Niños huérfanos de familia y gobierno: quedan atrapados en la burocracia legal
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Niños huérfanos de familia y gobierno: quedan atrapados en la burocracia legal

En México no suele sancionarse a quienes no priorizan definir la situación jurídica de los menores de edad que, en su mayoría, quedan atrapados en limbos jurídicos hasta que alcanzan la mayoría de edad.
Foto: Adobe Stock
Por Paola Díaz Lameiras /Newsweek en Español
26 de agosto, 2018
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DESDE HACE DÍAS los vecinos de una unidad habitacional escuchan llantos de una bebé en uno de los departamentos. Están inquietos, pero temen hacer algo. Finalmente, uno se atreve a llamar la patrulla.

Al llegar la patrulla, los vecinos explican lo ocurrido. Cuentan, preocupados, que además han observado que la mamá de la pequeña sale desde temprano y se va por muchas horas.

Después de que los patrulleros hablan con los vecinos fuerzan la puerta y se encuentran a una bebé de meses sentada en el piso. Está en muy mal estado de higiene, con un plato vacío con restos de comida vieja alrededor. La bebé está llorando y con miedo. Deciden llevársela para presentarla ante el Ministerio Público.

La madre explicará luego a la autoridad que se encuentra sola en Ciudad de México; que vino de Chiapas, que no conoce a nadie más y que consiguió un empleo como personal de limpieza para oficinas y que no tiene quien le cuide a su hija. También explica que procura dejarle comida y regresar a la hora de su descanso. Que no quería hacerle daño.

La mujer, que cuenta uno o dos grados de primaria y no puede comprobar su identidad porque sus papeles están en su pueblo, es detenida. La acusan de “omisión de cuidados”. Luego la dejarán en libertad, pero queda pendiente comprobar su identidad. Nunca volverá a aparecer.

Así comenzó el intrincado camino de Sara, una bebé de ocho meses que tuvo que ser retirada de su mamá. Aunque el delito varía en cada caso, en México la omisión de cuidados es muy común a escala nacional.

Es el gobierno, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF, el que decide en qué institución de cuidado alternativo colocará al menor en cuestión. La institución de asistencia social puede ser pública (del DIF) o privada (supervisada por el DIF).

La posibilidad de que un infante sea adoptado depende de que se resuelva su situación jurídica. De no ser resuelta, como sucede en muchas ocasiones, el menor en cuestión permanecerá hasta la mayoría de edad en una institución de cuidado alternativo y, luego, será enviado a la calle.

Tanto el DIF como el Ministerio Público adscrito al caso de cada menor de edad y, en algunos casos, la institución que los recibe tienen la facultad para resolver la situación jurídica de cada niño. Cada una de estas instancias cuenta con el poder, la facultad jurídica y la autoridad para lograrlo, pero en la ley no existen plazos ni la obligación para hacerlo.

En caso de, primero, no poder ser reintegrados a su familia, se debe llevar el juicio de Pérdida de Patria Potestad y, después, de ser posible, el Juicio de Adopción.

AUTORIDAD, REBASADA

Hogar y Futuro, A. C. fue fundada en 1993 y es una casa hogar que, como su nombre lo indica, se plantea brindar un hogar a los menores que llegan con ellos, que forjen un futuro y tengan la oportunidad de crecer en una familia.

Para ello, han decidido encargarse de resolver la situación jurídica de cada uno de los menores que les son canalizados. Es decir, resuelven que sean reintegrados a su familia de origen y, de no ser posible esto, promueven su adopción con una “familia de corazón”, como la llama Marielena Hernández, directora de la casa hogar.

La adopción es una de las opciones contempladas por la Convención de los Derechos de la Infancia promovida por la ONU, desde 1990, como medio alternativo de cuidado por parte de los países para proteger a los infantes sin cuidado parental.

En teoría, no deben pasar más de seis meses para que se determine el estatus jurídico de un menor, pero es muy raro que esto suceda. “La realidad es que la autoridad está totalmente rebasada, y cuando llegan a una institución dejan de ser una preocupación y se convierten en un expediente”, comenta Hernández.

