Verificado.mx: Candidatos dan tarjetas y prometen beneficios, ¿es legal? ¿Piden votos a cambio de dinero?
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Verificado.mx: Candidatos dan tarjetas y prometen beneficios, ¿es legal? ¿Piden votos a cambio de dinero?

El uso de tarjetas de promesa como estrategia electoral reaparece en las elecciones de 2018 con los candidatos Alejandra Barrales, José Antonio Meade y Ricardo Anaya.
Especial
Por Verificado 2018
21 de junio, 2018
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En los últimos días circulan imágenes de la tarjeta de Ingreso Básico Universal (IBU) con la imagen del candidato Ricardo Anaya, en la que promete la entrega de mil 500 pesos mensuales a todos los mexicanos, como parte del programa propuesto de Ingreso Básico Universal,  “por el sólo hecho de ser mexicano”.

La imagen es real. La promesa, en efecto, viene del comité de campaña de Anaya. Verificado 2018 marcó al número impreso en la propaganda de la tarjeta y corroboró que se trata de la casa de campaña del candidato. Sobre la imagen que circula en redes, el operador de la llamada mencionó que se trata sólo de un prototipo. Para los interesados en obtener la tarjeta, el operador realiza un prerregistro y solicita sus datos sin proporcionar previamente un aviso de privacidad.

Cecilia Soto, miembro de la campaña de Ricardo Anaya y actual diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó la existencia de las tarjetas. “Es una representación gráfica del #IngresoBásicoUniversal que se implementará en el país en forma gradual. Se entregará a todos los ciudadanos mayores de 18, sin criterio de selectividad. Iniciaremos por los municipios más pobres”, escribió en su cuenta.

Miguel Ángel Toscano, excomisionado Nacional de la Comisión Federal de Protección a Riesgo Sanitario (Cofepris), durante la administración de Felipe Calderón y exdiputado por el PAN entre 2003-2006, fue el primero en publicar en Twitter esta imágen y aseguró que realizó la fotografía directamente de la publicidad que un tercero consiguió en la imprenta.

La campaña de la coalición Por México al Frente no es la única en ofrecer este tipo de apoyos. Ricardo Anaya promete entregar ese dinero si los mexicanos lo eligen presidente. Ofrecer dinero o beneficios a cambio del voto puede considerarse “clientelismo”. Los equipos de campaña argumentan que las tarjetas son una propuesta de programa social, pero para algunos especialistas, lo que ocurre, en realidad, es una práctica clientelar.

José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, comenzó, desde su arranque de campaña el primero de abril, la entrega de un certificado a todos los ciudadanos que respondan la Encuesta sobre Necesidades del programa propuesto por el candidato, Avanzar Contigo, el cual incluye una tarjeta con un código de barras, el nombre del programa y la firma de Meade, con la leyenda: “Te invito a que participes en la encuesta Avanzar Contigo para identificar tus necesidades personales y, al llegar a la Presidencia de México, ofrecerte apoyos concretos y a tu medida, para que puedas lograr lo que tú te propones”.

La repartición de este certificado fue anunciada en un spot de campaña del candidato y  se realizará por todo el país, según informó el grupo de trabajo del candidato.

Para responder la encuesta, los ciudadanos deben proporcionar nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, dirección, así como identificar —entre opciones ya establecidas— sus tres necesidades más urgentes y las más urgentes para el país.

A nivel local, Alejandra Barrales, candidata de Por México al Frente (PRD, PAN y MC) a Gobierno de la Ciudad de México, prometió que en caso de ganar, pondría en marcha el programa Pa’ las Jefas, a través del cual se entregarán dos mil 500 pesos mensuales a las mujeres capitalinas, y el programa Ciudad Pa’ Estudiantes, que permitirá acceso gratuito al transporte público a estudiantes de bachillerato y universidad.

A inicios de mayo, Barrales informó que iniciaría con el reparto de 100 mil tarjetas desactivadas con folio, esto a través de brigadas de la coalición Por México al Frente, recorridos en las calles y módulos en los que realizarán censos a los posibles beneficiarios. De acuerdo con información de Reforma, para obtener el plástico sin crédito es necesario entregar copias de la credencial electoral, proporcionar datos personales y llenar un formulario para obtener el plástico sin crédito.

¿Es o no es clientelismo?

