La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investiga los movimientos realizados en diversas cuentas bancarias vinculadas con la empresa brasileña Odebrecht en el extranjero, para rastrear el posible flujo de recursos a algún partido político o a la campaña presidencial de 2012 en México.
Autoridades de la Fiscalía confirmaron a Animal Político que se solicitó a varios países distintos a Brasil – que no podían revelarse para no entorpecer la indagatoria – la asistencia jurídica internacional para tener acceso a estas cuentas bancarias y sus transferencias.
La información se encuentra en proceso de recepción.
Las solicitudes forman parte de la carpeta de investigación que la FEPADE integra a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía desde agosto de 2017, y en la que se señala a la empresa Odebrecht de haber transferido recursos económicos en 2012 para la campaña del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto, a cambio de contratos que a la postre obtendría en su gobierno.
La investigación de FEPADE es independiente a la que la Procuraduría General de la República (PGR) integra por los presuntos sobornos que la referida empresa habría pagado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (de la que Odebrecht es contratista), pues la de la Fiscalía se centra en la comisión de posibles delitos electorales.
De acuerdo con las autoridades consultadas, fue a partir de diciembre de 2017 cuando se ordenaron e impulsaron las líneas de investigación, y hasta el momento suman casi seis meses de trabajo que incluyen el rastreo de las cuentas ya referido, entre otras diligencias.
“Tenemos seis meses investigando el caso pero una parte importante deviene de investigaciones de asistencias jurídicas internacionales, entonces lo que ha sido más tardado son esas asistencias”, indicó un funcionario de la FEPADE.
En la Fiscalía destacaron que se trabaja de forma paralela con la PGR, cuya carpeta de investigación, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), lleva más tiempo integrándose.
En ese sentido señalaron que la información que la Procuraduría pueda obtener del contacto con las autoridades brasileñas también sería compartida con la FEPADE.
No obstante, a diferencia de lo ya adelantado la semana pasada por el encargado de la PGR Alberto Elías Beltrán, respecto a que el caso que ellos tienen será consignado ante un juez antes de diciembre, en la FEPADE subrayaron que no es posible dar un plazo de resolución pues depende de la información que arrojen las solicitudes hechas a varios países.
Un caso accidentado
Odebrecht es una empresa trasnacional que ha reconocido haber estado involucrada en diversos esquemas de corrupción (pagos de sobornos) para obtener contratos públicos en América Latina, lo que de acuerdo con investigaciones periodísticas también habría ocurrido en México, principalmente con subsidiarias de Petróleos Mexicanos.
El 14 de agosto de 2017 un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció que en pleno proceso electoral de 2012 la constructora Odebrecht había transferido 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Además el diario brasileño O’Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab revelaron el contenido de una declaración judicial del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll.
En ella se aseguraba que en marzo de 2012 Menseses se reunió con Emilio Lozoya, y que en ese encuentro el entonces integrante de la campaña presidencial de Peña Nieto le solicitó cinco millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, en donde Odebrecht asentó su base de operaciones.
Como retribución por el dinero aportado a la compaña, el gobierno de Peña Nieto habría favorecido a Odebrecht con contratos públicos a través de Pemex y su titular Lozoya Austin, lo que a su vez habría significado que los sobornos continuaron. Esto ha sido negado reiteradamente por el exdirector de Pemex.
Tras estas revelaciones fue presentada una denuncia penal ante la FEPADE para que se indagara lo ocurrido en la campaña presidencial de 2012. El entonces titular de la referida fiscalía era Santiago Nieto Castillo, quien el 15 de agosto de 2017 confirmó que acababan de iniciar una carpeta de investigación, y prometió que se procedería penalmente en contra de quien resultara responsable.
Pero dos meses después, y con el argumento de que había violado el Código de Conducta de la PGR, Santiago Nieto fue removido como titular de la FEPADE por Elías Beltrán.
Esto luego de que Nieto declaró al periódico Reforma que había recibido una carta de Lozoya en la que le pedía señalar públicamente que él no estaba involucrado en los presuntos sobornos.
La destitución de Nieto fue una de las primeras determinaciones que tomó Elías Beltrán como encargado de la PGR, cargo que asumió tras la renuncia a la misma del procurador Raúl Cervantes el 16 de octubre de 2017.
En su escrito de renuncia presentado ante el Senado, Cervantes sostuvo que la indagatoria por el caso Odebrecht estaba concluida y se consignaría ante un juez.
Pero ni la carpeta de investigación abierta por PGR, ni la iniciada por la FEPADE relacionadas con la empresa brasileña, han sido consignadas hasta el momento.
Fue hasta la semana pasada cuando Elías Beltrán señaló en una serie de entrevistas concedidas con algunos noticieros radiofónicos que el caso Odebrecht “no estaba parado y se seguía avanzando”, y que si la consignación prometida por Cervantes no había ocurrido es porque hubo retrasos en la entrega de información solicitada a Brasil.
Además el encargado de PGR prometió que el caso será consignado antes que concluya el actual gobierno.
En cuanto a la carpeta de investigación iniciada por la FEPADE tampoco se había dado a conocer en qué situación se encontraba el caso tras la salida de Santiago Nieto y la designación de Héctor Díaz Santana como nuevo fiscal para delitos electorales.
Lo que la Fiscalía ha dicho ahora a Animal Político es que el caso no se ha detenido y que incluso se ha avanzado de forma significativa en los últimos seis meses, pues lo dejado por la gestión de Nieto Castillo era solo un trabajo inicial a partir de la denuncia que se presentó.
Cárcel o negociación para involucrados
En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales indicaron que tras las reformas en materia electoral aprobadas en 2014 hay delitos electorales que por su gravedad pueden alcanzar una pena superior a los cinco años de prisión.
Agregaron que este podría ser el caso de los que resulten responsables en el presunto financiamiento ilegal de Odebrecht a la campaña de algún partido político.
No obstante, dado que este caso fue iniciado bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio, los probables responsables podrían evitar un juicio largo e incluso la prisión, si optaran por declararse culpables.
“Esto podría dar paso a un procedimiento abreviado que es un proceso corto, donde los probables responsables pueden tener una pena reducida. Pero ello implica declararse culpables y comprometerse a reparar el daño. Es un escenario que se valora pero la investigación aun no llega a esa instancia”, dijo uno de los fiscales.
