La travesía de Norma Andrade: un feminicidio resuelto sin una sola orden de aprehensión

El recorrido de Norma Andrade en busca de justicia para su hija Lilia Alejandra —secuestrada, violada y asesinada en 2001— trasciende a administraciones federales, estatales y municipales. Han atentado contra su vida en dos ocasiones. Sin embargo, no ceja en su esfuerzo.

La travesía de Norma Andrade: un feminicidio <i>resuelto</i> sin una sola orden de aprehensión
Abraham Rubio

A Norma Andrade le dijeron en la Fiscalía de Chihuahua, cuando su hija Lilia Alejandra García, de 17 años, no volvió a su casa después del trabajo en una maquiladora, que ‘se había ido con el novio’.

Era 14 de febrero de 2001. Lilia Alejandra “desapareció” una semana. La mañana del 21 de febrero fue encontrado su cuerpo sin vida enredado en una cobija en un terreno baldío, entre dos de las avenidas más transitadas de Ciudad Juárez: la Tecnológico y la Ejército Nacional.

El cuerpo de Lilia Alejandra tenía marcas de sujeción en las muñecas, escoriaciones en la cabeza, una fractura craneoencefálica, golpes en la nariz, en ambos pómulos, en los ojos, lesiones en el cuello consistentes en una asfixia por estrangulamiento, huellas de sujeción de laceración en ambos muslos, además de múltiples lesiones en la región vaginal y anal, y tenía en su cuerpo también rastros de semen de varios agresores.

Así se supo que Lilia Alejandra fue víctima de un grupo de hombres que la secuestró y la mantuvo en cautiverio, para violarla y torturarla una semana entera. Ni estaba con el novio, ni desapareció, ni se murió. A Lilia Alejandra la asesinaron.

Desde ese día su madre, Norma Andrade, ha enfrentado a tres presidentes en turno del país y uno electo (Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador); a cuatro gobernadores de Chihuahua (Patricio Martínez, José Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral); y a siete presidentes municipales en nueve administraciones distintas (Gustavo Elizondo, Jesús Alfredo Delgado, Enrique Serrano, Javier González Mocken, Armando Cabada, y a Héctor Murguía y José Reyes Ferriz en dos ocasiones a cada uno).

“Es que ellos no entienden que a mí no me mataron un perro. Que mi hija era un ser humano”, me dijo Norma una tarde nublada en la ciudad de San Luis Potosí, con su voz fuerte, característica de las personas en las que no hay un espacio para dudar.

“No era un perro”, repitió más despacio esa tarde pero ya no para mí, sino para ella, para el viento que soplaba insistente moviendo los pinos frente a la casa. Como un eco quedó el registro de su voz. Como un eco potente es su vida, replicando siempre acciones que buscan, como con una linterna sumergida en una abrumadora oscuridad, un resultado olvidado en la práctica cotidiana: Justicia.

Por eso estaba en San Luis esa tarde de mayo. Iba junto con otras 30 personas, pidiendo de ciudad en ciudad —de Ciudad Juárez a la Ciudad de México— que las escucharan, que atendieran sus casos, que alguien interviniera por ellos y le dijeran al gobernador, Javier Corral, que los escuchara. Caravana de la Realidad del Norte, se llamó eso. Entonces los familiares de víctimas de feminicidio, los de “desaparecidos”, los de desaparición forzada, los del Valle de Juárez, los que se oponen a la militarización de la frontera, unieron las luchas de una misma realidad.

De los gobernantes que ha tratado Norma, todos, de alguna manera, antes o ya electos, le han prometido una justicia que a 17 años no llega. Todos excepto uno.

El 8 de agosto el gobernador del estado, Javier Corral, dijo públicamente que el caso de Norma Andrade estaba resuelto, pero que motivaciones “personales o políticas” la hacían negarse para desprestigiar a su gobierno. No sólo eso. Lo grabó en video y lo publicó en sus cuentas de redes sociales. En total Javier Corral habla casi cuatro minutos. Va hilando una mentira tras otra. En la descripción del video escribió: “Voces con motivaciones personales o políticas buscan desprestigiar el esfuerzo realizado”.

Un día antes, en el foro para la pacificación del país que encabezó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez, los familiares de víctimas que quedaron afuera del evento exigieron entrar.

Como casualidad inexplicable el hombre encargado de detener a las víctimas estudió en la secundaria junto a Norma Andrade. Ella, al frente de las otras madres, le dijo: “tú me conoces, sabes lo que me pasó, ¿no me vas a dejar pasar?” y el hombre optó por hacerse a un lado frente al dilema moral que implica hacer lo que se debe o lo que se quiere.

