Decretos firmados por EPN para liberar el uso de cuencas sí ponen en riesgo el uso del agua: expertos
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Decretos firmados por EPN para liberar el uso de cuencas sí ponen en riesgo el uso del agua: expertos

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking argumentan que con la firma de los documentos, el agua se encuentra desprotegida y disponible para su explotación y aprovechamiento, incluyendo el sector industrial y extractivas.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
26 de junio, 2018
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Alrededor del 70% de las cuencas liberadas por el presidente Enrique Peña Nieto con la firma de 10 decretos, se encuentran desprotegidas, aseguran expertos, con lo que el agua “se encontrará disponible para su explotación y aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas”, señalaron especialistas de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Dicha alianza está conformada por más de 40 organizaciones civiles y sociales de diversos estados que desde el 2013 buscan prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking defendiendo el agua y el territorio.

A través de un comunicado los integrantes de la alianza argumentan que los decretos “constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el derecho humano al agua”, a diferencia de lo que argumentan las autoridades.

Sostienen que al analizar cada uno de los decretos firmados el pasado 5 de junio, se estima que dichos acuerdos solo establecen la protección de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso doméstico y público urbano.

Por tanto casi el 70% del volumen de las cuencas queda sin protección, en algunos casos, agregan, el levantamiento de vedas permitió la liberación de volúmenes más significativos, como en el caso de la cuenca del río Pánuco, donde hasta el 91.5% del agua quedó disponible para su explotación y cualquier tipo de uso  incluso para el sector industrial y extractivas.

“Compartimos los principios que supuestamente motivaron estos decretos, entre los que se encuentran una adecuada gestión del agua y el pensar en las poblaciones futuras”, exponen. Y aunque la razón principal de las autoridades para firmar los decretos fue la preocupación ambiental, plantean que al firmar los documentos también se liberó la posibilidad de concesionar el agua al sector productivo, situación que estaba prohibida.

Incluso dicen que antes de firmar los decretos para la anulación de las vedas, la autoridad correspondiente tenía que actualizarse sobre la disponibilidad de agua, pues en algunos de los casos de cuencas liberadas, los datos utilizados datan de 2011.

El colectivo de organizaciones y especialistas se dice preocupado pues consideran que los decretos son “instrumentos intencionalmente ambiguos” que ayudarán a mantener la discrecionalidad del manejo del agua por parte de Conagua.

Consideran que los argumentos de dicha institución, “lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión de la misma es un problema meramente técnico”.

En el texto contradicen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual afirma que los decretos es para proteger y asegurar el uso de agua para las generaciones futuras. Esto debido a que, durante la presente administración se emitieron los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Este documento “habilita a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras”.

Finalmente la Alianza Mexicana contra el Fracking expone su preocupación “por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua”.

Desde su punto de vista, se ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos y se ha facilitado el otorgamiento de miles de concesiones de agua para actividades extractivas, de manera que no se ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales.

“Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México”.

Los decretos de reserva de agua fueron firmados el pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente por el presidente Enrique Peña Nieto.

Dichos decretos anulan la veda de 10 diferentes ríos, los cuales son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Con estos 10 decretos se elimina la veda de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, lo que equivale al 55% de lagos y ríos del país. Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Con esta liberación, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.

Ambas dependencias argumentaron que para tomar esta decisión fueron asesoradas por la organización de conservación ambiental WWF, que les ayudó a saber cómo mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años y que cuencas eran las adecuadas para levantar la veda.

El titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, explicó que si bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, el gobierno federal en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.

Esto luego de las aseveraciones de diversas organizaciones y activistas como Agua para [email protected], que aseguraban que la decisión que esta decisión permitiría sentar “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

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Roe vs. Wade: ¿están en riesgo el matrimonio igualitario y el derecho a la anticoncepción con la revocación de esta sentencia?

La opinión del juez Clarence Thomas, que insta al alto tribunal a revisar los precedentes que garantizan la protección constitucional a la anticoncepción o a que personas del mismo sexo se puedan casar, ha hecho que muchos se cuestionen cuál es el futuro de estos derechos.
25 de junio, 2022
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“Debemos reconsiderar otros precedentes”.