Las instituciones de cuidado alternativo tienen firmados convenios con el DIF y con las procuradurías para que se lleve su registro y con base en ello se realicen supervisiones; pero esto no sucede con regularidad. La también licenciada en pedagogía y maestra en terapia familiar señala que las visitas que reciben son de forma errática. En ocasiones reciben supervisiones por parte de la Secretaría de Salud, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y del DIF de forma casi consecutiva o a veces pasan años sin que estas tengan lugar.

Marielena Hernández destaca que el primer derecho de un niño que llega a ser cuidado por el Estado es restituir su derecho a vivir en familia. Por lo que, la institucionalización de un niño “no debe ser un destino, sino un paso”.

LUCRAR CON LA INDEFENSIÓN

Al no existir una ley que sancione el que no se llevan a cabo los procesos legales para definir la situación jurídica de los menores de edad, estos quedan indefensos por segunda ocasión. Primero, a manos de la familia en la que nacieron biológicamente y de la que fueron expulsados; después, a manos del propio gobierno.

Por esta omisión en la ley, la gran mayoría de las instituciones asistenciales no busca resolver la situación jurídica de los infantes que les son canalizados, convirtiendo lo que debería ser una estancia pasajera del menor en la única estancia que conocerán en su vida.

Además, se pueden beneficiar económicamente por tener a estos niños, al poder recibir donaciones particulares y ayuda gubernamental.

A los beneficios económicos se agrega que algunas instituciones pueden ahorrarse los gastos por contratación de abogados —quienes podrían iniciar un juicio especial de pérdida de patria potestad para aquellos menores en situación de desamparo, acogidos por una institución pública y privada de asistencia social y dar seguimiento al proceso hasta su definición—. Un juez podría resolver la situación jurídica de un menor, quien tendría la oportunidad de vivir en familia si se considerara que pudiera ser adoptado.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indica que el Estado mexicano recibió en 2015 una observación por parte del Comité de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas que señala que no existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades; que el número de niños y niñas privados de un entorno familiar es desconocido; que la institucionalización continúa siendo la opción priorizada y que existe una supervisión inadecuada sobre las instituciones de cuidado alternativo. Toma como ejemplos recientes los casos de abuso y negligencia encontrados en los albergues Casitas del Sur y Mamá Rosa.

El caso Casitas del Sur salió a la luz en 2008 cuando un juez otorgó la patria potestad de la menor Curiel Martínez a su abuela materna, quien al acudir a la casa hogar se enteró de que no estaba ahí. Este escándalo permitió que se descubrieran varias desapariciones de menores a manos de miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada: personas que fundaron la casa hogar y entregaban a los menores a otros integrantes de la congregación. En 2009, la Procuraduría General de Justicia del DF inició una investigación y 126 menores fueron rescatados.

Sobre el caso “mamá Rosa”, en 2014 la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo un cateo y comenzó una investigación sobre el albergue la Gran Familia, administrado por Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como “mamá Rosa”. Casi 500 niños que se encontraban en estado de desnutrición, viviendo en condiciones insalubres y deplorables fueron rescatados. En el albergue habitaban más de 600 personas, desde recién nacidos hasta adultos de 40 años. Algunos declararon haber sido obligados a pedir dinero y también haber sido víctimas de abuso sexual.

La ONU ha pedido al DIF que, como responsable legal de los más de 30,000 niños y adolescentes que había hasta 2015 en 879 centros de cuidado alternativo en el país, informe públicamente sobre el avance en la certificación de las instituciones de cuidado alternativo. La Redim ha advertido que existen, además, otros 29,000 menores sin cuidados familiares ni institucionales.

“Sin el cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (promulgada en 2014) nuestro país seguirá descubriendo infiernos como La Ciudad de los Niños de Salamanca, Guanajuato, o La Gran Familia de ‘mamá Rosa’ en Zamora, Michoacán, que en circunstancias similares de institucionalización masiva mantuvieron bajo la complicidad de autoridades locales y políticos en turno un trato inhumano a cientos de niñas, niños y adolescentes enviados a estos lugares por los DIF estatales”, explica de forma contundente el documento de Naciones Unidas.

