¿Por qué un pueblo en Nueva Zelanda pretende prohibir los gatos domésticos?
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¿Por qué un pueblo en Nueva Zelanda pretende prohibir los gatos domésticos?

Científicos conservacionistas han advertido desde hace tiempo del impacto de los gatos libres y salvajes en el ecosistema global: los han clasificados entre las 100 peores especies invasoras no nativas en el mundo.
30 de agosto, 2018
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Zona libre de gatos. Un pequeño pueblo de la costa sur de Nueva Zelanda planea implementar un plan radical para proteger la fauna nativa: prohibir los felinos domésticos.

Bajo la iniciativa, propuesta por Environment Southland, la agencia ambiental del gobierno, los propietarios de gatos en el pueblo de Omaui tendrán que castrar, poner microchip y registrar a sus mascotas ante las autoridades locales.

Pero si el gato muere o si alguien en la comunidad desea tener uno, no estarán autorizados a conseguirlo.

“Tu gato puede vivir su vida natural en Omaui, haciendo felizmente lo que hace. Pero cuando muera, no podrás reemplazarlo”, explicó Ali Meade, gerente de operaciones de bioseguridad.

Bajo el plan, cualquiera que no cumpla con la prohibición recibiría un aviso antes de que las autoridades le quiten a la mascota, pero solo como un “último recurso absoluto“.

La iniciativa es parte del plan regional de manejo de plagas propuesto por el consejo local, que fue abierto el martes para consultas.

Suena extremo, pero en opinión de algunos, podría ser una medida que otras comunidades deberían considerar.

El motivo

Algunos ambientalistas consideran que los gatos son responsables de la muerte de miles de millones de aves y mamíferos cada año y que es nuestra culpa.

“Los gatos son mascotas maravillosas, son espectaculares. Pero no se les debería permitir vagar fuera, es una solución bastante obvia”, explica a la BBC Peter Marra, quien encabeza al Centro de Aves Migratorias del Instituto Smithsoniano.

“Jamás dejaríamos a los perros hacer eso. Es tiempo de que tratemos a los gatos como perros”, agrega.

Stock image of a brown cat outfoors

Getty Images
Los gatos se consideran también “controladores biológicos” por eliminar plagas de ratones.

En Omaui, las autoridades dicen que la medida se justifica porque hay cámaras que muestran a gatos cazando aves, insectos y reptiles del área.

¿Qué tan grave es el problema de los gatos?

El debate sobre la población de gatos y ecosistemas locales no es único de Omaui.

Científicos conservacionistas han advertido desde hace tiempo del impacto de los gatos libres y salvajes en el ecosistema global: los han clasificados entre las 100 peores especies invasoras no nativas en el mundo.

Según Marra, al menos 63 extinciones de especies a nivel global están vinculadas a las poblaciones crecientes de gatos, lo que se potencia en áreas con ecosistemas altamente sensibles, como en Nueva Zelanda.

“Suena extremo. Pero la situación está fuera de control”, agrega.

Peter Marra releasing a red knot bird after tagging it in Texas

Tim Romano/Smithsonian Conservation Biology Instit
Marra cree que los amantes de los gatos de todo el mundo deberían adoptar una “mentalidad diferente” hacia estos animales.

De acuerdo con el especialista, los amantes de los gatos de todo el mundo deberían adoptar una “mentalidad diferente” hacia estos animales.

En su criterio, los gatos deberían ser adoptados cuando sea posible, luego deberían ser castrados y mantenidos en un ambiente controlado, por ejemplo, con una correa.

“Esta situación no es culpa de los gatos, es culpa de los humanos”, insiste.

Las estimaciones precisas son difíciles de determinar, pero en EU. hay alrededor de 86 millones de gatos domésticos, lo que equivale a uno de cada tres hogares.

Cantidades no cuantificables viven perdidas o de forma silvestre, lo que implica enormes pérdidas para el medio ambiente.

Se estima que hasta 4.000 millones de aves y 22.000 millones de mamíferos son matados por gatos en EE.UU. cada año.

‘Asesinos natos’

No es la primera vez que se pinta a los gatos como una amenaza en Nueva Zelanda, un país que cuenta con uno de estos animales en casi la mitad de sus hogares.

También son un tema candente en Australia, donde se les culpa por la muerte de miles de especies nativas cada noche.

Ese último país, que ha estado financiando iniciativas de sacrificio de la especie desde 2015, cuenta con la cerca a prueba de gatos más grande del mundo e incluso ha considerado la introducción de un toque de queda nacional para estos animales.

Los consejos y los gobiernos estatales han tomado el problema en sus propias manos: obligan a que los gatos permanezcan en el interior de las casas por la noche y desarrollan programas de esterilización obligatoria.

En Australia, alertan en algunos carteles que los gatos corren riesgos si permanecen fuera de las casas.

PETA
En Australia, alertan en algunos carteles que los gatos corren riesgos si permanecen fuera de las casas.

Sin embargo, las iniciativas contra los felinos siguen siendo controvertidas.

