Verificado.mx: Candidatos dan tarjetas y prometen beneficios, ¿es legal? ¿Piden votos a cambio de dinero?
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Verificado.mx: Candidatos dan tarjetas y prometen beneficios, ¿es legal? ¿Piden votos a cambio de dinero?

El uso de tarjetas de promesa como estrategia electoral reaparece en las elecciones de 2018 con los candidatos Alejandra Barrales, José Antonio Meade y Ricardo Anaya.
Especial
Por Verificado 2018
21 de junio, 2018
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En los últimos días circulan imágenes de la tarjeta de Ingreso Básico Universal (IBU) con la imagen del candidato Ricardo Anaya, en la que promete la entrega de mil 500 pesos mensuales a todos los mexicanos, como parte del programa propuesto de Ingreso Básico Universal,  “por el sólo hecho de ser mexicano”.

La imagen es real. La promesa, en efecto, viene del comité de campaña de Anaya. Verificado 2018 marcó al número impreso en la propaganda de la tarjeta y corroboró que se trata de la casa de campaña del candidato. Sobre la imagen que circula en redes, el operador de la llamada mencionó que se trata sólo de un prototipo. Para los interesados en obtener la tarjeta, el operador realiza un prerregistro y solicita sus datos sin proporcionar previamente un aviso de privacidad.

Cecilia Soto, miembro de la campaña de Ricardo Anaya y actual diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó la existencia de las tarjetas. “Es una representación gráfica del #IngresoBásicoUniversal que se implementará en el país en forma gradual. Se entregará a todos los ciudadanos mayores de 18, sin criterio de selectividad. Iniciaremos por los municipios más pobres”, escribió en su cuenta.

Miguel Ángel Toscano, excomisionado Nacional de la Comisión Federal de Protección a Riesgo Sanitario (Cofepris), durante la administración de Felipe Calderón y exdiputado por el PAN entre 2003-2006, fue el primero en publicar en Twitter esta imágen y aseguró que realizó la fotografía directamente de la publicidad que un tercero consiguió en la imprenta.

La campaña de la coalición Por México al Frente no es la única en ofrecer este tipo de apoyos. Ricardo Anaya promete entregar ese dinero si los mexicanos lo eligen presidente. Ofrecer dinero o beneficios a cambio del voto puede considerarse “clientelismo”. Los equipos de campaña argumentan que las tarjetas son una propuesta de programa social, pero para algunos especialistas, lo que ocurre, en realidad, es una práctica clientelar.

José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, comenzó, desde su arranque de campaña el primero de abril, la entrega de un certificado a todos los ciudadanos que respondan la Encuesta sobre Necesidades del programa propuesto por el candidato, Avanzar Contigo, el cual incluye una tarjeta con un código de barras, el nombre del programa y la firma de Meade, con la leyenda: “Te invito a que participes en la encuesta Avanzar Contigo para identificar tus necesidades personales y, al llegar a la Presidencia de México, ofrecerte apoyos concretos y a tu medida, para que puedas lograr lo que tú te propones”.

La repartición de este certificado fue anunciada en un spot de campaña del candidato y  se realizará por todo el país, según informó el grupo de trabajo del candidato.

Para responder la encuesta, los ciudadanos deben proporcionar nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, dirección, así como identificar —entre opciones ya establecidas— sus tres necesidades más urgentes y las más urgentes para el país.

A nivel local, Alejandra Barrales, candidata de Por México al Frente (PRD, PAN y MC) a Gobierno de la Ciudad de México, prometió que en caso de ganar, pondría en marcha el programa Pa’ las Jefas, a través del cual se entregarán dos mil 500 pesos mensuales a las mujeres capitalinas, y el programa Ciudad Pa’ Estudiantes, que permitirá acceso gratuito al transporte público a estudiantes de bachillerato y universidad.

A inicios de mayo, Barrales informó que iniciaría con el reparto de 100 mil tarjetas desactivadas con folio, esto a través de brigadas de la coalición Por México al Frente, recorridos en las calles y módulos en los que realizarán censos a los posibles beneficiarios. De acuerdo con información de Reforma, para obtener el plástico sin crédito es necesario entregar copias de la credencial electoral, proporcionar datos personales y llenar un formulario para obtener el plástico sin crédito.

¿Es o no es clientelismo?

