Sentencian a policías que en activo mataron a joven y violaron a su novia, pero niegan reparación del daño
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Archivo / Cuartoscuro

Sentencian a policías que en activo mataron a joven y violaron a su novia, pero niegan reparación del daño

Al no ampliar la responsabilidad hasta la administración pública, el juez no garantizó la reparación integral del daño ni se ocupó de la no repetición del hecho, aunque así lo exige la Constitución, la Ley de Víctimas y diversas leyes internacionales.
Archivo / Cuartoscuro
Por Andrea Vega @EAndreaVega
31 de agosto, 2018
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El vehículo estaba estacionado en el parque Chimalhuache, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Eran casi las 10 de la noche del 21 de febrero de 2013. En el interior del auto, A.F.F, de 15 años, y V.E.M.C, de 16, discutían si se irían a vivir juntos o no. A.F.F le dijo a su novio que no se sentía preparada. Se abrazaron. Sintieron que los alumbraban. A través de los vidrios del auto, bajo la luz de las lámparas, alcanzaron a ver las placas en el pecho de los recién llegados: policía de Chimalhuacán, decían. Eran tres.

Los agentes les pidieron bajar de la camioneta. El policía Pedro Luis Becerril Ríos separó a A.F.F. del grupo con el pretexto de interrogarla y la violó. Después mató a su novio. El juez que llevó el caso le impuso a Becerril una condena de 65 años de cárcel. También le otorgó a la sobreviviente del ataque una compensación económica. Hasta ahí llegó la resolución: al ámbito penal.

Aunque los culpables eran policías municipales, el juez exoneró al Estado. En los resolutivos de la sentencia el juez Colón Martínez argumentó que no era competente para sancionar al Estado durante el proceso penal contra los policías. Aunque reconoció que estos eran servidores públicos en funciones al momento de los hechos, determinó que se estaba juzgando a particulares por la comisión de un delito; por lo tanto no podía  imponer al Estado una reparación. Para eso, dijo, era necesario un procedimiento aparte.

“Se negó a dictar medidas de reparación integral para las víctimas y no garantizó la no repetición, pese a que hubo graves violaciones a derechos humanos”, dice Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien lleva la defensa de la víctima.

De acuerdo a la sentencia, la noche del 21 de febrero de 2013, los tres policías se asomaron al interior del vehículo donde estaban V.E.M.C y A. F.F. “Bájense”, les ordenaron. Empezaron a cuestionarlos: “Qué hacen aquí, por qué a esta hora”. Pedro Luis Becerril Ríos condujo a A.F.F a una cancha de futbol donde la violó. Los otros dos policías se llevaron a V.E.M.C atrás de la camioneta y se quedaron resguardándolo.

Cuando la adolescente pudo volver con su novio y los policías se habían ido, le contó sobre el ataque. El joven quiso ir a denunciar el hecho, pero no solos: pasaron por los padres de ambos.

De camino a la delegación se encontraron con una patrulla, la de Becerril y sus dos compañeros. Después de violar a A.F.F habían continuado su rondín. El grupo avanzó para reclamarles. Los agentes echaron el vehículo en reversa para escapar. Un auto estacionado atrás les impidió la maniobra.

V.E.M.C llegó a la patrulla y quiso sacar a Becerril. El policía le disparó dos veces. Una bala le dio en el cuello, otra en el tórax. “Le dieron a mi gordo”, declaró uno de los testigos que gritó el padre del joven. Otro de los oficiales, Alan Hernández Gutiérrez, de quien era su primer día de trabajo en la corporación, bajó de la patrulla y disparó al aire para alejarlos. Lograron huir. V.E.M.C murió en el hospital.

Los tres agentes abandonaron el vehículo en una gasolinera. Cada quien huyó por su lado. Los detuvieron meses después, entre marzo y junio de 2013, primero a Becerril, en Oaxaca. Casi tres años duró el proceso penal. El 13 de diciembre de 2017 el juez de primera instancia Juan José Colón Martínez emitió sentencia.

A Becerril lo condenaron, como autor material, a 65 años de prisión por violación modificativa (con el agravante de haberse cometido por un servidor público) en contra de una menor, y por homicidio calificado. Para Alan Hernández Gutiérrez y Francisco Jiménez Arechiga la pena fue de diez años, como partícipes, cooperadores simultáneos por no impedirla, en la violación a la menor. Además, se fijó una cantidad de dinero como reparación del daño a la víctima.

No quiso señalar al Estado

“A.F.F ve una patrulla y se pone mal, se pone a llorar, a veces les quiere gritar”, declaró la psicóloga Ximena Antillón Najlis durante el juicio. “Le cuesta establecer contacto físico, incluso con familiares cercanos, porque re experimenta angustia y miedo a que los varones la lastimen”.

