Desafía Congreso de Veracruz sentencia de juez federal para legislar despenalización del aborto
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Desafía Congreso de Veracruz sentencia de juez federal para legislar despenalización del aborto

Los legisladores veracruzanos concluyeron su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones sin acatar el amparo otorgado por un juez a cuatro organizaciones de la sociedad civil, luego de interponer un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado que deberá confirmar, modificar o revocar la sentencia.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega
1 de agosto, 2018
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El Congreso de Veracruz interpuso un recurso de revisión en contra de la decisión de un juez federal que le ordenó legislar la despenalización del aborto en el estado.

Por tal motivo no acató la orden del Juez Décimo Octavo de Distrito con sede en Xalapa, José Ezequiel Santos Álvarez, quien había dado de plazo el 31 de julio para reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local. La Sexagésima Cuarta Legislatura concluyó su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones sin incluir siquiera el tema en la orden del día.

El recurso de revisión fue presentado el 19 de julio por el Director de Servicios Jurídicos del órgano legislativo y turnado a un Tribunal Colegiado de Circuito, que deberá resolver si confirma, modifica o revoca la sentencia. Se estima que el trámite dure el tiempo suficiente para ser materia de la nueva legislatura, con mayoría de Morena, que entrará en funciones en noviembre.

Leer: Veracruz desmantela fiscalía especializada en delitos contra la mujer. 

La orden del juez Santos Álvarez se dio el pasado 2 de julio, luego de conceder un amparo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Derechos Humanos y Género, Colectivo Feminista de Xalapa y Colectivo Akelarre por considerar que la penalización del aborto resulta “violatoria del derecho a la vida, a la libertad, a la protección de la salud, la libertad de la mujer sobre su cuerpo, de igualdad de género, de no discriminación, la libertad reproductiva, la libertad sexual, el derecho a la libre maternidad, el derecho a la intimidad o privacidad sexual, la libertad de religión y los derechos sexuales”, entre otros.

Esta es la primera vez que un juez federal ordena a un congreso local reformar una ley con efectos generales para toda una población y no sólo en beneficio de quienes promovieron el amparo. El único antecedente similar es la orden que dio la Suprema Corte de Justicia al Congreso de la Unión para expedir la ley reglamentaria en materia de comunicación social antes del 30 de abril de 2018, tras conceder un amparo a la organización Artículo 19. La resolución se emitió luego de que el Congreso no cumpliera con lo estipulado desde 2014 en un artículo transitorio de la Constitución al respecto.

Leer: Aborto seguro e informado: organización apoya a mujeres para interrumpir su embarazo en CDMX. 

Guadalupe Osorno Maldonado, diputada por Morena, consideró en entrevista que el recurso de revisión interpuesto por el Congreso es “una ociosidad” y “ganas de dilatar el proceso” porque la Suprema Corte tiene antecedentes jurisprudenciales sobre este tema desde 2008 y ya se pronunció respecto a “dónde se empieza a considerar la vida, dónde empiezan los cuidados prenatales y dónde empieza el derecho de las mujeres a decidir”.

“Lo que buscan es dilatar el proceso para que no sea esta legislatura la que haga las modificaciones; y así vamos a seguir siendo omisos, durante meses, respecto a los derechos de las mujeres, por prejuicios conservadores”, consideró.

Osorno Maldonado explicó que esa dilación puede tardar los meses que le restan a la actual legislatura, hasta su cambio en noviembre. “Entonces seguramente se establecerá la reforma, ya sea porque la Suprema Corte falle a favor del amparo o porque los nuevos diputados y diputadas proponga una iniciativa al respecto. Hay condiciones para que este cambio se dé pronto, así que solo quieren evitar ser ellos quienes hagan las reformas”.

Animal Político solicitó un posicionamiento al diputado panista Sergio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, sin obtener respuesta.

El inicio de todo

La batalla en Veracruz por la despenalización del aborto inició el 28 de julio de 2016, luego que el Congreso local aprobara la iniciativa de ley enviada por el exgobernador Javier Duarte para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte.

