Así encarcela el Estado mexicano a defensores del agua
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Cuartoscuro

Así encarcela el Estado mexicano a defensores del agua

Hace 14 años que seis indígenas náhuatl están en una prisión de máxima seguridad; defendían el río de su poblado, pero la justicia los condenó por el asesinato de un empresario; sus abogados aseguran que son inocentes.
Cuartoscuro
17 de junio, 2018
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El 1 de abril de 2003, por la ladera de una pendiente de más de dos kilómetros, en la que solo se puede caminar de uno por uno, alrededor de 150 personas descendieron, rozando la orilla de un desfiladero de 300 metros, en la zona conocida como Tierra Colorada, en San Pedro Tlanixco, Estado de México.

No era un grupo armonioso bajando en paz por la orilla de un profundo barranco. Estaban enojados, eran dos bandos en disputa, de dos municipios distintos. Los locales querían llegar a la sede de las autoridades tradicionales, con el delegado de su pueblo. Él llamaría a asamblea a la comunidad para que esta decidiera cómo solucionar el pleito último de una pelea por un río, entre los empresarios floricultures de la demarcación con la mayor producción de flores de todo México, Villa Guerrero, y ellos, los náhuatl de San Pedro Tlanixco.

No todos los que iban en descenso llegaron vivos hasta la delegación municipal. El empresario español y presidente de la Asociación de Riego de Villa Guerrero, Alejandro Isaak Basso, murió en el trayecto. Por esa muerte fueron condenadas seis personas a 50 años de cárcel, en la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, pese a que nunca se pudo establecer su participación concreta en el hecho.

Los condenados eran defensores del agua de su comunidad, que “no la quiere para lucrar con ella, sino para vivir”, dice Alejandra Peña, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de dos de los imputados, entre ellos la única mujer del grupo, la señora Dominga González Martínez.

Para Peña, el estado aprovechó la muerte del empresario para inculpar a los líderes del movimiento, descabezarlo y frenar las protestas del resto de los habitantes. La comunidad estaba inconforme por no poder usar el agua del Río Texcaltenco. Hasta 1989 habían tenido acceso a ella sin restricción. Pero el gobierno mexicano, vía la Conagua, la concesionó a los productores floricultores de Villa Guerrero. Los de Tlanixco se quedaron solo con la de un pozo artesanal.

Cuando la bomba del pozo fallaba, a la comunidad náhuatl le faltaba el agua hasta por un mes. Y empezaron los conflictos.

Conagua le cedió entonces a Tlanixco concesiones sobre tres manantiales: Vellotal, Tronconal y Puente de Troza, que nacen del Río Texcaltenco. “Pero después la misma Conagua les retiró esas concesiones, con el argumento de que ya tenían su pozo”, cuenta Peña.

Erick Aguilar Obregón —doctorante en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y experto en gestión y conflicto del agua— afirma que esta se está convirtiendo en un problema social por desabasto y por  inequidad en su distribución.

El acceso al agua, afirma Aguilar, “está generando ciudadanos de primera (los que viven en las urbes), de segunda y tercera (en la zona rural) y cuarta categoría (los que viven en áreas rurales e indígenas). La marginación de acceso a los recursos es más encarnizada cuando se trata de pueblos originarios”.

Esto pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación general N.º 15, sobre el derecho al agua, señala que, para la asignación del líquido debe concederse prioridad el derecho de uso para fines personales y domésticos y para tratarse como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como uno económico.

La gestión desigual del agua por parte del Estado mexicano ha desatado ya varios conflictos sociales y también la criminalización de sus defensores. Como ejemplos están los casos de León Fierro, en Mexicalli, acusado y detenido por intento de homicidio, y quien es un activo participante en la protesta por lo que se considera el intento de privatizar el agua en ese municipio.

Está también el caso de Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros del pueblo yaqui, que desde 2011 inició la disputa por su río. Ambos fueron acusados de los delitos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad.

En su Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció el incremento de las agresiones a estos representantes por parte del Estado mexicano. La organización reportó que de 2010 a 2017 se han registrado 391 casos de agresiones. En el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron 88 ataques, 16 por ciento de esos corresponden a criminalización.

MORIR A 180 METROS

Cuando Conagua le retiró las concesiones sobre los manantiales a Tlanixco, la comunidad protestó cerrando la autopista Ixtapan de la Sal. Por ese hecho, cuenta la abogada del Zeferino, Isaak Basso denunció, en 2000, a Pedro Sánchez Berriozábal, representante del Comité de Agua de Tlanixco, y a otras personas ligadas con este. La denuncia no procedió y las protestas continuaron.