Enfrente del presidente electo decenas de madres y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición gritaron su reprobación a Javier Corral. José Luis Castillo —padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida desde el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez— brincó al estrado para encarar al gobernador y exigirle una entrevista.

Junto a López Obrador, Javier Corral firmó un papel que le dio José Luis para que cumpliera su palabra y le diera la cita que, tan sólo a Norma y a él, les negó con más frecuencia de la que pasan los nombres de los meses en el año: entre los dos le pidieron 14 veces una reunión que fue negada.

En una hoja de papel el gobernador Javier Corral escribió “reunión hoy” y dejó su firma. Ese día terminando el foro salió sin atender a ninguna víctima.

En este contexto, al siguiente día, no sólo no les dio la fecha para la reunión, sino que subió el video en el que decía que a José Luis se le acompañó en “rastreos personales”, que el caso de Norma estaba resuelto, que las víctimas tenían reuniones a “cada rato” con él y que trabajaba muy cerca de las organizaciones. Luego de hablar de las organizaciones dijo que “es un crimen seguir medrando con el dolor”.

Pero ni las organizaciones medran con el dolor, ni las víctimas tienen reuniones a cada rato con él, ni José Luis ha realizado búsquedas personales con ayuda de la Fiscalía, de acuerdo con ellos mismos. Y el caso de Norma Andrade no está resuelto porque no hay siquiera una orden de aprehensión contra algún presunto responsable. Mucho menos detenidos ni sentencia.

Al menos 3 personas participaron en el feminicidio de Lilia Alejandra

El cuerpo de Lilia Alejandra y la cobija que cubría su cuerpo desnudo, violado y brutalmente golpeado, después de ser examinados lanzaron como resultado tres perfiles genéticos. Uno se recogió de manchas de sangre en la cobija, otro de las uñas de Lilia Alejandra y uno más del semen en la vagina de la adolescente. Para cerrar el caso es necesario que por lo menos se detenga a tres personas implicadas en el feminicidio.

En el 2008 la representación legal de Norma Andrade pidió que se cotejaran las tres muestras genéticas con las halladas en otros casos de feminicidio.

Uno de los registros que se logró identificar del semen encontrado en el cuerpo de Lilia, coincide también con el que se halló en los cuerpos de otras cuatro menores de edad: Rocío Cordero, de 10 años, asesinada en 1994; Rosa Isela Tena, de 14, asesinada en 1995; Sonia Ivette Sánchez, de 13, asesinada en 1996 y Coral Arrieta, de 17 años, asesinada en 2005, de acuerdo con David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Con el perfil genético del agresor se solicitó un cruce con la base de datos de empleados de Gobierno del Estado de Chihuahua. El 5 de junio de 2010 el Ministerio Público informó que: “Existe una coincidencia en el haplotipo del cromosoma y el cual corresponde a una muestra de sangre en la tarjeta de Enrique Castañeda Ogaz, agente ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, que murió asesinado el 19 de febrero de 2010 cuando salía de su casa”.

A partir de esa información se realizaron más pruebas que llevaron a determinar que el semen encontrado no era de Enrique Castañeda Ogaz, pero sí de alguien de su familia paterna. Hasta el momento la Fiscalía chihuahuense no ha realizado las diligencias necesarias para investigar a todos los miembros de la familia que vivieron en Ciudad Juárez en ese tiempo y que pudieron participar en los asesinatos. Falta al menos uno que se fue a vivir a Estados Unidos, cuenta Norma Andrade.

La Fiscalía determinó el 3 de abril de 2012 que: “De acuerdo al análisis victimológico de los casos, se establece uno de tipología específica, siendo personas del sexo femenino, de edad entre 11 y 17 años y de complexión delgada, lo que genera un patrón victimológico repetitivo. Se establece como un caso serial con evidencia conductual que tiene simbolismos sexuales”.

Lo que Norma y su defensa legal han logrado determinar, es que hay un grupo de hombres que viola y asesina serialmente a mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Que uno de los registros del semen encontrado en al menos cinco víctimas de feminicidio pertenece a un miembro de la línea paterna de la familia del agente ministerial Enrique Castañeda Ogaz. Que otros registros de semen no han podido ser cotejados.