El año pasado, grupos defensores de los derechos de los animales protestaron contra un consejo local de Queensland que ofrecía recompensas de US$10 por los cueros cabelludos de gatos callejeros.

En Omaui, por su parte, los residentes dijeron a los medios locales que estaban “conmocionados” y “engañados” por la prohibición propuesta y se han comprometido a resistirse.

Los gatos son muy populares en redes sociales.

Getty Images
Los gatos son muy populares en redes sociales.

Nico Jarvis es una residente local que asegura que sus tres gatos ayudan a combatir los roedores en su casa y comparó el proyecto con un “estado policial”.

Amantes de los gatos en páginas de Facebook reaccionaron airadamente ante las noticias y señalaron que los venenos, los automóviles y los humanos también dañan a las especies nativas.

Los residentes locales tienen hasta fines de octubre para registrar sus objeciones al plan de Environment Southland.

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Cuartoscuro Archivo

'Es una simulación, no quieren investigar a la Marina', denuncian por caso de 27 desapariciones en Nuevo Laredo

La CNDH señaló a la Semar por la desaparición de 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018. Las familias siguen sin tener pistas y no hay ni una sola persona acusada formalmente.
Cuartoscuro Archivo
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Jessica Molina no ha cambiado su relato ni un milímetro desde la noche del 27 de marzo de 2018. Desde entonces viene asegurando que elementos de la Marina irrumpieron en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se llevaron a su esposo, Daniel Trejo, y a un amigo de este, Gabriel Gaspar Vázquez. Los golpearon, los interrogaron y los capturaron, asegura la mujer. “Nadie me lo contó. Yo estaba ahí”, dice. No volvió a saber nada de su marido a pesar de remover cielo y tierra para encontrarle.

Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le da la razón y vincula a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en la desaparición de 27 personas, entre las que se encuentran Trejo y Vázquez. En su recomendación 36VG/2020, fechada a 13 de julio, la institución denuncia que los marinos negaron tener información sobre los desaparecidos y advierte sobre irregularidades en la investigación. Todo lo que Molina lleva diciendo desde aquella noche.

“Tengo sentimientos encontrados. La recomendación llega dos años y cuatro meses después de la desaparición de mi esposo. Aún no hay un solo caso judicializado a pesar de tanta evidencia”, dice, en entrevista con Animal Político.

Ni un solo oficial imputado. Ni un solo marino señalado. Nada. Y eso que, según Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, “hay al menos cuatro casos en los que hay evidencias suficientes” como para iniciar un proceso penal.

La recomendación da veracidad a lo que las familias llevan denunciando desde hace dos años: que entre febrero y mayo de 2018 uniformados de la Semar se llevaron de sus domicilios a al menos 27 personas. De ellos, 12 aparecieron muertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.

Entérate: CNDH acredita presunta responsabilidad de la Marina en la desaparición de 27 personas en Tamaulipas

Las 331 páginas del informe de la CNDH son una radiografía de la impunidad. Para Jessica Molina y para las familias de otras 26 personas son un primer reconocimiento oficial de que decían la verdad. Confían en que sirva para que las investigaciones se aceleren.

“La Marina y el Gobierno de Enrique Peña Nieto cuestionaron nuestra versión y dijeron que estábamos mintiendo, que quien los había desaparecido era crimen organizado. Con esto se demuestra que tenemos la razón”, dice Ramos.

Animal Político quiso conocer la versión de la Semar y de la FGR, pero al cierre de la nota no había obtenido respuesta. El día en el que se hizo pública la recomendación, la Marina dijo a través de un tuit que acataría el mandato de la CNDH.

Un video clave

Para Molina la pesadilla comenzó el 27 de marzo de 2018. Su relato, unido al de dos testigos y los videos de seguridad de una de las viviendas cercana, permite saber qué ocurrió aquella noche.
Pasaban algunos minutos de la medianoche cuando varios hombres irrumpieron en el domicilio. Vestían “uniformes de la Marina”, según el testimonio de Molina registrado en la recomendación de la CNDH y entraron “apuntándoles con armas largas”. No mostraron documentos ni orden de cateo y tampoco se identificaron. Se movían en camionetas tipo pick up sin ningún distintivo oficial.

Ahí en el mismo domicilio comenzaron los golpes contra Daniel Trejo, a quien le preguntaban por su alias y sobre “un tal Willy”. Molina siempre ha asegurado que escuchó en al menos dos ocasiones que los uniformados reconocían haberse confundido de domicilio.

“Estando dentro de su vivienda, los uniformados revisaron el celular de Trejo, y le dijeron ‘ya valiste’. Comenzaron a golpearlo y luego lo sacaron del domicilio, llevándoselo con rumbo desconocido, siendo el caso que desde entonces se ignora su paradero”, dice la recomendación de la CNDH.

Ahí en el domicilio se encontraba también Gabriel Gaspar Vázquez, amigo de Trejo y quien se encontraba buscando trabajo en la zona desde el 19 de marzo, cuando partió de Oaxaca. Aunque Molina no vio cómo se lo llevaban, desde aquel día no hay noticias sobre su paradero.