“Villa Guerrero empezó a pedir que se entubara el río para evitar a toda costa que los de Tlanixco lo usaran. El gobierno, con Manuel Cadena, secretario de Gobierno del Estado, organizó mesas de diálogo para llegar a un arreglo. Se hicieron varias reuniones durante meses, pero nada se logró”.

En ese contexto fue que se produjo la visita de los de Villa Guerrero a Tlanixco. Las 12 personas que llegaron ese día hasta el Río Texcaltenco, entre las que iba Isaak Basso, entraron por la zona de los lavaderos. Las mujeres que estaban ahí alertaron a los fiscales, que se encargan de tocar las campanas, y estas sonaron para avisar de la presencia de los foráneos.

“El juez consideró en la sentencia a los condenados por el homicidio del empresario español que tocar las campanas para reunir a todos fue premeditación —señala la abogada del Zeferino— cuando es un uso y costumbre que las comunidades indígenas tienen para solucionar sus conflictos”. Alrededor de 300 personas se reunieron en el punto conocido como Tierra Colorada.

Marisela Molina, esposa de Pedro Sánchez Berriozábal, uno de los condenados, está sentada en una banca de fierro, afuera del Senado de la República. Ha llegado hasta ahí para dar una conferencia sobre la criminalización de los defensores de Tlanixco. Pero el recinto tiene demasiadas actividades y ella termina hablando en la sala de comunicación social frente a los escritorios de los reporteros de la fuente, que continúan tecleando sus notas mientras ella hablaba.

Es un desaire más de entre muchos para Marisela, quien frente a la puerta del Senado cuenta que los de Villa Guerrero primero les dijeron  que habían ido a Tlanixco solo a pasear por el río, “después alegaron que el agua les estaba llegando espumosa y habían ido a checar por qué”.

No es que hubiera una restricción legal que les impidiera ingresar en la zona, pero a los pobladores náhuatl no les cayó bien la presencia de sus vecinos. “Estas personas, en específico Isaac Basso solían humillarlos cuando se encontraban en las reuniones que se tuvieron con el gobierno del estado, los llamaban indios huarachudos, ignorantes y mugrosos”, relata José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Por eso, su llegada a la zona se consideró una provocación. Los pobladores decidieron llevarlos a la delegación de las autoridades tradicionales, para ahí tomar entre todos una decisión de cómo se iba a proceder, algo que también es un uso y costumbre entre las comunidades indígenas. Solo que para llegar a la delegación había que bajar la pendiente por la orilla del desfiladero. En ese trayecto murió Isaac Basso.

La abogada del Zeferino dice que el proceso legal tuvo muchas irregularidades. “No existió una investigación real de los hechos. Los periciales son deficientes, no se realizaron con el rigor científico necesario. Por ejemplo, el dibujo de criminalística del lugar está hecho sin cumplir proporciones de distancia o espacio. La necropsia establece que la causa de la muerte fueron golpes, algo obvio si se considera que el cuerpo del empresario lo encontraron 180 metros abajo del barranco”.

La gente de Tlanixco dice que el empresario, de unos 60 años, se cayó. “Unos dicen que se desvaneció y se fue al barranco. El ascenso por la vereda para llegar a la delegación es peligroso, está el desfiladero y hay una sola vereda estrecha para caminar. Si para nosotros que estamos acostumbrados es riesgoso y cansado llegar hasta ahí, imagínate para él que no estaba acostumbrado”, dice la señora Marisela.

Pero el juez desestimó esos dichos y consideró los de quienes acompañaban ese día a Isaac Basso, pese a que ellos mismos reconocieron en sus declaraciones, a las que tuvimos acceso a través de la averiguación previa y la sentencia, que no estuvieron presentes en el momento en que el empresario murió.

“En el descenso por el barranco se habían hecho dos grupos, en uno iba Isaac Basso con pobladores de Tlanixco, y en el otro iban los otros 11 de Villa Guerrero con más personas de la comunidad náhuatl. Fue hasta que llegaron a la planicie que sus acompañantes notaron que Isaac Basso no llegó arriba, y hasta después, cuando llegaron a sus casas en Villa Guerrero, se enteraron que había muerto”, subraya Lara Duque.

Las declaraciones que el juez consideró fueron tan confusas que en un inicio los testigos de cargo dijeron que en el descenso iba custodiando al empresario un hombre que en realidad había fallecido un año antes. También dijeron que lo iba pateando una persona que no podría hacer eso, porque está inválido. Además, confundieron a un hombre con su hermano.

