Niños huérfanos de familia y gobierno: quedan atrapados en la burocracia legal
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Niños huérfanos de familia y gobierno: quedan atrapados en la burocracia legal

En México no suele sancionarse a quienes no priorizan definir la situación jurídica de los menores de edad que, en su mayoría, quedan atrapados en limbos jurídicos hasta que alcanzan la mayoría de edad.
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Por Paola Díaz Lameiras /Newsweek en Español
26 de agosto, 2018
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DESDE HACE DÍAS los vecinos de una unidad habitacional escuchan llantos de una bebé en uno de los departamentos. Están inquietos, pero temen hacer algo. Finalmente, uno se atreve a llamar la patrulla.

Al llegar la patrulla, los vecinos explican lo ocurrido. Cuentan, preocupados, que además han observado que la mamá de la pequeña sale desde temprano y se va por muchas horas.

Después de que los patrulleros hablan con los vecinos fuerzan la puerta y se encuentran a una bebé de meses sentada en el piso. Está en muy mal estado de higiene, con un plato vacío con restos de comida vieja alrededor. La bebé está llorando y con miedo. Deciden llevársela para presentarla ante el Ministerio Público.

La madre explicará luego a la autoridad que se encuentra sola en Ciudad de México; que vino de Chiapas, que no conoce a nadie más y que consiguió un empleo como personal de limpieza para oficinas y que no tiene quien le cuide a su hija. También explica que procura dejarle comida y regresar a la hora de su descanso. Que no quería hacerle daño.

La mujer, que cuenta uno o dos grados de primaria y no puede comprobar su identidad porque sus papeles están en su pueblo, es detenida. La acusan de “omisión de cuidados”. Luego la dejarán en libertad, pero queda pendiente comprobar su identidad. Nunca volverá a aparecer.

Así comenzó el intrincado camino de Sara, una bebé de ocho meses que tuvo que ser retirada de su mamá. Aunque el delito varía en cada caso, en México la omisión de cuidados es muy común a escala nacional.

Es el gobierno, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF, el que decide en qué institución de cuidado alternativo colocará al menor en cuestión. La institución de asistencia social puede ser pública (del DIF) o privada (supervisada por el DIF).

La posibilidad de que un infante sea adoptado depende de que se resuelva su situación jurídica. De no ser resuelta, como sucede en muchas ocasiones, el menor en cuestión permanecerá hasta la mayoría de edad en una institución de cuidado alternativo y, luego, será enviado a la calle.

Tanto el DIF como el Ministerio Público adscrito al caso de cada menor de edad y, en algunos casos, la institución que los recibe tienen la facultad para resolver la situación jurídica de cada niño. Cada una de estas instancias cuenta con el poder, la facultad jurídica y la autoridad para lograrlo, pero en la ley no existen plazos ni la obligación para hacerlo.

En caso de, primero, no poder ser reintegrados a su familia, se debe llevar el juicio de Pérdida de Patria Potestad y, después, de ser posible, el Juicio de Adopción.

AUTORIDAD, REBASADA

Hogar y Futuro, A. C. fue fundada en 1993 y es una casa hogar que, como su nombre lo indica, se plantea brindar un hogar a los menores que llegan con ellos, que forjen un futuro y tengan la oportunidad de crecer en una familia.

Para ello, han decidido encargarse de resolver la situación jurídica de cada uno de los menores que les son canalizados. Es decir, resuelven que sean reintegrados a su familia de origen y, de no ser posible esto, promueven su adopción con una “familia de corazón”, como la llama Marielena Hernández, directora de la casa hogar.

La adopción es una de las opciones contempladas por la Convención de los Derechos de la Infancia promovida por la ONU, desde 1990, como medio alternativo de cuidado por parte de los países para proteger a los infantes sin cuidado parental.

En teoría, no deben pasar más de seis meses para que se determine el estatus jurídico de un menor, pero es muy raro que esto suceda. “La realidad es que la autoridad está totalmente rebasada, y cuando llegan a una institución dejan de ser una preocupación y se convierten en un expediente”, comenta Hernández.

Las instituciones de cuidado alternativo tienen firmados convenios con el DIF y con las procuradurías para que se lleve su registro y con base en ello se realicen supervisiones; pero esto no sucede con regularidad. La también licenciada en pedagogía y maestra en terapia familiar señala que las visitas que reciben son de forma errática. En ocasiones reciben supervisiones por parte de la Secretaría de Salud, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y del DIF de forma casi consecutiva o a veces pasan años sin que estas tengan lugar.

