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Cuartoscuro
Las amenazas y abusos familiares detrás del feminicidio de la periodista Alicia Díaz
La periodista fue asesinada en su casa el pasado 24 de mayo pasado. Hasta el momento hay dos personas detenidas por su feminicidio; uno de ellos es su exesposo.
Cuartoscuro
Por Adriana Esthela Flores
6 de junio, 2018
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En 2013, la periodista Alicia Díaz González denunció a su marido ante las autoridades por amenazas de muerte.

“Tenga cuidado. Váyase de aquí: a mí, su esposo me contrató para matarla”, le dijo un hombre a Alicia al salir de su casa, al sur de Monterrey.

A sus más cercanos amigos, les confió –aunque ellos ya lo intuían- el nombre del posible responsable: su exesposo y padre de sus tres hijos, Gerardo “N”.

Aquella amenaza fue un hecho más en la historia de abusos que Alicia había vivido con su marido y que pocos conocían.

“Ella no nos contaba nada, pero sabíamos los antecedentes”, cuenta Miguel, hermano de Alicia y codirector del portal de internet, Plumas Libres.

En 1983, Alicia dejó el municipio de Martínez de la Torre, en Veracruz, para estudiar Economía en Monterrey.

Él vivió con Alicia en un departamento de la colonia Primavera, cuando él estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL. Ahí también vivía Gerardo “N”, quien era economista y ya daba las primeras señales de control sobre su hermana.

“Yo tuve un conflicto con él, porque ya empezaba a querer manejar su vida (de Alicia). Era una persona abusiva y desde el principio le echó el ojo al departamento para quedárselo”, cuenta. “Yo decidí salir y me fui a otro lado”.

Estudiantes y egresados de la Facultad de Economía de la UANL, describían a Gerardo como prepotente, incluso, hubo quienes le pidieron a Alicia que no se casara con él.

Pero lo hizo, y en 1998 nació su primer hijo, Eduardo, y en el 2000, Gerardo. En 2005, nació la última de la familia, Valeria.

Luego de trabajar en La Moneda y el Inegi, Alicia comenzó como reportera de Negocios en el diario El Norte, de Grupo Reforma.  Mientras en lo laboral su situación mejoraba, en casa el maltrato de su esposo crecía.

En 2010, Alicia inició el trámite de divorcio, y una larga batalla legal por las propiedades en común, los gastos de manutención y la patria potestad de los tres hijos.

“Era algo inaudito. El exesposo logró que ella le tuviera que dar dinero para su manutención. ¿Cómo una mujer con tres hijos le debía dar para manutención?”, relata Laura, amiga de Alicia.

Recuerda que en un par de ocasiones Gerardo “N” –quien era coordinador general del Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación en Nuevo León (FOVILEON) y exdirector del Inegi en la zona noreste- acusó a Alicia de cometer robo, y la policía la detuvo. “Fueron muchas humillaciones. Ella vivía con temor todos estos años”, añade.

Gerardo “N” envió un correo electrónico en agosto de 2010 a las 28 secciones editoriales del Grupo Reforma, donde revelaba sus problemas de pareja y la acusaba de no querer darle la parte de las propiedades que tenían en común como parte del divorcio.

“¿Cómo una persona con un sueldo de reportera podría adquirir varias propiedades? En otras circunstancias eso se llamaría enriquecimiento inexplicable, pero no, aquí lo explicable es porque se las financió su marido, quien ahora lo único que pretende es cobrar ese financiamiento. …Por eso digo que la Sra. Díaz González es la persona más malagradecida que he conocido”, indica la misiva.

Según editores que recibieron el correo, éste no afectó la relación de Alicia con la empresa, donde continuó trabajando. En 2016, tuvo que salir del diario debido a un reajuste económico en el grupo editorial.

La situación mejoró a finales de 2017. Alicia ganó dos juicios contra Gerardo le compró un automóvil a su hijo Gerardo “N” y en enero de este año, fue contratada como periodista freelance en El Financiero Monterrey.

“¡Estoy sumamente contenta, sabes que es lo que me apasiona, que es mi vida!”, es lo que le dijo Alicia a Édgar Rivera, quien fue su editor hasta el 24 de mayo pasado, cuando fue asesinada.

