Programas de protección social han sido insuficientes para combatir las desigualdades en México: CONEVAL

Evaluación de políticas de desarrollo social revela que las carencias sociales con mayores porcentajes en la población son: el acceso a la seguridad social, a la alimentación y a los servicios básicos en la vivienda.

Programas de protección social han sido insuficientes para combatir las desigualdades en México: CONEVAL
El porcentaje de personas con trabajo ha aumentado en los últimos años. Cuartoscuro

Durante los últimos años, los programas federales de protección social destinados a la población más vulnerable no han logrado solucionar los problemas para los cuales fueron destinados pues presentan deficiencias de cobertura, fragmentación y vacíos estructurales.

De acuerdo con la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los programas enfocados a la alimentación, educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda han sido insuficientes para reducir las desigualdades que imperan en el país.

El CONEVAL analizó tres dimensiones de dichos programas: acceso, disponibilidad y calidad a lo largo de diez años en los que también realizó investigaciones sobre cumplimiento de los derechos sociales y de las condiciones que enfrentan algunos grupos discriminados.

Como resultado se encontró que a pesar de la implementación de programas sociales que buscan beneficiar a la sociedad las cifras en temas como la pobreza son negativas.

Entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas como resultado de las altas carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación, de acuerdo con el estudio.

En 2016, las carencias sociales con mayores porcentajes en la población fueron el acceso a la seguridad social (55.8 %), a la alimentación (20.1 %) y a los servicios básicos en la vivienda (19.3 %), lo cual revela la importancia de atender el acceso efectivo e integral de los derechos sociales de los ciudadanos, que están estrechamente relacionado con las prestaciones que se reciben en los empleos formales.

Aunque se han registrado avances en los indicadores de carencias con relación a años anteriores, todavía existen retos para impulsar una política de desarrollo social con objetivos claros y concretos, la cual pueda “establecer pisos mínimos de acceso a bienes o servicios”, plantea el estudio.

Entre sus principales hallazgos la evaluación detectó que a pesar de que actualmente la protección social impulsada por el gobierno federal es más amplia que hace 20 años, ésta se encuentra fragmentada, es decir, no existe una igualdad de condiciones con relación a la distribución y la cobertura de los programas sociales. El desigual nivel de acceso y calidad da como resultado una baja efectividad, además de que “tanto la coordinación como la complementariedad entre entidades y dependencias para entregar los beneficios a la población vulnerable y en condición de pobreza son débiles”.

Son al menos seis temas los que resalta la evaluación con relación a la vulnerabilidad de las personas para gozar de sus derechos sociales.

Alimentación

El estudio señala que en 2016  la carencia de acceso a la alimentación estaba presente en 24.6 millones de personas en todo el país.

Los hogares con ingresos más bajos destinaron el 50.6 % de su gasto en alimentos y bebidas, mientras que las personas en el ingresos más altos invirtieron el 25.2 %.

“Si a los ingresos bajos se agrega el factor del alza en los precios de los alimentos, la situación empeora. Estas variaciones generan cambios drásticos en el consumo alimenticio de los hogares, sobre todo en alimentos de alta calidad nutricia”, argumenta el CONEVAL.

Explica que en México el derecho a la alimentación encuentra mayores dificultades en las dimensiones de accesibilidad y calidad, a pesar de que en materia de disponibilidad se cuenta con una oferta adecuada de alimentos. Esto se debe a una producción interna insuficiente y al grado de apertura comercial que ha propiciado completar la oferta doméstica mediante el comercio exterior.

Por ello las personas con ingresos más bajos son las que presentan mayores obstáculos para acceder a los alimentos adecuados debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprarlos.

Las personas indígenas son las más afectadas en términos de inseguridad alimentaria moderada o severa, lo cual deviene de las condiciones de exclusión social, política y económica que atraviesan estructuralmente.

A pesar de que se han implementado programas a nivel nacional para combatir este problema, el estudio argumenta que el consumo de alimentos “no significa que se tenga una buena alimentación, ya que a pesar de que en las zonas urbanas la dieta está más diversificada que en las zonas rurales, se consumen más alimentos no recomendables que producen efectos como el sobrepeso y la obesidad”.

El CONEVAL crear programas sociales que ayuden a “mejorar el acceso físico y económico a suficientes alimentos saludables y culturalmente aceptables para las personas en situación de pobreza tanto en zonas rurales como urbanas”.  

Educación

Para el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización alcanzó el 98.4 % para primaria y 86.2 % para secundaria, sin embargo el acceso efectivo a este derecho está determinado entre otros factores por la condición económica de las personas, resalta el estudio.

La gratuidad de la educación pública obligatoria no ha sido suficiente, por lo cual es necesario que los programas sociales sean vistos como una opción para garantizar que toda la población, particularmente la más pobre, pueda solventar los costos de la educación.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 identificaron a poco más de 1 millón de personas entre 3 y 17 años que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo (LBM) y no asisten a la educación básica.

En tanto, la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) de 2015 registró a casi 700 mil niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela por carencias económicas, de los cuales 490 mil son adolescentes.

La recomendación del CONEVAL para la crisis en materia de educación es contar con una oferta de servicios educativos disponibles para todos los niveles de educación obligatorios, la cual contemple instituciones suficientes, infraestructura de calidad y materiales adecuados, además de contar con planes, programas y prácticas apropiadas.

También será necesario que estos servicios sean accesibles de acuerdo con sus características particulares, sin importar el lugar de residencia, la condición económica, la pertenencia étnica y la condición de discapacidad.