“Quince días después de los hechos, el 16 de abril de 2003, fue que los supuestos testigos llegaron con una lista de nombres. Ellos mismos dijeron en sus declaraciones —señala el coordinador del Zeferino— que los habían obtenido de investigaciones propias”.

Lara Duque asevera que las autoridades del estado mostraron a los testigos fotos y videos de las reuniones con los pobladores de Tlanixco para que después pudieran señalar a los supuestos culpables: Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez.

Los abogados del Zeferino acusan también que se hicieron reuniones en un rancho en las que participaron: María de Fátima Isaak Basso, abogada y hermana del finado, los testigos de cargo y autoridades del estado. “Ahí se pusieron de acuerdo respecto a quién señalar”, afirma. Uno de los testigos, quien después se retractó de sus primeras declaraciones en las que inculpaba a los seis pobladores de Tlanixco, reconoció también, y así está asentado en la averiguación previa, que esas reuniones existieron. Pero el juez consideró que su retractación era aislada, puesto que otras 10 personas decían algo contrario. Por lo que consideran irregularidades en la investigación, los abogados del Zeferino apelaron la sentencia y están en espera de respuesta.

Y TODO PARA QUÉ

La floricultura no va bien en Villa Guerrero. Así lo reportan los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, Javier Ramírez, Jessica Avitia y Fredyd Oregón en su estudio Desarrollo en el sur del Estado de México, ¿la floricultura como alternativa a la situación del sector agropecuario?

En la producción de flores predominan tres municipios: Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec de Harinas, dice el estudio, pero el crecimiento de la floricultura no ha mejorado el nivel de vida de la población en estos municipios, “al menos en el mediano plazo no hay cambios relevantes en las tendencias”.

Fredyd Oregón señala que, además, el uso de agroquímicos en la floricultura está causando daños en el ambiente y la población. “En el corredor floricultor del Estado de México se están registrando casos de malformaciones de niños y otros efectos en la salud de la gente. Al menos en dos comunidades que yo he visitado tengo el registro de unos ocho casos en cada una, pero es algo de lo que las autoridades no hablan para no afectar la producción”, revela el investigador, en entrevista.

Para ser justos, entre los efectos de la floricultura también hay que contar la muerte del empresario Issak Basso y la pena de 50 años en prisión para quienes pretendieron defender el agua de su comunidad.

Desde el penal de máxima seguridad de Almoloya de Júarez, Marco Antonio Pérez González, el más joven de los sentenciados, tenía 27 años cuando lo detuvieron, dice que lamenta, sobretodo, no haber visto crecer a su hijo, quien tenía tres años cuando él ingresó en el penal. El hoy adolescente no tiene memoria de su padre fuera de la cárcel.

“Yo era ayudante de albañil. Vivía con mi esposa, mi hijo, mi madre. Ella murió un año después de que me encarcelaron, no aguantó la pena. A mi hijo no lo he visto crecer. Todo lo que tenía y lo que era mi vida se destruyó. Mi familia ha sufrido mucho y yo tengo mucho dolor, mucha impotencia de saber que soy inocente y ver pasar aquí los años sin poder hacer nada”.

Si la sentencia se cumple, algunos de los presos no saldrán con vida del penal. La señora Dominga, por ejemplo, tiene ahora 60 años. La noche en la que recibió el papel donde se asienta que su pena sería de 50, se fue a dormir a su celda sin decir nada. A las 4 de la mañana abrió los ojos y dimensionó ese tiempo: “50 años, eso es para que me muera aquí”.

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Elecciones en Brasil: 3 claves para entender el áspero duelo entre Bolsonaro y Lula da Silva

La mayor democracia de la región celebra este domingo unos comicios marcados por la extrema polarización y las dudas sobre cómo reaccionaría el presidente ante una posible derrota.
2 de octubre, 2022
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A primera vista, las elecciones de este domingo en Brasil pueden parecer una típica disputa latinoamericana por votos entre la derecha y la izquierda política.

Sin embargo, este duelo electoral que tiene como protagonistas al presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva es especial por donde se lo analice.

Las últimas encuestas colocan a Lula como líder en las intenciones de voto, con una ventaja de entre seis y 14 puntos sobre Bolsonaro. Algunas dejan abierta la posibilidad de que gane la presidencia en esta primera vuelta, sin tener que ir a un balotaje el 30 de octubre.

Pero la dureza de la lucha electoral, el ánimo de los votantes y, sobre todo, las dudas sobre cómo actuaría Bolsonaro ante una posible derrota, llevan a expertos en política brasileña como Marco Antonio Teixeira a advertir que esta elección es “atípica”.

Tres claves ayudan a entender lo que ocurre en la mayor democracia de América Latina.