“No llegó, mi hermano me dice que no llegó Alicia”, le avisó por teléfono el fotógrafo Félix Vásquez mientras Édgar se dirigía hacia sus oficinas.

Considerando la puntualidad y disciplina de Alicia, no era normal que Alicia faltara al evento de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac), programado para las nueve de la mañana de ese 24 de mayo.

Esa mañana, el asesino entró a la casa, sin hacer ruido ni forzar la puerta principal, la golpeó cuando salía del baño mientras otro vigilaba. La apuñaló en cuello y nuca y luego le pegó con un objeto hasta matarla. A las 10 de la mañana, Gerardo su hijo de 18 años, la encontró tendida boca abajo sobre el charco de sangre.

Alicia se convirtió en la quinta periodista asesinada en lo que va del año en México y la víctima número 24 de feminicidios en Nuevo León, según la estadística de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer; aunque según la ONG Arthemisas por la Equidad, ella fue la víctima 35.

“El mensaje es que no importa la protección o todos estos instrumentos o mecanismos de protección a periodistas: se siguen matando mujeres”, destacó Irma Alma Ochoa, presidenta de Arthemisas por la Equidad.

El 30 de mayo, afuera de la Presidencia de Monterrey, Miguel y los tres hijos de Alicia pidieron justicia.

Cuatro días después, Gerardo “N”, acusado de ser el autor intelectual del feminicidio, fue capturado en León, Guanajuato y trasladado al Penal del Topo Chico, en Monterrey. Fuentes confirmaron que salió de  esta ciudad desde el 28 de mayo a bordo de un vehículo particular y anduvo “a salto de mata” por varios lugares del país.

En conferencia de prensa, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez, descartó la línea de investigación del trabajo periodístico de Alicia y explicó que el detenido “no actuó solo, su participación tiene que ver con la orden para privar de la vida a la ahora fallecida y la participación de una o más personas en la ejecución material de esta privación”.

Por lo menos, hubo dos autores materiales más en el crimen de la reportera y existen cinco denuncias mutuas por amenazas: tres presentadas por Alicia y dos por su exesposo. Orozco insistió en no señalar a Gerardo “N” como autor de las amenazas de muerte contra Alicia:  “No hay calificación de que él haya sido el responsable. Hay denuncias previas, cruzadas inclusive, no solo hubo denuncias de él, de ella también”.

Al cuestionársele si se pudo haber evitado el feminicidio considerando estas denuncias, respondió que “la fiscalía habrá de evaluar si hubo acciones u omisiones indebidas de parte del ministerio Público, pero no forman parte del aspecto toral de la investigación”.

Mientras, desde el Palacio de Gobierno, el gobernador de Nuevo León, Manuel González, enfatizó que el feminicidio de Alicia no tiene que ver “con cuestiones de carácter político o de coyuntura”, y reconoció “que con cinco mil policías podamos defender a cinco millones y medio de habitantes es algo complejo”.

Los abogados de Gerardo “N” pidieron duplicar el término constitucional para defenderse; este viernes 8 de junio a las cuatro de la tarde vence el plazo para que el juez de control determine su situación jurídica. Si es encontrado culpable, podría enfrentar de 25 a 60 años de prisión.

Este martes, las autoridades de Nuevo León informaron sobre la detención de Alfredo “N”, otro presunto implicado en el feminicidio de Alicia Díaz.

La Fiscalía General de Justicia del estado ejecutó una orden de aprehensión en su contra, y señaló que el detenido será puesto a disposición de un Juez de Control para formular la imputación correspondiente.

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BBC
"Aceptamos 3,500 dólares por casar a nuestra hija de 5 años y así pagar el tratamiento médico de nuestro hijo"
Una familia afgana desplazada por la sequía dice que vendió a su hija en matrimonio para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Pero el hijo no se ha recuperado y ahora se están planteando vender a sus otras dos hijas que todavía no tienen 10 años.
BBC
22 de abril, 2019
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Nazanin* se comprometió en matrimonio con 5 años de edad. Para cuando tenía 10 años, era esposa. La familia de su esposo, un niño de 12 años, la compró por 3,500 dólares hace seis años.

Sus padres la vendieron para recaudar dinero para el tratamiento de su hijo enfermo, el hermano de Nazanin.

