Aborto en Argentina: cómo es ahora y qué es lo que puede cambiar con la ley que divide al país
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Aborto en Argentina: cómo es ahora y qué es lo que puede cambiar con la ley que divide al país

De aprobarse el aborto en todas las causales Argentina se uniría a Cuba, Uruguay y Ciudad de México, donde la práctica ya es legal, al igual que en casi todos los países desarrollados.
7 de agosto, 2018
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Este miércoles el Senado en Argentina votará uno de los proyectos de ley que más ha dividido al país en la última década: la despenalización del aborto.

Ningún tema ha polarizado tanto a los argentinos desde la aprobación del matrimonio gay en 2010.

Según las encuestas, quienes apoyan la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo son una leve mayoría, pero lo cierto es que en muchas familias, grupos de amigos y hasta en los chats de WhatsApp hay puntos de vista opuestos.

Y nadie permanece ajeno al tema, que se ha colado en todos los ámbitos de la vida. En especial después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto en junio pasado, después de un debate que duró 23 horas y que concluyó con una diferencia de solo cuatro votos a favor.

Se espera que el debate en la Cámara alta sea igual de reñido, aunque -como también ocurrió antes de que se votara en diputados- los pronósticos anticipan que habrá una mayoría de rechazos al proyecto.

Pero si volviera a darse la sorpresa y el proyecto se aprobara, ¿qué significaría concretamente?

Qué ocurre hoy

La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina desde 1886, cuando se sancionó el primer Código Penal.

En ese entonces todas las causales de aborto estaban penalizadas, algo que se modificó en 1921, cuando se permitió el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”.

Código Penal argentino

LA NACIÓN
Cuando Argentina permitió el aborto legal en dos causales, hace casi un siglo, solo Rusia había legalizado la interrupción del embarazo.

Así Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en legalizar el aborto en ciertas condiciones.

Pasaría casi otro siglo (2012) para que se agregara otra causa no punible de aborto: el embarazo causado por una violación.

No fue a través de un cambio de legislación sino gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estableció que toda mujer embarazada como resultado de un abuso sexual tiene derecho a acceder a un aborto, sin importar su capacidad intelectual.

El tribunal supremo determinó que no hace falta una autorización judicial previa para acceder a la práctica ni tampoco se debe denunciar la violación. La víctima solamente debe completar una declaración jurada manifestando que su embarazo es producto de un delito.

Como parte de su mismo dictamen la CSJ exhortó al Estado, tanto a nivel nacional como provincial, a que sancione protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a los abortos no punibles.

Si bien el Ministerio de Salud de la Nación publicó un protocolo tres años más tarde, muchas jurisdicciones aún no han acatado el pedido de la Corte. Y muchos médicos también han alegado razones de conciencia para no practicar los abortos permitidos.

Estos son dos de los motivos por los que los defensores del derecho a abortar consideran que es necesaria una nueva ley.

¿Tendencia?

De aprobarse el aborto en todas las causales Argentina se uniría a Cuba, Uruguay y Ciudad de México, donde la práctica ya es legal, al igual que en casi todos los países desarrollados.

Marcha proaborto en Irlanda con un cartel que dice: "Progreso en esta dirección".

Getty Images
El 26 de mayo pasado el 66% de los irlandeses votó en un referéndum a favor de anular una enmienda de la Constitución que establecía que un no nacido tenía el mismo derecho a la vida que una mujer embarazada.

Y seguiría los pasos de Irlanda, otra nación católica que en mayo pasado despenalizó el aborto.

Una legalización también podría dar mayor impulso a un proyecto para despenalizar completamente el aborto en la vecina Chile, que en 2017 permitió la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la mujer y embarazos producto de violación.

Hasta entonces el país sudamericano era uno de solo seis en todo el mundo en los que el aborto está completamente prohibido, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.

Tres de esos seis países están en América Latina (El Salvador, Nicaragua y República Dominicana), aunque en la mayor parte de la región el aborto está permitido en ciertos casos.

Qué dice la norma que se vota en Argentina

El proyecto legislativo que recibió media sanción de la Cámara baja el pasado 14 de junio otorga a toda mujer derecho a optar voluntariamente por la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.