Las tarjetas de promesa se utilizaron en las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en 2016. En las primeras, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo, repartió las tarjetas Salario Rosa, con las que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a mujeres dedicadas al trabajo del hogar en situación de pobreza.

Mientras que en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, también candidato del PRI, repartió tres tipos de tarjetas para mujeres, ciudadanos y estudiantes. Hoy ambos son gobernadores de sus entidades.

A partir de la distribución de tarjetas en Coahuila y en el Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el artículo 43 del Reglamento de Fiscalización para que durante los procesos electorales, los partidos políticos o candidatos estén impedidos de entregar directa o indirectamente “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato”. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo echó para atrás.

El TEPJF estableció en la sentencia que “la prohibición de repartir propaganda en forma de tarjetas no resulta ilegal, pues se trata de propaganda que presenta un programa que será instrumentado como política pública”, después que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI) se inconformaron ante la medida por considerar que el INE se había extralimitado en sus funciones.

Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo a Verificado 2018 que, desde el punto de vista jurídico, las tarjetas de promesa ya no representan una medida clientelar, ya que el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) determinó que consisten en promesas de campaña y no en la entrega de un beneficio mediato. Sin embargo, desde un perspectiva sociológica y politológica —aclara el experto— sí puede considerarse una medida clientelar, ya que implica una asimetría de poder en la que el candidato que eventualmente podría convertirse en un político con acceso a recursos públicos distribuye de manera selectiva beneficios a grupos vulnerables a cambio de apoyo político.

Joy Langston, investigadora del CIDE consideró que en definitiva constituye una medida clientelar, ya que, independientemente de que las tarjetas no cuentan aún con recursos, los candidatos intercambian bienes públicos —dinero que reciben del INE y hacer campaña— para obtener el voto ciudadano.

Arturo Espinosa, director de la consultora Strategia Electoral, sostuvo que el criterio que importa es el de los magistrados del Tribunal, quienes emitirán una resolución en caso de presentarse una denuncia en un proceso sancionador por el uso de las tarjetas.

La repartición de tarjetas no es única de las campañas electorales, algunos gobiernos estatales aprovechan la coyuntura electoral para lanzar programas de repartición de recursos a través de tarjetas. Campeche, Coahuila, Estado de México y Oaxaca. Además de Chiapas y Veracruz que, además de elegir, presidente, también elegirán gobernador.

 

Estado Programa Descripción
Campeche Salario Rosa Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, anunció en marzo la llegada del Salario Rosa en dicha entidad, que en su primera etapa beneficiará a cuatro mil mujeres con una aportación mensual de mil 500 pesos. En Campeche no hay elección para gobernador, se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y juntas municipales en estas elecciones.

 

Chiapas Salario Rosa Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, ha entregado tarjetas de Salario Rosa en pleno proceso electoral; Roberto Albores, candidato del PRI a gobernador en Chiapas, dijo que ratificará lo impulsado por Velasco en caso de resultar ganador en la elección. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, denunció que el propósito de la entrega de las tarjetas es beneficiar al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. En Chiapas se votará para elegir gobernador, senadores y diputados federales, diputados locales y regidores.

 

Coahuila Fuerza Rosa El priista Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, entregó las primeras tarjetas Fuerza Rosa. Antes de la elección no contarán con apoyos económicos, solo descuentos y preferencias en programas de la administración estatal. En Coahuila se votará para elegir senadores, diputados federales, ayuntamientos, síndicos y regidores.

 

Estado de México Salario Rosa Alfredo del Mazo, gobernador priista del Estado de México, repartió cuando era candidato las tarjetas Salario Rosa con la que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a amas de casa en situación de pobreza. El programa actualmente se encuentra en operación. En la entidad no hay elección para gobernador, pero sí se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y cargos locales.

 

Oaxaca Salario de Mujer El priista Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, anunció en marzo la implementación del programa Salario de Mujer, con el que se podrán beneficiar hasta 12 mil 500 mujeres con un apoyo de mil pesos bimestrales. En Oaxaca no hay elección para gobernador, se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y concejales en este proceso electoral.

 

Veracruz Veracruz Comienza Contigo Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, entregó tarjetas Mi Chedraui en pleno proceso electoral a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El actual gobernador es padre de Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a gobernador de la coalición “Por Veracruz al Frente”; fue denunciado por Morena ante la FEPADE por supuestamente beneficiar la campaña de su hijo mediante la entrega de tarjetas de descuento en la entidad.

 

 

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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