Se requieren programas que sean de calidad y en los que se utilicen los medios y procesos idóneos para garantizar el máximo logro de aprendizaje, exponen.

Servicios de salud

En 2016, 24 millones de personas presentaban carencia en cuanto al acceso a los servicios de salud, esto se debe a que el paquete de beneficios otorgados en instituciones de salud es insuficiente en cuanto al contenido y extensión para quienes carecen de acceso a una institución de seguridad social.

Señalan que las condiciones actuales del sector “obstaculizan la cobertura universal y dificultan la utilización de los servicios por parte de la población, en particular de los más vulnerables”.

Para disminuir la cifra de personas sin acceso a los servicios de salud en el país, los gobiernos federal y estatal crearon programas no contributivos como el Seguro Popular, que hoy cuenta con alrededor de 55.6 millones de afiliados y una limitación de su cobertura a 1,621 enfermedades.

Pese a este esfuerzo, el sector salud no ha logrado revertir la heterogeneidad y disparidad en la calidad de atención entre el régimen contributivo.

Para solucionar la carencia con relación a los servicios de salud el CONEVAL plantea la creación de un sistema de protección social universal con acceso más igualitario entre los diversos grupos de población, que propicie la igualdad de oportunidades.

Dicho sistema deberá permitir la afiliación de los ciudadanos a servicios de salud de calidad y efectividad lo cual garantizaría “una atención equitativa y una adecuada promoción del cuidado de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento de patologías”.

Trabajo

El Informe de Evaluación 2018 señala que actualmente la población desocupada se mantiene en 3.3 % y resalta que a pesar del bajo índice de desocupación, para el sector que posee un trabajo “persisten situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones.

En 2016, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) ejerció mil 564 millones de pesos y logró la inserción laboral de 317,706 personas, situación que contribuyó a aminorar el nivel de desocupación; sin embargo esta disminución no significa que se tenga mayor acceso a este derecho, ya que de la población ocupada un porcentaje alto continúa en la informalidad laboral.

En 2017 se registró a un 57 % de personas con un empleo informal, siendo los jóvenes los que registran mayores dificultades para incorporarse a empleos formales. El año pasado, más de la mitad de los jóvenes ocupados se encontraban en empleos informales.

Esta situación propicia menores probabilidades de tener una pensión al fin de la vida laboral. El panorama es más grave en los grupos de trabajadores con mayores afectaciones como los jóvenes, las mujeres y los indígenas.

La recomendación obtenida tras la evaluación plantea que es indispensable reducir la informalidad laboral y diseñar estrategias o programas específicos de formalización para los grupos más afectados. Sumado a esto se requiere “mejorar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de capacitación para reducir la inestabilidad laboral”.

Seguridad social

En 2016, 68.4 millones de personas tenían carencia por acceso a la seguridad social, la cual no solo contempla el acceso a los servicios de salud sino también a los programas o “el conjunto de políticas públicas que buscan incidir en los riesgos que afectan el nivel de vida de la población”.

Desde 2004 se implementaron programas federales como el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y el programa “70 y Más”, mientras que a nivel estatal, en todo el país, se crearon iniciativas para cubrir riesgos asociados con salud, vejez, cuidado de niños (guarderías) y vivienda.

A pesar de esto el problema persistió pues el sistema de seguridad social tiene una baja cobertura en la población de menores ingresos y en contraparte ofrece mayores beneficios para quienes tienen mejores condiciones laborales y de salario.

El estudio concluye que la protección o seguridad social en la actualidad no beneficia a todos los mexicanos; ofrece acceso y calidad desigual de los programas sociales, y no cuenta con instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable.

La recomendación es este rubro es “contemplar la creación de un sistema de protección social universal que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos sociales a lo largo del ciclo de vida” de las personas.

Vivienda

En 2016 el 12 % del total de la población del país carecía de calidad y espacios para una vivienda, prevaleciendo así la desigualdad en diversas regiones del país, incluidas las ciudades.

Este problema está relacionado directamente con la falta de dinero, ya que de acuerdo con la evaluación la población en situación de pobreza “tiene mayores dificultades pues su condición no les permite acceder a créditos hipotecarios públicos o privados para adquirir una vivienda”.

Aunado a esto, aquellas personas que no son poseedoras de alguna vivienda tienen mayores dificultades de desarrollo social pues difícilmente acceden a servicios públicos básicos.

En términos de calidad constructiva y de diseño, detalla el CONEVAL, el hacinamiento prevalece en 8.4 % de las viviendas habitadas en el país y 5.6 % de las viviendas en México presentan carencia por calidad de materiales de techos, pisos, y muros.

En este sentido, el CONEVAL recomienda “reducir el rezago de vivienda que prevalece en el país con énfasis en la población de escasos recursos, comunidades indígenas, en el entorno rural y en las entidades federativas ubicadas en el sur del territorio nacional”.

De manera general y con base en los resultados de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el CONEVAL recomienda:

  • Continuar con estrategias coordinadas entre dependencias y órdenes de gobierno dedicadas a reducir la pobreza multidimensional.
  • Que las políticas públicas de desarrollo social se centren en el acceso efectivo a los derechos y permita cerrar las brechas económicas y sociales.
  • Implementar un esquema de protección social universal que propicie reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para toda la población.

Con esto se espera que se generen las condiciones idóneas para crear un ambiente de mayor igualdad de oportunidades entre todos los mexicanos.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social puede consultarse aquí.

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