Pasado ese período, el aborto solamente es no punible en casos de violación, riesgo a la vida de la madre o mala salud del feto.

La legislación permite, además, que el aborto pueda realizarse en cualquier hospital o clínica y obliga a los prestadores de salud tanto públicos como privados a cubrir el costo, no solo del procedimiento sino de los medicamentos y de las terapias de apoyo que sean necesarias.

Este es uno de los puntos más polémicos que tiene la ley. Los defensores de la norma aducen que debería ser gratuito porque se trata de un problema de salud pública. Citan las casi 66.000 hospitalizaciones de mujeres que se producen cada año como consecuencia de abortos mal hechos, de acuerdo con cifras oficiales.

Mujer embarazada en un hospital

iStock
Cada año unas 66.000 mujeres son hospitalizadas en Argentina como consecuencia de abortos clandestinos. Cerca de 40 mueren a causa de las complicaciones.

Pero quienes se oponen consideran que no es un problema de salud pública ya que las estadísticas también muestran que en la actualidad mueren cerca de 40 mujeres cada año como consecuencia de abortos clandestinos, una cifra mucho menor que otras problemáticas de salud femeninas que no son cubiertas por el Estado.

Incluso algunas personas que están a favor del derecho de la mujer a elegir creen que el sistema de salud público no puede afrontar el gasto de los cerca de medio millón de abortos que, según estiman algunas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, se realizan en la actualidad cada año en Argentina.

Objeción de conciencia

Otro de los temas más controvertidos del proyecto de ley de aborto es el de la objeción de conciencia.

Si bien la norma permite que los profesionales de la salud queden eximidos de la obligación de practicar abortos si manifiestan su objeción previamente y por escrito, no permite dicha objeción en caso de que la mujer gestante “requiera atención médica inmediata e impostergable”.

Tampoco permite que un hospital o una clínica se rehúse a realizar la práctica, incluso si es un establecimiento confesional.

Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario“, especifica en su artículo 11.

Esto llevó a que un grupo de centros de salud católicos denunciara que sus directivos podrían recibir penas de cárcel y el sanatorio incluso podría ser cerrado si se aprueba la ley y ellos no aceptan realizar abortos.

Los centros de salud católicos que advirtieron a través de un comunicado que se sienten amenazados por la ley.

BBC
Los centros de salud católicos que advirtieron a través de un comunicado que se sienten amenazados por la ley.

Del otro lado, quienes apoyan el derecho de las mujeres a elegir señalan que si se permite que todo un establecimiento sanitario se rehúse a realizar abortos algunas mujeres, en especial las que viven en zonas con pocos centros de salud, podrían no tener garantizado su acceso a la práctica dentro de las 14 semanas que prevé la ley.

Además, recuerdan que el alto número de objetores de conciencia es uno de los motivos por los cuales muchas niñas y mujeres que fueron violadas hoy no tienen acceso a un aborto seguro, a pesar de que así lo dispone la justicia.

¿Una ley alternativa?

Uno de los escenarios posibles es que el Senado apruebe una ley que permita el aborto, pero que le introduzca varias modificaciones.

El derecho a la objeción de conciencia institucional sería una de ellas.

Otra sería la reducción del plazo legal para interrumpir el embarazo, que se limitaría a 12 semanas (en vez de las 14 originales).

También se eliminaría las penas para los médicos que se rehúsan a practicar abortos y se habilitaría la producción pública de misoprostol, un medicamento utilizado para interrumpir embarazos.

En caso de que la Cámara alta apruebe esta versión alternativa la norma volvería a la Cámara de Diputados, donde se descuenta que sería sancionada.

Congreso argentino de fondo a una marcha proaborto

Getty Images
Si el Senado aprueba la ley de diputados o una nueva versión modificada será un triunfo de la campaña proaborto. Sino, ganarán quienes luchan por “salvar las dos vidas”.

Este escenario sería considerado igualmente un triunfo de los “verdes”, el color con el que se identifican los partidarios del derecho a elegir.

