Autoridades no asisten a encuentro con familias de víctimas de feminicidio
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Andrea Vega

Autoridades no asisten a encuentro con familias de víctimas de feminicidio

Familiares de víctimas de feminicidio fueron desairadas por autoridades de Centros de Justicia de la Mujer, fiscalías de feminicidios, comisiones de derechos humanos y centros de atención a víctimas de cada estado, a quienes invitaron para conocer las omisiones en la investigación de los casos.
Andrea Vega
Por Andrea Vega
21 de junio, 2018
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En el teatro Carlos Pellicer en Xochimilco en la Ciudad de México, la tarde de este 20 de junio, se quedaron muchas butacas vacías. Estaban reservadas para las autoridades de los Centros de Justicia de la Mujer, las fiscalías de feminicidios, las Comisiones de Derechos Humanos y de los Centros de Atención a Víctimas (CEAV) de cada estado de la República. Pero solo llegaron representantes de CEAV nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de derechos humanos del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Los que sí llegaron para llenar las butacas del teatro en el Primer Encuentro con Familiares de Víctimas y Huérfanos de Feminicidio fueron justo las madres, hermanas, hermanos, padres e hijos de 50 mujeres asesinadas en diversos estados de la República, que buscan justicia.

El objetivo de invitar a las autoridades a este encuentro era que los altos mandos vinieran y escucharan los casos de las familias, los errores y las omisiones de su personal en los procesos, porque tal vez ni siquiera sepan lo que está pasando. “Pero no vinieron”, dice Sandra Soto, familiar de víctima de feminicidio, quien junto con la geofísica María Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios en México, organizó este encuentro.

También, agrega Soto, “queríamos que la CEAV le diera información de primera mano a las familias respecto a los protocolos que existen para llevar los casos, los derechos que tienen como víctimas, a dónde pueden acercarse para tener apoyo jurídico y de otro tipo, pero el representante de la Comisión no venía preparado para dar la charla ni traía materiales para compartir con los asistentes, así que tuvimos que cancelar su intervención”.

Para las familias reunidas en el encuentro esto más que un desaire es una negligencia más de entre todas las que encuentran a diario en su búsqueda de justicia. Ya reunidos, aprovecharon para conocerse físicamente, después de encontrarse y converger en la página de Facebook Los Machos Nos Matan, creada por Sandra Soto para lograr justicia en el feminicidio de su hermana, Serymar Soto. Aprovecharon también para abrazarse y para tomar el micrófono y contar los errores y omisiones en la investigación de los feminicidios de sus familiares, pero también sobre los riesgos y amenazas que viven a diario.

Lorena Gutiérrez, madre de Fatima Quintana, asesinada el 5 de febrero de 2015, cuando tenía 12 años de edad, contó que además de sufrir el feminicidio de su hija han tenido que huir de su hogar, en el Estado de México, porque las autoridades encarcelaron a dos de los responsables pero dejaron en libertad a un hombre que Lorena señala como el tercer homicida de su hija. Como la señora y su esposo han estado pidiendo que se detenga y encarcele a este tercer sujeto, han recibido amenazas por parte de la familia de él. “Nos han dicho que forma parte del crimen organizado, que es un sujeto peligroso, y como nos han amenazado, salimos de nuestra casa, de nuestro estado y estamos refugiados en una entidad del norte; incluso hemos tenido que pedir asilo a otro país”.

Juana Benitez –hermana de Guadalupe, asesinada el 6 de julio de 2017 por su esposo, quien está detenido pero aún espera de sentencia– cuenta en el encuentro que ella y su familia también han recibido amenazas. “Nos dicen que los que siguen son mis hijos y mis sobrinos, hijos de mi otro hermano. Ya hemos denunciado esto a las autoridades y nos dicen que en el Estado de México, donde nosotros vivimos, en Nicolás Romero, las amenazas no proceden. Y lo único que nosotros estamos haciendo es pedir justicia, de manera pacífica, para Lupita”.

En su turno al micrófono, Elvira Camacho, mamá de Ivón, asesinada en Oaxaca el 4 de agosto del 2013, denuncia que a cinco años del feminicidio de su hija, el presunto responsable sigue prófugo. “Él era su novio y es el responsable, pero como es hijo de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, lo están encubriendo. A mí solo me dan largas. Solo me dicen que están trabajando en la investigación. Ya se han ejecutado órdenes de aprensión de otros casos y el mío qué, ¿acaso no importa? ¿O están encubriendo al feminicida?

También llega al encuentro Consuelo Salas, madre de Victoria Pamela, asesinada en Ciudad de México el 3 de septiembre de 2017. La madre cuenta que el presunto responsable continúa prófugo y que incluso ha solicitado un amparo. “Estamos pugnando para que el caso lo atraiga la Procuraduría de la Ciudad de México, porque en la fiscalía no hay avances y nosotros queremos justicia para mi hija”.

Esa misma exigencia se escucha una y otra vez en el Teatro Carlos Pellicer, en Xochimilco, incluso cuando las familias se reúnen en el patio del lugar, fuera ya de los micrófonos, y se abrazan y platican y se prometen que habrá otro encuentro, que empezarán a articular acciones en colectivo porque solas no las escuchan, pero acompañadas quizá logren alzar su voz y encontrar justicia.

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5 países de América Latina más peligrosos para defender los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 147 activistas en 2021 y de otros 89 en los primeros 4 meses de 2022.
9 de junio, 2022
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Dedicarse a defender los Derechos Humanos es una labor de alto riesgo, sobre todo si se ejerce en América Latina, región que se ha convertido en la más peligrosa del mundo para denunciar la violación de alguna garantía fundamental o para reclamar su cumplimiento.