Pasaron 17 años sin justicia, 10 desde que se tuvo el resultado del semen que se relaciona con el caso de las cinco niñas, y ocho desde que se determinó que pertenece a un familiar paterno del agente Castañeda Ogaz. Norma ha sido víctima de la ineficiencia del Estado para resolver el caso.

La indiferencia de las autoridades en la investigación del feminicidio de su hija la orilló a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la audiencia del 7 de mayo de este año, el Estado Mexicano aceptó su responsabilidad internacional y pidió una resolución amistosa. Ahí, en Puerto Rico, Norma Andrade, el abogado David Peña y la abogada Michel Salas conocieron al ministerio público Sergio Castro, que estaba encargado de la carpeta de investigación del caso de Lilia Alejandra, quien apenas tenía con la carpeta desde febrero de este año y no se había presentado con los familiares de las víctimas.

A pesar de que las investigaciones han tardado más de 17 años, bastaron dos semanas después de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el ministerio público al que recién se le había encargado la carpeta  diera con el presunto responsable, de acuerdo con un boletín que publicó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el domingo 20 de mayo.

En el boletín se nombra a las niñas que están relacionadas con el caso de Lilia Alejandra, pero no la menciona a ella directamente. Unos días después, luego que el ministerio público hablara con Norma y su defensa y estos dijeran que investigarán a fondo la relación real del detenido con los casos, el boletín fue eliminado de la página de la Fiscalía.

El sábado 19 de mayo, mientras la Caravana de la Realidad del Norte salía de Ciudad Juárez hacia Chihuahua, Manuel Navarro era ingresado al Cereso Estatal 3, luego de confesar, sin que se le cuestionara por eso, que asesinó al menos a diez niñas entre 1994 y 2005 en Ciudad Juárez, entre las que se encuentran, presuntamente, Sonia Ivette Sánchez, Rosa Isela Tena, Coral Arrieta, quienes coinciden con uno de los agresores de Lilia Alejandra.

“También mencionaron que hay otra víctima más en la que el ADN del agresor tiene coincidencia”, dice una nota publicada en El Diario de Ciudad Juárez.

Cuando le comentan a Norma sobre la eliminación del boletín de la Fiscalía, dice tranquila: “no me sorprende para nada”.

Así que, de pronto, surgió una persona en la carpeta de investigación que no había sido mencionada ni aparecía en alguna línea de investigación y está detenida, mientras que la persona que aparece como principal sospechosa en la línea que se ha seguido los últimos diez años, sigue sin ser llamada a comparecer para hacer las pruebas genéticas.

El responsable que le presentó la Fiscalía a Norma y que no estaba relacionado con el caso está preso en el Cereso de Ciudad Juárez a la espera de ser juzgado, pero por otros casos. Por el de Lilia Alejandra no se ha emitido siquiera una orden de aprehensión, dijo Norma, versión corroborada por la vocera de la Fiscalía de la Mujer de Ciudad Juárez, Silvia Nájera.

En cambio, en Chihuahua, hacia donde fue removida la carpeta de investigación de acuerdo con David Peña, la vocera de la Fiscalía de la Mujer, Jéssica Rentería, sólo dijo que no estaba enterada y que no sabía, exactamente, en dónde se encontraba esa carpeta. Después se comprometió a devolver una llamada que no devolvió.

Norma dijo que traerá a la coordinadora de peritos de las Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, para que haga los cotejos de ADN necesarios para probar científicamente si ese hombre es el responsable.

Lilia Alejandra tuvo dos hijos: Jade, de un año ocho meses y Caleb, de cinco meses. Ahora, 17 años después, ellos son mayores de lo que fue su madre. Mientras escribo esto Caleb cumple 18 años, su abuela, que en la práctica es su madre, lo felicita antes de que salga camino a la universidad. Todavía no saben por qué asesinaron a Lilia ni quién o quiénes son responsables. A pesar de ello, para Javier Corral se trata de un caso resuelto.

Se buscó la versión de la Fiscalía para que explicara la prueba científica que relaciona a Manuel Navarro con el homicidio del Lilia Alejandra, y a la que se refirió el gobernador de Chihuahua, pero no hubo respuesta.

A Norma la han intentado asesinar en dos ocasiones. Una de ellas recibió cinco disparos en Ciudad Juárez. Después, en la Ciudad de México, un hombre tocó a su puerta y la apuñaló en el cuello. Dice que no se cierra a que Navarro esté involucrado pero que no le pueden cerrar el caso con un detenido. Que la investigación debe seguir hasta dar con los tres.

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