Antillón Najlis es perito ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y participó en el análisis de casos tan graves como el de Atenco, con víctimas de violencia sexual, y el de Ayotzinapa. A ella la defensa de la víctima le solicitó hacer el peritaje y definir los daños psicológicos. A.F.F, contó la especialista, ni siquiera ha podido atenderse una infección: las revisiones son un estímulo traumático.

En general, “ella tiene el sentimiento de que no va a vivir, que nunca se va a curar. También experimenta culpa por haberle dicho a V.E.M.C lo que había pasado”. La especialista asegura que el hijo de A.F.F está en riesgo de sufrir daño traumático tras generacional, por las afectaciones a su madre.

También los padres y las hermanas de V.E.M.C viven los impactos de la pérdida, testificó la psicóloga. La madre necesita encontrar justicia para poder darle sentido a un hecho tan abrupto. “Ella y toda la familia quieren que se tomen medidas para que esto no vuelva a pasar”. La hermana menor dejó la escuela y tiene una profunda depresión. “Constantemente dice que ella fue quien debió morir y no su hermano”.

Antillón recomendó una reparación integral del daño y medidas de no repetición. Con estándares internacionales como referencia, entre ellos el Protocolo de Estambul y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Valentina Rosendo Cantú contra el Estado mexicano, propuso atención a la salud de A.F.F. “con un equipo multidisciplinario, capaz de dar seguimiento en casos de tortura y con perspectiva de género”.

También aconsejó dar atención especial a su hijo, y un plan integral de rehabilitación en salud para ambas familias, con seguimiento psicológico y psicosocial.

Y pidió tomar medidas de no repetición, como capacitación para las fuerzas de seguridad pública, un protocolo sobre el uso de la fuerza y un mecanismo para recibir y dar seguimiento a quejas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado y fuerzas policiales.

La especialista dijo que una reparación del daño con ese alcance sentaría precedente al incorporar la perspectiva psicosocial en una sentencia y poner en el centro a las víctimas. “Pero el juez se quedó corto”, dice la abogada Pérez Garrido.

Animal Político buscó al juez Colón Martínez para preguntarle el por qué de su decisión. La respuesta oficial de la coordinación de comunicación del Poder Judicial del Estado de México es que “la sentencia dictada en primera instancia y modificada en segunda instancia no ha causado ejecutoria, debido a que la víctima y los ofendidos interpusieron juicio de amparo en contra de la resolución, por lo que es importante esperar la que se dé en los juzgados federales al respecto”.

Carlos Pelayo Moller, especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no considera lo mismo. Frente a un hecho de graves violaciones a los derechos humanos, los familiares tienen razón al pedir medidas de reparación integral. “No es un capricho de las víctimas o de sus abogados, no es una ocurrencia, es una obligación de las autoridades estipulada en leyes nacionales e internacionales”,

La reparación integral está prevista en la Ley General de Víctimas, en la Constitución y en leyes internacionales como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Ley de Víctimas, por ejemplo, estipula en su Artículo 26 que los afectados tienen derecho a una reparación oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva. Y considera medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.

Pero aunque las reformas, leyes y protocolos para garantizar la reparación más allá de lo económico existen, dice Pelayo Moller, no se especifica en ninguna parte cómo bajarlos a la práctica. “Hay una gran incertidumbre en cómo se deben otorgar estas reparaciones y en qué sede. El sistema jurídico no ofrece la plena certeza”. Por eso cabe la confusión. “Pero en un caso como el de estos adolescentes, el Estado mismo no tendría porque escatimar medidas de reparación incluso motu propio. No debería ni mediar un juicio”, afirma el investigador.

Para que las víctimas no siempre salgan perdiendo, dice Pelayo Moller, “Necesitamos una transformación del sistema penal tradicional”. Ahora ese sistema hace casi imposible la reparación integral. Por eso, como en el caso de las Mujeres de Atenco las víctimas deben ir a buscar justicia a un tribunal internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A. F. F, su familia, la de su novio y su abogada han ido de un lado a otro buscando reparación. Después de la sentencia en primera instancia, interpusieron un recurso de apelación. Le tocó resolverlo al Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México. En específico a los magistrados: Tomás Santana Malváez, Sergio Castillo Miranda y Xóchitlh Martínez Correa. Su resolución no modificó nada en cuanto a la reparación integral y la no repetición.

