Maternidad en las calles: mujeres luchan para evitar que las autoridades les quiten a sus hijos
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Jesús Santamaría (@RE_Ilustrador)

Maternidad en las calles: mujeres luchan para evitar que las autoridades les quiten a sus hijos

El gobierno de la CDMX separa a madres e hijos que viven en situación de calle utilizando criterios subjetivos, aseguran activistas; las autoridades señalan que es por el bien del menor.
Jesús Santamaría (@RE_Ilustrador)
Por Erendira Aquino
18 de junio, 2018
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Nota del editor: Este texto – publicado el 31 de julio de 2017 – ganó el primer lugar en la categoría de Reportaje Escrito del concurso “Género y Justicia” 2017, convocado por Suprema Corte de Justicia de la Nación; Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ONU Mujeres; Periodistas de a Pie, A.C.; Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C.

Vivir en la calle fue el motivo para que Rocío, Dolores, María y Ana** fueran separadas de sus hijos. Las autoridades de la Ciudad de México determinaron que eran incapaces de cuidarlos y se los quitaron, en algunos casos, tan pronto como dieron a luz.

Esto, en vez de adoptar las medidas especiales de protección, determinadas para apoyarlas a ellas y sus hijos, como familia, para superar su situación, tal como el derecho internacional indica que debe realizarse en este tipo de casos.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, antes de separar a un hijo de su madre (cuando ésta dijo vivir en la calle) se hace una “investigación exhaustiva” para ver si cuentan con redes de apoyo adecuadas que den seguridad al bebé, explicó el doctor Édgar Vinicio Mondragón, director general de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud local.

Sin embargo, Animal Político, documentó cuatro casos en los que las autoridades incumplieron con dicha investigación exhaustiva y violaron los derechos humanos de las mujeres en situación de calle.

Separados al nacer

Una de las formas en las que las mujeres que viven en situación de calle son separadas de sus hijos, sucede cuando éstas acuden a parir en hospitales públicos.

Rocío vivía en la calle con su pareja, Carlos, cuando se embarazó. El 2 de febrero de 2013 acudieron al Hospital Balbuena, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para atender su parto.

Esa fue la única vez que pudo ver a su hija pues las autoridades capitalinas se la quitaron luego de que nació accidentalmente en un sanitario del hospital.

La directora del Hospital Balbuena denunció a Rocío y a su marido ante el Ministerio Público por “lesiones culposas” y “violencia familiar” contra su hija, ya que había nacido con desnutrición, y porque consideró que la bebé fue “potencialmente infectada al permitir su madre que cayera, durante el proceso de parto o nacimiento, en un inodoro”, aún cuando esto fue un accidente.

Vivir en la calle y haber sido consumidores de drogas fueron las condiciones por las que las autoridades decidieron quitarles definitivamente la custodia de la bebé, quien fue trasladada a una casa hogar en un estado al norte del país, por lo que no volvieron a verla.

Durante el proceso legal emprendido para intentar recuperarla, Rocío murió.

Las últimas personas que vieron a Rocío con vida, aseguraron que pasaba por una fuerte depresión. Luego fue encontrado su cadáver en la vía pública, la única certeza es que no se suicidó.

Después, Carlos perdió legalmente la custodia del bebé.

Por una situación similar pasaron María y Joaquín. Ambos viven con una enfermedad infecciosa, por lo que, cuando María se embarazó, acudieron con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que solicitara al Hospital Gregorio Salas, donde atendería su parto, que, siendo del conocimiento de la madre que es común que separen a las mujeres que viven en la calle de sus hijos, se abstuvieran de hacerlo.

La CDHDF aceptó emitir esa solicitud al hospital. Pero fue ignorada.

A pesar de que una hermana de María (con vivienda e ingresos estables) solicitó la custodia del bebé, las autoridades rechazaron la petición y pusieron al menor bajo el cuidado de una casa hogar, donde permanece hasta el día de hoy.

Ahora, solo pueden visitar a su hijo una vez por semana, en la casa hogar en la que se encuentra desde que salió del hospital donde nació.

