1968: Disparan a la Voca 7 y soldados impiden mitin en Tlatelolco; el CNH suspende actos
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1968: Disparan a la Voca 7 y soldados impiden mitin en Tlatelolco; el CNH suspende actos

El ataque a los planteles del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco fue perpetrado a la cuatro de la mañana del jueves 29 por unos 200 hombres vestidos de civil, enmascarados, que portaban pistolas, macanas, garrotes, cadenas y mangueras.
Por Viétnika Batres
31 de agosto, 2018
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Nota del editor: Desde el 23 de julio, Animal Político presenta materiales periodísticos para conocer los hechos, nombres y momentos clave del movimiento estudiantil del 68 que se vivió en México.

La cronología se publica en tiempo real, a fin de transmitir la intensidad con que se vivieron esos días y se tenga, así, una mejor comprensión de cómo surgió y fue frenado a un precio muy alto el movimiento político social más importante del siglo XX.

Queda mucho por saber y entender: 50 años después aún no sabemos por qué una riña estudiantil –como muchas que hubo previamente– detonó la brutal represión del gobierno.

Lo que es cierto es que el 68 fue, es mucho más que la masacre del 2 de octubre. Hubo un contexto que lo explica. Y eso es lo que les presentamos aquí

Ciudad de México, 30 de agosto de 1968.- Soldados y granaderos interrumpieron este viernes un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, que los vecinos del lugar realizaban en protesta por el brutal ataque armado del que fue objeto la vocacional 7 y la prevocacional 4, ubicadas en la unidad habitacional de Tlatelolco, la madrugada del jueves 29, cuando desconocidos dispararon con ametralladoras y otras armas de uso exclusivo del Ejército  y la policía contra la escuela.

En un comunicado, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) protestó por la represión desatada y exigió al gobierno cesar el “virtual estado de sitio en la ciudad”. Asimismo, rechazó la campaña difamatoria en el sentido de que su objetivo es boicotear los Juegos Olímpicos, y reiteró su disposición al diálogo y su rechazo a que haya intermediarios en el diálogo con las autoridades.

Según el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, en el país reina la calma y la agitación estudiantil en la capital está totalmente bajo control. En un mensaje difundido tras la manifestación del 27 de agosto –en la que participaron más de 400 mil personas– y el violento desalojo durante la madrugada del día siguiente, el titular de la Sedena ratificó el pleno apoyo del Ejército al presidente Gustavo Díaz Ordaz y aseguró que no hay detenidos en el Campo Militar número 1, ni heridos en el Hospital Militar, como se ha denunciado.

Y a unas horas de que se ametrallara la vocacional 7 y la prevocacional 4 en Tlatelolco, García Barragán dijo que el Ejército tampoco tiene planeado tomar posesión de las escuelas del Politécnico o de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En tanto, el Ejército retiró los destacamentos que había en el Zócalo, pero en la últimas 48 horas han circulado rumores, propalados mediante llamadas telefónicas anónimas, de que escasearán la gasolina y los artículos de primera necesidad, lo que provocó congestionamientos de tránsito y compras de pánico en supermercados. Las autoridades se han visto obligadas a difundir desmentidos oficiales.

Además en las últimas horas se han multiplicado las aprehensiones de brigadistas del movimiento estudiantil, junto con los incidentes represivos.

A la 1:30 de la tarde de ayer jueves, soldados y policías dispersaron grupos de estudiantes en la avenida San Juan de Letrán –Eje Central Lázaro Cárdenas–, en el centro de la ciudad, y frente al hospital de Neurocirugía. A la 1:45, las tropas disolvieron otro mitin estudiantil en la esquina de la calzada de Guadalupe y Río Consulado. A esa hora también, 14 tanques ligeros de asalto se estacionaron en las inmediaciones de la Unidad Profesional Zacatenco, del Politécnico, para evitar que salieran de la zona 15 autobuses con estudiantes. A las dos de la tarde, los granaderos dispersaron a unas 2 mil personas en un acto frente al monumento a Álvaro Obregón, en San Ángel.

Una hora después, el Ejército detuvo a más de 23 brigadistas que trataban de realizar un mitin en la refinería de Azcapotzalco. Los soldados dispararon e hirieron a un joven de 16 años. Los vecinos se manifestaron en apoyo de los estudiantes: “Las tropas llegaron nuevamente y, tras rodear a los muchachos, los hicieron ponerse con las manos en la nuca y de frente a las paredes”, lo que molestó a los vecinos de la colonia Plenitud, “quienes salieron a las calles y protestaron”, reportó el periódico Novedades.

