Atrapadas con sus agresores, el Estado deja solas a las mujeres mayas víctimas de violencia
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Atrapadas con sus agresores, el Estado deja solas a las mujeres mayas víctimas de violencia

En las comunidades San Antonio Siho, Halacho y Maxcanú, en la zona maya del sur de Yucatán, ocho de cada diez mujeres sufren violencia.
Cuartoscuro
13 de septiembre, 2018
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Martha estuvo tres horas refugiada en la escuela, aterrada y sin saber qué hacer. Al director de la primaria donde estudia su hija le dijo que no podía volver a su casa porque su esposo la iba a matar. A las 5 de la mañana de ese día, 5 de junio de 2018, el hombre le había dado una golpiza. Fue por un cuchillo. Iba a asesinarla. Una de las dos hijas de ambos empezó a suplicar que no le hiciera daño a su madre, eso lo detuvo.

La mujer trató de seguir la rutina y preparó a la niña, de siete años, para llevarla a la escuela. Con ese pretexto logró salir de la casa. Cruzó la puerta de la vivienda pensando escapar, junto con su otra hija de cuatro años, pero no supo adónde ir. Para donde volteara solo había monte y un callejón con una hilera de casas humildes. La última era la suya. Lo único que se le ocurrió fue encaminarse a la primaria y refugiarse ahí.

Después de tres horas de buscar una opción para ayudar a la mujer, el director de la escuela llamó a la asociación civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena (CADIN). Le dijeron que ahí la ayudarían. Liria May, coordinadora del Centro, tomó el caso. Durante días acompañó a Martha a la fiscalía y a diversas instancias buscando ayuda.

Las autoridades las trajeron dando vueltas. No les dieron ninguna solución, ni siquiera emitieron una orden de protección. Cansada de ir y venir, sin dinero ni trabajo ni vivienda propia, Martha, de 38 años, tuvo que regresar con el marido.

La estadística oficial del INEGI, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) registra que Yucatán es uno de los diez estados donde las mujeres sufren más agresiones. La prevalencia es de 65.2%. La más alta es la CDMX con 78.4%.

Pero Liria May dice que ese porcentaje será la prevalencia promedio en todo Yucatán. En las comunidades que ella atiende: San Antonio Siho, en Halacho, y Maxcanú en la zona maya del sur de la entidad, ocho de cada diez mujeres sufren violencia.

Casi ninguna obtiene justicia o protección por parte del Estado. A CADIN llegan unas 30 mujeres al mes, de ellas solo tres o cuatro deciden levantar una denuncia. Muchas prefieren ir con el juez de paz y conciliar. Otras solo buscan apoyo psicológico o algo que las reconforte: una sobada tradicional maya o digito puntura, servicios que también se dan en el Centro.

De las que han denunciado, “solo en dos casos hemos logrado el acceso a la justicia y ahora esas mujeres están separadas de sus exparejas, trabajan y son independientes”. En el primer caso, una abogada que entonces estaba de planta en el CADIN llevó todo el proceso y ganó. En el segundo, la mujer encontró trabajo y logró escapar del esposo.

El bajo índice de éxito cuando las mujeres denuncian violencia tiene un origen de discriminación por género pero también es una cuestión racista, dice Fátima Gamboa, abogada de la asociación civil Equis Justicia para las Mujeres. “A las autoridades no les importa lo que les pase a las mujeres indígenas. Les ponen un monto de pretextos y les hacen muchos engaños para no atenderlas. No le dan importancia al problema de la violencia. Creen que ellas tienen la culpa de eso”.

Los ministerios públicos que trabajan en el interior de los municipios de Yucatán no tienen monitoreo, seguimiento ni evaluación sobre su labor. “No hay herramientas institucionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas como sí las hay en las ciudades. No tienen defensoría pública gratuita, no hay flujo de información, ni mecanismos para que puedan quejarse si las atienden mal, y muchas ni siquiera hablan español”, explica la abogada.