Esa opinión, emitida este viernes por el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas, junto a su voto por revocar Roe vs. Wade, el fallo histórico que protegía el aborto en el país, ha hecho que muchos se pregunten qué otros derechos están ahora en riesgo.

En concreto, instó al tribunal a valorar las sentencias de Griswold vs. Connecticut (1965), que garantiza el derecho a la anticoncepción; Lawrence vs. Texas (2003), que legalizó en todo el país las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, y Obergefell vs. Hodges (2015), que reconoce el derecho constitucional al matrimonio igualitario.

Dijo que la Corte tiene el deber de “corregir el error” establecido en esos precedentes y añadió: “Tras anular estas decisiones manifiestamente erróneas, queda la pregunta de si hay otras disposiciones constitucionales” que protegen los derechos que establecen.

El juez conservador Clarence Thomas fue nominado a la Corte Suprema por George H. W. Bush en 1991.

Getty Images
El juez conservador Clarence Thomas fue nominado a la Corte Suprema por George H. W. Bush en 1991.

Sin embargo, el juez Samuel Alito ya desestimó que el fallo del Supremo de este viernes vaya a dar directamente lugar a la reversión de otros derechos constitucionales.

“Parece que nuestro disentimiento (con Roe vs. Wade) cuestiona (las sentencias de) Griswold, Eisenstadt, Lawrence y Obergefell. Pero hemos declarado inequívocamente que nada de esta decisión debe entenderse como una puesta en duda de los precedentes que no conciernen al aborto“, aclaró. Es algo que ya se incluía en el borrador que se filtró en mayo y hacía prever que era inminente el fallo que finalmente se emitió este viernes.

El juez Thomas dijo que estaba de acuerdo con eso, pero señaló en su justificación que la mayoría de la Corte encontró que el derecho al aborto no era una forma de “libertad” protegida por la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.

Dicha doctrina del derecho estadounidense permite a los tribunales poner límites a la actividad legislativa cuando afecta “la vida, la libertad o la propiedad”, y Thomas instó a revisar los otros precedentes con base en ella.

“Nadie puede asegurar que la Corte terminó su trabajo”

Por eso mismo, los tres miembros del ala liberal de la Corte, los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, ya pusieron en duda que existan garantías para los otros derechos constitucionales.

Nadie debería estar seguro de que esta mayoría (conservadora de la Corte) ha terminado con su trabajo”, escribieron los tres liberales que conforman la minoría este viernes.

Activistas piden la destitución del juez de la Corte Suprema de los EE. UU. Clarence Thomas afuera del edificio del Capitolio el 30 de marzo de 2022.

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Activistas piden la destitución del juez de la Corte Suprema de EU Clarence Thomas afuera del edificio del Capitolio, el 30 de marzo de 2022.

“El derecho que Roe y Casey reconocieron no está solo. Por el contrario, la Corte lo vincula desde hace décadas con otras libertades asentadas en torno a la integridad corporal, las relaciones familiares y la procreación”, expusieron.

“Lo más obvio es que el derecho a interrumpir un embarazo surgió directamente del derecho a comprar y usar métodos anticonceptivos. A su vez, esos derechos llevaron, más recientemente, a los derechos a la intimidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos son parte del mismo tejido constitucional, protegiendo la toma de decisiones autónomas sobre las decisiones más personales de la vida”.

El presidente Joe Biden lanzó la misma advertencia el 3 de mayo, cuando se refirió al borrador de la decisión de la Corte filtrado: “Si se mantuviera la justificación de la decisión tal y como se emitió (en el borrador), estaría en cuestión toda una gama de derechos”.

Sin embargo, el juez Thomas firmó la opinión en solitario. Y habrá que ver si los otros jueces conservadores concuerdan con él sobre los anticonceptivos y el matrimonio igualitario, como lo hicieron sobre el aborto.

Lawrence O. Gostin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown que se especializa en leyes de salud pública, advierte que tachar a Thomas de “lobo solitario” es un error. “Ahora que la mayoría en la Corte ha destruido los cimientos sobre los que se construyó Roe, los otros derechos bien podrían venirse abajo”.

