close
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro
68 millones de mexicanos sin seguridad social; programas sociales no garantizan los derechos humanos
Intentar combatir la pobreza sin garantizar el derecho a la seguridad social ha provocado que hoy 68 millones de mexicanos no tengan acceso a una pensión o requieren pagar para recibir atención médica, afirma el estudio Pobreza y Derechos Humanos.
Cuartoscuro
Por César Reveles
27 de agosto, 2018
Comparte

El combate a la pobreza y la desigualdad en México no ha tenido éxito porque las políticas públicas creadas para ello no tienen como eje el cumplimiento de derechos humanos básicos como el derecho al trabajo, educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, indica el informe Derechos Humanos y Pobreza.

Elaborado por el equipo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con apoyo de la Fundación para la Paz en Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estudio afirma que la ausencia de este eje ha impedido que los destinatarios de los programas sociales ejerzan sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y ha colocado a la falta de acceso a la seguridad social como la carencia más prevalente: 68 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la seguridad social o requieren pagar para recibir atención médica.

Los grupos más afectados por esta carencia son los adultos mayores y las personas con discapacidad. A nivel nacional, el 69 % de los habitantes de más de 60 años no tienen un ingreso básico garantizado, pues al no haber estado afiliados a alguna institución pública de seguridad social como IMSS o ISSSTE no cuentan con pensión. En tanto, el 65 % de las y los mexicanos con alguna discapacidad no reciben alguna transferencia de los programas sociales a los cuales tienen derecho.

El problema es de tal magnitud, que solo 2 de cada 10 programas sociales a nivel federal resuelven los conflictos que les dio origen. De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2017 (Indep), realizado por la organización Gestión Social y Cooperación AC (GESOC) -citado por el estudio- de los 136 programas federales, solo 14 tienen un desempeño óptimo mientras que el resto no están en condiciones para atender los problemas para los que fueron creados o sus registros son tan irregulares que ni siquiera han podido ser evaluados.

Cifras del GESOC señalan que estos 14 programas que son la excepción ejercen 137 mil millones de pesos, esto es el 16 % del presupuesto asignado. En contraste, hay otros 61 programas que consumen más de la cuarta parte del presupuesto asignado, en total 228 mil millones de pesos, recursos cuyo uso se pierde en la opacidad y la dispersión. En el caso de los 2,528 programas de los gobiernos estatales, el 95% no cumple con la institucionalidad mínima.

Pero más allá de la correcta aplicación de los programas sociales, el problema de fondo tiene que ver con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, de acuerdo con el estudio de Acción Ciudadana Frente a Pobreza. Este dicta la obligación de todas las autoridades, estatales y federales, de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos constitucionales y los tratados internacionales ratificados por México.

Al incumplir este precepto, los programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad presentan las siguientes “debilidades”: identifican la desigualdad solo a partir de ingresos; no incluyen como pobres a todas las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar; no incluyen como pobres extremos a quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; aceptan como acceso a seguridad social a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, y no garantizan un ejercicio real de los DESCA, entre ellos el derecho a la no discriminación, al trabajo, a la salud, a la educación, la seguridad social, a la vivienda y a la alimentación.

La pobreza como punto de partida

De acuerdo con el estudio, la pobreza es el punto de partida para el incumplimiento de los DESCA por tratarse de “una condición socio-histórica de carencia de ingreso suficiente y de falta de acceso a satisfactores y servicios esenciales para vivir”, que inhibe el ejercicio de derechos, especialmente los derechos económicos y sociales.

De acuerdo a los datos más actualizados del CONEVAL, del 2016, esta situación alcanza a 62 millones de personas en todo el país que carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica.

Este dato es equiparable al de hace 25 años, es decir, la precariedad económica se ha mantenido e incluso aumentado desde 1992, resalta el estudio.

Jóvenes y mujeres, sin acceso al trabajo

Respecto al acceso al trabajo, se encontró que el 36 % de las y los mexicanos se encuentran sin trabajo o subocupados, en tanto que el 61 % de aquellos que sí cuentan con un empleo tienen una remuneración insuficiente para subsistir.

Del total de las personas empleadas en el país, más de la mitad (54 %) no tienen prestaciones. Igualmente se confirma que los jóvenes y las mujeres son los dos sectores que tienen menos acceso al derecho del trabajo.

Educación para quién

Con base en datos del INEGI, citados en el documento, en México hay 30 millones 870 mil personas analfabetas, y en el sector de los mayores de 30 años y menores de 60 sin algún grado de educación terciaria suman 33 millones 159 mil habitantes.

En el tema de la primera infancia, el 36 % de los niños en el país no asisten a la escuela, y la situación se agrava en la adolescencia, donde al menos la mitad del alumnado deja inconcluso la secundaria.

Sin prestaciones ni pensión

Como ya se mencionó, la carencia de seguridad social es el rubro más alarmante, pues más de 68 millones de habitantes no están afiliados a ningún sistema público.

