En los últimos 6 años, además de María, cuatro mexicanas han sido asesinadas fuera del país
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Jacob García / Cuartoscuro.com

En los últimos 6 años, además de María, cuatro mexicanas han sido asesinadas fuera del país

No solo es el caso de María Trinidad, en Costa Rica. En los últimos años cuatro connacionales han sido asesinadas en el extranjero y en la mayoría de estos feminicidios los culpables obtuvieron penas bajas.
Jacob García / Cuartoscuro.com
Por Andrea Vega
13 de agosto, 2018
Comparte

Cuatro mexicanas, además de María Trinidad Matus, han sido asesinadas en el extranjero. María Salguero, la geofísica y activista que por iniciativa propia ha elaborado el mapa de los feminicidios en México para ponerle nombre y rostro a cada mujer que asesinan en el país, ha hecho el registro de estos crímenes y señala que en todos los casos los asesinos recibieron penas bajas. Estas cuatro mujeres, como María Trinidad que fue asesinada el pasado 5 de agosto en Costa Rica, merecen ser nombradas y recordadas.

Berenice Osorio de Viana

Hace siete años, Berenice conoció a Tom, un joven belga, en Puerto Vallarta. Luego de unos meses, decidieron vivir en Bélgica en unión libre. Llegaron a la casa del padre y los hermanos de él. La cohabitación era difícil. El padre era un hombre depresivo que maltrataba a la madre de Tom, hasta que ella falleció en un accidente.

La relación empezó pronto con problemas. Comenzaron las agresiones físicas contra Berenice. En 2013, alertados por los vecinos, entraron policías a la casa y encontraron a la mexicana con la cara llena de sangre. En otra ocasión, Tom trató de estrangularla. La tenía amenazada con matarla si lo dejaba. Sin dinero propio, Berenice no encontró la forma de volver a México.

Nunca le dijo nada a su familia. Cuando se dio la noticia de su muerte, diversos medios difundieron que durante meses sus padres perdían contacto con ella. Después del asesinato de su hija, llegaron a la conclusión de que Berenice se escondía mientras se le quitaban los moretones y las huellas de las golpizas. A Facebook subía fotos simulando que tenía una familia feliz. Tampoco se acercó al consulado mexicano para pedir ayuda.

El 9 de enero de 2018, Tom apuñaló a Berenice en el corazón, mientras las hijas de ambos, de dos y seis años, dormían. Luego él mismo la llevó al hospital, en Santa Elizabeth, en Herentals. Llegó cargándola. Ahí mismo lo detuvieron.

Berenice no sobrevivió. Su asesinato disparó una alerta entre las mujeres de la comunidad mexicana en Europa. “Lejos de casa, sin hablar el idioma local, sin dinero ni redes de apoyo es fácil quedar aisladas y vulnerables, es probable que haya más casos de maltrato como el de Berenice”, dice Salguero.

A Tom lo condenaron a 15 años de cárcel, en un país donde las sentencias más altas suelen rondar los 20 o 22 años, por los bajos niveles de criminalidad, explica la geóloga. Los padres de Berenice han pedido la custodia de sus dos nietas, lo que todavía está en proceso.

Leer: A María, la joven mexicana asesinada en Costa Rica, le gustaban las sirenas, la música y el mar

Adriana Morales de Florencio

Adriana tenía 23 años y estudiaba Administración Turística en la Benemérita Universidad de Puebla, de donde era originaria. Trabajaba en un crucero que solía hacer parada en la Isla de Bonaire, cerca de Venezuela, y ahí conoció a Raysley Sambo, de 44 años. La pareja se veía cuando la mexicana desembarcaba. Tenían entre seis y siete horas para estar juntos antes de que el barco volviera a partir.

El 20 de abril de 2017, Adriana bajó del crucero, alrededor del mediodía. Una cámara local la captó caminando con un hombre de más o menos 1.85 de estatura; era Sambo. La mexicana no regresó al barco, que partió sin ella sin que nadie se percatara de su ausencia. Fue la familia de la joven la que dio la alerta de su desaparición. Desde ese día no podían contactarla. Iniciaron la búsqueda pidiendo apoyo por redes sociales.

Diez días después, la policía de Bonaire les notificó que habían encontrado un cadáver con las características de Adriana. La familia se rehusó en un principio a creer que era ella y que estaba muerta. Al final tuvieron que aceptarlo. Las autoridades localizaron el cuerpo de la joven enterrado en un lugar de la costa.