En esa segunda instancia, los jueces resolvieron que compartían la determinación del Juez de Primer Grado de no condenar al pago de la reparación del daño integral al Estado mexicano. El alegato central es el mismo del primer juez: que se estaba juzgando a particulares por la comisión de un delito y no al Estado y que ese juicio no era la vía para pedir la reparación integral, pero no definen, como tampoco lo hace Colón, cuál sí lo es.

Ahora, las víctimas y sus defensores han interpuesto un amparo directo contra esa segunda sentencia. Ese proceso está en curso. “Estamos esperando la resolución que puede tardar entre dos o tres meses”, dice Pérez Garrido. Mientras, dos familias tienen la vida detenida.

 

Esta nota se hizo en el marco de la Beca Cosecha Roja.

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‘Una pandemia entre los no vacunados’: cómo EU está perdiendo de nuevo el control del COVID

El incremento de contagios en algunas regiones de EE.UU. se ha triplicado en las últimas semanas, lo que ha puesto en alerta a autoridades y expertos en salud pública.
27 de julio, 2021
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Con menos de la mitad de la población vacunada y los contagios creciendo sin freno, Estados Unidos está “en la dirección equivocada” en la pandemia.

La advertencia viene de Anthony Fauci, el asesor de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, quien prevé un recrudecimiento de los casos de covid-19 en el país si no se toman medidas correctivas.

Y es que Estados Unidos, el país con más muertos en la pandemia, enfrenta un peligroso panorama.

Mientras que en la última semana de junio el país registró unos 92.000 nuevos casos, en los siete días de la semana pasada la cifra superó los 500.000 contagios confirmados.

Y si bien la enfermad ha sido menos letal, con menos de 3.000 fallecidos por semana frente a más de 20.000 hace unos meses, la propagación de la variante delta del virus SARS-CoV-2 está fuera de control en algunos estados.

A esto se suma el estancamiento en las tasas de vacunación, principalmente en estados conservadores del sureste del país.

“Es realmente una pandemia entre los no vacunados”, le dijo Fauci a la cadena CNN el domingo.

El foco del problema: los no vacunados

A principios de esta semana, Vivek Murthy, cirujano general de EE.UU. -cargo que lo acredita como jefe del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública-, dijo que el 99,5% de las muertes recientes por covid-19 en el país se han dado entre personas no vacunadas.

Anthony Fauci

Reuters
“Es realmente una pandemia entre los no vacunados”, dice el doctor Anthony Fauci.

El doctor Marcus Plescia, director de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, le explica a la BBC que el problema principal del incremento de contagios se concentra en una región del país.

“Es particularmente grave en probablemente seis o siete estados. Los estados del sureste y algunos estados del Medio Oeste de Estados Unidos”, señala Plescia.

Alabama, Misisipi, Arkansas, Georgia, Tennessee, Oklahoma son estados donde menos del 40% de su población está completamente vacunada (en contraste, en la región del noreste, como Vermont y Massachusetts, la población vacunada supera el 65%).

Además, los gobernadores de los estados con más baja vacunación -mayoritariamente republicanos- han expresado desde el año pasado su escepticismo ante las políticas federales de prevención.

Promotores de la vacunación en Alabama

Getty Images
En Alabama, las autoridades han promovido la vacunación puerta a puerta.

“Es un problema predominantemente entre los no vacunados, que es la razón por la que estamos ahí afuera, prácticamente suplicando a las personas no vacunadas que salgan y se vacunen“, dice.

La vacunación estancada

Las tasas de vacunación en Estados Unidos se han estancado en los meses recientes.

EE.UU. tuvo hasta abril una de las tasas más altas de aplicación diaria de dosis en el mundo, pero desde entonces el ritmo bajó considerablemente.

El país tiene hasta ahora unos 163 millones de personas vacunadas, lo que es un 49% de su población (cerca del 18% de la población del país es menor de 12 años, para quienes no se ha autorizado la vacuna).

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Plescia señala que el país ha empezado a registrar un “leve aumento” en el ritmo de vacunación luego de las últimas noticias que muestran el aumento de casos entre los no vacunados.

“Nos gustaría ver mucho más, pero estamos viendo que comienza una tendencia un poco hacia arriba y escuchamos de la gente que esto ha llamado su atención”, principalmente entre quienes están abiertos a considerar el vacunarse, no tanto entre los que la rechazan, explica.

En su entrevista con CNN, Fauci dijo que los líderes locales en áreas con bajas tasas de vacunación deben hacer más para alentar a las personas a recibir las dosis.

Ahora los gobernadores republicanos de Arkansas y Florida -quienes criticaron los consejos de Fauci en el pasado- han estado promoviendo las vacunas en sus estados.

La propagación de la variante delta

Un problema que acompaña a las bajas tasas de vacunación en algunos estados de EE.UU. ha sido la propagación de la variante delta del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19.

