Decretos firmados por EPN para liberar el uso de cuencas sí ponen en riesgo el uso del agua: expertos
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Decretos firmados por EPN para liberar el uso de cuencas sí ponen en riesgo el uso del agua: expertos

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking argumentan que con la firma de los documentos, el agua se encuentra desprotegida y disponible para su explotación y aprovechamiento, incluyendo el sector industrial y extractivas.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
26 de junio, 2018
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Alrededor del 70% de las cuencas liberadas por el presidente Enrique Peña Nieto con la firma de 10 decretos, se encuentran desprotegidas, aseguran expertos, con lo que el agua “se encontrará disponible para su explotación y aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas”, señalaron especialistas de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Dicha alianza está conformada por más de 40 organizaciones civiles y sociales de diversos estados que desde el 2013 buscan prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking defendiendo el agua y el territorio.

A través de un comunicado los integrantes de la alianza argumentan que los decretos “constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el derecho humano al agua”, a diferencia de lo que argumentan las autoridades.

Sostienen que al analizar cada uno de los decretos firmados el pasado 5 de junio, se estima que dichos acuerdos solo establecen la protección de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso doméstico y público urbano.

Por tanto casi el 70% del volumen de las cuencas queda sin protección, en algunos casos, agregan, el levantamiento de vedas permitió la liberación de volúmenes más significativos, como en el caso de la cuenca del río Pánuco, donde hasta el 91.5% del agua quedó disponible para su explotación y cualquier tipo de uso  incluso para el sector industrial y extractivas.

“Compartimos los principios que supuestamente motivaron estos decretos, entre los que se encuentran una adecuada gestión del agua y el pensar en las poblaciones futuras”, exponen. Y aunque la razón principal de las autoridades para firmar los decretos fue la preocupación ambiental, plantean que al firmar los documentos también se liberó la posibilidad de concesionar el agua al sector productivo, situación que estaba prohibida.

Incluso dicen que antes de firmar los decretos para la anulación de las vedas, la autoridad correspondiente tenía que actualizarse sobre la disponibilidad de agua, pues en algunos de los casos de cuencas liberadas, los datos utilizados datan de 2011.

El colectivo de organizaciones y especialistas se dice preocupado pues consideran que los decretos son “instrumentos intencionalmente ambiguos” que ayudarán a mantener la discrecionalidad del manejo del agua por parte de Conagua.

Consideran que los argumentos de dicha institución, “lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión de la misma es un problema meramente técnico”.

En el texto contradicen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual afirma que los decretos es para proteger y asegurar el uso de agua para las generaciones futuras. Esto debido a que, durante la presente administración se emitieron los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Este documento “habilita a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras”.

Finalmente la Alianza Mexicana contra el Fracking expone su preocupación “por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua”.

Desde su punto de vista, se ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos y se ha facilitado el otorgamiento de miles de concesiones de agua para actividades extractivas, de manera que no se ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales.

“Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México”.

Los decretos de reserva de agua fueron firmados el pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente por el presidente Enrique Peña Nieto.

Dichos decretos anulan la veda de 10 diferentes ríos, los cuales son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Con estos 10 decretos se elimina la veda de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, lo que equivale al 55% de lagos y ríos del país. Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Con esta liberación, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.

Ambas dependencias argumentaron que para tomar esta decisión fueron asesoradas por la organización de conservación ambiental WWF, que les ayudó a saber cómo mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años y que cuencas eran las adecuadas para levantar la veda.

El titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, explicó que si bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, el gobierno federal en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.

Esto luego de las aseveraciones de diversas organizaciones y activistas como Agua para [email protected], que aseguraban que la decisión que esta decisión permitiría sentar “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

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Países como Colombia o México 'no tienen alternativa' a seguir con la guerra contra las drogas: expresidente Rafael Pardo

El colombiano Rafael Pardo fue uno de los políticos que tuvo que lidiar con la lucha contra el tráfico de narcóticos, una guerra dirigida por Estados Unidos que, según él, países como Colombia o México no tienen otra opción que acoger.
21 de junio, 2021
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Han pasado 50 años y la guerra contra las drogas sigue sin ganarse.

Este mes se cumple medio siglo desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declarara una lucha frontal contra el tráfico ilegal de estupefacientes.

Una política interna de Washington que marcó profundamente a Colombia, México y otros países de América Latina.

El político colombiano Rafael Pardo es quizá una de las personas que más de cerca vivió esa guerra en la región.

Con 30 años entró al gobierno como consejero de paz y entre 1991 y 1994 fue ministro de Defensa durante el gobierno de César Gaviria.

Desde ahí tuvo que enfrentar al poderoso cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar. En esos años el narco fue detenido como parte de una amnistía, se escapó de la cárcel y mantuvo una lucha violenta contra el Estado que dejó cientos de víctimas y terminó con su muerte en 1993.

