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Cuartoscuro
Dejar a las mujeres el trabajo de cuidar personas y el hogar reproduce la discriminación: Oxfam
La organización internacional señala que el cuidado del hogar y las personas recae en las mujeres hasta en tres cuartas partes. Por ello llaman a reorganizar todo el esquema de esta labor: el que realizan familiares sin paga y el del trabajo doméstico
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México está reproduciendo la discriminación y afianzando los privilegios hacia unas cuantas personas al relegar el trabajo de cuidados y del hogar, pues aunque éste ocupa 24% del Producto Interno Bruto (PIB) está totalmente invisibilizado, advierte la organización internacional Oxfam. 

Tres cuartas partes del trabajo del hogar (que incluye cuidar de la casa y de los miembros de la familia) son realizadas por mujeres, cuyo desarrollo se ve siempre limitado por la obligación social de atender sus hogares, lo que marca una importante desigualdad de género, advierte una serie de investigaciones presentadas por Oxfam este lunes.

De acuerdo con los reportes –realizados por investigadores de la Universidad Nacional (UNAM), el Colegio de México, la propia Oxfam y dos sociólogos sudamericanos- las mujeres dedican cuatro horas más que los hombres cada día al trabajo doméstico y de cuidados, en un promedio nacional. Esto significa que ellas hacen estos trabajos durante 26 horas semanales y ellos solo ocho. Esta brecha de género se amplía en las zonas rurales del país, donde las mujeres dedican a estas actividades 33 horas a la semana contra seis de los hombres.

E incluso dentro de las horas que los varones dedican al trabajo doméstico, hay diferencias: ellos realizan tareas breves y no cotidianas, como reparar desperfectos, realizar instalaciones o arreglar el jardín, “lo que sí es trabajo del hogar pero no se hace diario sino eventualmente”, explicó a Animal Político Indra Rubio, coordinadora del Programa de Trabajo de Cuidado de Oxfam. En cuanto al cuidado de personas, la participación masculina es muy breve o nula, según estas investigaciones.

México: asistencialista y cortoplacista

La primera de las cuatro investigaciones presentadas por Oxfam presenta un panorama del trabajo de cuidado en México y América Latina, clasificando las políticas públicas de los países de la región en esa materia. Uruguay es el ejemplo regional: creó un Sistema Nacional de Cuidados basado en consultas con la población sobre sus necesidades. En contraste, México tiene una política de corto plazo y asistencialista: sin evaluaciones ni seguimiento del impacto real en la sociedad; centrada en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y con algunos programas que no tienen conexión entre sí, como las pensiones para adultos mayores y el Seguro Popular. “Tiene que haber un cambio sostenido en la cultura. Debe haber instituciones específicas para atender estas necesidades”, puntualizó Rubio.

La especialista destacó que México cuenta al menos con un sistema de Seguridad Social que incluye facilidades para madres trabajadoras –como las guarderías-, lo que en otros países más desarrollados no existe, como Estados Unidos. Sin embargo, también contrastó la situación de México con la de países europeos en los que existen licencias de paternidad prolongadas o jornadas laborales más cortas.

Tampoco hay en México una política pública de atención integral a adultos mayores, ni siquiera espacios específicos para cuidarlos aun cuando la esperanza de vida sigue aumentando y la población es mucho más longeva.

La única iniciativa que se ha presentado en el país para crear un Sistema Nacional de Cuidados es la de la capital, Ciudad de México, donde en 2017 surgieron iniciativas de ley con este objetivo. Sin embargo, Oxfam las califica todavía como insuficientes porque su enfoque sigue siendo asistencialista y se basa solo en facilidades para trabajadoras formales, cuando la mayoría de las mujeres que realizan el trabajo de cuidado laboran en el sector informal.

Con propuestas como horarios laborales flexibles, licencias de maternidad o guarderías en las empresas privadas, esta iniciativa deja fuera a las trabajadoras informales; sus políticas siguen centradas en el DIF y no contempla la creación de nuevas instancias o mecanismos de atención a grupos específicos, como estancias para adultos mayores o personas con discapacidad.