Por su parte, Edith Díaz Milanesio, abogada especialista en adopciones, agrega: “Hay mucha tolerancia al maltrato, al abandono, a la explotación infantil y, sobre todo, al fenómeno de los niños de la calle y también al fenómeno de los niños que permanecen institucionalizados hasta la mayoría de edad”.

Lee en reportaje completo en la nueva edición de Newsweek en Español. 

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"Dijeron que si no nos callábamos nos violarían": testimonios de manifestantes en Irán

La BBC habló con iraníes detenidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas que se desataron en todo el país.
28 de septiembre, 2022
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“Me pusieron en el suelo y un agente me colocó una bota en la espalda. Me pateó en el estómago, me ató las manos, me levantó de los brazos y luego me empujó a una camioneta”.

Maryam, una manifestante de 51 años, describió así el momento en que las fuerzas de seguridad iraníes la detuvieron.

La mujer fue arrestada la semana pasada en el centro de Teherán, durante las protestas que se han extendido por todo Irán desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, la joven de 22 años que fue detenida por la “policía moral” en la capital iraní el 13 de septiembre por presuntamente violar las estrictas reglas del hiyab (pañuelo que cubre la cabeza).

La policía sostiene que colapsó en un centro de detención después de sufrir un ataque al corazón, pero su familia alega que los agentes le golpearon la cabeza con una porra y la golpearon contra uno de sus vehículos.

Las protestas provocadas por su muerte, encabezadas principalmente por mujeres, comenzaron con demandas para poner fin a las leyes obligatorias sobre el hiyab.

Pero ahora se han convertido en manifestaciones a nivel nacional contra los líderes de Irán y todo el establecimiento clerical.

Comandantes “despiadados”

A pesar de la interrupción generalizada de internet, se han seguido publicando en las redes sociales videos de manifestantes arrestados por las fuerzas de seguridad iraníes.

“Es peor que lo que ves en estos videos”, dijo Maryam, que no es su nombre real.

“Escuché a uno de los comandantes ordenar a sus soldados que fueran despiadados. Las mujeres agentes son (igualmente) horribles. Una de ellas me abofeteó y me llamó espía israelí y prostituta”.

La BBC ha visto videos en los que se observa a los comandantes ordenando a los agentes de la policía antidisturbios que “no se apiaden de los manifestantes y les disparen”.

La lápida de Mahsa Amini

BBC
La lápida de Mahsa Amini apareció en las redes sociales.

Otros videos verificados por la BBC parecen mostrar a las fuerzas de seguridad disparando municiones reales a los manifestantes y arrestando a los que pueden atrapar.

Según los medios estatales, más de 40 personas han muerto durante los disturbios. Los grupos de derechos humanos reportan un número mayor de muertos.

Las autoridades no han compartido el número total de personas que han sido arrestadas.

Sin embargo, el fiscal jefe de Mazandaran, una provincia al norte de Teherán, dijo que al menos 450 manifestantes fueron detenidos solo allí.

Los grupos de derechos humanos dicen que miles de manifestantes están siendo detenidos.

“Empujé a un agente de seguridad hacia atrás y traté de huir, pero muy pronto llegó una segunda persona y una tercera”, cuenta Sam, un joven manifestante de una ciudad importante. “Después de unos segundos, más de 15 agentes me golpeaban sin piedad“.

Y agregó: “Sentí el sabor de la sangre en mi boca y los golpes de una pistola eléctrica en mi cuerpo. Me pusieron en el suelo, me ataron los brazos a la espalda y amarraron mis pies con los cordones de los zapatos”.

“Uno de los soldados me dio una patada en el ojo izquierdo mientras me llevaba (al lugar) donde tenían a los demás detenidos”.

Las “valientes” jóvenes

El presidente Ebrahim Raisi se comprometió a “tratar con decisión” las protestas, que ahora se han extendido a la mayoría de las 31 provincias de Irán.

Para muchos iraníes, Raisi está asociado con las ejecuciones masivas de miles de presos políticos en la década de 1980, cuando era uno de los cuatro jueces que formaban parte de tribunales secretos que los condenaban a muerte.

“Me pusieron a mí ya los otros detenidos en el piso de un autobús uno encima del otro durante una hora y media”, señala Sam.

