En un año aumentaron 400% los asesinatos de defensores de la tierra en México
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En un año aumentaron 400% los asesinatos de defensores de la tierra en México

En solo un año, el nivel de violencia contra los defensores ha aumentado drásticamente. En 2016 se registraron tres homicidios, para 2017 ocurrieron 15 asesinatos, según el informe de Global Witness.
24 de julio, 2018
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Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras. Siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia. 

Después de estos ataques, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos instruyó al gobierno mexicano a trabajar con esas comunidades para definir e implementar medidas para su protección. Pese a eso, en febrero de 2017 hubo un asesinato más, el de Juan Ontiveros Ramos.

A su compañero activista le autorizaron recibir protección del gobierno, pero luego del brutal asesinato de Ontiveros prefirió dejar su comunidad y esconderse en una cueva. Ese es el nivel de violencia que viven en todo México quienes buscan proteger sus recursos, alerta el informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017, ¿A qué precio?, de Global Witness.

LEE: Defensores de la tierra, criminalizados por autoridades estatales: Informe

El estudio expone que aunque México ha sido desde hace tiempo un país peligroso para los defensores de la tierra y el territorio, en 2017 la situación se agravó: de tres asesinatos en 2016 se escaló a 15 durante el año pasado. 13 de esas personas asesinadas pertenecían a comunidades indígenas.

También a nivel global 2017 fue el año más sangriento para los defensores de la tierra. Casi cada semana cuatro activistas fueron asesinados por defender sus hogares y el ambiente. 60% de esos ataques se registraron en América Latina.

La agroindustria superó a la minería como el sector más violento. “A  menudo, poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, puntualiza el documento.

Un caso de los que documenta Global Witness es justo el de la Sierra Tarahumara, donde la presencia del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado agresiones a defensores, procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno.

Integrantes de la organización civil Alianza Sierra Madre han tenido que salir del territorio. Isela González, activista de derechos humanos de esa OSC, denuncia en entrevista que el nivel de hostigamiento y amenazas que enfrentan es tal que ya no pueden ir a las comunidades si no es escoltados por policías. “A ese nivel de amenazas estamos, pero no vamos a dejar de ir porque las comunidades se quedarían más aisladas”.

LEE: Proteger a los defensores de derechos sobre la tierra es proteger el planeta

El problema empezó, dice González, a partir de 2007 con la declaración de guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto ha continuado. Se desató una disputa por el control de los territorios y esa disputa se hace con el actuar de sicarios.

“Después los caciques de la zona de Coloradas de la Virgen, comunidad a la que  históricamente han intentando despojar de sus territorios de bosque de pino y encino, establecieron nexos con estos grupos y a través de ellos empiezan a agredir y amenazar a la población y a los defensores de derechos humanos”, asegura la activista.

En Choreachi, agrega “personas relacionadas con grupos del crimen organizado  han incursionado en el territorio de la comunidad para la siembra de estupefacientes y utilizan armamento de alto poder para generar un clima de terror”.  

Todos estos problemas, en la Sierra Tarahumara, en México y en otras partes del mundo, se agravan, dice Ben Leather, encargado de Incidencia de Global Witness por la falta de una implementación adecuada de un marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas que asegure una consulta y un consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos que se planea llevar a cabo en sus tierras.

También hacen falta medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial, pero también de crimen organizado. México, señala el informe, es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica esto no funciona.

“Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatiza a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural”.

El informe de Global Witness insta al Estado mexicano, pero también al equipo de transición y a la nueva administración que está por entrar, a trabajar para  implementar tres grandes líneas de acción:

1.- Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.

2.- Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo y garantizar su seguridad.

3.- Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni protejan, deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.

Aquí puedes consultar el informe completo.

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Yolanda Martínez: la joven que según autoridades se marchó de casa 'por voluntad propia' y apareció muerta

El caso de Yolanda Martínez engrosa la crisis de mujeres desaparecidas que azota al estado mexicano de Nuevo León.
10 de mayo, 2022
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La Fiscalía General de Nuevo León comunicó este lunes la identificación del cadáver de Yolanda Martínez, una joven de 26 años que llevaba desaparecida desde el pasado 31 de marzo en este estado en el norte de México.

Los restos, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados este domingo en el municipio de Júarez, en la zona metropolitana de Monterrey.

Griselda Núñez Espinoza, fiscal especializada en feminicidios del estado, reveló que el cadáver vestía la misma ropa del día de la desaparición y que presentaba una evolución estimada en más de tres semanas, indicio de que la muerte pudo producirse poco después de desaparecer.

