Se amparan contra el Inegi por no contar asentamientos irregulares
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Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.com

Se amparan contra el Inegi por no contar asentamientos irregulares

La organización civil TECHO pidió a un juez que el Inegi cuente los asentamientos irregulares y las condiciones de vida de las personas que los habitan, para propiciar el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda junto con otros derechos consagrados en la Constitución.
Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.com
29 de agosto, 2018
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La organización civil TECHO interpuso un amparo para que una autoridad judicial obligue al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a contar el número de asentamientos irregulares que existen en el país y las características de quienes los habitan.

“Ojalá no tuviéramos que recurrir a este tipo de medidas para tener esa información, pero el gobierno que va de salida nunca se interesó por el tema de los asentamientos. Esperamos que el nuevo gobierno sí lo haga, aunque no ha dicho nada sobre el punto de generar esa información”, explica Enrique Cano, director social de TECHO México.

Contar los asentamientos irregulares es indispensable para el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda de las personas que se ven obligadas a vivir en ellos, junto con otros derechos consagrados en la Constitución, considera la organización.

“Las causas estructurales que dan pie a los asentamientos informales son la baja oferta de suelo asequible y adecuado, sumado a los niveles de pobreza y desigualdad del país. Sin información no podemos avanzar en la construcción de un México más justo”, señala Cano.

Leer: Mitos sobre la población en asentamientos informales

TECHO, una organización latinoamericana con presencia en varios países que busca ayudar a superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos informales, ha denunciado que en México no hay la información mínima sobre estos asentamientos ni mucho menos sobre quienes los habitan: no se sabe cuántos asentamientos de ese tipo existen en el país, cuánta gente habita en ellos, en qué condiciones y si tienen acceso a los servicios básicos.

De acuerdo con estimaciones de ONU Hábitat, en América Latina más de 104 millones de personas viven en asentamientos informales​, equivalente al 23.5 % de la población total. Algunos países del continente han hecho ya un censo, como Argentina, pero México aún no cuenta con uno.

 

Por ello la organización presentó un amparo en contra del Inegi, después de una solicitud de información  vía Transparencia en la que preguntó al instituto cuántos asentamientos informales existen en el territorio nacioal, cuántos hay en cada entidad, cuál es el número de personas que los habitan, cuántos son mujeres y cuántos se autoadscriben como indígenas.

“Fueron 15 preguntas en total, nos contestaron que no tenían la información”, dice Cano. Si bien el INEGI aclaró que durante el levantamiento del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2017 se captaron datos sobre asentamientos irregulares, “para TECHO resultan ambiguos e incompletos. Además no son públicos y no cuentan la totalidad de la población”. Se espera que el próximo miércoles se publique en el Diario Oficial de la Federación la fecha en la que se resolverá el recurso o si la revisión de éste se alargará.

Leer: Las ciudades invisibles de la AMLÓpolis

De acuerdo con TECHO, la falta de información es uno de los principales obstáculos para diseñar políticas públicas y garantizar que habitantes de asentamientos irregulares cuenten con servicios públicos básicos.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Agresión de policías a músico reenciende protestas en Francia por polémica ley de seguridad

El ataque a un productor de música negro, que fue golpeado por policías de París, ha elevado la indignación en Francia en momentos en que el gobierno promueve una polémica ley de seguridad.
28 de noviembre, 2020
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Los policías involucrados “han manchado el uniforme de la república”, sentenció este viernes el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Y es que la golpiza que recibió el productor de música Michel Zecler el pasado 21 de noviembre ha indignado al país luego de que se diera a conocer un video del incidente que tuvo con policías en París.

Un caso que ha reavivado las protestas que se registran en el país por una ley de seguridad que propone el gobierno y que los manifestantes advierten hará invisibles casos de abuso de las fuerzas del orden.

Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas primero por el sitio de noticias Loopsider, muestran a tres agentes pateando y golpeando con porras a Zecler, cuando este entraba a su propio estudio musical.

El productor de Black Gold Studios presuntamente se había cruzado con una patrulla y, al no llevar puesta una mascarilla, trató de entrar rápido a su oficina para evitar ser multado.

Tres agentes lo siguieron e ingresaron al estudio para sacarlo a la calle. Para conseguirlo, hicieron uso de la fuerza, hecho que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que es “inaceptable” y “vergonzoso.

Tras pedirles ayuda, artistas que estaban en el estudio consiguieron liberarlo de los agentes y cerrar la puerta, pero los policías reingresaron y lanzaron una granada lacrimógena en el interior.

Zecler asegura que, además de ser golpeado, fue objeto de insultos racistas por ser negro durante los cinco minutos de golpiza que le dejó hematomas en todo el cuerpo, además de necesitar puntos en la cabeza.

Inicialmente había sido acusado de violencia y resistencia al arresto, pero los fiscales desestimaron los cargos y en su lugar abrieron una investigación contra los agentes.

“Me atacaron personas que deberían haberme protegido. No hice nada para merecer esto. Solo quiero que estas tres personas sean castigadas según la ley”, dijo Zecler a la prensa afuera de la jefatura de policía el jueves, a la que llegó con su abogado para presentar una denuncia.

Los tres policías que aparecen en el video han sido suspendidos y están bajo investigación. Fueron interrogados el viernes.

Pero este caso y otros de uso excesivo de la fuerza solo ha reavivado las protestas en el país contra el gobierno de Macron.

Una protesta en París

EPA
Miles de manifestantes tomaron las calles, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se manifestaban en París este sábado.

Los enfrentamientos comenzaron después de que algunos en la multitud arrojaron piedras y fuegos artificiales a los agentes. Autos fueron incendiados y se levantaron barricadas.

Una protesta en París

Reuters
Hubo algunos disturbios en París durante una marcha multitudinaria.

Macron exigió el viernes una respuesta rápida de sus subalternos para reconstruir la confianza entre la policía y los ciudadanos. Dijo que Francia nunca debería “resignarse a la violencia” o “dejar que prospere el odio o el racismo”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo estar “profundamente conmocionada” por este “acto intolerable”.

El ojo sobre la policía

El gobierno francés ha emprendido un controvertido proyecto de ley de seguridad, que según los opositores podría socavar la capacidad de los medios para examinar el comportamiento de la policía.

El artículo 24 del proyecto de ley tipifica como delito la publicación de imágenes de policías o soldados en las redes sociales que puedan afectar a los uniformados en su seguridad física y psicológica.

Los críticos de la legislación dicen que sin tales imágenes, ninguno de los incidentes como el de Zecler, o el desalojo de un campamento de migrantes la semana pasada en París, habría salido a la luz.

El gobierno argumenta que el nuevo proyecto de ley no compromete los derechos de los medios de comunicación ni de los ciudadanos comunes a denunciar los abusos policiales.

Una protesta en París

Reuters
Tras las protestas, el artículo 24 del proyecto de ley ha sido enmendado.

Ante las críticas, el gobierno agregó una enmienda, especificando que el artículo 24 “sólo tendrá como objetivo controlar la difusión de imágenes claramente dirigidas a dañar la integridad física o psicológica de un oficial de policía o soldado”.

Las personas declaradas culpables podrían ser castigadas con un año de prisión o con una multa de hasta 45.000 euros (US$53.800).


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