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Reuters

Cómo es la Casa Grande del Pueblo, la lujosa nueva sede del gobierno de Bolivia y hogar de Evo Morales

Este edificio reemplaza al Palacio Quemado y es un moderno rascacielos vidriado de 29 pisos en el casco histórico de La Paz. Para el gobierno es un símbolo de la nueva Bolivia pero sus críticos cuestionan su costo, sus lujos y su impacto arquitectónico.
Reuters
18 de agosto, 2018
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Su nombre oficial es la Casa Grande del Pueblo pero muchos en Bolivia lo llaman el Palacio de Evo.

La nueva sede presidencial de Bolivia costó US$34 millones -algunos medios locales afirman que bastante más- y es un moderno rascacielos vidriado de 29 pisos que se impone sobre los edificios coloniales de poca altura característicos del casco histórico de la ciudad.

El edificio, que fue inaugurado por el presidente Evo Morales el pasado 9 de agosto, fue construido en la plaza Murillo de La Paz, detrás de la vieja sede de gobierno, utilizada desde el siglo XIX y apodada el Palacio Quemado desde que fue incendiado en 1875.

Al lado, está la Catedral Metropolitana y a pocos metros el Palacio Legislativo.

En sus 120 metros de altura, la Casa Grande del Pueblo alberga las oficinas de la presidencia, la vicepresidencia y cinco ministerios del Poder Ejecutivo.

También es la residencia oficial del jefe de Estado y de ahí surgió uno de los varios puntos de controversia en torno a su creación.

La Casa Grande del Pueblo en construcción, en 2017

Getty Images
La construcción del nuevo edificio tardó cuatro años y se alzó directamente detrás del viejo Palacio Quemado.

El diario local Página Siete reveló en un informe que el nuevo alojamiento de Morales consiste en una suite de lujo de más de 1,000 metros cuadrados que incluye un gimnasio, una sala para masajes, un jacuzzi y un sauna.

El medio informó que el vestidor del presidente tiene 47 metros cuadrados y su habitación 61.

“Como comparación, las viviendas sociales que entrega el gobierno suelen tener 61 metros cuadrados, para acoger a una familia completa. La suite de Morales equivale a la extensión de 17 casas populares”, resaltó el diario en su artículo.

“Una necesidad para el pueblo”

La ministra de Comunicación, Gisela López, fue la encargada de responder a las críticas sobre el proyecto.

“Por eso, este nuevo edificio, una necesidad para el Ejecutivo, una necesidad para el pueblo, se llama la Casa del Pueblo, porque nuestro gobierno gobierna con el pueblo”, dijo López, quien se rehusó a negar o confirmar las revelaciones que dio Página Siete.

López también aseguró que el edificio “no es de lujo” y aclaró que el Estado pagó un promedio de US$1.000 por metro cuadrado, cuando “las edificaciones oscilan entre US$1.500 a US$1.200 el metro cuadrado”.

El propio Morales rechazó las acusaciones sobre el alto costo del nuevo edificio, afirmando que de hecho le ahorrará dinero al Estado, porque alojará a cinco ministerios que en la actualidad alquilan instalaciones por valor de unos US$20 millones por año.

Centro de La Paz, Bolivia.

Getty Images
Los edificios altos están prohibidos en el centro de La Paz.

Pero las críticas van más allá de quienes consideran que la Casa Grande del Pueblo es un “proyecto de vanidad” del primer presidente indígena del país, quien hace días se convirtió en el mandatario que más tiempo ha gobernado Bolivia.

Prohibido

Más allá de los lujos y de los debates sobre el costo real del proyecto, también hay muchos que cuestionan el impacto urbanístico del nuevo edificio.

La obra se realizó a pesar de una norma municipal que prohíbe expresamente la construcción de edificios elevados en el centro histórico de La Paz.

Morales pudo pasar por alto ese impedimento con el apoyo del parlamento, que es controlado por su partido.

La Casa Grande del Pueblo es tan alta que es visible desde casi todos los puntos de la ciudad. Y muchos consideran que el moderno edificio, con frente espejado y helipuerto en la azotea, rompe la estética del casco viejo paceño, lleno de casonas de estilo colonial.

El contraste es aún más fuerte de noche: cuando cae el sol se desplieguen unas luces led que adornan la fachada del edificio.

La Casa Grande del Pueblo iluminada de noche

Getty Images
Así se ve La Casa Grande del Pueblo de noche.

Pero durante un discurso para inaugurar la nueva sede, el presidente afirmó que el objetivo es justamente romper con el pasado, y sus raíces europeas.

“Hoy día dejamos el palacio colonial para venirnos a la Casa Grande del Estado Plurinacional de Bolivia gracias a la lucha y a la unidad del pueblo boliviano”, afirmó Morales.

Vestigio colonial

El Palacio Quemado -que será transformado en un museo– está en el lugar donde los españoles instalaron el primer Cabildo. Según el mandatario, es un vestigio del colonialismo y un símbolo de los gobiernos neoliberales que despojaron al Estado de su riqueza, su patrimonio y su memoria.