De enero de 2009 a abril de 2017, la CDHDF recibió 322 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos contra de poblaciones callejeras o de personas en riesgo de vivir en la calle, según información proporcionada por el organismo a Animal Político mediante una solicitud de Transparencia.

De ellas, 51 denuncias fueron por la presunta vulneración de derechos de la niñez. En 14 de esos casos, la queja contra las autoridades se presentó por la separación de padres e hijos “sin causa o justificación legal” o por “separación injustificada”.

A criterio de las autoridades

En entrevista, Édgar Vinicio Mondragón Armijo, director general de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud local, reconoció que las autoridades sanitarias aplican criterios discrecionales al determinar qué casos se deben presentar al Ministerio Público por el parto de una mujer perteneciente a poblaciones callejeras, y cuáles no.

“Nosotros somos los más preocupados por no separar al binomio. Créanos. Los principios y valores que seguimos en la Secretaría (de Salud de la Ciudad de México), y de la propia sociedad, nos conducen a que siempre tratemos de que estén unidos, pero cuando existen riesgos para el bebé, es cuando nosotros nos vemos obligados (a separarlos)”, finalizó Mondragón.

Sin embargo, reconoció que “no hay como tal una ley escrita (para determinar qué casos deben reportarse a las autoridades judiciales), pero son principios de derechos humanos, y este principio es el del interés superior del niño”.

Datos proporcionados a Animal Político por la Secretaría de Salud capitalina indicaron que sólo de junio de 2016 a julio de 2017, la dependencia atendió 16 partos de mujeres que pertenecen a poblaciones callejeras: 11 de los bebés fueron entregados a su madre y en cinco de los casos, los “binomios” fueron separados, pero no se detalló cuál fue el criterio para hacerlo.

La directora ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (PPDNNA), Mónica Ávila Torres, aseguró que  cada “responsable médico analiza el caso en particular, y de acuerdo a su criterio y al bagaje normativo determina si la madre con el bebé están en una situación de riesgo”.

El marco normativo en que se basan son: la Convención de los Derechos del Niño, la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil del DF, señaló Ávila.

Estas situaciones de riesgo, detalló, pueden determinarse “por la condición de salud de la madre o por las condiciones de vida, donde no necesariamente hablamos de la pobreza per sé, sino de cuestiones de salud por adicciones, donde se pone en riesgo al bebé”.

Sin embargo, Luis Enrique Hernández, de la organización civil El Caracol, dedicada a apoyar a poblaciones callejeras, señaló que no es así, pues las autoridades separan a las mujeres y sus hijos basados en el Artículo 492 del Código Civil del DF, que considera a los menores en desamparo “cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia material o moral”.

De acuerdo con Hernández, ambos son criterios subjetivos, de percepción, “porque si yo veo que eres pobre, pero no eres mala, te dejo al niño. Pero si veo que eres pobre y tu moral es ‘dudosa’ o ‘cuestionable’, entonces yo decido qué hacer”.

Las autoridades de la Ciudad de México deciden si las familias de poblaciones callejeras permanecen juntas o son separadas con base en “estigmas y elementos que generan discriminación hacia las personas”, como su apariencia, su condición económica o su pasado, detalla Hernández.

Sobre esto, el doctor Mondragón afirmó que ese no es el motivo por el cuál separan a las madres de sus hijos, sino el que habiten en la calle y, en algunas ocasiones, manifiesten ser o haber sido consumidoras de algún tipo de droga. Pero, “si los papás se comprometen y se confirma que sí hay un trabajo adecuado de los mismos, no existe ningún problema”.

Estereotipos y criminalización

No en todos los casos la separación de madres pertenecientes a poblaciones callejeras suceden en el hospital, al momento en el que nacen sus hijos.

En 2015 y 2016, 249 niñas y niños fueron institucionalizados en casas hogar del DIF por encontrarse en situación de calle, en riesgo, abandono o por haber sido víctimas de algún delito, de acuerdo con información de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local.

Ana fue convencida por personal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) para que ingresara voluntariamente a sus dos hijas (de 3 años, y de seis meses de edad, respectivamente) en una casa hogar, bajo la promesa de que vivirían en mejores condiciones que con ella, en la calle, y de que podría visitarlas.

