Sin castigo, jueces, ministerios públicos y policías que criminalizan a mujeres por actuar en defensa propia
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Archivo / Cuartoscuro

Sin castigo, jueces, ministerios públicos y policías que criminalizan a mujeres por actuar en defensa propia

Aunque se ha acreditado que han omitido pruebas, fabricado testigos e ignorado torturas contra mujeres que asesinaron en legítima defensa, las autoridades responsables de esas violaciones a los derechos humanos siguen en funciones y sin castigo alguno.
Archivo / Cuartoscuro
12 de julio, 2018
Comparte

Hincada en el piso, con las esposas puestas en pies y manos, Reina le pide a Dios que cuide a su hijo ciego si a ella la matan. Su plegaria la interrumpe una mujer judicial. Llega a la habitación de la casa de seguridad donde la tienen para vendarle los ojos.  “No me apriete mucho, tengo glaucoma”, le pide Reina. “A mí me vale madres. Ahorita te vas a morir”, le grita la oficial.

Entre insultos, le coloca dos bolsas en la cabeza. Reina escucha más pasos, llegan otros judiciales. No sabe cuántos. Inicia la golpiza. Le propinan golpes y patadas hasta en el rostro. “Confiesa ya de una vez, perra”, Reina distingue la voz del comandante, ese al que los otros le dicen Pamplona.

“No sé qué querían que confesara, si yo ya había dicho que sí, que yo lo había matado, pero fue en defensa propia”. La inculpada contará ese maltrato muchas veces: al ministerio público, al juez de su caso, pero no la escucharán. Solo un grupo de activistas le presta oídos y se mueven para defenderla.

María Guadalupe sabe también lo que es eso: la sordera de las autoridades ante una mujer que ha vivido violencia y ha tenido que matar para defenderse. La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, donde ella vive, la acusó por homicidio en riña en carácter de provocado, a pesar de que alegó legítima defensa.

La joven, de 19 años, hirió a su pareja sentimental, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de 38 años, cuando éste amenazaba con matarla. Pero la fiscalía basó su sentencia en los dichos de testigos, amigos y familia de Carlos, y en una pericial deficiente para confirmar su hipótesis. Para la autoridad, María Guadalupe era una mujer violenta, que se aprovechaba de su pareja y quería asesinarlo.

No es posible saber cuántas mujeres enfrentan esa falta de debido proceso y de perspectiva de género cuando asesinan a su pareja o a otra persona para defenderse en una situación de violencia extrema. En el país no se hace ese registro y en muchos estados tampoco se reconoce la legítima defensa.

“No hay registros y la mayoría de las sentencias no son públicas, así que este tipo de casos solo se conocen cuando interviene alguien para apoyar a las mujeres, de lo contrario, se les juzga sin perspectiva de género, sin considerar la legítima defensa y se quedan en la cárcel”, dice Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres.

Esa falta de perspectiva de género y de debido proceso fue unos de los temas que diversas organizaciones de la sociedad civil llevaron ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), de la ONU, esperando que emita una recomendación en las próximas semanas para prevenir la repetición de este tipo de casos.

Reina frente al Estado

La noche del 5 de julio de 2015, Reina Gómez, mujer migrante, afrodescendiente y pobre, clavó un cuchillo en el cuello de su pareja, Marco Antonio Saenz Velázquez. Cuando lo vio herido, llamó a emergencias, a la familia de él y a las autoridades. Los paramédicos, los primeros en llegar al domicilio, lo encontraron ya muerto.

Reina, entonces de 48 años, les confesó que lo había herido cuando él (de 36 años) estaba golpeándola y amenazándola con un cuchillo. Había llegado drogado y se le había ido encima como muchas veces a lo largo del año y medio que llevaban viviendo juntos.

Marco Antonio no tenía empleo. Reina lo mantenía. Trabajaba limpiando casas desde los 12 años, cuando llegó de Belice, sin papeles. El hombre se pasaba el día en la calle, consumiendo drogas y alcohol. Llegaba a casa y la golpeaba. Ella quería dejarlo, pero la amenazaba con matar a su hijo, un muchacho ciego de 22 años, la mayor preocupación y cariño de Reina.

