El juez octavo de distrito en materia Administrativa, Fernando Silva García, ordenó al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado de la República transparentar y decidir si ratifican o no a los 18 magistrados anticorrupción propuestos por el mandatario en 2017.
Tras un amparo interpuesto por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) — integrado por Mariclaire Acosta Urquidi, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfonso Hernández Valdez, Irene Levy Mustri—el juez ordenó al presidente que “transparente y justifique” los nombramientos.
De acuerdo con un reporte del diario Reforma, el juez resolvió que Peña Nieto “deberá señalar en un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas”.
De las 18 propuestas hechas por Peña, tres son para la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las 15 restantes son para las cinco Salas Especializadas.
Este proceso “no fue producto de un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad”, según el Comité Ciudadano del SNA, quien criticó los nombramientos del mandatario desde abril de 2017.
En tanto, el Senado o la Comisión Permanente del Congreso deberán decidir si ratifican las propuestas del presidente.
¿Qué ordenó el juez Fernando Silva García en la sentencia de los magistrados anticorrupción?
1) Que el Presidente justifique la “idoneidad” de las personas designadas.
3) Que el Senado (o a la Comisión Permanente) decida “inmediatamente” su (no) ratificación.
(Abro hilo).
— Javier Martín Reyes (@jmartinreyes) 1 de agosto de 2018