1. Polarización extrema

Si bien hay 11 candidatos presidenciales registrados, esta elección en Brasil es un pulso entre Bolsonaro, de 67 años, y Lula, de 76.

La idea de organizar una “tercera vía” nunca se concretó en la práctica.

El candidato que sigue en las encuestas, el centroizquierdista Ciro Gomes, figura con menos de 10% de las intenciones de voto.

A diferencia de elecciones anteriores en que los contendientes se veían como adversarios, ahora hay una fuerte polarización donde se instaló la noción de “enemigo político”, explica Vera Chaia, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

“Con el enemigo no tienes diálogo, no respetas al otro: eso es lo que está ocurriendo”, dice Chaia a BBC Mundo. “La propagación del odio y la visión estrecha del candidato Bolsonaro hacen que esta elección sea muy exasperada”.

Manifestaciones a favor de Lula e Bolsonaro

Reuters
Brasil vive una fuerte polarización política entre Lula y Bolsonaro.

Ese nivel de crispación se apreció claramente en el último debate de candidatos presidenciales el jueves por la noche, donde Bolsonaro y Lula intercambiaron acusaciones de mentir y tener pandillas dedicadas al desvío de fondos en sus gobiernos.

Durante la campaña, Bolsonaro planteó los comicios como “una lucha del bien contra el mal”, se presentó como garante de los valores conservadores y cristianos, y se refirió a Lula como un “ladrón” que puede llevar a Brasil hacia un socialismo como el de Venezuela.

El presidente ha sido acusado de incitar la violencia política, con frases como la que lanzó en mayo al hablar de las alianzas de sus rivales: “Es bueno, un tiro solo mata a todo el mundo, o una granadita”.

Bolsonaro ha negado que sus palabras estimulen la violencia.

Pero Lula lo responsabilizó por el homicidio de un simpatizante suyo que, según la policía, fue apuñalado en agosto por un seguidor del presidente tras una discusión política en un área rural del estado de Mato Grosso.

En julio, un militante del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula fue asesinado a tiros por un policía que irrumpió en su fiesta de cumpleaños que homenajeaba al expresidente y gritó: “¡Aquí somos de Bolsonaro!”

Funeral del militante del PT Marcelo Arruda en Foz de Iguaçu

AFP
El asesinato del militante del PT Marcelo Arruda sacudió a Brasil en julio.

Lula ha buscado ampliar su base electoral con acuerdos como el que alcanzó con su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, un exrival suyo de centroderecha al que derrotó en las elecciones de 2006.

Pero el líder izquierdista tampoco rehuyó de la confrontación directa con Bolsonaro, a quien ha calificado de “genocida” por su respuesta a la pandemia de covid-19, y sostuvo que en las elecciones se juega “la democracia contra el fascismo”.

Con un debate alejado de las propuestas de gobierno, es probable que la tensión política aumente más en Brasil si ningún presidenciable supera la mitad de los votos válidos en la primera vuelta y hay un segundo turno entre Lula y Bolsonaro.

2. Un mar de angustias

Con este panorama, los brasileños parecen mirar con recelo la campaña electoral: tres de cada cuatro votantes (67,5%) teme sufrir agresiones por motivos políticos, según una encuesta de la firma Datafolha.

Pero esa está lejos de ser la única inquietud de la población.

De hecho, las mayores preocupaciones de los brasileños pasan por temas económicos como el desempleo o la inflación, así como por la salud, según distintos sondeos.

Fila de búsqueda de empleo en Brasil.

Agência Sindical
La tasa de desempleo en Brasil cayó a 9,1% pero aun es una de las mayores preocupaciones de los votantes.

Esta elección será la primera en Brasil luego de la pandemia que golpeó con dureza al país y dejó más de 685.000 muertes mientras Bolsonaro comparaba el covid con una “gripecita” y se mostraba escéptico sobre las vacunas para combatirlo.

La economía brasileña entró en recesión en 2021 y, si bien volvió a crecer desde hace casi un año y la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general.

El 15% de brasileños (unos 33 millones de personas) pasa hambre y más de la mitad de la población padece (125 millones de personas) padece en algún grado de inseguridad alimentaria, de acuerdo a un estudio de la red Penssan.

Algunas noticias recientes han causado escalofríos.

El agosto, un niño de 11 años en la región metropolitana de Belo Horizonte llamó a una línea policial de emergencia para informar que no había “nada” que comer en su casa, luego de ver a su madre desesperada por la falta de alimentos para sus hijos.

Mujer con hijo en brazos busca comida en un armario.