Pese a ello, la organización considera a este proyecto como un comienzo relevante que puede volverse referente para otras legislaciones estatales y para una nacional, ya que a nivel federal no existe ni siquiera una iniciativa para reconfigurar la manera en que se lleva a cabo este trabajo, que beneficia a todas las demás actividades productivas.

Pagado pero precario

Otro de los patrones de discriminación y desigualdad que se reproducen al no organizar equitativamente el trabajo de cuidado, advierten los investigadores, es la precaria condición del trabajo doméstico remunerado, que se realiza de manera informal y en condiciones desfavorables para quienes lo hacen.

Las trabajadoras y trabajadores del hogar no han conseguido ingresar al mercado formal porque el gobierno mexicano no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ofrece protección específica a estos trabajadores al obligar a los países a reconocerlos en la formalidad y otorgarles los mismos derechos que el resto.

Esta dilación de la ratificación es parte de la visión que se tiene en México sobre el Trabajo de Cuidado, al que se da una dimensión mucho menor de la que tiene, señala Indra Rubio. La marginación y la movilidad son otros factores que afectan a estas personas, ya que suelen tener sus hogares en zonas alejadas y deben realizar largos traslados hacia su lugar de trabajo, lo que les resta aún más tiempo para dedicar a sus propios hogares, a su familia o al descanso.

Esto genera una cadena de desigualdades, advierte la experta de Oxfam, ya que mientras las trabajadoras del hogar salen a trabajar, hay otra mujer cuidando su casa que también tuvo que dejar sus actividades para apoyarla.

Ante este panorama, la organización -cuyo trabajo se enfoca en la desigualdad económica, laboral y social- lanzó un llamado a que los gobiernos federal y local construyan un Sistema Nacional de Trabajos de Cuidado sobre cuatro premisas básicas: reconocer el cuidado del hogar y la familia como un trabajo formal; garantizar el derecho de todas las personas a recibir cuidados profesionales en condiciones adecuadas y provistas por el Estado; redistribuir la responsabilidad del cuidado que recae desproporcionadamente en las mujeres -sobre todo en las más pobres y pertenecientes a grupos vulnerables-, y garantizar condiciones de trabajo dignas y suficientes para los trabajadores del hogar.

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A dónde irá el dinero y quién elegirá a los beneficiarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
El nuevo director del Instituto asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera "colegiada" en un "gabinete del bienestar" conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.
26 de mayo, 2019
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La imagen de la gran pila de dólares, euros y pesos mexicanos en efectivo guardados en una residencia de Ciudad de México fue escandalosa.

Los billetes hacían un total de US$205 millones que el gobierno de México incautó en 2007 en uno de los golpes más grandes al crimen organizado de ese entonces.

El dueño de la residencia era el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue detenido y luego procesado por narcotráfico y lavado de dinero tanto en tribunales de México como de Estados Unidos.

El episodio fue sacado a relucir la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar la creación de un organismo federal de nombre peculiar: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro).

“Así se va a llamar”, reiteró el mandatario, conocido como AMLO, ante las miradas de extrañeza de los periodistas en la conferencia de prensa en que hizo el anuncio.

“Imagínense si hubiese existido este instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino mexicano (Zhenli), hubiese alcanzado para muchas cosas”, dijo.

Y es que el presidente considera que en los sexenios presidenciales anteriores nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de bienes y efectivo decomisados a los criminales.

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que inició la guerra contra las drogas, indicó que el dinero del caso Zhenli Ye Gon sería empleado para la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.

Pero el nuevo titular del Indepuro, Ricardo Rodríguez, considera que las pasadas administraciones no tuvieron transparencia ni rendición de cuentas, algo que promete tener como principio con el nuevo organismo.

“El objetivo es que los bienes que se incautan por diversos motivos, por causa penal, ahora sí tengan un destino transparente, claro, expedito“, dice Rodríguez a BBC Mundo.

“Sobre todo a programas sociales y obras de alto impacto en zonas marginadas”, añade.

Críticos de esta nueva política gubernamental han tildado la creación del Indepuro de “populista” y apuntan a que es discrecional el cómo se determinará a quién le devuelven lo robado.

Lamborghini Murciélago a subasta

La nueva estrategia de incautación de bienes y recursos se basa en una reforma de ley de Extinción de Dominio, la cual permite a las autoridades declarar la posesión de un bien -mueble o inmueble- mediante órdenes judiciales.