Pretextos y mentiras

El mismo día que el director de la escuela pidió apoyo para Martha, Liria May la acompañó al ministerio público de Maxcanú. Se levantó la denuncia, y nada más. El médico forense no estaba, así que la víctima no tuvo revisión. Tampoco se emitió una orden de protección para evitar más agresiones. “El fiscal nos dijo que la persona encargada de emitir esas órdenes no estaba y que volviéramos después”, cuenta Liria.

Martha no quiso irse a un refugio. Se fue a la casa de su papá. El esposo llegó en la noche hasta allí. Entró a la fuerza y volvió a golpearla. La mujer alcanzó a llamar al CADIN. Del Centro se comunicaron con la delegación de Halacho. Llegaron varios policías a la casa y se llevaron detenido al agresor.

En casos así, explica Gamboa, el ministerio público tiene 48 horas para vincular al acusado a proceso. Pero casi nunca terminan de hacer la investigación y no tienen todos los elementos para llevarlo ante el juez de control, así que lo terminan soltando.

May sabía eso, por eso llevó a Martha, al día siguiente, otra vez a la fiscalía para tramitar la orden de protección. Le dijo al ministerio público que el esposo había vuelto a golpear a Martha. “Y qué más quiere que hagamos –le respondió él–, la violencia es parte de la cultura de estas mujeres. Las golpean porque lo permiten. Cuántos años lleva aguantando violencia sin hacer nada”.

“Eso nos dijo el licenciado”, dice Liria. Fue cuando Martha le espetó: “sí, pero ya no quiero seguir aguantando”. No les dieron la orden de protección, ni ese ni los dos días seguidos en los que volvieron por el documento. “Nunca encontramos al supuesto responsable de emitirla”. Sólo se levantó una nueva denuncia.

Fátima Gamboa la abogada de Equis Justicia dice que es mentira que haya una figura responsable de emitir las órdenes de protección. “En el ministerio público los agentes investigadores o los fiscales que estén ahí tienen la competencia para dictarla. Solo que muchos no saben que pueden hacerlo ni cómo”.

Otra cosa que suelen decirles a las mujeres indígenas –dice Leticia Murúa, directora de Apis Sureste, Fundación para la Equidad, otra organización que apoya a víctimas de violencia– es que para obtener una orden de protección primero deben levantar una denuncia y también les piden que la solicite un abogado. “Ninguna de las dos son condicionantes”. La mujer puede solicitar una orden de protección de emergencia y la autoridad tiene que emitirla.

El idioma también es un obstáculo para la justicia. Cuando las mujeres llegan al ministerio público, dice Gamboa, les preguntan si hablan español o maya. “Muchas responden que entienden español, entonces les dicen, ah, bueno, vamos a hacerlo todo en español”. Las están obligando con eso a hacer un procedimiento legal en un idioma que no es el suyo y que no dominan. Y si piden un traductor, tienen que esperar horas o volver al otro día porque deben llegar desde la central de Mérida.

Liria acusa que a las promotoras de justicia comunitaria o a las acompañantes de las asociaciones, los fiscales les prohíben hablar en maya con las mujeres. “Nos dicen que no estamos en la lista de traductores de la fiscalía y que entonces debemos hablar en español con ellas”. Eso también complica todo el procedimiento.

Lo que las mujeres indígenas encuentran en los ministerios públicos –resume Murúa– es una insensibilidad general. “Hasta les preguntan si están seguras de levantar la denuncia, les dicen que si ya lo pensaron bien, porque luego se arrepienten y los perdonan”.

Martha y Liria también fueron a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) de Halacho para tramitar la pensión alimenticia. La mujer estaba decidida a separarse del esposo. Pero ahí tampoco encontraron a la encargada de llevar el procedimiento. “Nos dijeron que solo está un día a la semana, pero no hay día fijo ni hora para encontrarla”, explica May.

Volver con el agresor

El esposo de Martha salió libre. Después de dos semanas, ella decidió volver a la casa con él. No tenía a dónde ir, en la de su papá vivían otras familias y no cabían ya. No tenía trabajo. “Decidió volver porque no tenía dinero para darle de comer a sus dos hijas. No podía llevar a la mayor a la escuela, no tenían donde vivir y ella apenas si habla español”, explica Liria.

