Reportan robo de boletas a mano armada en al menos tres estados y la Ciudad de México
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Cuartoscuro

Reportan robo de boletas a mano armada en al menos tres estados y la Ciudad de México

En Izúcar de Matamoros, Puebla, hurtaron más de 1659 boletas; en la CDMX robaron más de 500 boletas; en Michoacán, dos municipios reportaron atracos y en Oaxaca se suspendió la elección por quema de papeletas.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
1 de julio, 2018
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A lo largo de la jornada electoral en al menos tres estados y la Ciudad de México se ha reportado el robo de boletas electorales con uso de violencia.

El primero de los hechos se dio en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, donde el presidente de la casilla 2567, Israel Juárez, denunció que dos sujetos armados lo interceptaron para robarle la papelería electoral.

La casilla 2567 se ubica  en el Centro Social Benito Juárez, en la colonia Santiago Acahualtepec.

El funcionario electoral informó a policías capitalinos del sector Teotongo que al salir de su domicilio, ubicado en la calle en la calle Cerrada Moctezuma #30, alrededor de las 8 de la mañana, dos sujetos a punta de pistola lo despojaron de la papelería electoral que incluía 583 boletas.

Tras el incidente se levantó la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0000436/2018.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República también tomó conocimiento del hecho.

En Puebla más de mil boletas robadas

En el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, se reportó el robo de 1659 boletas para presidente, diputados federales y senadores.

El paquete fue robado a la presidenta de la casilla 541 en la sección 741. Hasta el momento no se han dado mayores detalles sobre cómo ocurrió el delito.

Tras tener conocimiento de los hechos, las autoridades locales trasladaron a los votantes de esta zona a la casilla especial ubicada en el Centro Integral de Servicios (CIS) del municipio de la Mixteca, luego de que se diera a conocer que las boletas robadas de la casilla 541 no serían repuestas y las personas que quisieran votar “tendrán que alcanzar alguna de las 750 boletas destinadas para la casilla especial”.

Ignacio Calderón Vergara, representante del INE en el distrito de Atlixco, Puebla, dijo que no es posible llevar más boletas porque  el número de boletas fue designado de acuerdo a lo que marca la ley.

LEE: Un homicidio, robo de urnas y balaceras ensombrecen proceso en Puebla

En Michoacán reportan robos a mano armada

En los municipios de Charo y Tarímbaro, Michoacán, autoridades del Instituto Electoral de Michoacán, confirmaron el robo de boletas electorales por parte de personas armadas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó a Animal Político que en estos momentos las autoridades electorales presentan una denuncia por estos hechos.

De acuerdo con el diario Monitor Expresso, en Charo el robo de las boletas generó la movilización del Ejército Mexicano en la zona para resguardar el material electoral.

En Tarímbaro el robo fue en la cabecera municipal.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes, confirmó el robo de las boletas por parte de personas armadas, y dijo que hasta el momento desconocen la cantidad de boletas hurtadas.

Quema de boletas en Oaxaca

En la comunidad de San Pedro Ozumacín, municipio de Ayotzintepec, Oaxaca, dos casillas fueron quemadas por sujetos desconocidos.

Edgar Humberto Arias Alba, vocal ejecutivo de la junta local del INE en Oaxaca, informó que en esta localidad, perteneciente al distrito 01 Tuxtepec, se suspendieron las elecciones federales y locales.

El presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, preció que fueron incendiadas las boletas correspondientes a la elección de diputados locales y presidente municipal.

También informó que en San Juan Ihualtepec, Tlaxiaco, en el distrito 06, no fue instalada la casilla.

En Hidalgo, destrozan urnas de casilla especial

Al no poder votar, unos 300 ciudadanos tomaron a la fuerza las urnas localizadas en la casilla especial del Teatro Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, para después tirarlas al piso a las afueras del recinto.

De acuerdo Criterio Hidalgo, los inconformes permanecieron en las inmediaciones de la casilla especial, aun cuando fueron notificados de que ya no habían más boletas para que emitieran su voto.

Saqueo de urnas en casilla especial de Pachuca, Hidalgo.

Saqueo de urnas en casilla especial de Pachuca, Hidalgo.

En el exterior del Teatro Hidalgo, los inconformes arrojaron al piso las boletas electorales de las urnas que sacaron, mientras reclamaban por un fraude que presuntamente afectaría a Morena, pues afirmaron que se impidió a más personas votar por este partido.

Entre gritos de “fraude, fraude” y “Morena, Morena”, al lugar arribaron policías estatales, quienes intentaron resguardar la seguridad de los funcionarios de casilla.

Boletas electorales tiradas a las afueras del Teatro Hidalgo.

Boletas electorales tiradas a las afueras del Teatro Hidalgo.

Algunos ciudadanos amenazaron con quedarse en las instalaciones hasta que se diera respuesta a su demanda de emitir el voto en la casilla especial.

Con información de Claudia Ramos y Criterio Hidalgo.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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