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Cuartoscuro

En México, abortar se paga con cárcel: en 10 años, 228 personas fueron sentenciadas

De acuerdo con el informe Maternidad o Castigo, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre 2007 y 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en el país, es decir, al menos una diaria.
Cuartoscuro
30 de agosto, 2018
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En México, una persona es denunciada cada día por aborto.

De acuerdo con el informe Maternidad o Castigo, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en el país.

Los estados con más denuncias fueron la Ciudad de México (894), Baja California (466), Veracruz (416), Nuevo León (339) e Hidalgo (207).

En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas, principalmente en el Estado de México (38), Veracruz (38), Tamaulipas (19), Sonora (18) e Hidalgo (15).

Durante este periodo, 83 personas estuvieron en prisión preventiva por el delito de aborto, y otras 53 en prisión definitiva.

Gabriela, una joven originaria de Zacatecas, es ejemplo del castigo que se recibe por abortar en México.

A los 18 años, cuando vivía en una comunidad de Guerrero con su familia, quedó embarazada. En el momento en que lo supo, su pareja le dijo que tenía que abortar, porque de lo contrario iba a lastimar a ella o a su padre.

A pesar de las amenazas, Gabriela decidió continuar con su embarazo, aunque nunca le contó a sus padres. Ellos se enteraron el día en que tuvieron que acompañar a su hija al hospital porque tuvo un aborto fortuito que le provocó hemorragias y un desmayo que la dejó inconsciente.

Los reportes ministeriales del caso señalaron que los padres de Gabriela dijeron a las autoridades que no estaban enterados del embarazo.

Sin embargo, un dictamen pericial determinó que parió de una forma “clandestina, en el interior del cuarto de baño del domicilio de sus padres, y el examen psicológico que le practicaron omitió contemplar el impacto que la violencia ejercida por su pareja había tenido sobre su comportamiento.

En 2016, Gabriela fue sentenciada a ocho de años de prisión, pues las autoridades del estado de Guerrero la acusaron de homicidio.

En general, la regulación del aborto en México es restrictiva. De acuerdo con el informe de GIRE, las sanciones por el delito del aborto varían según establezca el código penal de cada estado, pero van de los 15 días hasta los 6 años de cárcel, y multas que pueden ir desde los 20 y hasta los 300 salarios mínimos.

Además de las sanciones penales, explica el informe, las mujeres son criminalizadas por parte de los médicos que las atienden en el servicio de salud público cuando llegan con abortos fortuitos o en evolución, pues las maltratan y las interrogan encontrándose todavía en camillas del hospital.

De acuerdo con GIRE, las autoridades ministeriales y de salud desconocen sus obligaciones, lo que tiene como consecuencia que obstaculicen e impidan el acceso a servicios legales de aborto, además de que criminalizan a las mujeres que presentan emergencias obstétricas.

Por ello, concluyó la organización, en México las mujeres siguen siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pues se encuentran impedidas de elegir libremente si desean o no ser madres.

Consulta el informe completo en la página de GIRE.

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Getty Images

Etnoporno, la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos en México

En Chiapas es cada vez más común el "etnoporno" o pornografía de niñas y mujeres indígenas, producido muchas veces sin su consentimiento. Las activistas apuntan a que es un delito agravado por la desigualdad económica, cultural y de acceso a las tecnologías que padecen estas mujeres.
Getty Images
16 de enero, 2020
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Un maestro de una zona indígena en un lugar recóndito le regaló un teléfono celular a María, una de sus alumnas de 13 años. Le enseñó a usarlo. Y después le pidió que le mandara fotos desnuda.Esto sucedió en Chiapas, en el sureste de México, donde las activistas denuncian que es cada vez más común el “etnoporno”, un tipo de pornografía que usa como fetiche a mujeres y niñas indígenas, y que son por ello víctimas de abusos.

En el caso de María (nombre supuesto), una mujer de otro estado de México entró en contacto con ella a través de redes sociales y la siguió extorsionando para que mandara más imágenes y videos, cada vez en situaciones más comprometedoras, por ejemplo masturbándose.

La familia de María cuenta que lo descubrió porque la adolescente había sido obligada a convencer a otra menor, de 10 años, para que empezara también a enviar este tipo de fotos y videos.

La niña se asustó tanto que se lo confesó a su madre. Así fue como se enteraron en el pueblo.

Manifestación en contra del acoso virtual.

Cortesía: Frente Nacional para la Sororidad
En 17 de las 32 entidades federativas de México se han aprobado reformas que castigan los delitos digitales contra las mujeres.

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal “porque matar al maestro habría sido aceptar que éste había violado a su hija”.

Martha Figueroa, la abogada feminista que está llevando el caso de manera voluntaria, cuenta que, como otros del mismo tipo, puede estar relacionado con redes de trata de personas. Y que es un gran reto castigar a los culpables.