Las mujeres aquí están atrapadas, resume, no tienen estudios. Las más grandes apenas acabaron la primaria. Las nuevas generaciones ya están llegando a secundaria. Pero se casan muy jóvenes. A los 15 años ya están casadas, empiezan a tener hijos y nunca tienen la oportunidad de buscar un ingreso propio.

No hay una política de Estado que busque modificar eso. “No se preocupan por ayudar a las mujeres a empezar un proyecto productivo para que puedan ganar su dinero y ser independientes. Acá muchas bordan, hacen hamacas, podrían trabajar en eso, pero no hay el apoyo. Las que están empezando a trabajar están entrando a las maquilas”.

A las mujeres indígenas el estado las deja muy solas. A los agresores se les asigna un defensor de oficio cuando los denuncian por violencia intrafamiliar, ellas, en cambio, no tienen acompañamiento legal. “Acá en el Centro no tenemos una abogada de planta que le dé el seguimiento a todos los casos. Hay una abogada y una psicóloga que vienen y dan atención y asesoría a las mujeres, pero no pueden estar todo el tiempo”.

Los hombres también están atrapados en esta región: en la violencia, la pobreza y las adicciones. De 10 hombres, ocho consumen alcohol y drogas, sobre todo marihuana, dice Liria. También es por la falta de oportunidades. “Hay muchos jóvenes buscan salir adelante, pero no pueden. No hay dinero para que sigan estudiando. Están frustrados porque no son lo que quieren. El mismo patrón de violencia que ven en sus casas los llevan también a la adicción”. Tampoco hay una política pública de apoyo para ellos.

Liria vive a tres o cuatro casas de la de Martha. Cuando pasa, escucha los gritos del esposo ofendiéndola. No sabe si ha vuelto a golpearla. Cuando se encuentran en la calle, la mujer la saluda y se va. May no puede hacer nada mientras Martha no vuelva a solicitarles acompañamiento. “Ahí estaremos para apoyarla si vuelve a buscarnos”. Habrá que ver si entonces el Estado quiere hacer su parte para protegerla.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de COVID

Ricos y pobres, países vacunados y no vacunados. Esa podría ser la realidad global en unos meses. Pero varios expertos advierten que un virus del covid-19 incontrolado en un país supone un riesgo para los demás.
27 de marzo, 2021
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A medida que avanzan los programas de vacunación contra la covid-19 en distintos países, especialmente en los más ricos, el mundo podría quedar dividido a final de año por zonas de riesgo.

Según el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, se espera que las naciones europeas, las de Oceanía, Israel y partes de Asia como Singapur y Corea del Sur, restablezcan el comercio, el turismo y los viajes entre estos territorios desde mediados de año, posibilitando que sus economías vuelvan a funcionar.

Los países que no completen la vacunación de la población y no controlen la aparición de nuevas variantes pueden terminar aislados del resto del mundo y clasificados de manera oficial o informal como zonas de riesgo “amarillas” o “rojas”.

Mapa

BBC
¿Acabará el mundo dividido en dos?

“Podríamos ver una división por zonas de riesgo. Por ejemplo, el sudeste asiático y Europa serán verdes. El naranja es para la India y parte de África. Y el rojo puede ser Sudáfrica, Brasil y Estados Unidos, donde vemos altas tasas de transmisión y vacunación insuficiente”, ejemplifica Tang.

“ pueden existir oficialmente, para viajar, o incluso solo en la mente de las personas”.

Las naciones que sufrirán mayor aislamiento son aquellas que no han adoptado sistemáticamente medidas de control del covid-19 ni negociado con anticipación la compra de vacunas, como es el caso de Brasil, que ya superó los 300.000 muertos por coronavirus y es visto por los científicos como una potencial fuente de variantes.

Hasta la fecha, alrededor de 9 millones de personas han recibido al menos una dosis de vacuna en el país. El número puede parecer alto, pero representa solo el 4,26% de la población brasileña.