Llegaron después las modificaciones a los artículos 149, 150 y 154 del Código penal del estado, que prohibieron la interrupción del embarazo en cualquier etapa, con una sanción penal para la mujer consistente en tratamiento en libertad con medidas educativas y de salud, y dos años de cárcel para quien le practique el aborto, con las únicas excepciones de violación y peligro de muerte para la madre.

“Con esa reforma se estaba criminalizando un derecho de las mujeres”, explicó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. La reforma aprobada fue una iniciativa impulsada por el grupo de corte cristiano ‘Sí Vida’ y presentada por Duarte al congreso el 18 de enero de 2016.

Grupos feministas y de derechos humanos alertaron que en esa entidad era muy alto el número de niñas violadas a las que se les negaba el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y solicitaron declarar la alerta de género por agravio comparado. Ésta se emite cuando un ordenamiento vigente o una política pública trasgrede los derechos de las mujeres.

El grupo de trabajo encargado de preparar el informe sobre la situación en la entidad, para determinar si se decretaba la alerta o no, documentó que entre 2015 y 2016 más de mil niñas de entre 10 y 14 años fueron forzadas a continuar con su embarazo a pesar de que en la mayoría de los casos fue consecuencia de una violación.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, decretó la alerta el 13 de diciembre de 2017. Fue la segunda para la entidad. En 2016 ya se había emitido una por violencia contra las mujeres. El estado quedó como el único del país con dos alertas de género y el primero en recibir la de agravio comparado.

Entre las recomendaciones del mecanismo estaba reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código penal del estado. El Congreso de Veracruz desoyó a la instancia federal. En septiembre de ese año declaró improcedente cambiar los tres artículos en pugna.

Fue entonces que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Derechos Humanos y Género, el Colectivo Feminista de Xalapa, y el Colectivo Akelarre decidieron interponer el amparo que el juez Santos Álvarez resolvió a su favor.

En respuesta, los legisladores veracruzanos argumentaron que no incurrieron en omisión legislativa al desacatar la recomendación de la Alerta de Agravio Comparado, pues el artículo 4to de la Constitución estatal “protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y ninguna herramienta jurídico-administrativa (como la alerta) puede estar por encima de la Constitución”.

La iglesia católica respaldó al legislativo local, luego que en su comunicado dominical el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, considerara “inaceptable e inconcebible que se pretenda poner de rodillas al Poder Legislativo de un estado que se ha pronunciado por la protección de la vida y de los derechos del ser humano, valiéndose de la orden de un juez federal, en todo lo cual se observa inmediatamente un deseo de imposición y de extralimitación de funciones”.

En tanto, las organizaciones de la sociedad civil que están dando la batalla por despenalizar el aborto afirman que han estado recibiendo amenazas. “Hemos recibido correos diciéndonos que así como encuentran a las mujeres víctimas de feminicidio, con moscas en la boca, así nos van a encontrar a nosotras por querer matar a los niños”, indicó María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir.

La activista acusó que el gobierno y la iglesia posibilitan “un ambiente enrarecido” con sus posturas y declaraciones en contra del aborto. “Eso es muy delicado en un estado con un contexto grave de violencia y con presencia de grupos delictivos muy conservadores”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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3 nuevos fraudes y estafas surgidos por la pandemia del coronavirus

El miedo y la desinformación desatados por la crisis sanitaria mundial han permitido a grupos delictivos crear nuevas formas de engaño para obtener dinero y datos de identidad. Te contamos algunas de las estafas más utilizadas en tiempos de covid.
9 de febrero, 2021
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Mientras las economías del mundo sufren y millones de negocios han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis sanitaria mundial generada por el covid-19, hay quienes han aprovechado la pandemia para sacar un beneficio económico.

Se trata de grupos de delincuentes en varios rincones del globo que han encontrado nuevas formas ilegales de hacer dinero.