Después de confirmar que Adriana estaba embarazada y de las declaraciones de testigos del lugar quienes aseguraron que la mexicana había estado preguntando ese día por una clínica de aborto, la línea de investigación más fuerte apuntó hacia que ella esperaba un bebé de Sambo, pero había decidido abortar. Él, pese a estar casado y tener tres hijos, no estaba de acuerdo con eso. Al parecer la pareja peleó y el hombre mató a la joven.

El 31 de enero de 2018 se emitió la sentencia contra Sambo por 17 años de cárcel. La defensa de la familia la catalogó como injusta. El juez argumentó que no se podía comprobar la premeditación, por lo tanto no era posible fijar una pena más alta.

Leer: Fiscalía de Costa Rica detiene a un tercer implicado en el asesinato de la joven mexicana María Trinidad

Cécile Denise Acosta Reynaud

Cécile Acosta y Martín Manrique, ambos mexicanos, habían sido pareja, pero estaban separados. Tenían una hija, de la que Martín tenía la custodia temporal. El matemático se mudó a la India, a estudiar un posdoctorado y se llevó a la niña. Cecile los siguió, se instaló también en ese país, en la regional de Kerala, a 16 horas de donde vivía su expareja. Empezó a estudiar danza, gracias a una beca que obtuvo, y visitaba regularmente a su hija. Cecile tenía 36 años.

La mexicana había planeado irse unos días de vacaciones con la pequeña. No pudo concretar esos planes. El 11 de abril de 2012, después del reporte de un poblador, la policía del distrito de Virudhunagar, en el estado sureño de Tamil Nadu, encontró el cuerpo parcialmente calcinado de una mujer dentro de una maleta abandonada a las afueras de la ciudad.

No pudieron establecer entonces de quién se trataba. Fue hasta el 15 de abril, un día después de que Martín reportara su desaparición, que las autoridades concluyeron que se trataba de Denise.

En los medios se publicó que el principal sospechoso de su muerte era su expareja y padre de la niña. Circuló la versión de que él la había matado durante una pelea justo por la pequeña. Aparentemente Denise quería llevársela a vivir a Francia.

Manrique fue encarcelado durante tres meses en la prisión de Chennai, en la provincia de Tamil Nadu, pero salió libre el 24 de julio de ese 2012, por la ausencia de una acusación formal y la falta de “hoja de cargos”, aunque la madre de Cecile declaró a los medios que no habían hecho la acusación porque confiaron en la actuación justa de las leyes.

Selena Graciano Macedo

Selena estaba en un viaje por Europa acompañada de su hermano, Emmanuel. Luego de andar por Portugal, Roma, Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia, habían llegado a Croacia, a la ciudad de Split, donde recorrieron los lugares turísticos. Subieron al mirador (o Belvedere) de Marja. Ahí se separaron. Él quería descansar y ella subir a la cima a tomar unas fotos. Eran las 5 pm del 22 de agosto de 2012.

Emmanuel no supo más de Selena. Cinco horas más tarde, cuando vio que su hermana no volvía, acudió a denunciar la desaparición. 20 rescatistas la buscaron esa noche en Marjan. En las fachadas y negocios de la ciudad se colocó su ficha de búsqueda. Hubo un gran operativo para localizarla, con helicópteros y lanchas. Cuatro días después, rescatistas encontraron su cuerpo en la grieta de un barranco, en la zona de la cima del mirador. Estaba enterrado bajo hojas y piedras.

El cuerpo de Selena tenía un gran corte en el cuello. Nada más. No había signos de abuso sexual. Cerca del lugar, las autoridades encontraron la cámara de la joven, eso descartaba que el ataque hubiera sido por robo. Con las huellas y el material genético recabados en el lugar del crimen, iniciaron las investigaciones.

Después de detener e interrogar a decenas de personas, la policía se quedó con un sospechoso: un joven de 28 años, desempleado, con estudios medios y antecedentes penales por delitos menores. En julio de 2013, pasado casi un año del crimen, un tribunal provincial condenó al croata Edi Misic por el asesinato de la turista mexicana.

La fiscalía había exigido 40 años de prisión, por haberse tratado de un asesinato “grave y brutal”, muy poco común en ese país. Pero el juez determinó que no podía probarse que la mexicana hubiera estado consciente durante el crimen o que sufriera. La condena para Edi Misic fue de 15 años.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
Comparte

Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.