PGR tiene 15 días para presentar acusación contra Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada
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PGR tiene 15 días para presentar acusación contra Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada

En caso de que los fiscales responsables del caso o el posteriormente el encargado encargado de despacho de la PGR no presenten pruebas, el procedimiento judicial, por lavado de dinero y delincuencia organizada, en contra del exgobernador sería cancelado.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
1 de agosto, 2018
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La Procuraduría General de República (PGR) tiene un plazo de 15 días, a partir de este miércoles, para presentar por escrito la acusación y datos de prueba en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para llevarlo a juicio por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con el código nacional de procedimientos penales, los fiscales de la PGR encargados del caso tendrán los próximos 15 días para presentar “primero la acusación por escrito y tras esto habría una audiencia oral para debatirla”, detallaron los abogados del exgobernador a Animal Político.

Leer: FEPADE pedirá a Guatemala que autorice ejecutar aprehensión de Javier Duarte por delitos electorales. 

La audiencia oral se llevaría a cabo en un plazo de 30 a 40 días naturales luego de que la PGR presente la acusación.

Esta audiencia, denominada intermedia, debería estar a cargo del mismo juez federal que ha llevado el proceso en su fase inicial. No obstante, en el caso de Duarte, el juez responsable Gerardo Moreno fue removido en mayo pasado por el Consejo de la Judicatura, por lo que aun se desconoce que juez seguirá con el procedimiento.

En el caso de que los fiscales responsables no presenten las pruebas en el periodo de los 15 días, el juez de control comunicaría la omisión de forma directa al procurador o encargado de despacho de la PGR, otorgando a éste otro plazo de 15 días para que presente las pruebas requeridas.

Si la acusación y los datos de prueba no son presentados en los lapsos referidos, con base en el artículo 325, el procedimiento judicial, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, en contra de Javier Duarte sería cancelado. Aun así el exgobernador no dejaría el Reclusorio Preventivo Norte, donde se encuentra preso de forma preventiva, dado que pesan sobre él otros procesos relacionados con delitos como desaparición forzada y desvío de recursos.

Leer: Autoridades de Veracruz aseguraron cuarto departamento de lujo de Javier Duarte en Boca del Río. 

Si por el contrario, la acusación es presentada por la PGR la Secretaría de Hacienda, dependencia que aparece como “víctima u ofendido”, sería notificada y se le daría un plazo de tres días para presentar sus propias pruebas y solicitar cualquier corrección que detecte en el documento presentado por la PGR.

Por su parte la defensa del exgobernador tendrá 10 días para presentar las pruebas que respondan a la acusación.

El pasado 11 de junio la PGR inició una nueva carpeta de investigación por el presunto desvío y desaparición de más de mil 700 millones de pesos, transferidos en 2014 al gobierno de Javier Duarte en Veracruz, y que estaban destinados para acciones de salud, fundamentalmente a través del Seguro Popular.

Leer: PGR indaga nuevos desvíos en salud con Javier Duarte y Tarek Abdalá, por 1,700 mdp.

Dichos recursos, según la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron retenidos o transferidos a cuentas distintas por la tesorería de la Secretaria de Finanzas estatal, encabezada en aquél entonces por Tarek Abdalá Saad, hoy diputado federal del PRI.

Hasta ahora en esta carpeta de investigación, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de PGR, suman 70 casos por presuntos fraudes relacionados con el manejo de recursos federales solo en la gestión del exgobernador Javier Duarte. Todas ellas promovidas por denuncias de la ASF.

Sin embargo y pese a que algunas de estas denuncias ya tienen más de tres años, ninguno de los casos ha sido consignado ante un juez y por ende tampoco se ha esclarecido ni se ha castigado a los exfuncionarios responsables.

Este lunes, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) anunció que solicitará al gobierno de Guatemala autorización para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, por su probable responsabilidad en delitos electorales durante su administración.

Se trata de una orden de arresto que un juez federal en México concedió desde hace más de un año, pero que no se pudo ejecutar durante la extradición de Duarte desde Guatemala, en abril de 2017.

La FEPADE explicó a Animal Político que las cláusulas del tratado de extradición entre Guatemala y México establecen que una persona solo puede ser extraditada “por hechos que sean delitos entre ambos países”; y dado que los delitos electorales no están tipificados en el país centroamericano, no se pudo finiquitar en ese momento el trámite.

Aunado a esta orden de aprehensión pendiente por delitos electorales existe una segunda orden girada contra Duarte concedida a principios de junio pasado por un juez de Veracruz por el delito de desaparición forzada. Según la investigación, el exgobernador ocultó una serie de desapariciones que cometió la policía estatal durante su administración. Por este caso ya hay más de una veintena de exfuncionarios duartistas procesados, incluyendo al exfiscal y exjefe de la policía en aquel gobierno.

 

Con información de Arturo Angel.  

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Quiénes son los Tequileros, banda criminal a la que se le atribuye la masacre de 20 personas en Guerrero

Un grupo delictivo muy violento llevó a cabo una masacre en Guerrero. Las autoridades apuntan a los Tequileros, una banda que la mayor parte del tiempo ha pasado desapercibida.
8 de octubre, 2022
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Los Tequileros son un grupo muy local, pero que han llegado a ejercer mucha violencia.