En cambio, si el Senado rechaza cualquier tipo de legalización del aborto habrán ganado los “celestes”, que -con la Iglesia católica al frente- se unen bajo el lema “Salvemos las dos vidas“.


 

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Cuartoscuro Archivo

Las razones por las que México es el país con mayor letalidad por COVID en Latinoamérica

En un estudio, que considera variables de población, sanidad y socioeconómicas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revela una radiografía de cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los países de la región y cómo ha sido la respuesta de los gobiernos.
Cuartoscuro Archivo
24 de septiembre, 2020
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México aparece como el país de América Latina y el Caribe con la tasa de letalidad más alta entre las personas afectadas por COVID-19, en un estudio presentado por la Revista Panamericana de Salud Pública, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El objetivo de la investigación fue analizar la evolución de la pandemia de COVID y la capacidad de respuesta en países de América Latina y el Caribe, durante los primeros 90 días de epidemia (desde el primer caso confirmado en cada país) y su asociación con variables relacionadas con las medidas de salud pública y características demográficas, sanitarias y sociales.

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La mayor tasa de letalidad (porcentaje de personas que fallecieron por la enfermedad entre el número de afectados por ésta) se identificó en México (11%), seguido de Ecuador (8.6%) y Brasil (6.2%). Las menores tasas se observaron en Venezuela (0.8%) y Costa Rica (0.9%). La tasa de letalidad promedio fue de 3.4 %.

Pero hay varios factores que inciden en esta medición.

Aunque el estudio explica que si se analiza la tasa de incidencia acumulada de casos positivos, la de letalidad y la cantidad de pruebas hechas a la población para confirmar la infección, se observa que hay países como Chile y Panamá con alta tasa de incidencia de casos a los 90 días pero baja letalidad, lo que puede explicarse por la mayor cantidad de pruebas realizados por millón de habitantes en ese país.

Es decir, si un país hace más pruebas, detectará más casos positivos, su universo de personas detectadas con la infección es más grande y entonces cuando se compara este número de positivos con el de fallecidos por la enfermedad, parece que han muerto menos personas por COVID en ese país, pero esto puede estar relacionado a que en otras naciones se ha detectado un universo menor de infectados y al hacer la comparación parece que el virus ha matado a más.

La mayor proporción de test por millón de habitantes, se explica en el estudio de OPS, se registró en Chile, seguido de El Salvador, Uruguay y Panamá; se identificó, además, una falta de registro de este indicador en algunos países.

En México, en los primeros meses de la epidemia, el gobierno federal anunció que solo se le haría la prueba de COVID al 100% de los casos con cuadros graves de la enfermedad y solo al 10% de las personas con síntomas leves. Eso dejó al país con un universo reducido para medir letalidad y con una muestra de personas con alta probabilidad de morir.

Otro factor que puede influir en la tasa de letalidad es la estructura demográfica de los casos y las muertes. En países europeos, como España e Italia, se observó que, si bien el número de testeos también puede tener un efecto, el hecho que una gran proporción de la población adulta mayor se haya contagiado hace que aumente la proporción de muertes y por lo tanto la letalidad.

Una mayor letalidad también puede estar relacionada con la disponibilidad de recursos en salud para hacer frente a la pandemia. En los sistemas con menores recursos de infraestructura y recursos humanos puede haber un mayor número de muertes, y viceversa.

Debido a todos esos factores en juego, es que al hacer otro tipo de medición, los números y la posición de las naciones cambia. Si se analiza lo que OPS llama Tasa Cruda de Mortalidad, TCM, (número de fallecidos en la población general de un país, en este caso por cada millón de habitantes), el que sale con la tasa más alta ya no es México sino Ecuador (187.8), seguido de Perú (148.4) y Brasil (106.6).

México registra en este caso una tasa de mortalidad por COVID por cada millón de habitantes de 66.7, porque aquí se está considerando a toda esa población y no solo a los que dieron positivo en la prueba.