Sin embargo, durante los siete meses que estuvieron sus dos hijas en la casa hogar, la mayor de ellas contrajo una enfermedad viral muy contagiosa y los trabajadores no quisieron cuidarla, por lo que Ana tuvo que cuidarla, contagiándose.

Tras recuperarse, Ana visitó a sus hijas en la casa hogar pero no le permitieron verlas. En un segundo intento le dijeron que luego de recuperarse de la enfermedad, su hija se había lastimado la barbilla por una caída, pero le aseguraron que había recibido la atención médica pertinente.

Sin embargo, la caída le provocó una fractura mal atendida que le dejó secuelas de por vida.Ana exigió a las autoridades que le devolvieran a sus hijas y lo logró.

Una denuncia sin pruebas le quitó a Dolores a sus dos hijos. Una una mujer extranjera le propuso que le vendiera a su hija, Dolores la rechazó.

Días después, la mujer la denunció ante las autoridades por “violencia familiar”, y le quitaron a sus hijos, para enviarlos a un albergue del DIF.

Pero Dolores siempre rechazó que maltratara a sus hijos. En la declaración que hizo ante las autoridades subrayó que “al contrario, siempre procuraba que estuvieran sanos y tuvieran todo para cubrir sus necesidades”.

Después de año y medio de no poder ver a sus hijos, Dolores logró recuperarlos. Las autoridades no encontraron pruebas en su contra.

“Cuando se habla de poblaciones que viven y sobreviven en la calle, tanto los estereotipos de género, como la criminalización que se ha hecho de las mujeres que habitan en el espacio público se han convertido en una barrera más para el ejercicio de los derechos”, señala la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

De acuerdo con el organismo, estos obstáculos “materializan la exclusión en atención de mala calidad, tratos contrarios a la dignidad de las mujeres y, en ocasiones, la intervención para la obtención de la custodia de niños y niños”.

Una espera larga para madres y niños

Según la directora ejecutiva de la PPDNNA, el tiempo que los niños deben estar en casas hogar, en procesos de restitución familiar, es de hasta un año, aunque “la realidad rebasa estas circunstancias”, lo que provoca que el tiempo de acogimiento de menores se alargue.

El caso de Dolores es ejemplo de que la espera puede ser larga: antes de recuperar a sus hijos, tuvo que cumplir varios requisitos de las autoridades, como contar con una vivienda fija, tener un empleo, comprobar que los niños cuentan con educación escolar y extra escolar, que se atienden con un médico pediatra al que pueda contactar el DIF, así como la disponibilidad de someterse a más exámenes psicológicos y socioeconómicos.

Actualmente, Dolores y Ana se encuentran en el proceso de “vida independiente”, como llama El Caracol a la nueva etapa de estas mujeres y sus familias.

Por el contrario, María y Joaquín no tuvieron la misma suerte y no han podido recuperar a su bebé (actualmente de un año y ocho meses), pero no han perdido la esperanza, y aunque ya no son pareja, ambos continúan en el proceso legal para su custodia.

“Ya no vivo en la calle, ya no me drogo ni nada de eso, porque quiero estar con el niño. Siempre me dicen que no por alguna razón”, dijo Joaquín con frustración.

Debido a que él y María fueron notificados de haber perdido la custodia de su hijo, vive con temor de que la casa hogar donde se encuentra lo entregue en adopción.

“Lo que más deseo es tenerlo conmigo. Ya no seguir yendo a verlo y luego tener que dejarlo mientras llora, porque él quiere que lo siga cargando. Bueno… en realidad lloramos los dos, porque queremos estar juntos”, dijo Joaquín.

**Los casos que se presentan a continuación se narran de forma general omitiendo datos por seguridad de las víctimas. También se omitieron los nombres verdaderos de las denunciantes.

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.
14 de mayo, 2022
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Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios

Marcos González / BBC
María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Map

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”.

Maya Hernández

Marcos González / BBC
Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

Plaza de los desaparecidos

Marcos González / BBC
La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC
Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran.

Mónica López

Marcos González / BBC
Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella.

Carolina Ayala

Marcos González / BBC
“Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo.

Gabriela Martínez

Marcos González / BBC
Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.


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