El 69 % de adultos mayores años no gozan de pensión y el 65 % de las personas con discapacidad no reciben la ayuda económica a la que tienen derecho por parte de alguno de los programas sociales destinados a ellos.

Salud para unos cuantos

En el tema de la salud  se encontró que los indicadores en mortalidad infantil, problemas en el desarrollo físico, mortalidad materna, falta de diagnóstico oportuno y la falta de atención en los servicios públicos no han disminuido a consecuencia de la mala aplicación de políticas públicas que distan de la realidad.

Inseguridad alimentaria y vivienda

Si bien estos dos rubros son los menos preocupantes, no dejan de mantener cifras negativas.

En el caso de la alimentación se detectó que el 21 % de las y los niños mexicanos padecen desnutrición, mientras que el 28 % de la población en general atraviesa por inseguridad alimentaria, es decir la falta de acceso a una cantidad de alimentos suficientes para su desarrollo y una vida sana.

Finalmente, la carencia por espacios y condiciones de la vivienda afecta al 15 % de la población.

¿Y qué sigue?

El principal objetivo de este estudio es proponer formas de aplicación del enfoque de derechos previsto en el artículo 1 para crear verdaderas políticas públicas frente a la pobreza.

La CNDH y Frente a la Pobreza definen a estas políticas como “el conjunto de normas, instituciones, programas y acciones destinadas a población en pobreza o vulnerabilidad social y relacionadas con el ejercicio de derechos económicos y sociales”.

Aclaran que antes de aplicar el enfoque de derechos, políticas públicas frente a la pobreza requieren cumplir con los siguientes cuatro criterios de consistencia básica para políticas públicas:

  • Contar con documento normativo, presupuesto, reportes en cuenta pública e información pública básica.
  • Diseño. Definición adecuada del problema y del objetivo. Resultado a lograr, así como la identificación de la población que se atenderá.
  • Cobertura sustancial la población elegida y/o plan gradual para incluirla en un periodo razonable de tiempo.
  • Implementación. Documentación de resultados que permitan suponer impacto positivo en el problema público consistente con el objetivo a lograr.

Estos puntos, sumados a criterios internacionales para la creación de políticas públicas como los recomendados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), establecen: la identificación de las personas en pobreza; el reconocimiento del marco nacional e internacional de derechos humanos; la rendición de cuentas; la igualdad y no discriminación; la participación; asistencia, y cooperación internacional.

Después de tomar estas consideraciones el estudio plantea los primeros pasos que el gobierno federal debería dar para lograr políticas públicas frente a la pobreza bajo el enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales:

Generar medidas de igualdad y superar la diferencia de trato de las políticas sociales a grupos discriminados; garantizar el derecho al trabajo y las prestaciones que entreguen en éste; en la educación, implementar competencias para el desarrollo pleno de las personas; en la salud garantizar el acceso a servicios gratuitos; la seguridad social deberá trabajar de la mano en el tema de salud; un derecho a la vivienda digna, y garantizar la ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad.

Para que la creación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos sea posible el estudio propone las siguientes recomendaciones generales:

Adoptar el enfoque de derechos en las políticas públicas frente a la pobreza; crear una política fiscal que posibilite la asignación de recursos disponibles para promoverlas; mejorar la calidad, efectividad y equidad en la provisión de servicios públicos, así como adoptar un “indicadores” con enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además de otras cuatro recomendaciones específicas:

Generar políticas económicas incluyentes y erradicar políticas económicas excluyentes; formular una macropolítica de protección social universal; mejorar la calidad y la equidad educativa en todos los niveles, y mejorar la calidad y la equidad de los servicios de salud.

Los académicos y organizaciones sociales que elaboraron este documento esperan que la próxima administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, contemple el estudio por recomendación de la CNDH para la creación de nuevas políticas públicas que combatan eficazmente la pobreza y desigualdad.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.
A dónde irá el dinero y quién elegirá a los beneficiarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
El nuevo director del Instituto asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera "colegiada" en un "gabinete del bienestar" conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.
26 de mayo, 2019
Comparte

La imagen de la gran pila de dólares, euros y pesos mexicanos en efectivo guardados en una residencia de Ciudad de México fue escandalosa.

Los billetes hacían un total de US$205 millones que el gobierno de México incautó en 2007 en uno de los golpes más grandes al crimen organizado de ese entonces.

El dueño de la residencia era el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue detenido y luego procesado por narcotráfico y lavado de dinero tanto en tribunales de México como de Estados Unidos.

El episodio fue sacado a relucir la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar la creación de un organismo federal de nombre peculiar: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro).

“Así se va a llamar”, reiteró el mandatario, conocido como AMLO, ante las miradas de extrañeza de los periodistas en la conferencia de prensa en que hizo el anuncio.

“Imagínense si hubiese existido este instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino mexicano (Zhenli), hubiese alcanzado para muchas cosas”, dijo.

Y es que el presidente considera que en los sexenios presidenciales anteriores nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de bienes y efectivo decomisados a los criminales.

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que inició la guerra contra las drogas, indicó que el dinero del caso Zhenli Ye Gon sería empleado para la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.

