1968: Renuncia el rector de la UNAM; la solución al conflicto, jamás por la fuerza o la violencia, dice
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1968: Renuncia el rector de la UNAM; la solución al conflicto, jamás por la fuerza o la violencia, dice

"Es obvio que la autonomía ha sido violada. A ningún hombre sensato escapará que no estaba en nuestras manos la solución del problema", expuso Javier Barros Sierra, en su renuncia.
Especial
Por Viétnika Batres
24 de septiembre, 2018
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Nota del editor: Desde el 23 de julio, Animal Político presenta materiales periodísticos para conocer los hechos, nombres y momentos clave del movimiento estudiantil del 68 que se vivió en México.

La cronología se publica en tiempo real, a fin de transmitir la intensidad con que se vivieron esos días y se tenga, así, una mejor comprensión de cómo surgió y fue frenado a un precio muy alto el movimiento político social más importante del siglo XX.
 
Queda mucho por saber y entender: 50 años después aún no sabemos por qué una riña estudiantil –como muchas que hubo previamente– detonó la brutal represión del gobierno.
 
Lo que es cierto es que el 68 fue, es mucho más que la masacre del 2 de octubre. Hubo un contexto que lo explica. Y eso es lo que les presentamos aquí.

Ciudad de México, 23 de septiembre de 1968.- El rector Javier Barros Sierra entregó su renuncia a la Junta de Gobierno de la de la Universidad Nacional Autónoma de México, se informó este lunes. En su exposición de motivos, argumentó: “Sin necesidad de profundizar en la ciencia jurídica, es obvio que la autonomía ha sido violada. A ningún hombre sensato escapará que no estaba en nuestras manos la solución del problema (…) Los problemas de los jóvenes sólo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la fuerza, la violencia o la corrupción. Esa ha sido mi norma de acción”.

A cuatro días de la toma militar de Ciudad Universitaria, Barros Sierra precisó en su carta de renuncia: “Me parece importante añadir que, de las ocupaciones militares de nuestros edificios y terrenos, no recibí notificación oficial alguna, ni antes ni después de que se efectuaron”.

El rector tomó la decisión de dejar su cargo, dice, “por habérsenos impedido realizar, al menos en parte, las funciones esenciales de la Universidad” y porque “es insostenible mi posición como rector, ante el enfrentamiento agresivo y abierto de un grupo gubernamental”.

Asimismo, mencionó a la otra parte del conflicto. “Repetidamente dijimos a los jóvenes que debían seguir, en sus luchas, los caminos de la razón, de la ley y del diálogo, sin incurrir en provocaciones ni en actos violentos. En esa tarea nos tropezamos con la incomprensión y aun con el encono de algunos, tanto adentro como afuera. Ojalá, dicho sea de paso, que los estudiantes recapaciten ahora en su conducta y contribuyan, en la parte que les toca, a que se restablezca la tranquilidad pública, marco indispensable para el avance de la democracia y de la justicia de México”.

Y ante la oleada de críticas y descalificaciones por parte de legisladores y funcionarios priistas, respondió: “Estoy siendo objeto de una campaña de ataques personales, de calumnias, de injurias y difamación. Es bien cierto que hasta ahora proceden de gentes menores, sin autoridad moral, pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen. La conclusión inescapable es que quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo, decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa, y entre ellos me han escogido a mí”.

Por ello, concluyó Barros Sierra, “es insostenible mi posición como rector, ante el enfrentamiento agresivo y abierto de un grupo gubernamental. En estas circunstancias, ya no le puedo servir a la Universidad, sino que resulto un obstáculo para ella. En virtud de las consideraciones anteriores, me veo en la imperiosa necesidad de presentar a ustedes mi renuncia irrevocable”.

Los ataques al rector

La entrada del Ejército a Ciudad Universitaria, el pasado miércoles 18, ocasionó una serie de reacciones. Para empezar, la condena por parte del propio rector:

“La ocupación militar de la Ciudad Universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. De la misma manera que no mereció nunca el uso que quisieron hacer de ella algunos universitarios y grupos ajenos a nuestra institución. La atención y solución de los problemas de los jóvenes requieren comprensión antes de violencia. Seguramente podrían haberse empleado otros medios. De las instituciones mexicanas y de nuestras leyes y tradiciones se derivan instrumentos más adecuados que la fuerza armada. Así como apelé a los universitarios para que se normalizara la vida de nuestra institución, hoy los exhorto a que asuman, donde quiera que se encuentren, la defensa  moral de la Universidad Nacional Autónoma de México y a que no abandonen sus responsabilidades. La Universidad necesita, ahora más que nunca, de todos nosotros”.