Algunos de estos criminales engañan a sus víctimas aprovechando la confusión, desinformación y desesperación de muchos en medio de la pandemia.

Otros, ofrecen falsificaciones que permiten violar algunas de las restricciones impuestas por las autoridades en muchos países.

Aquí te contamos tres de los principales fraudes y estafas que han surgido en los últimos tiempos en torno al coronavirus.

1. Resultados de tests falsos

Muchos países exigen a toda persona que quiera viajar allí que se realice una prueba de laboratorio para comprobar que no está infectado con el virus que causa el covid-19.

La exigencia de mostrar un certificado con resultado negativo ha propiciado un lucrativo negocio que consiste en vender resultados falsificados.

Las dificultades o retrasos para acceder a las pruebas, su alto costo en algunos lados y la urgencia o pereza de algunas personas que quieren viajar, han llevado a que el negocio de los tests falsos florezca.

Un hombre se realiza una prueba de coronavirus en el aeropuerto de Los Ángeles, en EE.UU.

Getty Images
Algunos viajeros buscan evitar realizarse los tests de coronavirus y compran certificados falsos.

Agencias de seguridad han desbaratado redes de falsificadores de certificados en el aeropuerto Charles de Gaulle, en la capital de Francia, y en el aeropuerto de Luton, en Reino Unido.

También la Policía Nacional de España arrestó al menos a una persona que ofrecía resultados de tests falsos.

En Países Bajos se identificaron varias cuentas en redes sociales como Whatsapp y Snapchat con nombres como Vliegtuig Arts (el médico del avión) o Digitale Dokter (el médico digital) que ofrecían certificados falsos.

El diario El País de España denunció recientemente que este negocio también prolifera en algunas zonas turísticas de México, donde tests apócrifos son vendidos por menos de US$40.

Y en Chile, las autoridades sanitarias clausuraron en enero un centro médico ubicado en la acomodada comuna de Las Condes, en Santiago, que falsificaba resultados de exámenes supuestamente realizados a cambio de US$85.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) reconoció que se trata de “un problema cada vez mayor en todo el mundo”.

El organismo señaló que parte del problema es que los certificados en papel se pueden manipular fácilmente porque vienen en diferentes formatos e idiomas, lo que “conduce a ineficiencias en los controles de salud, errores y fraude”.

Por su parte, la Oficina Europea de Policía, Europol, indicó que “la proliferación de medios tecnológicos de gran precisión, ya sea impresoras o distintos programas de software, facilita la circulación de documentos fraudulentos”.

Europol, que esta semana alertó a la Unión Europea sobre una banda de falsificadores de certificados llamada Rathkeale Rovers Mobile Organised Crime Group, presuntamente de origen irlandés, admitió que el problema es difícil de combatir.

“Mientras haya limitaciones para viajar debido a la covid-19, es probable que se mantenga la producción y venta de certificados falsos”, señalaron portavoces de la institución.

Una persona con guantes sostiene una vacuna y un modelo de un coronavirus

iStock
La llegada de las vacunas contra el covid ha desatado una nueva serie de estafas.

2. El engaño de las vacunas

Desde que comenzó la pandemia, ha habido timadores que buscaron lucrar con el miedo que genera la enfermedad, ofreciendo remedios y curas falsas.

Tés, aceites esenciales y terapias intravenosas con vitamina C son solo algunos de los supuestos tratamientos antivirales que se siguen vendiendo en clínicas, sitios online, redes sociales y programas de televisión.

Pero el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, que ya empezaron a distribuirse y aplicarse en varias partes del mundo, ha generado una nueva forma de estafa.

Consiste en exigir dinero a cambio de estar en una presunta lista para recibir la preciada inmunización, cuyas dosis son limitadas.

También hay quienes afirman falsamente vender alguna de las vacunas desarrolladas.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) advirtió que este fraude se está extendiendo en ese país debido a las complejidades del sistema de distribución de las vacunas, que varía según el estado o territorio.