Las tarjetas de promesa se utilizaron en las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en 2016. En las primeras, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo, repartió las tarjetas Salario Rosa, con las que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a mujeres dedicadas al trabajo del hogar en situación de pobreza.

Mientras que en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, también candidato del PRI, repartió tres tipos de tarjetas para mujeres, ciudadanos y estudiantes. Hoy ambos son gobernadores de sus entidades.

A partir de la distribución de tarjetas en Coahuila y en el Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el artículo 43 del Reglamento de Fiscalización para que durante los procesos electorales, los partidos políticos o candidatos estén impedidos de entregar directa o indirectamente “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato”. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo echó para atrás.

El TEPJF estableció en la sentencia que “la prohibición de repartir propaganda en forma de tarjetas no resulta ilegal, pues se trata de propaganda que presenta un programa que será instrumentado como política pública”, después que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI) se inconformaron ante la medida por considerar que el INE se había extralimitado en sus funciones.

Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo a Verificado 2018 que, desde el punto de vista jurídico, las tarjetas de promesa ya no representan una medida clientelar, ya que el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) determinó que consisten en promesas de campaña y no en la entrega de un beneficio mediato. Sin embargo, desde un perspectiva sociológica y politológica —aclara el experto— sí puede considerarse una medida clientelar, ya que implica una asimetría de poder en la que el candidato que eventualmente podría convertirse en un político con acceso a recursos públicos distribuye de manera selectiva beneficios a grupos vulnerables a cambio de apoyo político.

Joy Langston, investigadora del CIDE consideró que en definitiva constituye una medida clientelar, ya que, independientemente de que las tarjetas no cuentan aún con recursos, los candidatos intercambian bienes públicos —dinero que reciben del INE y hacer campaña— para obtener el voto ciudadano.

Arturo Espinosa, director de la consultora Strategia Electoral, sostuvo que el criterio que importa es el de los magistrados del Tribunal, quienes emitirán una resolución en caso de presentarse una denuncia en un proceso sancionador por el uso de las tarjetas.

La repartición de tarjetas no es única de las campañas electorales, algunos gobiernos estatales aprovechan la coyuntura electoral para lanzar programas de repartición de recursos a través de tarjetas. Campeche, Coahuila, Estado de México y Oaxaca. Además de Chiapas y Veracruz que, además de elegir, presidente, también elegirán gobernador.

 

Estado Programa Descripción
Campeche Salario Rosa Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, anunció en marzo la llegada del Salario Rosa en dicha entidad, que en su primera etapa beneficiará a cuatro mil mujeres con una aportación mensual de mil 500 pesos. En Campeche no hay elección para gobernador, se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y juntas municipales en estas elecciones.

 

Chiapas Salario Rosa Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, ha entregado tarjetas de Salario Rosa en pleno proceso electoral; Roberto Albores, candidato del PRI a gobernador en Chiapas, dijo que ratificará lo impulsado por Velasco en caso de resultar ganador en la elección. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, denunció que el propósito de la entrega de las tarjetas es beneficiar al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. En Chiapas se votará para elegir gobernador, senadores y diputados federales, diputados locales y regidores.

 

Coahuila Fuerza Rosa El priista Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, entregó las primeras tarjetas Fuerza Rosa. Antes de la elección no contarán con apoyos económicos, solo descuentos y preferencias en programas de la administración estatal. En Coahuila se votará para elegir senadores, diputados federales, ayuntamientos, síndicos y regidores.

 

Estado de México Salario Rosa Alfredo del Mazo, gobernador priista del Estado de México, repartió cuando era candidato las tarjetas Salario Rosa con la que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a amas de casa en situación de pobreza. El programa actualmente se encuentra en operación. En la entidad no hay elección para gobernador, pero sí se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y cargos locales.

 

Oaxaca Salario de Mujer El priista Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, anunció en marzo la implementación del programa Salario de Mujer, con el que se podrán beneficiar hasta 12 mil 500 mujeres con un apoyo de mil pesos bimestrales. En Oaxaca no hay elección para gobernador, se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y concejales en este proceso electoral.

 

Veracruz Veracruz Comienza Contigo Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, entregó tarjetas Mi Chedraui en pleno proceso electoral a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El actual gobernador es padre de Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a gobernador de la coalición “Por Veracruz al Frente”; fue denunciado por Morena ante la FEPADE por supuestamente beneficiar la campaña de su hijo mediante la entrega de tarjetas de descuento en la entidad.

 

 

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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