, además, el uso de agroquímicos en la floricultura está causando daños en el ambiente y la población. “En el corredor floricultor del Estado de México se están registrando casos de malformaciones de niños y otros efectos en la salud de la gente. Al menos en dos comunidades que yo he visitado tengo el registro de unos ocho casos en cada una, pero es algo de lo que las autoridades no hablan para no afectar la producción”, revela el investigador, en entrevista.

Para ser justos, entre los efectos de la floricultura también hay que contar la muerte del empresario Issak Basso y la pena de 50 años en prisión para quienes pretendieron defender el agua de su comunidad.

Desde el penal de máxima seguridad de Almoloya de Júarez, Marco Antonio Pérez González, el más joven de los sentenciados, tenía 27 años cuando lo detuvieron, dice que lamenta, sobretodo, no haber visto crecer a su hijo, quien tenía tres años cuando él ingresó en el penal. El hoy adolescente no tiene memoria de su padre fuera de la cárcel.

“Yo era ayudante de albañil. Vivía con mi esposa, mi hijo, mi madre. Ella murió un año después de que me encarcelaron, no aguantó la pena. A mi hijo no lo he visto crecer. Todo lo que tenía y lo que era mi vida se destruyó. Mi familia ha sufrido mucho y yo tengo mucho dolor, mucha impotencia de saber que soy inocente y ver pasar aquí los años sin poder hacer nada”.

Si la sentencia se cumple, algunos de los presos no saldrán con vida del penal. La señora Dominga, por ejemplo, tiene ahora 60 años. La noche en la que recibió el papel donde se asienta que su pena sería de 50, se fue a dormir a su celda sin decir nada. A las 4 de la mañana abrió los ojos y dimensionó ese tiempo: “50 años, eso es para que me muera aquí”.

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