“Estaba pensando en el papel de Raisi en la ejecución de los presos políticos, y por un momento pensé que podrían ejecutarme“.

Raisi ha insistido en que los ejecutados en la década de 1980 fueron condenados de acuerdo con la ley iraní.

Y aunque el presidente está a cargo en última instancia de la policía antidisturbios y otras fuerzas del orden, no hay evidencia de que les haya ordenado matar a las personas involucradas en las protestas de este mes.

Las mujeres han estado al frente de las protestas

Social media
Las mujeres han estado al frente de las protestas, y muchas se quitaron el hiyab o lo quemaron.

Maryam dijo que las personas detenidas junto a ella continuaron protestando mientras eran trasladadas a una de las principales instalaciones del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI).

“Había otras chicas conmigo en la camioneta, pero eran mucho más jóvenes”, dijo. “Cuando vi lo valientes que eran, me compuse. Comenzaron a ayudarme”.

“Estaban gritando y burlándose de los oficiales. Esta generación es diferente a la mía. No tienen miedo”.

Fotos y videos verificados por la BBC mostraban a los familiares de los manifestantes arrestados haciendo fila frente a la mal reputada prisión de Evin en el norte de Teherán.

Estaban esperando conocer información sobre los detenidos o presentar documentos para asegurar su libertad bajo fianza.

Una persona le dijo a la BBC que las autoridades les habían advertido que no hicieran público el arresto de su familiar “o su situación empeoraría”.

Las familias de los manifestantes arrestados esperando frente a un centro de detención

BBC
Familias de los manifestantes arrestados esperando frente a un centro de detención para recibir información sobre sus familiares.

Pero no todos fueron trasladados a los principales centros de detención. Muchos están recluidos en pequeñas comisarías e instalaciones del CGRI, muchas de los cuales son desconocidas para el público.

“Nos trasladaron a una pequeña comisaría. No estaban preparados para recibir a tanta gente”, le contó Maryam a la BBC. “Pusieron al menos a 60 mujeres, incluyéndome a mí, en una habitación pequeña. Estábamos de pie una al lado de la otra y no podíamos sentarnos ni movernos“.

“Dijeron que no podíamos usar el baño y que si teníamos hambre podíamos comer nuestras heces”.

“Después de casi un día, cuando gritamos y protestamos dentro de la habitación, comenzaron a amenazarnos con que si no nos callábamos, nos violarían”.

“Manteniendo el ánimo alto”

Otra mujer arrestada en una de las ciudades del sur de Irán le dijo a la BBC que mujeres agentes de seguridad habían hecho amenazas de agresión sexual.

“La agente que nos estaba registrando en el centro de detención preguntó mi nombre y me llamó prostituta”, dijo Fereshteh, que no es su nombre real.

“Cuando me quejé, ella dijo que si continuaba le pediría a uno de los hermanos (guardias masculinos de la prisión) que hiciera lo que quisiera (conmigo)”.

Behzad, un manifestante que estuvo arrestado en un importante centro de detención en Teherán, señala: “Mantuvieron a más de 80 personas en una pequeña habitación. Todos estábamos furiosos y doloridos”.

Confiscaron nuestros teléfonos móviles y revisaron nuestras fotos, videos y mensajes para ver si habíamos compartido alguna noticia de la protesta. Si era así, (dijeron que) la iban a agregar a nuestros archivos”.

“A la mañana siguiente, un juez vino a recibirnos. Retiraron los cargos y liberaron a la mayoría de los adolescentes”.

“Pero con los adultos el juez hizo preguntas breves y decidió nuestro destino con base en esa breve sesión judicial”.

Behzad dijo que alrededor del 10% de las personas con las que estuvo detenido fueron liberadas sin cargos, mientras que el resto fue liberado bajo fianza.

Otro manifestante que estuvo en custodia durante dos días en Teherán le dijo a la BBC que, a pesar de las “hostilidades”, los detenidos más jóvenes habían tratado de “mantener el ánimo en alto”.

“Estuve con manifestantes menores de 25 años. Algunos tenían sangre en la cara, pero estaban sonriendo, charlando y bromeando”.

“Uno de ellos me pidió que sonriera y agregó: ‘Salimos victoriosos porque tenemos razón'”.


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