Abogado de Infraiber acusa persecución en su contra por señalar corrupción de OHL

OHL acusa a Paulo Díez por supuesta “falsedad de información jurídica y económica", y un supuesto daño a su imagen; el abogado dice que hay un intento de limitar su libertad de expresión.

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Eréndira Aquino

Paulo Díez, representante legal de la empresa Infraiber, dijo este martes a medios que es víctima de una “persecución”, y que la empresa OHL busca limitar su libertad de expresión, con una demanda penal.

OHL lo acusa por supuesta “falsedad de información jurídica y económica”, y un supuesto daño a su imagen que ha perjudicado su desempeño financiero, ya que Díez ha señalado que la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, a cargo de OHL, “es el caso de corrupción más grave de la historia reciente”.

De acuerdo con Díez, OHL se ha negado a informar el monto que adeuda el gobierno federal a la empresa constructora, para continuar beneficiándose de las condiciones de pago que hasta la fecha operan en el Circuito Exterior Mexiquense, en el que las tarifas “son muy altas”, pues un porcentaje de ellas se destina al pago de su construcción.

Este martes, Paulo Díez dijo que su intención es lograr que el caso que lleva ante OHL sea llevado a juicio, y que las audiencias puedan ser de dominio público.

En un documento dirigido a Sandra Paola de la Cruz Recio, agente del Ministerio Público Federal, Díez manifestó que los hechos que se le atribuyen en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0611/2017 buscan limitar la libertad de expresión.

Díez dijo que la empresa OHL ha utilizado como fundamento para acusarlo lo que establece el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores, que establece sanciones con prisión de cinco a 10 años a quienes “difundan por sí o a través de un tercero, información falsa sobre valores, o bien, respecto de la situación financiera, administrativa, económica o jurídica de una emisora”.

Esto, si la información se difunde “a través de prospectos de colocación, suplementos, folletos, reportes, revelación de eventos relevantes y demás documentos informativos y, en general, de cualquier medio masivo de comunicación”.

Para Díez, este es un acto de censura, pues OHL está tergiversando el sentido de lo estipulado en dicho artículo.

En el documento dirigido al Ministerio Público Federal, el abogado califica la carpeta de investigación en su contra, así como la actuación de la PGR, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como “irregular”.

Díez dijo que la investigación, que considera parte de una persecución, “es violatoria de las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte, así como de las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en la Convención Anticorrupción.

De conformidad con lo establecido en la Convención Anticorrupción, la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir la información relativa a la corrupción es una de las manifestaciones específicas del derecho a la libertad de opinión y expresión”.

Esta no es la primera ocasión en la que el abogado denuncia una “persecución” por la acusación que realizó contra OHL: en septiembre de 2015 fue detenido y acusado de portar un arma de fuego en su automóvil, misma que había sido “sembrada” por agentes federales.

Sobre este caso, una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la PGR fabricó pruebas para detener ilegalmente y mantener bajo investigación a Díez.

La investigación, que forma parte de la Recomendación 13/2017, dirigida por la CNDH a PGR, determinó que al menos 15 funcionarios de la Procuraduría violaron los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia de Paulo Díez.

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