Hoy, Brasil solo tiene dosis de las vacunas Oxford-AstraZeneca, que serían insuficientes para inmunizar a toda la población mayor de 18 años en 2021.

El 15 de marzo, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, prometió comprar más de 100 millones de dosis de vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson.

Vacunación en Brasil

REUTERS/Ricardo Moraes
Brasil vacunó a 9 millones de personas, lo que es impresionante en números absolutos. Pero eso representa poco más del 4% de la población y faltan dosis para el resto.

Los países pobres, que carecen de recursos para adquirir vacunas, también sufrirán el aislamiento, lo que aumentará la desigualdad social entre los hemisferios norte y sur, dice el profesor Peter Baker, subdirector del departamento de Salud Global y Desarrollo del Imperial University College de Londres.

“Podríamos terminar el año con un sistema de zonificación, con partes del mundo vacunadas y partes no”, dijo a BBC News Brasil.

“Y si decidimos adoptar políticas basadas en la inmunidad adquirida por los países a través de la vacunación, veremos limitaciones en los derechos, los viajes y la economía de los países pobres que ya están teniendo dificultades para acceder a las vacunas”.

Turismo en zonas verdes

Actualmente, los países de los que han surgido variantes preocupantes del coronavirus -Brasil, Sudáfrica y Reino Unido- son los que acumulan más restricciones de entrada a otras naciones, según una encuesta del diario Folha de S.Paulo.

Pero Reino Unido puede salir de esta “zona roja”, ya que después del actual confinamiento, impuesto a principios de enero, la tasa de infección se ha reducido en dos tercios.

La previsión es que toda la población mayor de 18 años reciba al menos una dosis de vacuna antes del 31 de julio.

Durante este período, otras naciones europeas y asiáticas también deberían haber alcanzado el nivel del 60% al 70% de la población vacunada, porcentaje necesario para que la circulación del virus comience a ralentizarse incluso en ausencia de medidas de contención.

Para el profesor Julian Tang, es probable que estas naciones en la “zona verde” mantengan durante todo el año y parte de 2022 restricciones de vuelo a regiones del mundo que no han logrado vacunar a sus poblaciones.

Pero incluso si eso no sucede, dice, la demanda de viajes a países en la zona roja se reducirá de forma natural debido a los riesgos.

Es decir, los países no vacunados con tasas de contagio aún elevadas pueden acabar aislados por el resto del mundo, principalmente para contener el riesgo de que nuevas variantes del coronavirus salgan de estos territorios y se propaguen en grandes cantidades.

La Abadía de Westminster se ha convertido en un centro de vacunación

REUTERS/John Sibley
El confinamiento en vigor desde enero en Reino Unido ha reducido las infecciones por coronavirus en dos tercios. El pronóstico del gobierno es vacunar a todos los mayores de 18 años para fines de julio.

“Lo que creo que sucederá es que la gente se sentirá cómoda viajando entre países que han vacunado a sus poblaciones, como entre Reino Unido y Europa, o Reino Unido y el sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda”, dice el profesor de la Universidad. de Leicester.

“Pero es posible que estas personas no estén dispuestas a viajar a regiones como Brasil, por ejemplo, porque el virus no está controlado mediante vacunación y, por eso, puede surgir una variante resistente a la vacuna”.

Pasaporte verde

La realidad de Israel, el país con la mayor tasa de vacunación hasta la fecha, da pistas sobre cómo se producirá esa división a nivel mundial.

Según datos de la plataforma Our World in Data, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), el país tiene hoy la tasa de vacunación más alta del mundo, con 98,85 dosis administradas por cada 100 habitantes.

A modo de comparación, la tasa brasileña es de 4,58 dosis administradas por cada 100 habitantes.

En Israel no es obligatorio vacunarse, pero en la práctica, las personas que no se vacunen terminarán aisladas del resto de la población, sin poder frecuentar la mayoría de los espacios públicos.

Esto se debe a que las personas vacunadas reciben el llamado “pasaporte verde”, un documento electrónico que permite el acceso a restaurantes, gimnasios, teatros, cines y otros establecimientos.