Al ser más contagiosa que otras, esa variante se ha transmitido más rápidamente entre personas que no han recibido ninguna dosis, según han explicado tanto autoridades como expertos en salud pública.

coronavirus

Getty Images

“Ahí es donde realmente estamos viendo estos aumentos significativos. En otras partes del país donde las tasas de vacunación son más altas, no estamos viendo un gran problema, aunque incluso en esos estados estamos comenzando a verlo. Las cosas se arrastran”, apunta el doctor Plescia.

Estados que no se han quedado tan rezagados en la vacunación, como Florida (48,5%), están entre los que han comenzado a duplicar o hasta triplicar los contagios y hospitalizaciones.

Mientras que al comienzo de la pandemia se sabía que alguien se podía contagiar al estar 15 minutos frente a un portador del virus sin mascarilla, según la epidemióloga Celine Gounder, la variante delta se propaga exponencialmente con más velocidad.

“El equivalente a eso con la variante delta no son 15 minutos, es un segundo“, indica Gounder en un artículo del portal especializado en salud STAT.

Fauci dijo que las autoridades sanitarias están evaluando si las personas vulnerables al virus deben recibir una dosis de refuerzo adicional.

El desuso de mascarillas

A diferencia del año pasado, este verano boreal los estadounidenses han vuelto a salir de vacaciones, asistir a conciertos y eventos deportivos, o comer en restaurantes llenos sin el uso de mascarillas ni mucha distancia social.

El levantamiento de esas recomendaciones avanzó rápidamente a partir del 13 de mayo pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que aquellos completamente vacunados podían volver a hacer su vida normal sin el uso de la mascarilla.

Joe Biden quitándose la mascarilla

Getty Images
Joe Biden dijo: “Es un gran día para Estados Unidos” al anunciar en mayo el fin de la política de mascarillas para los vacunados.

Pero a medida que la pandemia ha resurgido, las autoridades se han comenzado a preguntar si es necesario volver a la política anterior.

“Estamos viendo eso en Los Ángeles. Estamos viendo eso en Chicago. Estamos viendo eso en Nueva Orleans”, le dijo Fauci a CNN. “Los funcionarios allí, muchos de ellos, dicen que incluso si estás vacunado es prudente usar una máscara en el interior”.

Plescia, por su parte, considera que la vacuna es la solución por encima de las mascarillas.

“Hasta donde sabemos por la ciencia, esa es una política sólida. Me refiero a personas que están completamente vacunadas, porque tenemos muy buenas vacunas. Son muy, muy efectivas, afortunadamente”, le explica a la BBC.

“Incluso en esos casos , es poco probable que esas personas se enfermen gravemente o terminen en el hospital o terminen muriendo”, añade.

Bañistas en Miami Beach

Getty Images
Las playas de Miami se han visto abarrotadas, con gente que ya no sigue las recomendaciones contra la covid-19.

Fauci dijo que participó en discusiones sobre una nueva política sobre el uso de mascarillas emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., pero aún no hay una decisión tomada.

La vacuna, ¿obligatoria?

Tanto autoridades públicas como asociaciones han comenzado a debatir si la vacunación debería ser un requisito para trabajadores de ciertas áreas esenciales.

En un comunicado conjunto, decenas de asociaciones médicas se pronunciaron el domingo a favor de la inoculación de los empleados sanitarios como requisito para trabajar en hospitales.

“La vacunación es la forma principal de dejar atrás la pandemia y evitar el regreso de estrictas medidas de salud pública”, dicen en su carta las 60 asociaciones firmantes.

Autoridades locales desde Nueva York hasta California también lo han planteado.

Y este lunes el Departamento de Asuntos de Veteranos se convirtió en la primera agencia federal en emitir como requisito de trabajo a sus empleados -que incluye personal sanitario- la vacuna contra la covid-19.

Una vacuna contra la covid-19

Reuters
Una vacuna ofrece protección dos semanas después de haber sido aplicada la segunda dosis (o la primera, si es de dosis única).

Aunque la Casa Blanca ha descartado imponer la vacunación obligatoria para los empleados públicos, ha dejado abierta la posibilidad de que las empresas lo hagan.

“Ciertamente apoyamos estas acciones de estas asociaciones de hospitales”, dijo el lunes la portavoz Jen Psaki.

Y la opinión pública está dividida: según una encuesta del sitio Politico y la Universidad de Harvard publicada este mes, un 66% apoya que los empleados sanitarios deban estar vacunados para trabajar.

En cambio, se mostraban divididos casi en partes iguales sobre si se debe exigir a otros trabajadores que lo hagan.


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