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Foto: Omar Martínez / Cuartoscuro.com

Bienvenidos a México: migrantes de retorno se enfrentan a trabajos precarios

Empleos informales, mal pagados y sin prestaciones reciben a los migrantes que regresan a México, a pesar de las habilidades adquiridas que en otras épocas los beneficiaban, revela un informe de El Colegio de México.
Foto: Omar Martínez / Cuartoscuro.com
Por Andrea Vega
6 de junio, 2018
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Desde 2008, los mexicanos que regresan de Estados Unidos por el incremento en las deportaciones o la falta de empleo se encuentran con que solo hay trabajos mal pagados y sin prestaciones en el mercado informal, revela el informe Desigualdades en México 2018 de la Red de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México.

Se trata en su mayoría de adultos jóvenes y mujeres menores de edad que además de establecerse en entidades de migración tradicional ahora se asientan también en municipios con mayores rezagos sociales ubicados en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Baja California.

Esto ha provocado que se pierdan las ventajas competitivas que en otros años les permitía insertarse en el mercado laboral con mejores salarios que la población no migrante, y que la brecha salarial entre ambas poblaciones se reduzca, pero a la baja.

“Se ha observado un deterioro en los salarios de retornados hombres y mujeres de 2000 a 2010 que también se extiende a 2015. La brecha de ingresos salariales entre ambas poblaciones desaparece por una convergencia, a la baja, hacia los salarios de la población no migrante. De hecho, los ingresos salariales promedio mensuales de migrantes de retorno varones son ligeramente menores a los no migrantes en 2015, mientras que en 2000 los retornados tenían una ventaja considerable con respecto a los que no migraban”, indica el informe.

Claudia Massferrer, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y coautora del informe, explica que en el periodo de 1990 a 2000 la mayoría de los retornados emprendía un proyecto productivo o abría un pequeño negocio que le permitía contar con mayores ingresos, lo cual ya no sucede.

“A diferencia de los años anteriores, esta idea del retornado emprendedor se degrada un poco porque hay un mayor ingreso al mercado asalariado. Y ahí los migrantes de retorno se enfrentan a los mismos desafíos que se enfrenta la población que no migró: trabajos asalariados en el sector informal. A lo largo del tiempo, de 2000 a 2015, se da un aumento sobre todo en los hombres del trabajo asalariado informal sin prestaciones, y para las mujeres aunque se ve un ligero aumento de trabajo formal lo que vemos es que se traduce esto en salarios precarios.

“Cuando comparamos el salario promedio para hombres y mujeres del 2000 al 2015 lo que vemos es un cierre de la brecha entre salarios. Antes, los migrantes que regresaban tenían una ventaja sobre aquellos que no habían tenido esta experiencia migratoria, pero esta ventaja se pierde. Uno podría decir ‘bueno, nos hemos vuelto más equitativos, se cerró la brecha de desigualdades’, pero no. Lo que vemos es un cierre de la brecha a la baja, donde estos migrantes no están siendo capaces de que su capital humano, su capital social pague más en el mercado laboral como lo venía haciendo antes”, enfatiza.

Tan felices que estábamos

Francisco Juárez Villana es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Chapingo. En el 2003 migró a Estados Unidos ante la falta de oportunidades en México y luego de ver que sus primos, que “apenas llegaron a la secundaria”, ganaban más que él trabajando allá como empleados en restaurantes o en la construcción.

En tres meses pasó de un trabajo de limpieza a uno administrativo, de gerencia, en donde le fue muy bien hasta la crisis de 2008, que aprovechó para buscar otros empleos e incursionar en el teatro. Fundó la compañía Tercera Llamada en Louisville, Kentucky, y se integró como locutor en varias estaciones locales donde hablaba de la cultura mexicana. Tenía trabajo y amigos, hasta que en enero de 2017 lo detuvieron y lo regresaron, luego de 14 años de residir en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe de El Colmex, el ir y venir de la migración entre los dos países cambió a partir de 1986, cuando se endurecieron las políticas migratorias en Estados Unidos y se incrementó la falta de empleo. De 2000 a 2010 el número de mexicanos que retornaron de Estados Unidos se triplicó, al pasar de 266 mil a 824 mil, de acuerdo con estimaciones. En 2015 este número descendió a 442 mil.

Los migrantes que regresaron entre 2000 y 2015 se encuentran en edades económicamente más productivas. El grupo de edad de mayor tamaño fue el de migrantes adultos jóvenes de 35 a 44 años (de 18.3 a 28 %), mientras el de aldultos de 45 a 54 años se duplicó de 7.4 a 14 %. Las mujeres representan el mayor grupo entre los retornados menores de edad (57 % en 2015).