A las cinco de la tarde del jueves también fueron detenidos en Tlalpan los estudiantes que viajaban en un camión de Chapingo, y lo mismo ocurrió en Tasqueña con los que iban en un autobús de la UNAM.

La Procuraduría de Justicia del Distrito y Territorios Federales informó este viernes 30 que entre ayer y hoy han sido puestas en libertad 37 personas; y se ha consignado a 12, 10 de ellas al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa de Obregón, acusados de “robo, secuestro, amenazas, injurias contra funcionarios públicos y resistencia de particulares cometidos en pandilla”. No obstante, junto a la total opacidad en cuanto al número de heridos o muertos tras las intervenciones de granaderos y militares, se presume que más de 300 personas han sido detenidas tan sólo en los últimos dos días.

Diez minutos de metralla y, de nuevo, los guantes blancos

El ataque a los planteles del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco fue perpetrado a la cuatro de la mañana del jueves 29 por unos 200 hombres vestidos de civil, enmascarados, que portaban pistolas, macanas, garrotes, cadenas y mangueras. La fuerza pública que vigilaba el lugar se negó a intervenir, bajo la excusa de que no había orden de “la superioridad” para hacerlo.

Otras versiones calcularon que fueron entre 60 y 70 los agresores, pero todas coinciden en que dispararon sobre la vocacional 7 al menos durante 10 minutos con ametralladoras, carabinas M1, rifles máuser y pistolas. Además, secuestraron a un estudiante e hirieron a otros dos.

Los vecinos de la unidad habitacional les lanzaron proyectiles desde los edificios, e inmediatamente después del ataque hicieron una asamblea con los estudiantes en la que acordaron efectuar un mitin el mismo jueves a las tres de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas, así como colocar crespones negros en sus ventanas, en señal de luto.

Apenas habían alcanzado a hablar dos estudiantes y una ama de casa en el mitin programado, cuando llegaron a disolver el acto soldados transportados en 26 tanques y 13 camiones; desalojaron los planteles y dejaron una guardia de granaderos, pero los habitantes de Tlatelolco lograron echarlos a las seis y media de la tarde.

De acuerdo con Gilberto Guevara Niebla, representante de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el Consejo Nacional de Huelga, durante la agresión a la vocacional 4 y la vocacional 7 aparecieron “los de guante blanco” que habían actuado en el violento desalojo del Zócalo el miércoles 28, entre los francotiradores que lo mismo balearon a elementos de la policía y el Ejército que a civiles. En Tlatelolco, aseguró Guevara Niebla, “Llegaban y golpeaban a los estudiantes, los secuestraban y se los llevaban”; y usaron de nuevo la expresión “batallón Olimpia” para identificarse. “Cuando asaltaron la Voca 7 gritaban: ¡batallón Olimpia, batallón Olimpia!”.

Los enmascarados, que también portaban cascos blancos, “llevaban radios portátiles y gritaban ‘¡Viva la FNET, viva el MURO!’ al tiempo que disparaban contra el edificio y perseguían a sus ocupantes” relató Guevara Niebla. “Los terroristas dejaron abandonada una bomba que no explotó, formada con petardos de dinamita”, para luego salir huyendo en 18 automóviles.

El CNH cesa actividades por el informe presidencial

Ante la proximidad del IV Informe de gobierno de Díaz Ordaz, el CNH ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó la ofensiva represiva de las autoridades e instó al diálogo nuevamente: “Condenamos abiertamente la violencia, esta no conduce a nada. La solución del conflicto es política, no de fuerza. Es urgente que dialoguemos pacíficamente gobierno y estudiantes”.

Por si quedaba duda, se deslindó una vez más: “el movimiento no tiene relación alguna con los Juegos Olímpicos ni desea entorpecer esa actividad de carácter internacional en la cual todos los mexicanos tenemos la responsabilidad de la representación de nuestro país, tanto en lo deportivo, como en lo social y cultural”.

Aparte de denunciar los intentos de agresión contra los maestros Fausto Trejo y Eli de Gortari, el CNH exhortó “a estudiantes y pueblo a que no opongan ninguna resistencia al Ejército”, y “a la suprema autoridad, a retirar las fuerzas militares y policiacas de las calles”.