Su influencia se limitaba a dos o tres municipios del estado de Guerrero, en la región de Tierra Caliente, donde se registra una alta producción y trasiego de drogas.

El pasado miércoles, una banda armada llevó a cabo una masacre a gran escala que llamó la atención más allá de México y las autoridades apuntan a los Tequileros como presuntos autores.

Los atacantes asesinaron con armas de grueso calibre al presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, así como otros cinco funcionarios municipales y familiares y civiles que estaban reunidos en esa localidad.

También mataron al exalcalde Juan Mendoza, que era padre del actual presidente local. En total, 20 personas perdieron la vida, informó el jueves el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía.

“Ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la Familia Michoacana, cuyas cabezas apodadas el Pez y el Fresa son los líderes criminales de esa región”, detalló el funcionario al adelantar los primeros indicios de la investigación.

foto de primer plano de Conrado Mendoza Almeda

Gobierno de San Miguel Totolapan
Conrado Mendoza fue asesinado en el ataque ocurrido el 6 de octubre.

La disputa entre los Tequileros y la Familia Michoacana viene desde hace una década, pero se ha dado fuera de la atención pública nacional, salvo cuando se han producido enfrentamientos como el del miércoles, le explica a BBC Mundo el experto en seguridad Víctor Sánchez.

“Como hay esa combinación de poca atención gubernamental y procesos de infiltración de las autoridades de larga data, se da una especie de bomba de tiempo. Al no incluir su acción en ciudades grandes, como Acapulco, no llaman tanto la atención de las autoridades o de los medios, salvo cuando se desborda el problema”, explica Sánchez.

El Tequilero

El nombre del grupo viene de su fundador, Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero.

Desde la década de 2000, encabezó las acciones de tráfico de drogas en San Miguel Totolapan, el cual es un municipio con alta producción de opio, “uno de los de más alta producción en México”, describe Sánchez.

Raybel Jacobo "el Tequilero"

PGR
Se presume que Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero, murió en 2018.

Se encuentra en la región de Tierra Caliente, la cual se extiende también al vecino estado de Michoacán, el cual históricamente ha sido dominado por el grupo la Familia Michoacana y grupos derivados, como los Caballeros Templarios.

En la década pasada, la lucha por el control de una región altamente productiva en sembradíos de marihuana y amapola llegó a las puertas de San Miguel Totolapan.

En esa disputa, el Tequilero presuntamente murió en 2018 tras un enfrentamiento. Hasta hoy se asume que Raybel Jacobo de Almonte falleció, pese a que su cuerpo nunca fue identificado.

“Es una organización que perdió algo de fuerza con el supuesto abatimiento de su líder, pero vemos que no desapareció, que siguió presente”, explica Sánchez.

“Pero por concentrar su fuerza en un solo municipio difícilmente llegan los medios de comunicación, salvo en estos casos en los que se ve un incremento de la violencia o situaciones de violencia paradigmática”.

Map

No obstante, los Tequileros han usado la violencia para realizar secuestros y extorsiones en San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y partes de Arcelia.

En la actualidad, hombres identificados por sus apodos, el Vago y la Mula, son quienes asumieron el liderazgo de los Tequileros.

En 2020, la Mula afirmó en un video que habían efectuado un pacto con el cartel Jalisco Nueva Generación, que rivaliza con la Familia Michoacana. Pero para Sánchez, solo es una alianza menor para traficar droga.

¿Por qué el ataque en su “territorio”?

Desde la década pasada había sospechas de que las autoridades en San Miguel Totolapan colaboraban con los Tequileros.

La reciente filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da muestra de ello.

El informe confidencial de 2014 titulado “Presidentes municipales del estado de Guerrero con presuntos vínculos con el narcotráfico” identifica a Saúl Beltrán Orozco.

Denuncias obtenidas por la Sedena dicen que era “compadre” de Raybel Jacobo de Almonte, “dirigente del grupo delictivo a quien protege y proporciona información”.

Como ocurre en muchas localidades pequeñas del país, “hay una captura del aparato municipal para la obtención de rentas a través de la colocación de funcionario municipales”, explica Sánchez.

Varias personas en un cortejo fúnebre en San Miguel Totolapan

Getty Images
Una hipótesis del caso señala que el alcalde Conrado Mendoza creó un acuerdo con la Familia Michpacana.

El ataque del pasado miércoles contra Conrado Mendoza se dio cuando este presuntamente iba a sostener una reunión con José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, líder local de la Familia Michoacana.

El propio Hurtado Olascoaga publicó el jueves un video en el que señala que estaba por bajar de su vehículo para reunirse con Mendoza cuando se desató el ataque del que pudo huir.

El ataque, presume Sánchez, se da por “una especie de venganza por haber cambiado de bando”.

Como en otras regiones de México capturadas por grupos delictivos, en San Miguel Totolapan se combinan factores que favorecen a esas bandas: poco empleo o inversiones, pobreza y corrupción de autoridades.

Por eso Sánchez señala que crean “bombas de tiempo” que de tanto en tanto explotan.


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