En los 20 minutos que permanecieron en el domicilio, los uniformados se llevaron varios teléfonos celulares y un disco duro en el que se almacenaban las grabaciones de la cámara de seguridad de la vivienda.

La CNDH es contundente en su versión de los hechos. “Es posible concluir con alto grado de probabilidad que entre las 23:57:50 horas del lunes 26 de marzo de 2018 y las 00:26:51 del martes 27 de marzo de 2018, un grupo de al menos 14 individuos uniformados (con uniforme táctico tipo militar) y armados, efectuaron un operativo en las inmediaciones de las calles Nayarit y Amado Nervo, en la colonia El Mirador, de Nuevo Laredo, donde se ubica el domicilio de Molina y Trejo, al cual ingresaron arbitrariamente y perpetraron un cateo ilegal”, dice la recomendación.

“Asimismo, de las imágenes del Video 1 es posible observar cómo algunos de estos uniformados condujeron a dos personas (que se presume se trata de Trejo y Vázquez), hacia unas camionetas que se encontraban estacionadas sobre la calle Nayarit y Amado Nervo, afuera del Domicilio, para posteriormente subirlos por la fuerza a dichas camionetas y retirarse del lugar, llevándoselos con rumbo desconocido”, continúa.

Aquel mismo día Jessica Molina presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y se abrió la carpeta de investigación número 9. Posteriormente, el 1 de junio, el caso pasó a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, donde se inició la carpeta de investigación número 10. Desde entonces Molina no tiene noticias de que nadie haya sido ligado a proceso ni tan siquiera interrogado. Y, lo más importante, no hay pistas sobre dónde se encuentra su esposo, al que personal uniformado se llevó de su casa aquella madrugada.

Investigación “deficiente”

Las familias de los desaparecidos llevan mucho tiempo quejándose por la obstrucción a las investigaciones realizadas por la Semar. Desde un inicio, la institución negó tener registros de los desaparecidos o que sus hombres hubiesen participado en el operativo.
En el oficio 2509/2018 del 30 de mayo de 2018, la Semar niega tener registro sobre Trejo o Vázquez.

En junio de ese año inició una investigación administrativa de la que no se han hecho públicos los resultados.

En octubre, la Semar insiste: “no se tiene registro de que personal haya participado en la detención de los quejosos, o en los hechos (…) no se cuenta con registro de los señores Trejo y Vázquez”.

Una de las principales quejas de las familias de los desaparecidos es la lentitud con la que se desarrollan las investigaciones. Y la CNDH también les da la razón en este extremo, ya que observa “deficiencias” en el trabajo del MP. “Se limitaron a recabar la comparecencia de los denunciantes y a girar requerimientos de trámite a diversas autoridades solicitando información sobre el paradero de las víctimas, pero no fueron suficientes ni eficientes en la búsqueda de las personas desaparecidas ni en la investigación de la probable participación de personal de la Semar”, dice el informe.

Básicamente, lo que la fiscalía hizo fue girar órdenes de búsqueda, pero sin enviar agentes a buscar a las bases operativas a pesar de que las denuncias señalaban directamente a los marinos como participantes

Esta falta de diligencia en la investigación ha sido reiteradamente denunciada por las familias afectadas.

“Esto es una simulación, no hacen nada. No le quieren entrar a investigar a la Marina. Los reportes son búsquedas de escritorio”, denuncia Molina, que se queja de haber sufrido el trato agresivo de algunos fiscales.

Está previsto que esta semana se celebren reuniones con cada una de las familias para explicar los avances en las investigaciones. Porque el tiempo pasa y no hay rastro de Trejo, Vázquez ni del resto de desaparecidos.

Como no han sido señalados judicialmente, los uniformados que participaron en estos operativos siguen trabajando.

“La FGR actúa muy parecido al caso Ayotzinapa. Hace una investigación parcial e intenta proteger a las fuerzas armadas”, denunció Raymundo Ramos, el abogado que acompaña a las familias. “La marina los tiene identificados, la FGR también, pero no actúan”, se queja.

En el caso de Trejo y Vázquez, la CNDH constata la participación de al menos cuatro marinos a los que tiene identificados. Uno, que aparece en el informe como AR2, es un mando, mientras que los otros tres, AR7, AR8 y AR9, serían parte del operativo.

La recomendación de la CNDH podría ser un primer paso para que el caso se judicialice ya que la institución denunciará a 20 integrantes de la Marina por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. Mientras tanto, las víctimas deberán ser indemnizadas y las autoridades tendrán que realizar una disculpa pública.

En su recomendación, la CNDH puso tareas a la Semar y a la Fiscalía General de la República. A los primeros les pide indemnizar a las víctimas y colaborar con las pesquisas tanto de los órganos de control internos como del Ministerio Público. A los segundos, que continúen con las averiguaciones para encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables.

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