68 millones de mexicanos sin seguridad social; programas sociales no garantizan los derechos humanos
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68 millones de mexicanos sin seguridad social; programas sociales no garantizan los derechos humanos

Intentar combatir la pobreza sin garantizar el derecho a la seguridad social ha provocado que hoy 68 millones de mexicanos no tengan acceso a una pensión o requieren pagar para recibir atención médica, afirma el estudio Pobreza y Derechos Humanos.
Cuartoscuro
Por César Reveles
27 de agosto, 2018
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El combate a la pobreza y la desigualdad en México no ha tenido éxito porque las políticas públicas creadas para ello no tienen como eje el cumplimiento de derechos humanos básicos como el derecho al trabajo, educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, indica el informe Derechos Humanos y Pobreza.

Elaborado por el equipo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con apoyo de la Fundación para la Paz en Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estudio afirma que la ausencia de este eje ha impedido que los destinatarios de los programas sociales ejerzan sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y ha colocado a la falta de acceso a la seguridad social como la carencia más prevalente: 68 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la seguridad social o requieren pagar para recibir atención médica.

Los grupos más afectados por esta carencia son los adultos mayores y las personas con discapacidad. A nivel nacional, el 69 % de los habitantes de más de 60 años no tienen un ingreso básico garantizado, pues al no haber estado afiliados a alguna institución pública de seguridad social como IMSS o ISSSTE no cuentan con pensión. En tanto, el 65 % de las y los mexicanos con alguna discapacidad no reciben alguna transferencia de los programas sociales a los cuales tienen derecho.

El problema es de tal magnitud, que solo 2 de cada 10 programas sociales a nivel federal resuelven los conflictos que les dio origen. De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2017 (Indep), realizado por la organización Gestión Social y Cooperación AC (GESOC) -citado por el estudio- de los 136 programas federales, solo 14 tienen un desempeño óptimo mientras que el resto no están en condiciones para atender los problemas para los que fueron creados o sus registros son tan irregulares que ni siquiera han podido ser evaluados.

Cifras del GESOC señalan que estos 14 programas que son la excepción ejercen 137 mil millones de pesos, esto es el 16 % del presupuesto asignado. En contraste, hay otros 61 programas que consumen más de la cuarta parte del presupuesto asignado, en total 228 mil millones de pesos, recursos cuyo uso se pierde en la opacidad y la dispersión. En el caso de los 2,528 programas de los gobiernos estatales, el 95% no cumple con la institucionalidad mínima.

Pero más allá de la correcta aplicación de los programas sociales, el problema de fondo tiene que ver con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, de acuerdo con el estudio de Acción Ciudadana Frente a Pobreza. Este dicta la obligación de todas las autoridades, estatales y federales, de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos constitucionales y los tratados internacionales ratificados por México.

Al incumplir este precepto, los programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad presentan las siguientes “debilidades”: identifican la desigualdad solo a partir de ingresos; no incluyen como pobres a todas las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar; no incluyen como pobres extremos a quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; aceptan como acceso a seguridad social a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, y no garantizan un ejercicio real de los DESCA, entre ellos el derecho a la no discriminación, al trabajo, a la salud, a la educación, la seguridad social, a la vivienda y a la alimentación.

La pobreza como punto de partida

De acuerdo con el estudio, la pobreza es el punto de partida para el incumplimiento de los DESCA por tratarse de “una condición socio-histórica de carencia de ingreso suficiente y de falta de acceso a satisfactores y servicios esenciales para vivir”, que inhibe el ejercicio de derechos, especialmente los derechos económicos y sociales.

De acuerdo a los datos más actualizados del CONEVAL, del 2016, esta situación alcanza a 62 millones de personas en todo el país que carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica.

Este dato es equiparable al de hace 25 años, es decir, la precariedad económica se ha mantenido e incluso aumentado desde 1992, resalta el estudio.

Jóvenes y mujeres, sin acceso al trabajo

Respecto al acceso al trabajo, se encontró que el 36 % de las y los mexicanos se encuentran sin trabajo o subocupados, en tanto que el 61 % de aquellos que sí cuentan con un empleo tienen una remuneración insuficiente para subsistir.

Del total de las personas empleadas en el país, más de la mitad (54 %) no tienen prestaciones. Igualmente se confirma que los jóvenes y las mujeres son los dos sectores que tienen menos acceso al derecho del trabajo.