Rafael Pardo

AFP
Rafael Pardo ha sido miembros del establecimiento político durante décadas en Colombia, pero además ha sido escritor de varios libros, entre ellos “La guerra sin fin”.

Pardo luego fue periodista, candidato a la presidencia y a la alcaldía de Bogotá, ministro de Trabajo y ficha clave del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su libro “Guerra sin fin” sobre el tráfico de narcóticos se publicó el año pasado por la editorial Planeta.

A propósito del aniversario del anuncio de Nixon, Pardo habló con BBC Mundo.


Usted hizo parte fundamental del establecimiento político que luchó contra el narco durante décadas. ¿Cree que se equivocaron en algo?

En los años 80 ya había pasado el boom de la marihuana y empezaba el de la cocaína. Los carteles estaban en auge. Hoy ya no existen. Pablo Escobar y su cartel de Medellín ya no están y el cartel de Cali fue extraditado.

Cuando era ministro de Defensa, entre el 91 y el 94, fumigamos la amapola y Colombia hoy es un productor marginal de ese producto base para la producción de heroína.

La prioridad era librarnos de narcoterrorismo y nos libramos.

¿Tenían o tienen países como Colombia o México una opción distinta a seguir y apoyar la política antidrogas de Washington?

Nuestros países no tenían ni tienen alternativa a seguir con la guerra contra las drogas.

Es clave, antes y ahora, estar en sintonía con Estados Unidos, porque su influencia nos marca en todo sentido: económico, militar y político.

Y en este gobierno (de Estados Unidos) de Joe Biden no se muestra ningún signo de cambio.

¿Qué impacto tuvo el narcotráfico en la economía colombiana?

La revaluación del peso es uno, y eso le restó competitividad a la economía legal, porque quitó los incentivos para exportar. Colombia sería un país más próspero si no hubiera narcotráfico.

El dólar callejero está tradicionalmente más bajo que el dólar en las casas de cambio o en los bancos.

Pero además hay un efecto cultural. La riqueza fácil, la idea de que todo vale para enriquecerse, marcó a este país. Hasta en los colegios hay cierta admiración por los narcos.

El narcotráfico ha sido una desgracia para Colombia.

Campesino cocalero

AFP

Sabemos que no solo en Colombia, sino en Perú y México, importantes dirigentes políticos recibieron dinero de esa industria. ¿Hasta qué punto el narcotráfico se convirtió en un eje de la política?

Hay un ejemplo en Colombia que prefiero no nombrar. Mejor sí lo nombro: Ernesto Samper (presidente entre el 94 y el 98 cuya campaña presidencial recibió dineros del narco).

¿Quién se ha beneficiado de la guerra contra las drogas?

Los narcos y las agencias antidrogas.

En Colombia se han intentado todo tipo de estrategias para sustituir cultivos ilegales por legales. Pero ¿tiene sentido seguir insistiendo en esas estrategias mientras las drogas sean el negocio más rentable para un campesino?

Sustituir es la opción más sostenible para los campesinos, que son el eslabón más débil, el que menos gana. No hay un solo campesino rico. Solo sobreviven.

Las ganancias no están ahí, sino en los intermediarios.

Pero ¿sustituir es mejor opción que legalizar?

No es tan sencillo. Hay que atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas: pobreza, informalidad, exclusión.

Luego romper el prohibicionismo con políticas de descriminalización a pequeñas dosis y de salud pública que ataquen la adicción.

Eso debe ir de la mano de cooperación internacional, porque un país productor no supera este trauma solo.

Guerra contra las drogas

AFP

¿Cuánta responsabilidad se le puede atribuir al narcotráfico en la persistencia de problemáticas como la criminalidad, la sobrepoblación carcelaria o la corrupción en América Latina?

La criminalidad está altamente relacionada con la droga.

La sobrepoblación carcelaria tiene que ver con jóvenes que en su mayoría son acusados de tráfico de drogas.

La corrupción en sentido estricto no tiene que ver con drogas, pero la cultura del “todo vale” es un incentivo para la corrupción.

¿Qué opina de la iniciativa del gobierno de Iván Duque de volver a hacer aspersiones con glifosato para erradicar cultivos de coca?

Estoy a favor de la aspersión para el cultivo de amapola, que es una mata más débil. Pero la coca es más fuerte. La amapola requiere de una aspersión mientras que la coca requiere múltiples aspersiones.

Estados Unidos, que ha estado 19 años en Afganistán, no ha fumigado nunca. Probablemente en Afganistán no tienen en cuenta los efectos cancerígenos, sino que reconocen que la efectividad no está probada.

Considerando los afectos cancerígenos del glifosato, el proyecto de Duque es una locura.

Primero porque su efectividad es nula. Segundo porque va a generar una agitación social en las zonas productoras.

Y tercero porque va a repercutir en costosas demandas legales al presidente, al ministro de Defensa y, en últimas, al Estado.

Es más fácil y más barato sustituir.


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