La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa y desconoce su investigación sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala.
Esto luego de la resolución que emitió el Primer Tribunal Colegiado del 19 Circuito, tras considerar que éste no tiene facultades para ordenar la creación del ente.
El escrito de la PGR fue firmado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, y por Ignacio Gilberto Silva Hernández, director General de Control de Juicios de Amparo.
Sabino Pérez García, magistrado del Tribunal Unitario, notificó hoy un acuerdo en el que ordena dar vista a las partes involucradas en los juicios de amparo, para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que convenga a su interés en plazo de tres días hábiles, de acuerdo con información del diario Reforma.
“Transcurrido este plazo, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente”, dice el artículo 67 de la Ley de Amparo.
La ley faculta al Magistrado Pérez García para resolver si considera que existe la imposibilidad alegada, pero cualquier resolución que dicte podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia para aclarar en definitiva el tema.
Mientras se tramita este incidente, lo que puede tomar varias semanas, las autoridades no estarán incurriendo en desacato de la orden de crear la Comisión, para lo cual hay un plazo de diez días que empezó a correr esta semana.
Aunque el contenido del escrito de la PGR no se conoce públicamente, es previsible que la imposibilidad se alega en torno a la orden de crear una Comisión de la Verdad y la Justicia, que investigaría de nuevo el caso, y en la cual el Ministerio Público sería un mero auxiliar de la CNDH y los representantes de las víctimas.
Ayer, los fiscales y procuradores de todo el país, que participaron e la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se pronunciaron de forma unánime contra la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó crear una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa.
“Es una clara contravención al texto constitucional pues vulnera el principio de Supremacía Constitucional”, consideraron los fiscales y procuradores, de acuerdo con la PGR.
Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas resolvieron que la investigación de que ha llevado la PGR sobre el Caso Ayotzinapa no es independiente ni imparcial, y que existen indicios suficientes para presumir que hubo tortura contra inculpados, para que confesaran.
De ahí que ordenaran reponer el procedimiento, y que se conformara una Comisión de la Verdad, integrada por familiares de los estudiantes desaparecidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y de verdad”, dijo Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México, durante la reunión de la CNPJ.
Para que un órgano ejerza funciones es necesario que así lo disponga el texto constitucional y las leyes emanadas de ella. No existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos, al margen de distribución de funciones. pic.twitter.com/3h0kKxn5LK
— FGR México (@FGRMexico) June 21, 2018
La resolución “es una clara contravención al texto constitucional”, pues vulnera el principio de supremacía constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público, señalaron los fiscales en un pronunciamiento unánime, leído por Víctor Carrancá, fiscal de Puebla y vocero de la Conferencia Nacional.
“No cabe una interpretación pro persona, pues la resolución del tribunal colegiado no puede otorgar facultades que la Constitución establece de manera exclusiva para el Ministerio Público”, agregó.