Esa noche de julio la violencia escaló, Reina supo que Marco Antonio la mataría cuando tomó un cuchillo. Se defendió, forcejearon. Entre la riña, ella le clavó el puñal en el cuello. Marco murió a los minutos. Cuando los policías llegaron, la mujer confesó que lo había herido por defenderse. No le valió ni eso, ni haber sido quien hiciera las llamadas de auxilio, ni permanecer en el lugar del crimen.

“Los policías se llevaron a Reina no a una delegación, sino a una casa de seguridad. La amenazaron y la golpearon, exigiéndole que dijera la verdad. Querían que confesara que había matado a su pareja, pero no en defensa propia, sino con alevosía”, denuncia Argentina Casanova, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche. Dos días duró la tortura. Fue hasta el 6 de julio cuando los oficiales la presentaron en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, donde ella vive. Dijeron que a las 7 de la noche de ese día, la habían encontrado caminando por la calle.

El primero de abril de 2016, Daniel Esteban Farah Godoy, juez de juicio oral, adscrito a los tribunales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, la sentenció a 25 años de cárcel. El impartidor de justicia no consideró la perspectiva de género en el caso, ni los alegatos de Reina respecto a la detención arbitraria y la tortura. Tampoco quiso tomar como prueba la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo había emitido cuando el hijo de la afectada acudió a poner una queja por los maltratos de las autoridades hacia su madre.

Fue hasta que apelaron la sentencia diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que se ordenó la reposición del proceso.

En la sentencia de segunda instancia, a la que Animal Político tuvo acceso, el magistrado José Antonio León Ruíz, reconoció la detención arbitraria y el trato cruel y degradante que la migrante sufrió por parte de las autoridades. Y ordenó reponer el juicio para darle cabida a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.

Como parte de esa sentencia en segunda instancia, León Ruíz ordenó también iniciar una investigación, imparcial, pronta, minuciosa, competente e independiente, por los hechos de tortura denunciados.

“Eso no se ha hecho –afirma Argentina Casanova, la integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche–, Reina está libre porque en la reposición del proceso, un juez determinó que en su caso no se había aplicado la perspectiva de género para reconocer las condiciones de vulnerabilidad y la dejó en libertad. Pero las autoridades del primer juicio y quienes participaron en la detención y la tortura no tuvieron consecuencias”.

María Guadalupe frente al Estado

El 14 de octubre de 2015, María Guadalupe Pereda estaba en casa de unos compañeros de la escuela, haciendo un trabajo. Tenía 19 años y estudiaba criminalística. Su pareja, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de 38 años, llegó al lugar y empezó a insultarla. Estaba ebrio y drogado. La celaba. Entre gritos se fueron a la casa de ambos. Ella empezó a hacer su maleta, quería dejarlo. Carlos fue a sacar una pistola que guardaba.

Le dijo que la iba a matar. Dejó el arma en una cómoda y empezó a cerrar puertas y ventanas. María Guadalupe aprovechó para tomar la pistola. Él corrió a quitársela, forcejearon, el arma se disparó. Fue Carlos quien salió herido. La joven llamó a emergencias. Cuando la ambulancia llegó, ella quiso ayudar a subirlo al vehículo. Estaba todavía vivo y María Guadalupe le dio un beso entre lágrimas. Carlos murió una hora después.

A María Guadalupe se la llevaron detenida y las autoridades construyeron una hipótesis: ella era violenta y lo había matado con alevosía. “La fiscalía se dedicó a criminalizarla”, afirma Imelda Marrufo, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, asociación civil que acompañó la defensa de la joven.

La abogada y activista señala que en la etapa de ofrecimiento de pruebas, las autoridades “intentaron probar que hubo dolo en el homicidio, basándose en dichos de testigos que eran amigos de parranda y familiares de él, y que declararon que Carlos (un hombre de 38 años, abogado, de buena posición económica) era quien sufría violencia por parte de María Guadalupe (entonces estudiante de 19 años y de bajos recursos)”.