Desde el 2000, los migrantes de retorno se han establecieron en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, estados tradicionalmente expulsores, pero también han escogido entidades con mayor rezagos sociales como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Baja California.

“A partir del análisis del Índice de Rezago Social encontramos que los retornados son más proclives que los no migrantes a residir en municipios con menos marginación. Sin embargo, esta tendencia se ha vuelto menos pronunciada en los últimos años. En 2010, 15 % de los retornados residía en un municipio con rezago social medio, alto o muy alto; en contraste, en 2015 esta presencia relativa aumentó 20 %. Dado que el volumen aumentó, el número absoluto de retornados que viven en municipios con carencias sociales también creció”.

Miles de costales de discriminación

Sin esposa e hijos, con 47 años, una discapacidad visual en un ojo y un dependiente directo (su papá), Francisco no califica para ser beneficiario de un programa de apoyo a jefes de familia que retornaron de Estados Unidos.

“Cuando uno llega acá, los problemas sociales de México se potencializan. Porque por ejemplo, yo que busco trabajo tengo discriminación por edad porque ya tengo 47 años. En Estados Unidos no hay esa discriminación por edad. Entonces el proyecto de poner una tiendita de pollos no se concreta porque esta vez soy discriminado por estado civil, porque se necesita ser casado para tener ese beneficio. Entonces: discriminación por edad, discriminación por trabajo, discriminación por color de piel, por apellido, por institución de donde vienes, donde estudiaste, y entonces yo en Estados Unidos fui discriminado pero sólo en un costal: yo era latino-hispano y ese era mi costal. Aquí llego y estoy en miles de costales de discriminación”, contó Francisco en el conversatorio sobre Migración de Retorno celebrado en la Cámara de Diputados el pasado 14 de marzo.

“Eso es lo que estoy viviendo. Después de un año sigo buscando empleo, y algo que sería muy fácil en Estados Unidos, aquí sigo en desesperación, incertidumbre y muchos de los problemas, como la discriminación, los vivimos todos los mexicanos, pero cuando llegamos es el golpe de recibir todo junto”.

Francisco forma parte del grupo de migrantes que han regresado y no encuentran empleo, sin importar el nivel de desarrollo de los municipios de destino. En 2010, el año con mayor número de retornados, el porcentaje en condición de desempleo fue de 7.5%, y aunque se redujo un poco en 2015 (5 %) es mayor al observado en 2000.

Los datos cambian cuando se trata de mujeres: mientras para los hombres no hay diferencias significativas considerando el grado de rezago del municipio, para las mujeres hay una brecha clara en la participación laboral entre los municipios con menor rezago y los demás, que se acentúa a lo largo del tiempo, resalta el informe. De hecho, entre las mujeres, las tasas de empleo son mayores para las retornadas que para la población no migrante.

Y las desigualdades entre sexos persisten. Entre los migrantes de retorno hay 25 veces más mujeres dedicadas a los quehaceres del hogar que varones. Sin embargo, si una mujer logra insertarse en el mercado laboral encuentra mejores condiciones laborales que un hombre. “Por ejemplo, la proporción de mujeres que recibía aguinaldo o servicio médico por su trabajo era un tercio más que la de los hombres en las mismas condiciones”.

Francisco regresó con su padre a Ahuatepec, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, comunidad en la que servicios básicos como agua y alumbrado público corren por cuenta del usuario, y otros servicios como drenaje y transporte público no se obtienen ni pagando. No encuentra cómo superar las barreras de acceso al trabajo y de transferencia de habilidades que aprendió del otro lado, como el inglés.

Los migrantes de retorno comparten con la población no migrante muchos de los desafíos del mercado laboral en México, enfatiza el informe: dificultad para conseguir empleo, precariedad e informalidad laboral, salarios deprimidos y menores ingresos para las mujeres. Además afrontan retos adicionales, pues los contextos en que se insertan son distintos a los de su partida, con información limitada sobre los empleos disponibles y dificultades para comprobar su experiencia laboral en el extranjero o revalidar certificaciones.

“Además, las redes sociales de los retornados pueden haberse debilidtado si la estancia en el extranjero fue larga o si se les ha estigmatizado, dado que la deportación suele asociarse con criminalidad”.

El reto: estrategias diferenciadas de política pública que tome encuenta experiencia laboral previa, niveles y tipos de educación, habilidades formales e informales adquiridas, la edad y el sexo, entre otros, concluye el informe.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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