Esta declaración desató la ira del régimen. Desde varios frentes se lanzaron ataques contra el rector de la UNAM: la Cámara de Diputados, dirigentes del PRI y personajes cercanos al oficialismo.

Destacaron, “por su ruindad y vileza, Pedro Ojeda Paullada, Jorge de la Vega Domínguez, Luis M. Farías, José de las Fuentes Rodríguez y Octavio Hernández”, este último un diputado priista de mediano nivel y quien se lanzó así contra Barros Sierra: “El señor rector inició una política (…) una conducta que, por lo que hace a su pasividad, tiene a mi modo de ver, mucho de criminal, y por lo que hace a sus actos, muchos matices de delirio”.

El jueves 19, al día siguiente de la entrada del Ejército a CU, Luis M. Farías, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, intentó justificar la medida y –al igual que el secretario de Gobernación, Luis Echeverría– pidió a la Universidad, ya que no le fue posible restablecer el orden por sus propios medios, agradecer la medida adoptada por el gobierno federal y solicitar que le sean devueltos los edificios para destinarlos a los fines para los que fueron creados: la enseñanza y la investigación.

Los tres sectores del Partido Revolucionario Institucional –campesino, obrero y popular– manifestaron su confianza en el gobierno de la República ya que, afirmaron, las instalaciones de CU se habían convertido en focos de agitación, anarquía, ataque a las instituciones, con el deliberado propósito de subvertir el orden público. Para las fuerzas vivas del PRI no se trató de un acto excesivo de fuerza, ni atentó contra la libertad. 

Por el contrario, el PAN sí consideraba que la autonomía universitaria ha sido violada por el gobierno al ordenar la ocupación militar de la Ciudad Universitaria. Pedía, por tanto, la restauración del orden con el cese de la “ilícita intervención” del gobierno y la libertad de los detenidos.

El 21 de septiembre, la diputación en pleno del PRI respaldó a Luis M. Farías, después de que éste juzgó que el rector era “impotente para resolver problemas internos de la casa de estudios”.

Así que los diputados priistas “descubrieron” que Barros Sierra era el culpable del conflicto estudiantil.

“Había un culpable señalado y ahora sólo era necesario proceder. Esforzarse por cumplir lo mejor posible, ser el más violento, el que ataca con más saña. La patria estaba en peligro. No se detuvieron ante nada: la ofensa personal, las alusiones al nombre del abuelo que no supo defender como hombre”, lamentó Luis González de Alba, integrante del Consejo Nacional de Huelga (CNH).

Barros Sierra pagó cara al osadía de desafiar al régimen. “Su independencia y rectitud, su disenso ejemplar frente al poder, le valieron los más abyectos ataques y ofensas personales”.

Pero no todos los priistas se dejaron llevar por la cargada. Ayer, domingo 22, Raúl Cervantes Ahumada, profesor universitario y ex senador, renunció a su militancia de más de 38 años en el PRI por la “actitud del partido y de sus voceros frente al atentado cometido por el Ejército contra la Universidad y los injustos cuanto vergonzantes ataques contra el señor rector”.

El hecho estuvo precedido por una inusual intervención en tribuna en la Cámara de Diputados, en la que el líder de la mayoría priista, Guillermo Morfín, pidió “respetuosamente” que el Ejército abandone Ciudad Universitaria y manifestó “estar de acuerdo con la conducta observada por el rector”. Los panistas lo ovacionaron de pie.

Poco les duró el gustó. Ayer sábado 21, al término de una reunión con el presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, Morfín se retractó de su defensa y dijo que –siempre sí– “es justificada la acción para restablecer el orden”.

Aparte, este domingo comenzó a circular una declaración en las redacciones de los diarios y en oficinas públicas, en la cual 180 periodistas exigen al presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz; al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “el restablecimiento del orden constitucional. El respeto a las garantías  individuales traducido en: el retiro de las tropas de la C y planteles del IPN. El cese a la represión. El respeto al derecho de reunión, asociación y expresión y el cese a la campaña de desprestigio que se ha desatado contra la UNAM y la elevada investidura de su rector”.