Getty Images/AFP

“La mayoría de la población brasileña está angustiada”, dice Chaia. “En Brasil ocurrió un retroceso total: en lugar de ir para adelante, Brasil fue para atrás”.

Muchos en el país añoran los años de 2003 a 2010 en que Lula gobernó en medio de un boom económico impulsado por altos precios de las materias primas y millones de personas ascendieron a la clase media con programas sociales del gobierno.

Bolsonaro y sus seguidores, en cambio, recuerdan el desplome que tuvo la economía brasileña bajo el mandato de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, y los grandes escándalos de corrupción que surgieron en los gobiernos del PT.

El propio Lula estuvo 19 meses preso por un caso de corrupción, pero el Supremo Tribunal Federal brasileño anuló sus condenas en 2021 por fallas en el proceso que condujo el entonces juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Bolsonaro.

Un hombre en Brasil muestra un plato que tiene escrita la palabra "hambre" en portugués.

Reuters
La el hambre y la inseguridad alimentaria moderada afecta a tres de cada 10 brasileños.

El gobierno de Bolsonaro, que también ha sido salpicado por denuncias de corrupción, aumentó 50% el programa Auxilio Brasil de subsidios a los pobres en agosto, hasta 600 reales (unos 115 dólares) por persona.

Pero nada indica que con esto el presidente haya eliminado la ventaja de Lula en las encuestas, que en las últimas semanas reflejaron una carrera estable.

3. Incertidumbre sobre el desenlace

Para que un candidato gane en primera vuelta, precisa superar la mitad de los votos válidos (es decir, descontando del total los sufragios en blanco o nulos).

Algunas de las últimas encuestas ubican a Lula próximo a ese umbral de 50% de los votos válidos.

Datafolha e Ipec, dos grandes encuestadoras brasileñas, proyectaron el sábado que el expresidente tenía el 50% y 51% de los votos válidos respectivamente.

Como el margen de error de esos sondeos es de dos puntos más o menos, señalaron que no es posible anticipar si Lula ganará en primera vuelta o irá a un balotaje con Bolsonaro en cuatro semanas.

Eso puede depender en buena medida del nivel de participación este domingo: los votantes de baja renta y escolaridad, que tienden a apoyar más a Lula, también suelen tener mayores índices de abstención. Por eso, el izquierdista llamó en los últimos días a votar.

Claro, las encuestas pueden errar y la diferencia entre los candidatos podría ser menor o mayor de lo que proyectan.

Pero lo que vuelve más peculiar esta elección es la incertidumbre sobre si Bolsonaro reconocería una victoria de Lula.

A semejanza de lo que hizo su “amigo” Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Bolsonaro ha buscado sembrar dudas sobre la fiabilidad de las encuestas y, sobre todo, del sistema de votación de su país, sin presentar pruebas para ello.

Además ha repetido, como hacía Trump, que aceptará el resultado de las elecciones “siempre que sean limpias”.

Jair Bolsonaro

Reuters
Bolsonaro ha planteado dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño, sin presentar pruebas.

Muchos se preguntan si Bolsonaro se prepara así para actuar también como Trump en caso de ser derrotado y denunciar un fraude en su contra, intentando seguir en el poder.

“Nunca antes en la historia de este país (…) discutimos una reelección y también si el resultado será impugnado o no”, dice Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, a BBC Mundo. “Eso es inédito en la democracia brasileña”.

La preocupación es tal que un manifiesto en defensa de la democracia y el sistema electoral del país recogió en agosto la firma de más de un millón de brasileños, desde artistas y deportistas hasta intelectuales y expresidentes.

Bolsonaro pareció moderar su retórica en días recientes, por ejemplo al declarar que si pierde la elección pasará la banda presidencial y se retirará de la política.

Pero algunos cuestionan si eso respondió apenas a un esfuerzo del presidente por captar votos de centro.

Luis Inácio Lula da Silva

Reuters
Lula figura como favorito en las encuestas aunque es probable que tenga que disputar un balotaje con Bolsonaro.

Distintos analistas ven un riesgo de que, si el Bolsonaro denuncia un fraude en su contra, sus seguidores arremetan contra las instituciones como hicieron los trumpistas el año pasado en el Capitolio de Washington.

En los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo “intervención militar” y en plena campaña la policía registró las casas de empresarios simpatizantes del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque ellos niegan haber cometido delito alguno.

Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen.

Para estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el país.

Teixeira descarta que las Fuerzas Armadas brasileñas como institución tengan intenciones golpistas.

Pero advierte que las dudas planteadas desde la propia presidencia sobre el desenlace de las elecciones “dejan todo en un estado que contribuye a la inestabilidad”.


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