Educación para quién

Con base en datos del INEGI, citados en el documento, en México hay 30 millones 870 mil personas analfabetas, y en el sector de los mayores de 30 años y menores de 60 sin algún grado de educación terciaria suman 33 millones 159 mil habitantes.

En el tema de la primera infancia, el 36 % de los niños en el país no asisten a la escuela, y la situación se agrava en la adolescencia, donde al menos la mitad del alumnado deja inconcluso la secundaria.

Sin prestaciones ni pensión

Como ya se mencionó, la carencia de seguridad social es el rubro más alarmante, pues más de 68 millones de habitantes no están afiliados a ningún sistema público.

El 69 % de adultos mayores años no gozan de pensión y el 65 % de las personas con discapacidad no reciben la ayuda económica a la que tienen derecho por parte de alguno de los programas sociales destinados a ellos.

Salud para unos cuantos

En el tema de la salud  se encontró que los indicadores en mortalidad infantil, problemas en el desarrollo físico, mortalidad materna, falta de diagnóstico oportuno y la falta de atención en los servicios públicos no han disminuido a consecuencia de la mala aplicación de políticas públicas que distan de la realidad.

Inseguridad alimentaria y vivienda

Si bien estos dos rubros son los menos preocupantes, no dejan de mantener cifras negativas.

En el caso de la alimentación se detectó que el 21 % de las y los niños mexicanos padecen desnutrición, mientras que el 28 % de la población en general atraviesa por inseguridad alimentaria, es decir la falta de acceso a una cantidad de alimentos suficientes para su desarrollo y una vida sana.

Finalmente, la carencia por espacios y condiciones de la vivienda afecta al 15 % de la población.

¿Y qué sigue?

El principal objetivo de este estudio es proponer formas de aplicación del enfoque de derechos previsto en el artículo 1 para crear verdaderas políticas públicas frente a la pobreza.

La CNDH y Frente a la Pobreza definen a estas políticas como “el conjunto de normas, instituciones, programas y acciones destinadas a población en pobreza o vulnerabilidad social y relacionadas con el ejercicio de derechos económicos y sociales”.

Aclaran que antes de aplicar el enfoque de derechos, políticas públicas frente a la pobreza requieren cumplir con los siguientes cuatro criterios de consistencia básica para políticas públicas:

  • Contar con documento normativo, presupuesto, reportes en cuenta pública e información pública básica.
  • Diseño. Definición adecuada del problema y del objetivo. Resultado a lograr, así como la identificación de la población que se atenderá.
  • Cobertura sustancial la población elegida y/o plan gradual para incluirla en un periodo razonable de tiempo.
  • Implementación. Documentación de resultados que permitan suponer impacto positivo en el problema público consistente con el objetivo a lograr.

Estos puntos, sumados a criterios internacionales para la creación de políticas públicas como los recomendados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), establecen: la identificación de las personas en pobreza; el reconocimiento del marco nacional e internacional de derechos humanos; la rendición de cuentas; la igualdad y no discriminación; la participación; asistencia, y cooperación internacional.

Después de tomar estas consideraciones el estudio plantea los primeros pasos que el gobierno federal debería dar para lograr políticas públicas frente a la pobreza bajo el enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales:

Generar medidas de igualdad y superar la diferencia de trato de las políticas sociales a grupos discriminados; garantizar el derecho al trabajo y las prestaciones que entreguen en éste; en la educación, implementar competencias para el desarrollo pleno de las personas; en la salud garantizar el acceso a servicios gratuitos; la seguridad social deberá trabajar de la mano en el tema de salud; un derecho a la vivienda digna, y garantizar la ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad.

Para que la creación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos sea posible el estudio propone las siguientes recomendaciones generales:

Adoptar el enfoque de derechos en las políticas públicas frente a la pobreza; crear una política fiscal que posibilite la asignación de recursos disponibles para promoverlas; mejorar la calidad, efectividad y equidad en la provisión de servicios públicos, así como adoptar un “indicadores” con enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además de otras cuatro recomendaciones específicas:

Generar políticas económicas incluyentes y erradicar políticas económicas excluyentes; formular una macropolítica de protección social universal; mejorar la calidad y la equidad educativa en todos los niveles, y mejorar la calidad y la equidad de los servicios de salud.

Los académicos y organizaciones sociales que elaboraron este documento esperan que la próxima administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, contemple el estudio por recomendación de la CNDH para la creación de nuevas políticas públicas que combatan eficazmente la pobreza y desigualdad.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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