Las menores tasas de mortalidad se registraron en Venezuela (0.8), Costa Rica (1.2), Paraguay (1.3), Uruguay (6.6), Haití (7), Cuba (7.3) y Nicaragua (8.3). Aunque en este indicador se debe considerar que en muchos países hay un subregistro alto de fallecimientos por COVID. Para la región en general, la  TCM promedio fue de 43.1 muertes por millón de habitantes.

De acuerdo con esta tasa, los países más afectados por la pandemia hasta el momento analizado fueron Ecuador, Perú y Brasil. Las TCM de estos países fueron superiores a las observados en la mayoría de los de Europa a los 85 días de comenzada la pandemia en ese continente, aunque inferiores a las de algunos países, como Bélgica, Francia, Italia y España.

El análisis de correspondencia múltiple (los factores que influyen) demostró que el tamaño de la población es la variable que más estuvo asociada a la TCM. Los países más poblados tienen una mayor proporción de grandes ciudades densamente pobladas, lo que provoca un mayor contacto entre la población. Esto ocurre en países como México y Brasil, que además no implementaron medidas tan drásticas como otros.

Otras variables asociadas a una TCM alta fue una proporción media de población que vive con menos de un dólar al día (en México esta es de 0.5, mientras que en Haiti es de 7.9) y una proporción media de población que accede a servicios de sanidad básicos (en México esta es de 91.2%).

Además, la TCM se asoció con un nivel bajo de prevalencia de diabetes. Esta enfermedad crónica no transmisible se asocia con una mayor probabilidad de muerte por COVID-19. En México, el porcentaje de prevalencia de diabetes (20 a 79 años) es de 13.1%, el más alto de toda la región, seguido del de Nicaragua, con 11.5% y Guatemala, con 10.2%. En Argentina ese porcentaje es de 5%.

Otra variable asociada a la TCM fue un nivel bajo de camas hospitalarias. En México, el número de camas hospitalarias por cada mil habitantes, de acuerdo a los datos del estudio de OPS, es de 1.5 por cada mil habitantes; mientras que en Cuba es de 5.2, en Argentina de 5.0 y en Uruguay de 2.8.

Sobre la tasa de incidencia acumulada promedio para la región (el número de casos nuevos positivos), el estudio señala que fue de 1267.8 casos por millón de habitantes. La mayor tasa de incidencia se observó en Perú (5426.3), seguido de Chile (5214.8), Panamá (3709.1) Ecuador (2180.5) y Brasil (1708.8); las menores se identificaron en El Salvador (58.1) y Venezuela (98.9).

Aunque también en este caso, las tasas bajas en estos dos países se puede deber al poco número de pruebas realizadas y a la opacidad en las cifras reportadas.

Si bien la tendencia, dice el estudio de OPS, en el número de casos nuevos en la región es heterogénea, en ninguno ha alcanzado la velocidad que se produjo en los primeros 90 días en otros países del mundo, donde la llegada de la epidemia no se acompañó con medidas tempranas para evitar la rápida propagación y el consiguiente colapso de los sistemas sanitarios.

Justo respecto a la respuesta de los gobiernos ante la pandemia, en la tabla donde se enlista a 20 países de América Latina y El Caribe, México aparece con un índice de rigor de respuesta del gobierno de 60.0. La primera posición la ocupa Nicaragua, con un bajísimo 11.6.

Lo que analiza este índice de rigor  (IR, stringency index) son las medidas de salud pública adoptadas por cada país. La medición está elaborada por la Universidad de Oxford, con valores en el rango de 0 a 100, en el que 0 es el mínimo rigor y 100 el máximo.

El IR se obtiene de indicadores, como: registro de cierre de escuelas y universidades, cierre de lugares de trabajo, cancelación de eventos públicos, restricción de reuniones privadas, cierre de transporte público, orden de confinarse en el hogar, y restricción de movimientos internos entre ciudades/regiones. El índice se elabora a diario, pero se tomó el valor promedio de los 90 días.

Otros países con una calificación baja son, Uruguay, con 61.5; Brasil, con 62.7; Chile, con 63.6; en tanto que los mejor calificados son Bolivia (90.5), El Salvador (93.7) y Guatemala (93.7), y es que en esas naciones ha habido más bien medidas tan restrictivas y drásticas como toque de queda general.

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