El país inició la apertura gradual de la economía después de tres confinamientos con duras medidas de contención.

En cierto modo, esta división entre vacunados y no vacunados, con el segundo grupo aislado, es lo que podría replicarse a escala global.

“Se espera que la mayoría de los países ricos vacunen a sus poblaciones este año. Pero la mayor parte del mundo no podrá hacerlo. Y estas dos cosas, desafortunadamente, están ligadas entre sí”, dice el profesor Peter Baker.

“Los países ricos están comprando dosis de vacunas por encima de lo que necesitan y esto está limitando el acceso a otros países. Y, en naciones como Tanzania y Brasil, el mensaje político está afectando la demanda de vacunas, lo cual es un problema”, agrega el profesor británico.

Según los investigadores entrevistados por BBC News Brasil, el mayor problema de tener partes del mundo sin inmunización masiva contra la covid-19 es la aparición de variantes que resisten el efecto de las vacunas.

El virus incontrolado en un país es una amenaza global

El investigador Charlie Whittaker, del Imperial College, advierte que, aunque se imponen restricciones de viaje entre países, el mundo solo estará completamente protegido de la covid-19 si todas las naciones inmunizan a sus poblaciones.

Personas comparten un coche abarrotado en Sudáfrica, uno de los países más afectados por el covid-19

REUTERS/Siphiwe Sibeko
Los países ricos compraron gran parte de las dosis de vacunas disponibles en 2020, dejando a las naciones pobres sin acceso, advierten los investigadores entrevistados por BBC News Brasil.

Whittaker dirigió una investigación sobre la variante de Manaos, en Brasil, que reveló que esa cepa es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que el virus original.

El estudio también demostró que esta variante, apodada P.1, es capaz de evadir al sistema inmunológico de infecciones previas en un 25% a un 61% de los casos.

Esto significa que puede reinfectar fácilmente a cualquiera que haya tenido covid-19.

Aunque muchos países han impedido vuelos desde Brasil e impuesto cuarentenas y pruebas de covid-19 a quienes desembarcan desde allí, ya se ha detectado P.1 en 25 países.

También la variante del Reino Unido se ha extendido a EE.UU., y la de Sudáfrica llegó a Europa.

“Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Y asegurarnos de que estamos a salvo significa limitar la posibilidad de que surjan variantes. Las medidas de control son útiles para lograr esto, pero quizás aún más importante es garantizar una estrategia de vacunación global justa. Ningún país debería quedar atrás”, le dijo a Whittaker a BBC News Brasil.

Y para que el hemisferio sur no se quede atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado abogando por que los países ricos donen sus vacunas excedentes a los países pobres y contribuyan económicamente a la compra de vacunas para las regiones más afectadas por el covid-19.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a declarar que “el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico” al criticar el hecho de que los jóvenes ya están recibiendo la vacuna contra la covid-19 en los países ricos, mientras que los ancianos en países pobres podrían tener que esperar hasta 2021 y 2022 sin acceso a la primera dosis siquiera.

Dejar países tendrá un coste para todos

El profesor de Salud Global Peter Baker, del Imperial College, advierte que dejar descontrolado el virus en países emergentes y pobres puede generar costos humanos y económicos para todas las naciones, ya que pueden surgir nuevas variantes, totalmente resistentes a las vacunas.

Si esto ocurre, será necesario desarrollar y administrar a todas las poblaciones la tercera y cuarta dosis de las vacunas existentes en la actualidad.

“En lugares de infección descontrolada y bajas tasas de vacunación, probablemente aparecerá una variante que sea fuertemente resistente a las vacunas. Entonces tendremos que reajustar nuestras vacunas, rehacer la investigación y rehacer los procesos regulatorios”, dice.

“Es preocupante ver que varios países del hemisferio sur se han quedado atrás porque los países desarrollados han comprado la gran mayoría de las vacunas. La experiencia con las variantes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica muestran que el virus no respeta las barreras internacionales. Para solucionar este problema, necesitamos una iniciativa global “, concluye el investigador Charlie Whittaker.


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