Pero cree que “la decisión (de revocar Roe vs. Wade) es mucho más extrema de lo que los jueces están tratando de hacer ver”, como dijo Gostin a la agencia AP. “Significa que no puedes considerar a la Corte Suprema como un árbitro de las garantías constitucionales, porque están actuando como guerreros culturales”.

Y citó otra área legal polémica —el derecho a portar armas— como ejemplo de las consecuencias que el fallo de este viernes podría tener sobre otros derechos constitucionales.

Al dictaminar la Corte que la Segunda Enmienda de la Constitución —que protege el derecho a poseer y portar armas sin que ningún gobierno pueda restringirlo— aplica a los individuos, explicó Gostin, la Corte anuló un precedente de larga data. En aquel entonces, 2008, el juez Antonin Scalia dijo que la decisión no afectaría a otras regulaciones relacionadas.

“Pero la promesa no duró”, añadió el experto, en referencia a la decisión de este jueves de ampliar el derecho a portar armas.

“No es una deidad suprema”

Jim Obergefell, quien fue el demandante principal del caso Obergefell vs. Hodges —que llevó a legalizar el matrimonio igualitario— y hoy es candidato a la Cámara de Representantes de Ohio, criticó este viernes a Thomas por sus comentarios.

“Clarence Thomas es un juez de la Corte Suprema designado por humanos, no una deidad suprema”, dijo. “Los millones de parejas que tienen derecho al matrimonio igualitario para formar sus propias familias no necesitan que Clarence Thomas les imponga su retorcida moralidad individual”.

Figuritas que representan matrimonios igualitarios.

Getty Images

La opinión emitida por Thomas, un juez conservador nominado a la Corte por George H. W. Bush en 1991, es justamente aquello que los activistas a favor de los derechos reproductivos y LGBTI+ habían estado temiendo.

Los defensores del derecho al aborto han advertido repetidamente que, si caía Roe, el derecho a la anticoncepción y al matrimonio entre personas del mismo sexo serían los siguientes en anularse.

“Es por eso que esta decisión (la de anular Roe vs. Wade) es superalarmante, incluso si no te importa nada el aborto. Es por eso que todo el mundo debería preocuparse por esto”, dijo BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

"Prohíban las balas, no los anticonceptivos", se lee en el cartel que sostiene una manifestante frente al Capitolio el 26 de mayo de 2022.

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“Prohíban las balas, no los anticonceptivos”, se lee en el cartel que sostiene una manifestante frente al Capitolio, el 26 de mayo de 2022.

“Lo que este fallo deja claro es que la mayoría de la Corte Suprema piensa que, si un derecho no está explícitamente establecido en la Constitución, no es parte de la historia y (que si no es parte de) ‘la tradición de la nación’, lo que sea que eso signifique, no puede ser reconocido constitucionalmente en la actualidad como un derecho”.

“Es innegablemente dejar el futuro de nuestro país en lo que creían entonces unos hombres, viejos, blancos en el siglo XVIII, donde las mujeres no tenían ninguna importancia, más allá que cuidar a los hijos y preparar la cena”.

Lee más: 23 estados esperan la despenalización del aborto; con amparos, algunos apuestan por la homologación al criterio de la Corte 

Hasta ahora, muchos opositores al aborto que lucharon duro para anular Roe habían insistido en que no tienen ningún interés en tratar de revocar el derecho a la anticoncepción.

Kristen Waggoner, directora legal de Alliance Defending Freedom, que ayudó en la defensa legal del caso de Misisipi que llevó finalmente a que la Corte anulara Roe vs. Wade, dijo este viernes que la decisión deja claro que “terminar con la vida humana es distinto a cualquier otra cuestión”.

Pero Paul Dupont, portavoz de la organización antiaborto American Principles Project, adelantó que los conservadores ven con optimismo el potencial “para futuras victorias sobre cuestiones culturales”.

Mientras, estados como Misuri ya han tratado de restringir el acceso a la anticoncepción al prohibir el financiamiento público para ciertos métodos como dispositivos intrauterinos y la llamada píldora del día después.

Y algunos republicanos, en particular la senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, han dicho que el caso Griswold, que garantiza el derecho a la anticoncepción, se decidió por error. A principios de este año, Blackburn calificó el caso Griswold como “constitucionalmente poco sólido”.


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