Pero el nuevo titular del Indepuro, Ricardo Rodríguez, considera que las pasadas administraciones no tuvieron transparencia ni rendición de cuentas, algo que promete tener como principio con el nuevo organismo.

“El objetivo es que los bienes que se incautan por diversos motivos, por causa penal, ahora sí tengan un destino transparente, claro, expedito“, dice Rodríguez a BBC Mundo.

“Sobre todo a programas sociales y obras de alto impacto en zonas marginadas”, añade.

Críticos de esta nueva política gubernamental han tildado la creación del Indepuro de “populista” y apuntan a que es discrecional el cómo se determinará a quién le devuelven lo robado.

Lamborghini Murciélago a subasta

La nueva estrategia de incautación de bienes y recursos se basa en una reforma de ley de Extinción de Dominio, la cual permite a las autoridades declarar la posesión de un bien -mueble o inmueble- mediante órdenes judiciales.

El Congreso discutirá la ampliación de delitos que cubre dicha ley, con lo que el Indepuro espera poder acceder a bienes de políticos implicados en casos de corrupción, o hasta por el robo de combustibles (huachicoleo, como se conoce en México).

La puesta en subasta de bienes confiscados será la vía para financiar programas sociales y obras públicas en el país.

Este 26 de mayo se llevará a cabo la primera venta al mejor postor en Ciudad de México de 83 vehículos, muchos de ellos autos deportivos o camionetas blindadas.

El más costoso es un Lamborghini Murciélago que tendrá un precio de salida de 1,47 millones de pesos, alrededor de US$76.000 (el precio del vehículo nuevo es superior a los US$300.000).

Pero también habrá una camioneta Ford Shelby cuya puja iniciará en los US$63.000, además de dos Porsche, dos Corvette, un Mini Cooper, un Ford Mustang convertible, entre otros.

En total, las autoridades esperan que de esta subasta abierta al público en general se obtengan como mínimo alrededor de US$1,45 millones -Rodríguez confía que sea el doble-.

¿A dónde irá el dinero?

En México ya existe desde hace años un organismo que se encarga de subastar bienes confiscados por el gobierno, y de hecho Ricardo Rodríguez es su titular: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Es por ello que algunos analistas vieron el cambio de nombre al SAE y su nuevo enfoque como “populismo”.

https://twitter.com/fmartinmoreno/status/1131208755427840000

Sin embargo, Rodríguez defiende la reforma al SAE, pues advierte que hasta ahora había “discrecionalidad” de los gobernantes sobre qué uso darle a vehículos, inmuebles y demás posesiones incautadas.

“A la ciudadanía le va a quedar muy en claro hacia dónde se va a destinar el producto de la venta de dichos bienes: programas sociales y apoyo a comunidades con alta marginación”, responde Rodríguez a los críticos.

“Sí hay una transformación profunda, por el destino de los bienes y la administración de ellos. Actualmente el SAE tiene muy pocos, casos contados, de bienes por corrupción. Después de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio se esperan muchos bienes”, añade.

López Obrador eligió dos municipios en el estado de Oaxaca, Santo Reyes Yucuná y Santa María Sanir, como beneficiarios de la subasta del 26 de mayo ya que están entre los más pobres del país.

Aunque todavía no hay un plan específico de qué se hará en esos lugares, Rodríguez espera que el dinero sirva para invertirlo en obras, caminos, hospitales o escuelas “que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país”.

El gobierno federal espera obtener este año unos US$62,5 millones (1.200 millones de pesos) luego de las subastas que se realicen a lo largo de 2019.

Una segunda venta cuya fecha está por anunciarse será de residencias que han estado posesión del gobierno y cuyo uso ha estado a discreción del gobierno, según el presidente López Obrador.

Y una tercera pondrá a subasta los lotes de joyas decomisadas que desde hace años están almacenadas en bodegas restaurdadas por el gobierno federal.

¿Quién elige a los beneficiarios?

El cómo se eligen a quién devolverle lo robado también ha sido objeto de críticas, pues en el caso de las comunidades de Oaxaca y la segunda subasta de residencias que beneficiará al estado de Guerrero se dieron por elección presidencial.

El presidente del opositor Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ha calificado este tipo de programas como esfuerzos “clientelares” con fines electorales.

https://twitter.com/AccionNacional/status/1130114887063965698

El nuevo director del Indepuro asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera “colegiada” en un “gabinete del bienestar” conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.

“Será la decisión de todos”, afirma sobre la elección de comunidades y el tipo de beneficios que recibirán, pero enfatiza que serán las que tengan problemas de carencias y marginación.

Y afirma que hay mecanismos en el sistema electoral mexicano para evitar el uso de programas sociales en tiempos de elecciones.

“Anteriormente se daba el Robin Hood al revés: le quitabas a los pobres para darle a los corruptos. Lo principal es devolverle al pueblo lo que es de ellos. Es una restitución social”, defiende Rodríguez.

“Hoy en día hay discrecionalidad, hay bienes que no está claro cómo se administran, pero eso ya no seguirá”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI

https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.