Marielena Hernández destaca que el primer derecho de un niño que llega a ser cuidado por el Estado es restituir su derecho a vivir en familia. Por lo que, la institucionalización de un niño “no debe ser un destino, sino un paso”.

LUCRAR CON LA INDEFENSIÓN

Al no existir una ley que sancione el que no se llevan a cabo los procesos legales para definir la situación jurídica de los menores de edad, estos quedan indefensos por segunda ocasión. Primero, a manos de la familia en la que nacieron biológicamente y de la que fueron expulsados; después, a manos del propio gobierno.

Por esta omisión en la ley, la gran mayoría de las instituciones asistenciales no busca resolver la situación jurídica de los infantes que les son canalizados, convirtiendo lo que debería ser una estancia pasajera del menor en la única estancia que conocerán en su vida.

Además, se pueden beneficiar económicamente por tener a estos niños, al poder recibir donaciones particulares y ayuda gubernamental.

A los beneficios económicos se agrega que algunas instituciones pueden ahorrarse los gastos por contratación de abogados —quienes podrían iniciar un juicio especial de pérdida de patria potestad para aquellos menores en situación de desamparo, acogidos por una institución pública y privada de asistencia social y dar seguimiento al proceso hasta su definición—. Un juez podría resolver la situación jurídica de un menor, quien tendría la oportunidad de vivir en familia si se considerara que pudiera ser adoptado.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indica que el Estado mexicano recibió en 2015 una observación por parte del Comité de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas que señala que no existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades; que el número de niños y niñas privados de un entorno familiar es desconocido; que la institucionalización continúa siendo la opción priorizada y que existe una supervisión inadecuada sobre las instituciones de cuidado alternativo. Toma como ejemplos recientes los casos de abuso y negligencia encontrados en los albergues Casitas del Sur y Mamá Rosa.

El caso Casitas del Sur salió a la luz en 2008 cuando un juez otorgó la patria potestad de la menor Curiel Martínez a su abuela materna, quien al acudir a la casa hogar se enteró de que no estaba ahí. Este escándalo permitió que se descubrieran varias desapariciones de menores a manos de miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada: personas que fundaron la casa hogar y entregaban a los menores a otros integrantes de la congregación. En 2009, la Procuraduría General de Justicia del DF inició una investigación y 126 menores fueron rescatados.

Sobre el caso “mamá Rosa”, en 2014 la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo un cateo y comenzó una investigación sobre el albergue la Gran Familia, administrado por Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como “mamá Rosa”. Casi 500 niños que se encontraban en estado de desnutrición, viviendo en condiciones insalubres y deplorables fueron rescatados. En el albergue habitaban más de 600 personas, desde recién nacidos hasta adultos de 40 años. Algunos declararon haber sido obligados a pedir dinero y también haber sido víctimas de abuso sexual.

La ONU ha pedido al DIF que, como responsable legal de los más de 30,000 niños y adolescentes que había hasta 2015 en 879 centros de cuidado alternativo en el país, informe públicamente sobre el avance en la certificación de las instituciones de cuidado alternativo. La Redim ha advertido que existen, además, otros 29,000 menores sin cuidados familiares ni institucionales.

“Sin el cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (promulgada en 2014) nuestro país seguirá descubriendo infiernos como La Ciudad de los Niños de Salamanca, Guanajuato, o La Gran Familia de ‘mamá Rosa’ en Zamora, Michoacán, que en circunstancias similares de institucionalización masiva mantuvieron bajo la complicidad de autoridades locales y políticos en turno un trato inhumano a cientos de niñas, niños y adolescentes enviados a estos lugares por los DIF estatales”, explica de forma contundente el documento de Naciones Unidas.

Por su parte, Edith Díaz Milanesio, abogada especialista en adopciones, agrega: “Hay mucha tolerancia al maltrato, al abandono, a la explotación infantil y, sobre todo, al fenómeno de los niños de la calle y también al fenómeno de los niños que permanecen institucionalizados hasta la mayoría de edad”.

Lee en reportaje completo en la nueva edición de Newsweek en Español. 

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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