El nuevo edificio recoge elementos indígenas: su diseño se inspiró en los centros ceremoniales de las ruinas de Tiahuanaco y los diferentes espacios llevan nombres de líderes indígenas y regiones ancestrales del país.

La Casa Grande del Pueblo por dentro, durante su inauguración.

Getty Images
La nueva sede de gobierno tiene muchos detalles de la cultura indígena.

Para Morales y sus simpatizantes, el edificio representa a la nueva Bolivia, uno de los países que más ha crecido económicamente en América Latina en la última década.

En cambio, los críticos del gobernante consideran que es un proyecto fastuoso que busca “glorificar” e “inmortalizar” al presidente indígena, quien ya ha dicho que buscará un cuarto período presidencial en 2019.

Uno de sus históricos rivales, el empresario Samuel Doria Medina, consideró “un derroche” la nueva sede presidencial y propuso usar el edificio para tratar a enfermos de cáncer.

“Deje de lado esos lujos de rey, que ese nuevo palacio sea hospital“, fustigó a través de las redes sociales.

Más allá del debate sobre si era o no un gasto necesario y de los aplausos de algunos y los abucheos de otros por la ruptura arquitectónica que significa, lo cierto es que este edificio representa un nuevo tiempo político en Bolivia.

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Cuartoscuro

Iniciativa Spotlight: Invertirán 7 mdd para combatir feminicidios en 5 municipios

Esta iniciativa, en la que participa la ONU, busca vincular los tres poderes y niveles de gobierno con la sociedad civil organizada y los movimientos de mujeres y niñas, en las entidades y municipios.
Cuartoscuro
29 de mayo, 2019
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El gobierno federal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzaron la iniciativa “Spotlight”, con la que buscan combatir la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

“El proyecto, que busca la acción coordinada de distintos actores, incluyendo los gobiernos locales y la  sociedad civil, contempla la inversión de 7 millones de dólares provenientes de agencias de la ONU y la Unión Europea”, indicó ONU México.

La inversión será para atender a tres estados de la República en cinco municipios: Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México; Chihuahua y Ciudad Juárez en Chihuahua, y Chilpancingo, en Guerrero.

Lee: Hallan el cuerpo de mujer reportada como desaparecida en Iztapalapa; PGJCDMX investiga feminicidio

En julio iniciarán diálogos en las 32 entidades federativas, “donde vamos a escuchar y recopilar las propuestas directamente, vamos a escuchar a las mujeres, sus necesidades, sus soluciones”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación este miércoles.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres y Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas, Phumzile Mlambo-Ngucka, indicó que a nivel mundial, la iniciativa “Spotlight” enfoca sus esfuerzos en las formas más prevalecientes de violencia, pero que en América Latina, “la iniciativa se centrará específicamente en el feminicidio, dada la incidencia elevada de este delito en la región”.

Esta iniciativa busca vincular los tres poderes y niveles de gobierno con la sociedad civil organizada y los movimientos de mujeres y niñas en las entidades y municipios desde lo local.

Lee: Estado oculta feminicidios cometidos por crimen organizado y no investiga, acusan activistas de 23 entidades

Los pilares de la iniciativa son: revisar el marco legislativo y de políticas públicas, el fortalecimiento institucional, la prevención para cambiar normas y comportamientos violentos, los servicios de calidad con atención en la prevención y la resiliencia, y el manejo de datos de información para fomentar y desarrollar políticas públicas, y programas sobre violencia contra las mujeres y la alerta de violencia de género y el feminicidio.

El director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, resaltó que “no hay desarrollo si seguimos con la violencia contra las mujeres; es imposible pensar en la implementación de la agenda 20-30 y un mundo más justo si no enfrentamos a este problema de violencia y de género”.

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A su vez, la titular del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Nadine Flora Gasman Zylbermann, señaló que la corrupción afecta la vida de las mujeres, pues de cada tres pesos que ingresan en los hogares más pobres del país liderados por mujeres, uno se destina a pagos irregulares a cambio de servicios básicos.

En tanto, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, indicó que las premisas de la iniciativa son contribuir a la prevención y erradicación del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Los esfuerzos se centran en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, del ciclo de vida, la interculturalidad y de la perspectiva de género, afirmó.

Leer: Desde ciberacoso, hasta feminicidios: CIDH alerta aumento de violencia contra mujeres periodistas

Destacó que “se trata de un esfuerzo de cooperación internacional que busca vincular los tres poderes y niveles de gobierno con la sociedad civil organizada y los movimientos de mujeres y niñas en las entidades y municipios desde lo local”, y pone énfasis en el movimiento de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil.

López Obrador subrayó que su administración tiene el compromiso de garantizar los derechos de las mujeres y evitar la violencia, el maltrato y la discriminación contra este sector.

Dijo que al igual que entonces, ahora hay un equilibrio, pues “es el mismo número de hombres que de mujeres. Teníamos hasta hace unos días un gabinete cercano de ocho hombres, ocho mujeres; hubo necesidad de hacer unos cambios pero siempre se toma en cuenta la paridad de género”.

 

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