“El dolor de mi hijo era insoportable. Cuando miraba su cara, pensaba que debíamos aceptar el dinero. El papá de Nazanin era reacio, pero le convencí para que aceptara el dinero a cambio de nuestra hija”, cuenta la madre de la pequeña, que vive en el campo de refugiados Shahrak e Sabz, cerca de Herat, en el oeste de Afganistán.

Los padres de Nazanin tienen siete hijos, tres niñas y cuatro niños. Nunca fueron a la escuela y no saben leer o escribir. No tienen dinero ni trabajo.

Inayatulhaq Yasini, del servicio mundial de la BBC, habló con ellos sobre la decisión de vender a su hija.

Arrepentimiento

“Nuestro hijo sufre de epilepsia desde que tenía 4 años y no teníamos dinero para pagar su tratamiento”, cuenta el padre de Nazanin.

En un esfuerzo desesperado por salvar al hijo, la familia decidió renunciar a su hija.

“Tomé el dinero y acepté dar a nuestra hija mayor Nazanin en matrimonio. Usé el dinero para pagar el tratamiento de mi hijo, pero no se recuperó y tampoco pude quedarme con mi hija”, dice la madre.

“Si alguien vende a su pequeña así, es obvio que habrá arrepentimiento. Yo también lo tengo, pero no sirve de nada”, interviene el padre.

Matrimonios infantiles

En Afganistán, la edad legal para el matrimonio es 16 años para las chicas y 18 años para los chicos. Pero muchos se casan a edades más tempranas.

Según un informe de Unicef de 2018, el 35% de las niñas afganas están casadas antes de los 18 años, y el 9% se casan antes de los 15.

En el resto del mundo, Níger es el país con peor desempeño en esta área, con un 76% de las niñas casadas antes de cumplir los 18.

En Bangladesh, donde se ha registrado un notable progreso económico en años recientes, la cifra es del 59%, según el informe.

“Precio de la novia”

Afganistán ha sufrido décadas de guerra y, más recientemente, una terrible sequía, que hace que muchas familias tengan pocas perspectivas de empleo y se enfrenten a la pobreza.

“En nuestras costumbres tribales no es un problema o tabú llegar a un acuerdo de matrimonio, incluso si los niños son muy pequeños. Pero muchos solo casan a sus hijas cuando tienen 18 años”, señala la madre de Nazanin.

Según la ley islámica, el novio debe darle un regalo a la novia, que suele ser una cantidad de dinero acordada al hacer el contrato de matrimonio. Esto se conoce como Mehr (dote) y pertenece a la chica.

Pero además del Mehr, el padre de la novia o el hermano mayor puede pedir y recibir dinero -el “precio de la novia”- de la familia del novio antes de la boda.

Pedir “el precio de la novia” es una tradición afgana que no tiene base en la ley islámica, según Faizal Muzhary, investigador de la organización Afghanistan Analysts Network.

El dinero que se cobra depende de varios factores, como el estatus de la familia, la belleza, la edad y la educación de la niña, y puede oscilar entre unos cientos de dólares a más de US$100.000.

En un país con un PIB per cápita de menos de US$600, el “precio de la novia” puede ser un punto de inflexión para algunas familias.

Fuerte sequía

La familia de Nazanin fue golpeada por la mortal sequía que asoló la mayor parte de Afganistán en 2018.

“Trabajábamos en campos agrícolas y teníamos algo de ganado. Pero tuvimos que dejarlo todo”, relata el padre.

Sus animales murieron deshidratados y la familia abandonó su pueblo natal en la provincia de Badghis, en el noroeste de Afganistán, para trasladarse al campamento cercano a Herat, la tercera ciudad más grande de Afganistán, situada cerca de la frontera con Irán.

Según Naciones Unidas, 275.000 personas tuvieron que desplazarse de Afganistán occidental debido a la sequía.

Muchas agencias locales e internacionales están dando ayuda, pero el padre de Nazanin cuenta que todavía está esperando la suya,

Atrapados en una espiral de deuda. el futuro de las otras dos hijas de la pareja, que todavía no tienen 10 años, parece incierto.