Este viernes 30, el pleno del CNH acordó que:

  • El domingo 1 de septiembre, día en que será rendido el informe presidencial, no habrá mítines ni manifestaciones estudiantiles en el Zócalo.
  • El Consejo está dispuesto a iniciar el diálogo con las autoridades lo antes posible a condición de que el mismo sea público y cese la represión policiaca y del Ejército.
  • Las comisiones estudiantiles que dialogarán con las autoridades ya han sido designadas; solamente se espera que las autoridades confirmen su deseo de dialogar.
  • El Consejo desarrollará una ofensiva política entre todos los sectores populares a través de sus brigadas estudiantiles, las que tienen instrucciones de no caer en actitudes que puedan provocar a la policía ni al ejército, las cuales denigrarían al limpio movimiento estudiantil.
  • El movimiento estudiantil no tiene relación alguna con la Olimpiada y no desea entorpecer su celebración”.

Un error que “favorece la represión”

La respuesta del Consejo Nacional de Huelga se produjo luego de la reflexión sobre la evaluación autocrítica de los acontecimientos del martes 27 y el miércoles 28. En las asambleas efectuadas en Economía y en Ciencias concluyeron que “el exigir como fecha de diálogo público el 1 de septiembre; el establecer una guardia permanente en el Zócalo, y otras medidas similares son parte de un grave error” que favoreció la represión.

Los representantes estudiantiles estuvieron de acuerdo en que se votaron “medidas absurdas en forma precipitada, que interpretamos como un complot, pues un grupo planteó actitudes intransigentes que abrieron la puerta a la represión”.

En conferencia de prensa este viernes, la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas anunció que presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político al regente del DF, Alfonso Corona del Rosal; al secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y al procurador de la República, Julio Sánchez Vargas, por ordenar el uso de la fuerza pública contra los estudiantes del 23 al 29 de julio.

Ayer jueves, la Coalición publicó un desplegado en el que señala que “para que el diálogo sea eficaz, debe efectuarse en condiciones tales que no esté sujeto a presiones o coacciones de ninguna especie” y estuvo de acuerdo en que “era inoperante la propuesta de que el diálogo público tuviera lugar en el Zócalo”.

La Coalición también se reunió por su lado para analizar lo ocurrido el martes 27 y el miércoles. En su asamblea se criticó severamente la “actitud provocadora” de Sócrates Campos Lemus, representante estudiantil del IPN, quien rompió los acuerdos del CNH y convocó a que los presentes en el mitin del Zócalo exigieran a Díaz Ordaz sostener el diálogo el 1 de septiembre, día en que rendirá su IV Informe de Gobierno.

El filósofo Eli de Gortari, uno de los líderes de la Coalición –que congrega a “algo más de 100 mil” profesores del Politécnico, la UNAM, Chapingo, las normales, las universidades particulares, de la periferia del DF y hasta de Mexicali, Tijuana y Sonora–calificó la acción del Zócalo como “aventurera”.

La posición de De Gortari coincidió con la del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, que el jueves 29 expidió un documento donde advertía acerca de la existencia de acciones provocadoras y la necesidad de frenarlas.

“Sin duda alguna, como hasta ahora ha sucedido, el propio movimiento estudiantil y los maestros que defienden la causa de las libertades democráticas, serán quienes impidan el despliegue de la división y que prosperen acciones provocadoras que tiendan a desvirtuar el carácter del movimiento y a facilitar la represión”.

Referencias:

Diego Ortega, Roberto, “1968: El ambiente y los hechos. Una cronología”, Nexos, 1 septiembre 1978. En https://www.nexos.com.mx/?p=3199

Ídem.

Jardón, Raúl, 1968: El fuego de la esperanza, Siglo XXI Editores, México, 1998, p. 61.

Ídem.

Jardón, Raúl, op. cit. p. 62.

Gómez Nashiki, Antonio, “1968. Cronología del movimiento estudiantil mexicano”, Nexos, 1 de enero de 1988. Consultado en  https://www.nexos.com.mx/?p=4996

Diego Ortega, op. cit.

Jardón, Raúl, op. cit. p. 61.

Ídem.

Vázquez Mantecón, Álvaro (comp.), Memorial del 68, UNAM, gobierno del Distrito Federal y Ed. Turner, México, 2007, p. 99.

Guevara Niebla, Gilberto, La libertad nunca se olvida. Memoria del 68, Ed. Cal y Arena, México, 2004, p. 235.

Jardón, Raúl, op. cit. p.62.

Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil de México julio/diciembre de 1968, Era, México, 1969, Col. Problemas de México, p. 263.

Gómez Nashiki, op. cit.

Jardón, Raúl, op. cit. p.61.

Ídem.

Chávez Mancilla, Ángel, “De la Nicolaíta al 68. Eli de Gortari y la protesta universitaria”, Signos históricos, vol.19 no.37 México ene./jun. 2017. Consultado el 5 de mayo de 2018 en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-44202017000100126

Ídem.

 

 

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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