El caso está rodeado de preguntas y flecos sueltos.

Martínez fue vista por última vez en San Nicolás de los Garza tras salir de casa de su abuela, también en el área metropolitana de Monterrey.

Desde su desaparición, su familia la ha buscado sin parar y ha acusado a las autoridades de negligencia en la pesquisa.

Durante semanas, la Fiscalía de Nuevo León sostuvo la hipótesis de que la joven se había marchado de casa por “voluntad propia” y más tarde abrió la posibilidad de que estuviese huyendo de una presunta violencia familiar.

Motivos que no han sido corroborados el padre de la víctima, Gerardo Martínez, quien protagonizó jornadas de campañas y protestas pidiendo más atención e investigación al caso.

El hallazgo del cuerpo de Martínez se produce pocas semanas después de encontrarse los cádaveres de Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras, otras dos jóvenes que desaparecieron en Nuevo León en circunstancias similares.

En los últimos meses, este estado mexicano está bajo el foco por la oleada de desapariciones, en su mayoría mujeres jóvenes.

Ahora, a falta de que se confirme la causa de muerte de Yoalnda Martínez, este caso incrementa la indignación con la que sus habitantes piden respuestas a las autoridades para detener un problema endémico, el de la violencia contra las mujeres, que azota gravemente a la totalidad del país.

Volante sobre la desaparición de Yolanda Martínez.

Buscadoras Nuevo León / Facebook

¿Qué se sabe de la víctima?

Madre soltera de una niña de tres años, a Yolanda Martínez se le perdió el rastro sobre el mediodía del pasado 31 de marzo.

Ese día dejaba la casa de su abuela, en San Nicolás de los Garzo en Monterrey, para supuestamente buscar trabajo por la zona.

Dos días antes, la mujer había visitado el domicilio de su expareja en Guadalupe, en las afueras de la misma ciudad, para ver a su hija.

Ese 31 de marzo, Martínez vestía una blusa negra a rayas, pantalón de mezclilla azul, tenis negros y bolso negro. Los mismos atuendos con los que fue encontrada muerta en la tarde del domingo.

Una mujer que recogía leña en unos matorrales y que se topó con el cuerpo tras llegarle un olor fétido fue quien reportó el hallazgo a las autoridades.

La zona donde se encontró el cadáver, en el municipio de Juárez, se sitúa a unos 11 kilómetros de donde fue vista por última vez.

¿Por qué se critica a las autoridades?

Gerardo Martínez ha denunciado lentitud y negligencia en las investigaciones de la Fiscalía. Asegura que se perdió mucho tiempo de búsqueda porque las autoridades afirmaban que la mayoría de mujeres se van de casa por problemas o desacuerdos familiares.

Durante los primeros días, prácticamente todas las labores de búsqueda fueron conducidas por familiares, allegados de la víctima y voluntarios. Han estado repartiendo volantes, esbozando posibles recorridos, preguntando a vecinos, protestando en medios de comunicación y en las sedes de instituciones.

https://www.instagram.com/p/CdRnF0csNcu/

Por varias semanas, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Yolanda Martínez se había marchado de casa por voluntad propia, una línea de investigación que posteriormente fue descartada.

Luego, el 5 de mayo, muchas críticas se dirigieron contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien dijo ante cámaras que la desaparición de la joven podía tener que ver con una salida de su domicilio por un caso de violencia familiar, supuestamente de “un tío, hermano de la mamá, muy violento”.

Estas declaraciones fueron criticadas ampliamente en redes sociales.

En esta oleada de desapariciones en Nuevo León cambia el nombre el nombre de las víctimas, pero las críticas contra las autoridades se repiten: lentitud, negligencia, falta de transparencia y frivolidad.

Protestas contra la violencia femenina en CDMX el pasado 24 de abril.

Getty Images
El caso de Debanhi Escobar fue el más mediático de una serie que mantiene en vilo a todo el país.

Una crisis que no cesa

La aparición del cádaver de Martínez, y a falta de que se confirme la causa de su muerte, no hace más que amplificar el fenómeno de desapariciones que golpea a Nuevo León, uno de los estados más pudientes México.

El caso de Debanhi Escobar, aún envuelto en interrogantes, ha sido el más mediático de la crisis que tiene pendiente a todo el país.

A fines de abril, la Fiscalía de Nuevo León admitió deficiencias y removió de sus cargos a los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Antisecuestros.

Más de 300 mujeres han sido reportadas desaparecidas en lo que va de año en Nuevo León. Alrededor de 30 siguen sin localizar y seis han sido halladas sin vida.


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