El CNH difundió su postura: “Frente a un poder público cada vez más reaccionario y desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida”.

Además, en pleno ensayo general para la inauguración de los Juegos Olímpicos en el estadio de la Ciudad Universitaria, inusitadamente los integrantes del Pentatlón Deportivo Militar Universitario desfilaron en silencio y levantaron la mano derecha haciendo “la V de la victoria”, símbolo del movimiento estudiantil.

Luego confirmaron que fue en protesta por la ocupación militar de la UNAM. Aunque los organizadores del ensayo aseguraron que no se percataron del hecho, hasta El Heraldo de México, alarmado, dio cuenta de lo sucedido.

Solidaridad con Barros Sierra

Los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga se enteraron la noche anterior de la renuncia de Barros Sierra y lo buscaron para intentar disuadirlo, pero no tuvieron suerte. “Otras autoridades de la Universidad, directores de escuelas y facultades, habían estado con él y no cambiaría de opinión”.

El anuncio del rector originó una cadena de reacciones, que fue definida por Gilberto Guevara Niebla, líder del CNH, como una “avalancha inconmensurable de expresiones en su apoyo de alumnos, maestros, directores, colegios profesionales, intelectuales, artistas, etcétera”.

Por ejemplo, el sindicato que aglutina a los maestros de la UNAM advirtió este mismo lunes que “si la Junta de Gobierno acepta la renuncia del rector Barros Sierra, los 7 mil profesores dimitirán en masa”.

Cuando el cronista Carlos Monsiváis, que ha seguido de cerca los acontecimientos, se enteró de que Barros Sierra no estaba dispuesto a tolerar los ataques e injurias alentados por Díaz Ordaz, llegó a una conclusión:

“El presidente contra un ciudadano. El enfrentamiento es desproporcionado, sobre todo porque el poder casi absoluto de Díaz Ordaz se siente ultrajado. Con la renuncia, Barros Sierra consolida un entendimiento de los hechos opuesto al que Díaz Ordaz encarna. La autoridad moral de Barros Sierra se acrecienta y entonces tocarlo hubiese desatado algo próximo a la guerra civil. En él se concentran los valores de la resistencia a la-barbarie-desde-arriba”.

REFERENCIAS: 

Barros Sierra, Javier, Conversaciones con Gastón García Cantú, Siglo XXI, México, 1972, p.174.

Álvarez Garín, Raúl, La estela de Tlatelolco, Ed. Ítaca, 2002, México, p. 74.

Guevara Niebla, Gilberto, “El Ejército toma Ciudad Universitaria”, La Crónica de Hoy, 12 de septiembre de 2017. En www.cronica.com.mx/notas/2017/1055968.html.

Monsiváis, Carlos, Democracia, primera llamada: el movimiento estudiantil de 1968, Conaculta y gobierno del estado de Colima, México, 2010, p. 122. En www.mty.itesm.mx/dhcs/deptos/ri/ri-802/lecturas/nvas.lecs/1968-monsi/mc0286.htm.

Gómez Nashiki, Antonio, “1968. Cronología del movimiento estudiantil mexicano”, Nexos, 1 de enero de 1988. En https://www.nexos.com.mx/?p=4996

Ramírez, Ramón, El movimiento estudiantil de México, julio-diciembre 1968, Era, México, 1969, p331.

Ramírez, Ramón, op. cit., p330.

González de Alba, Luis, Los días y los años, Ed. Era, México, 1971, p. 136.

Hernández Navarro, Luis, “El rector Barros Sierra en el 68”, La Jornada Semanal, núm. 1042, 22 de febrero de 2015. En www.jornada.unam.mx/2015/02/22/sem-luis.html.

Jardón, Raúl, 1968: El fuego de la esperanza, Siglo XXI Editores, México, 1998, p. 83.

Diego Ortega, op. cit.

Ídem. Dice el autor: “La declaración era suscrita por reporteros y redactores de los diarios de esta capital, pero no la publicó ningún periódico sino, semanas después, la Revista de la Universidad, sin incluir los nombres de los firmantes debido al clima represivo imperante. La prensa podía estar vendida, como señalaba la consigna  estudiantil, pero no todos los periodistas”.

Diego Ortega, op. cit.

González de Alba, op. cit., p. 137.

Guevara Niebla, op. cit.

Gómez Nashiki, op. cit.

Monsiváis, op. cit., p. 122.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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