La denuncia la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que contabilizó el asesinato de 147 activistas en 2021, según la información que figura en el informe anual publicado la semana pasada.

Pero si 2021 no fue un buen año para los defensores de Derechos Humanos en la región, 2022 no luce mucho mejor.

La CIDH, en otro reporte preliminar, informó que solo en los primeros 4 meses del año en curso ha contabilizado la muerte de 89 activistas.

Los 5 países más peligrosos

Activistas en riesgo. . Ranking con los países más peligrosos para los activistas de Derechos Humanos Datos de enero a diciembre de 2021.

Con 145 defensores muertos, Colombia es el país más peligroso del continente para promover los derechos y las libertades fundamentales.

Las autoridades colombianas han reconocido la gravedad de la situación y este año le aseguraron a la Comisión que vienen tomado medidas para revertirla, entre ellas destacaron que actualmente tienen a 3.749 líderes sociales bajo resguardo.

“La situación es preocupante”, admitió también el comisionado Joel Hernández, relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

México, con 10 asesinados, ocupa el segundo lugar, de acuerdo con los datos de la CIDH. Líderes de comunidades indígenas y ambientalistas fueron las principales víctimas.

Por su parte, Perú con 5 fallecidos, Honduras con 4 y Guatemala con 2 se encuentran en el tercer, cuarto y quinto lugar; respectivamente.

Quiénes son las víctimas

La mayoría de los activistas asesinados ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas, denunció la CIDH, organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Eso indica que no solamente están en riesgo aquellas personas que han decidido exponer públicamente los abusos y excesos cometidos por los cuerpos policiales y las fuerzas militares.

Por el contrario, cualquiera que haya decidido promover y proteger, de manera pacífica, la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos puede verse comprometido. Esto incluye a sindicalistas y a los periodistas también.

Los datos que maneja la Comisión también revelan además que las amenazas no se limitan a los activistas únicamente, sino que en algunos casos se extienden hasta su círculo familiar.

El caso del brasileño José Gomes es prueba de ello. El pasado 9 de enero Gomes fue asesinado, a tiros, junto a su esposa y su hija en la región de São Félix do Xingu, estado de Pará. La víctima se dedicaba a liberar crías de tortugas en la Amazonía, en un intento por repoblar esta especie.

Hasta ahora las autoridades policiales no han aportado mucha información sobre el asunto y solamente han dicho que están investigando el crimen.

Aunque el grueso de los fallecidos contabilizados por la CIDH son hombres, casos como el de la activista mexicana Gladys Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue asesinada el 15 de julio de 2021, indican que las mujeres defensoras no están exentas de riesgos.

En la mira. [ 147 activistas de Derechos Humanos fueron asesinados en 2021 en América Latina ],[ 89 activistas han sido asesinados en los primeros cuatro meses del 2022 ], Source: Fuente: CIDH, Image: Fotos de activistas asesinados en un campo

Las cifras de la Comisión son corroboradas por las que manejan otras organizaciones como la irlandesa Front Line Defenders, la cual se especializa en monitorear las condiciones en las que los defensores ejercen su labor alrededor del mundo.

En su informe correspondiente a 2021 Front Line Defenders denunció que de los 358 defensores de Derechos Humanos que fueron asesinados en el mundo, 252 eran latinoamericanos; es decir el 70%.

Las causas del problema

Las debilidades institucionales, especial la falta de independencia judicial, y la violencia criminal son, a juicio del comisionado Hernández, los motivos por los cuales América Latina se ha vuelto tan peligrosa para quienes deciden defender los derechos de otras personas, pero no son los únicos.

El comisionado Joel Hernández preside una audiencia pública de la CIDH en Quito (Ecuador)

CIDH
El diplomático mexicano Joel Hernández, es el relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

En distintas partes de la región se están dando situaciones de conflictividad que hacen que los defensores se activen”, le explicó Hernández a BBC Mundo por videoconferencia.

“Por ejemplo, en aquellas zonas donde se están poniendo en marcha proyectos extractivistas, sin el debido consentimiento de las comunidades afectadas, los líderes se están movilizando o están surgiendo y eso los coloca en la mira de grupos de determinados grupos”.

“Esto explica por qué los defensores de los pueblos indígenas, de los campesinos y del medio ambiente están siendo las principales víctimas de atentados y ataques”, agregó el diplomático mexicano.

Un indígena Yanomami en el Amazonas brasileño ve como sus tierras son explotadas por mineros ilegales

Reuters
Los indígenas que se oponen a la minería en sus tierras y quienes los defienden tienen grandes probabilidades de ser asesinados o atacados, de acuerdo a los

Algunos pasos positivos

Pese a calificar de “difícil” la situación que enfrentan los defensores en la región, Hernández aseguró que en algunos países se están produciendo pasos en la dirección correcta.

Así mencionó el caso de Brasil, cuyas autoridades han puesto en marcha el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), en los estados de Bahía, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro, el cual ampara actualmente a 600 activistas.

Honduras, entretanto, ha anunciado ha tomado medidas a favor de 116 defensores y 25 periodistas.

Sin embargo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y de Periodistas de México es el de mayor envergadura en el continente y tiene bajo su resguardo a 1.011 activistas y 495 comunicadores.

Por último, Perú anunció a mediados del año pasado la creación de un programa similar.

El comisionado demandó de las autoridades de los países de la región que creen las condiciones para que los activistas puedan realizar su labor de manera segura, que se abstengan de atacarlos y que castiguen cualquier ataque contra ellos.

“La impunidad es muy peligrosa, porque cuando no se castigan los crímenes se invita a su repetición”, dijo Hernández, quien destacó la importancia de contar con un Poder Judicial independiente.


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