La fiscalía también pretendió basarse, dice Marrufo, en un peritaje de criminalística deficiente, “en el que la perfilación no se hizo bien: los puntos, las medidas no eran correctas. Pero es que el criminalista ya tenía su planteamiento: que no hubo forcejeo. Según él, Mary lo había matado”. La querían sancionar, incluso con el agravante de traición, para que tuviera un mayor castigo.

Marrufo cree que en este caso y en otros similares, la fiscalía actúa así para no perder. “Si judicializas un caso y la persona está  en prisión, y después resulta que es inocente, pues hay un problema para las autoridades, hay una falla del estado; por eso, ya en proceso, las fiscalías generales se empeñan en probar la culpabilidad del detenido”.

Gracias a la defensa que hizo la red de la que Imelda es coordinadora, María Guadalupe no obtuvo una condena alta. Las activistas presentaron un testimonial de contexto de un perito experto en perspectiva de género, quien determinó que ella sí era víctima de violencia y no pretendía matarlo. También presentaron a un experto en feminicidio del Inmujeres y a una experta en perfiles de agresores.

Pese a todo eso, a la joven la sentenciaron a tres años de prisión, por homicidio en riña en carácter de provocado. En los próximos meses, Mary cumplirá su condena. Pero falta ver si sale libre, porque la familia de Carlos y la fiscalía de Chihuahua apelaron la sentencia para fincarle una pena mayor.

El Estado mexicano frente a Cedaw

El pasado viernes 6 de julio, una delegación del gobierno mexicano compareció, en Ginebra, Suiza, ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Cedaw. El grupo debía responder a los cuestionamientos de las expertas, después de presentar un informe, en diciembre de 2016, sobre las acciones de las autoridades para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos de las mujeres.

Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron lo que se conoce como informes sombra, para hacer contrapeso a la versión oficial del gobierno y dejarle claro al Comité lo que consideran graves violaciones a los derechos de las mujeres.

Entre los temas que las OSC presentaron a Cedaw estaba la falta de perspectiva de género y la opacidad en la impartición de justicia. La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez presentó en su informe sombra el caso de María Guadalupe. Equis Justicia le hizo llegar al Comité documentos sobre la falta de publicación de sentencias por parte de los poderes judiciales de los estados, lo que impide conocer hechos de discriminación. También documentaron la falta de perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia.

Isabel Erreguerena, de Equis Justicia, una de las integrantes del grupo de organizaciones de la sociedad civil que también acudieron a Ginebra para reunirse con Cedaw, previo a la comparecencia del gobierno mexicano, cuenta que la experta del Comité Gladys Acosta mostró preocupación sobre el uso de estereotipos de género por parte de funcionarios públicos, y la falta de sanciones para prevenirlos.

“Gladys Acosta incluso le preguntó a la delegación del gobierno mexicano cómo se estaba aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Les dijo que tenían información de que las capacitaciones para aplicar este protocolo no estaban funcionando porque no estaban siendo bien evaluadas. El gobierno mexicano no respondió nada ante eso”, afirma Erreguerena.

Ahora se espera que al emitir sus recomendaciones finales para este informe y comparecencia de México, Cedaw incluya entre ellas la de crear una unidad de género en todas las fiscalías generales (que son las que atienden los casos de mujeres imputadas por algún delito) y la de implementar capacitaciones con perspectiva de género que tengan estructura, secuencia y sean medibles.

También se espera un pronunciamiento para pedirle al estado mexicano que todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales de los estados sean públicas. Y lo que verdaderamente se espera es que el Estado mexicano atienda esas recomendaciones, “no hay sanción por no atenderlas –señala Erreguerena– pero sí ejercen una presión internacional, frente a la que el gobierno suele responder”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
Comparte

El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=2zHpbpjUUY4

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.