“Si mi miseria continúa, y encuentro alguien dispuesto a darme dinero por mis otras hijas, haré lo mismo. Mis prestamistas me están llamando dos o tres veces al día para que les pague lo que les debo”, señala el padre de Nazanin,

“Mis hijas son los únicos bienes que tengo”.

Matrimonio infeliz

Golpeados por la sequía y el desplazamiento forzado, la familia optó por una boda temprana para recortar los gastos de alimentación.

El año pasado, cuando Nazanin cumplió 10 años, la familia organizó su boda, a la que asistieron más de 100 personas.

“Le di todo lo que pude a mi hija. El dinero del matrimonio que recibimos tampoco fue tanto”, cuenta el padre.

Pero estuvo lejos de ser un evento feliz.

“Si no estuvieras en una situación tan desesperada, no aceptarías el matrimonio de una niña tan pequeña. Juro que no lo hubiera hecho, pero necesitaba el dinero. Fui obligado por mi necesidad”, insiste el padre.

“¿Qué podemos hacer? Esta era la única opción posible para mí. No estoy solo, muchos otros han hecho lo mismo debido a la sequía y problemas financieros”.

Un informe de 2015 del Consejo Noruego de Refugiados constató que las mujeres y niñas que viven en asentamientos informales en áreas urbanas corren más riesgo de ser casadas con hombres mayores que son más capaces de pagar el “precio de la novia”.

Pero Nazanin, ahora con 11 años, no está casada con un hombre mayor.

“Pasó dos meses en casa de sus suegros. La trataron como a su propia hija. Su esposo tiene unos 12 años. También es muy tímido y no habla mucho”, explica la madre.

Sin su consentimiento

A Nazanin nunca le consultaron sobre su boda. Sus padres nunca le contaron los roles y responsabilidades que implica la vida de casada y, sin sorpresa, Nazanin tuvo problemas para adaptarse.

“No dice nada. Pensamos que no era feliz porque nos extrañaba”, expone la madre.

“Les pedimos que dejaran que la niña se quedara con nosotros unos años más”, añade.

Nazanin está de vuelta con sus padres. Sus suegros han prometido acogerla de nuevo cuando crezca un poco, en dos o tres años.

“No sabe cómo comportarse con sus suegros y su esposo porque es muy joven”, dice su padre.

“Viven en la provincia de Nimruz. Hace diez días, nuestro yerno vino y se quedó con nosotros unos días”, cuenta.

Cambio de la ley

Unicef documentó 161 compromisos y matrimonios infantiles en Herat y Badghis entre julio y octubre del año pasado. De ellos, 155 involucraron a niñas y seis a niños.

“El matrimonio infantil es una norma social bien arraigada en algunas partes del país. La situación empeora por la guerra y la sequía”, dice la jefa de Comunicación de Unicef en Afganistán, Alison Parker.

“De julio a octubre hubo una subida en las bodas infantiles. Pero desde entonces, ha habido una fuerte intervención del gobierno, que ha resultado en una clara reducción de estas bodas”.

El gobierno afgano está desarrollando una ambiciosa campaña de cinco años para terminar con todas las bodas forzadas y de menores para 2021.

Una ley que aumentará la edad mínima para que las niñas puedan casarse a los 18 años está pendiente de aprobación en el Parlamento.

Niña inteligente

La familia de Nazanin todavía está a la espera de recibir ayuda del gobierno o de las agencias humanitarias. La única ventaja es que el lugar les está ofreciendo posibilidades de aprender.

Los padres están orgullosos del hecho de que su hija mayor sepa escribir su nombre y el de su padre.

“Nazanin es una niña inteligente. Se sabe el alfabeto”, dice la madre.

Dos de sus hijos también van a la escuela.

Pero la familia está lejos de sentirse feliz y dice que no hay nadie que los apoye. Esto le preocupa a la pequeña Nazanin.

“Nazanin me dice: ‘Mamá, me casaste a una edad joven, pero mi hermano no se recuperó’. Pero también dice: ‘Mi hermano se recuperará y yo también creceré’. Me arrepiento de haberla casado, pero todavía confío en tener un buen futuro”, afirma la madre.

*El nombre de Nazanin se ha cambiado para proteger su identidad. Ilustraciones de Jilla Dastmalchi.


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