Por la desaparición forzada de 10 personas, entre ellas dos menores de edad, por parte de marinos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación al secretario de Marina, Vidal Soberón, y al Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez para que se repare el daño a familiares y den con el paradero de las víctimas.
La CNDH recibió diversas quejas de familiares, algunas presentadas ante Comisiones Estatales de Derechos Humanos, por desapariciones forzadas de personas en Nuevo León y Tamaulipas, e inició cuatro expedientes distintos.
El organismo recomendó al Secretario de Marina y a la Fiscalía General de Justicia de NL inscribir a las 10 víctimas de desaparición forzada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y continuar su búsqueda.
También reparar el daño a la víctima liberada y a las víctimas indirectas de las 10 personas desaparecidas, para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de la Ley General de Víctimas.
Además, reparar los daños por el cateo ilegal y la desaparición forzada; otorgar atención médica y psicológica y a los niños beca de estudios completa hasta que terminen su educación superior o consigan empleo. También, instruir a los mandos para videograbar los operativos en que exista contacto con población civil y no se oculte información sobre la situación jurídica de las personas bajo su custodia.
En el primer caso, los quejosos señalaron que una persona fue detenida por marinos, mientras circulaba en su vehículo por una carretera de Sabinas Hidalgo, Nuevo León; en distintas quejas familiares de tres víctimas más dijeron que éstas fueron sustraídas de sus domicilios en ese municipio por personal de la Semar, sin que se conozca su paradero.
En el caso dos, familiares de dos víctimas, una de ellas menor de edad, manifestaron que fueron detenidos a bordo de un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un retén de la Secretaría de Marina.
En el caso tres, se señaló que una persona menor de edad fue detenida sin justificación por elementos navales cuando conducía su vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En el caso 4, los quejosos señalaron que tres personas fueron detenidas por efectivos de la Semar frente a una vulcanizadora en El Refugio, en Matamoros. En los cuatro casos se cuenta con testigos presenciales de familiares y personas que se encontraban en el lugar de las detenciones, incluso algunas refirieron haber visto que los detenidos fueron ingresados a las bases navales.
“En uno de los casos, la Semar buscó desacreditar la queja del familiar de una de las víctimas, argumentando inconsistencias y contradicciones en sus escritos, sin que hubiera tales inconsistencias y contradicciones”, destacó en un comunicado.
Otra persona más fue detenida en la misma fecha que la primera víctima del caso uno, y en entrevista con visitadores adjuntos de la Comisión Nacional refirió que elementos de la Semar la detuvieron de manera arbitraria y retuvieron ilegalmente por cinco días, tiempo en el que sufrió malos tratos, privaciones de sus sentidos y movilidad; sin embargo, pidió que no se investigara su caso por temor a represalias. No obstante, los hechos narrados corresponden a violaciones a derechos humanos y por ello también es considerada como víctima.
“Esta Comisión Nacional también concluyó que hubo indebida procuración de justicia por el Ministerio Público con residencia en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por la dilación excesiva en integrar las averiguaciones previas, por no actuar de inmediato para buscar a las víctimas o responsables y por no realizar una efectiva investigación, pues dicha autoridad fue omisa y laxa al practicar diligencias que ayudaran con el esclarecimiento de los hechos”.