“La familia no recibió ayuda en el Ministerio Público en un principio. Después quisieron registrarlo solo como abuso sexual no grave. Además, como era electrónico y es algo muy nuevo, no sabían cómo hacerlo“, le explica a BBC Mundo.

El “etnoporno” es un tipo de pornografìa, cada vez más de moda, que usa a mujeres y niñas indígenas como fetiche. Foto: BBC

Reconoce que hay quien argumentaba que fue un acto voluntario, ya que era la adolescente misma la que hacía llegar las fotos.

“Pero no, esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó de su poder como maestro“, asegura.

Después de varios meses, el hombre fue arrestado. “No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela”, explica la abogada.

Distintos daños que causa la violencia virtual.

Cortesía: FNS
La violencia virtual tiene una serie de consecuencias, recogidas en el informe de la Asociación para el Progeso de las Comunicaciones (APC).

Según el Código Penal de México “al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días multa”.

Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este material.

“Sin redes de apoyo”

Adela Bonilla, directora de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice que estos videos pornográficos con mujeres indígenas “se pusieron de moda”.

Explica que muchas indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio chiapaneco en busca de una mejor vida, pero que ahí son muy vulnerables, que no tienen redes de apoyo y que algunas tienden al trabajo sexual.

“Las mujeres que se dedican al comercio sexual están en total indefensión y de ahí a ser víctimas hay solo un pequeño paso”, dice.

Dice que muchas de las que aparecen en los videos pueden estar siendo víctimas de estas redes. Y que en el ayuntamiento se plantea establecer un albergue para mujeres y menores.

También que, junto con la Secretaría de Turismo, se trabaja en concienciar al sector hotelero sobre el delito del comercio sexual infantil.

Se está haciendo que los hoteles firmen un código de ética para que, cuando un adulto llegue al establecimiento con un menor de edad, tenga que acreditar su relación.

“Chamulitas porno”

Por ahora es muy fácil encontrar, en pleno mercado central de San Cristóbal, material pornográfico de indígenas chamulas.

Se vende al lado de puestos de ropa interior, de comida o de gallinas vivas.

En los puestos de películas piratas, en la parte más recóndita, hay videos entre los que sobresalen los títulos de “Porno chamulitas”, en ediciones de varios años que prometen “puro video nuevo”.

Y además advierten: “En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda discreción”.

Pero el etnoporno también se distribuye por internet.

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista que lucha contra la violencia sexual en la red, encontró durante un rastreo llevado a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para hacerlos públicos.

También identificaron 122 “mercados de explotación de imágenes”, o plataformas que compilan sin consentimiento información de contenido sobre todo sexual principalmente de mujeres y niñas, para ser expuestas en páginas, blogs, redes sociales o nubes de almacenamiento.

Chiapas es uno de los 17 estados de México que aprobó la “Ley Olimpia” por la que los delitos digitales de índole sexual, como la distribución de contenido íntimo sin consentimiento, podrán ser perseguidos y castigados con penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Activistas celebran la aprobación de una reforma que pena el acoso por internet.

Cortesía: FNS
El Frente Nacional para la Sororidad es una asociación de activistas que lucha contra la violencia sexual en la red.

Indígenas, “las más afectadas”

Que las víctimas sean mujeres indígenas es una agravante del delito, le explica a BBC Mundo la activista Olimpia Coral Melo, quien promueve la ley, que lleva su nombre, desde que se difundiera un video sexual.

“El etnoporno es muy lamentable. Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología”.

Apunta a que muchas indígenas no saben que tienen derecho al placer, a la intimidad, al sexo. “Muchas ni siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar”, opina.

Además, muchas ni siquiera tienen acceso a internet y no saben que circulan videos de ellas.

“Incluso aunque fuera una trabajadora sexual que aceptó ser grabada por uno de sus clientes, eso no quiere decir que haya dado su permiso para que se comercie con su cuerpo infinitamente“, apunta la activista.

Valeria Sastré, abogada especializada en derechos de la mujer, dice que en Chiapas hay unos 30 registros y carpetas de investigación de delitos contra la intimidad sexual, pero que hasta ahora ninguno se ha judicializado.

Al hablar de las razones, menciona el hecho de que se trata de un tema muy nuevo y que es difícil que se acepten las pruebas contra estos delitos.

“Es necesario hacer campañas multidisciplinarias para concienciar, porque también nos topamos con una visión patriarcal en las zonas indígenas, donde las mujeres no conocen sus derechos”, añade.

Por ahora, desde el Frente Nacional para la Sororidad, reportan los contenidos y hacen llamados para que se quiten de internet.

“No es una solución permanente ni muy efectiva, pero es necesaria para que sepan que estamos vigilando”.


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https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI

https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI

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