El Congreso discutirá la ampliación de delitos que cubre dicha ley, con lo que el Indepuro espera poder acceder a bienes de políticos implicados en casos de corrupción, o hasta por el robo de combustibles (huachicoleo, como se conoce en México).

La puesta en subasta de bienes confiscados será la vía para financiar programas sociales y obras públicas en el país.

Este 26 de mayo se llevará a cabo la primera venta al mejor postor en Ciudad de México de 83 vehículos, muchos de ellos autos deportivos o camionetas blindadas.

El más costoso es un Lamborghini Murciélago que tendrá un precio de salida de 1,47 millones de pesos, alrededor de US$76.000 (el precio del vehículo nuevo es superior a los US$300.000).

Pero también habrá una camioneta Ford Shelby cuya puja iniciará en los US$63.000, además de dos Porsche, dos Corvette, un Mini Cooper, un Ford Mustang convertible, entre otros.

En total, las autoridades esperan que de esta subasta abierta al público en general se obtengan como mínimo alrededor de US$1,45 millones -Rodríguez confía que sea el doble-.

¿A dónde irá el dinero?

En México ya existe desde hace años un organismo que se encarga de subastar bienes confiscados por el gobierno, y de hecho Ricardo Rodríguez es su titular: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Es por ello que algunos analistas vieron el cambio de nombre al SAE y su nuevo enfoque como “populismo”.

https://twitter.com/fmartinmoreno/status/1131208755427840000

Sin embargo, Rodríguez defiende la reforma al SAE, pues advierte que hasta ahora había “discrecionalidad” de los gobernantes sobre qué uso darle a vehículos, inmuebles y demás posesiones incautadas.

“A la ciudadanía le va a quedar muy en claro hacia dónde se va a destinar el producto de la venta de dichos bienes: programas sociales y apoyo a comunidades con alta marginación”, responde Rodríguez a los críticos.

“Sí hay una transformación profunda, por el destino de los bienes y la administración de ellos. Actualmente el SAE tiene muy pocos, casos contados, de bienes por corrupción. Después de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio se esperan muchos bienes”, añade.

López Obrador eligió dos municipios en el estado de Oaxaca, Santo Reyes Yucuná y Santa María Sanir, como beneficiarios de la subasta del 26 de mayo ya que están entre los más pobres del país.

Aunque todavía no hay un plan específico de qué se hará en esos lugares, Rodríguez espera que el dinero sirva para invertirlo en obras, caminos, hospitales o escuelas “que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país”.

El gobierno federal espera obtener este año unos US$62,5 millones (1.200 millones de pesos) luego de las subastas que se realicen a lo largo de 2019.

Una segunda venta cuya fecha está por anunciarse será de residencias que han estado posesión del gobierno y cuyo uso ha estado a discreción del gobierno, según el presidente López Obrador.

Y una tercera pondrá a subasta los lotes de joyas decomisadas que desde hace años están almacenadas en bodegas restaurdadas por el gobierno federal.

¿Quién elige a los beneficiarios?

El cómo se eligen a quién devolverle lo robado también ha sido objeto de críticas, pues en el caso de las comunidades de Oaxaca y la segunda subasta de residencias que beneficiará al estado de Guerrero se dieron por elección presidencial.

El presidente del opositor Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ha calificado este tipo de programas como esfuerzos “clientelares” con fines electorales.

https://twitter.com/AccionNacional/status/1130114887063965698

El nuevo director del Indepuro asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera “colegiada” en un “gabinete del bienestar” conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.

“Será la decisión de todos”, afirma sobre la elección de comunidades y el tipo de beneficios que recibirán, pero enfatiza que serán las que tengan problemas de carencias y marginación.

Y afirma que hay mecanismos en el sistema electoral mexicano para evitar el uso de programas sociales en tiempos de elecciones.

“Anteriormente se daba el Robin Hood al revés: le quitabas a los pobres para darle a los corruptos. Lo principal es devolverle al pueblo lo que es de ellos. Es una restitución social”, defiende Rodríguez.

“Hoy en día hay discrecionalidad, hay bienes que no está claro cómo se administran, pero eso ya no seguirá”.


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