“Los estafadores, siempre listos para actuar, se están aprovechando de la confusión”, señaló Colleen Tressler, especialista en Educación del Consumidor de la FTC.

Para evitar el fraude, la agencia recuerda que no se puede pagar para inscribirse para recibir la vacuna.

“Todo aquel que te pida que pagues para colocar tu nombre en una lista, para hacer una cita para ti o reservarte un puesto en la fila es un estafador”, advierte.

Un hombre con guantes de latex, sosteniendo vacunas en una mano y dinero en la otra

iStock
Los estafadores fingen tener vacunas para vender o prometen un lugar en la lista de vacunación.

También recomienda ignorar los anuncios de venta de vacunas contra el coronavirus.

“No la puedes comprar en ningún lugar. La vacuna está disponible únicamente en lugares aprobados a nivel federal y estatal”, indica.

3. El corona-phishing

La creación de negocios falsos, que ofrecen productos inexistentes a través de sitios online, redes sociales, correos electrónicos y llamadas, con la intención de obtener los datos bancarios de quienes caen en la trampa, explotó desde que comenzó la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también debió emitir una advertencia en marzo pasado para alertar que cibercriminales se hacían pasar por representantes del organismo para obtener donaciones falsas y robar datos de identidad.

Pero mientras que al principio esta forma de delito, conocido como “phishing”, se enfocó en campañas de caridad falsas o la supuesta venta de productos muy en demanda, como mascarillas, alcohol en gel o desinfectantes, con el tiempo las estafas se hicieron más sofisticadas.

En Argentina, algunos bancos debieron cerrar sus perfiles en redes sociales luego de que delincuentes utilizaran información recabada allí para vaciar las cuentas de algunos clientes.

Los criminales se ponían en contacto con personas que habían utilizado las redes para denunciar algún problema con su cuenta, ante la imposibilidad de asistir a los bancos, que por muchos meses permanecieron cerrados al público durante la cuarentena.

Haciéndose pasar por representantes del banco, los delincuentes lograban obtener los datos de la cuenta de la víctima. Antes de vaciarla a través de la banca online, pedían un préstamo pre-acordado.

Así, las víctimas no solo perdían todo el dinero en sus cuentas. También quedaban endeudados, en algunos casos por cifras muy por encima de sus ingresos.

En realidad, pretenden robarlas. Ilustración de un hombre en traje sosteniendo una maleta llena de dinero

iStock
En varios países, estafadores pretenden ser funcionarios del gobierno que ayudan a gestionar las ayudas estatales.

Otra forma de estafa común en países donde se otorgan ayudas estatales es la de los llamados de personas que afirman ser gestores del gobierno. En realidad, se trata de timadores que buscar obtener información para robar esos pagos.

En enero pasado, la FTC de EE.UU. informó que había recibido más de 225.000 quejas de consumidores relacionados con este tipo de fraude. En total, se estima que más de US$309 millones de asistencia económica terminaron en manos de delincuentes.

El organismo también ha advertido sobre otra forma de estafa: la de los rastreadores de contactos falsos.

Son personas que llaman a sus víctimas y les dicen que estuvieron con alguien que dio positivo de covid.

Les recomiendan hacerse una prueba cuanto antes y les ofrecen un test casero gratuito, pero les dicen que, para recibirlo, deben darles su número de tarjeta de crédito para cubrir los gastos de envío.

Según las autoridades, estos estafadores suelen enfocarse en minorías y personas de la tercera edad.

Los expertos en seguridad afirman que la clave para evitar caer en estas trampas es recordar que ningún banco, agencia estatal o instituto de salud contacta a personas para pedirles información confidencial.

“Es posible que (los delincuentes) lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales”, advierte la página del gobierno estadounidense dedicado a “Estafas y fraudes comunes”.

“Proteja su dinero y su identidad al no compartir información personal como el número de su cuenta de banco, número de Seguro Social o fecha de nacimiento”, aconseja.


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