Atrapadas con sus agresores, el Estado deja solas a las mujeres mayas víctimas de violencia
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Atrapadas con sus agresores, el Estado deja solas a las mujeres mayas víctimas de violencia

En las comunidades San Antonio Siho, Halacho y Maxcanú, en la zona maya del sur de Yucatán, ocho de cada diez mujeres sufren violencia.
Cuartoscuro
13 de septiembre, 2018
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Martha estuvo tres horas refugiada en la escuela, aterrada y sin saber qué hacer. Al director de la primaria donde estudia su hija le dijo que no podía volver a su casa porque su esposo la iba a matar. A las 5 de la mañana de ese día, 5 de junio de 2018, el hombre le había dado una golpiza. Fue por un cuchillo. Iba a asesinarla. Una de las dos hijas de ambos empezó a suplicar que no le hiciera daño a su madre, eso lo detuvo.

La mujer trató de seguir la rutina y preparó a la niña, de siete años, para llevarla a la escuela. Con ese pretexto logró salir de la casa. Cruzó la puerta de la vivienda pensando escapar, junto con su otra hija de cuatro años, pero no supo adónde ir. Para donde volteara solo había monte y un callejón con una hilera de casas humildes. La última era la suya. Lo único que se le ocurrió fue encaminarse a la primaria y refugiarse ahí.

Después de tres horas de buscar una opción para ayudar a la mujer, el director de la escuela llamó a la asociación civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena (CADIN). Le dijeron que ahí la ayudarían. Liria May, coordinadora del Centro, tomó el caso. Durante días acompañó a Martha a la fiscalía y a diversas instancias buscando ayuda.

Las autoridades las trajeron dando vueltas. No les dieron ninguna solución, ni siquiera emitieron una orden de protección. Cansada de ir y venir, sin dinero ni trabajo ni vivienda propia, Martha, de 38 años, tuvo que regresar con el marido.

La estadística oficial del INEGI, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) registra que Yucatán es uno de los diez estados donde las mujeres sufren más agresiones. La prevalencia es de 65.2%. La más alta es la CDMX con 78.4%.

Pero Liria May dice que ese porcentaje será la prevalencia promedio en todo Yucatán. En las comunidades que ella atiende: San Antonio Siho, en Halacho, y Maxcanú en la zona maya del sur de la entidad, ocho de cada diez mujeres sufren violencia.

Casi ninguna obtiene justicia o protección por parte del Estado. A CADIN llegan unas 30 mujeres al mes, de ellas solo tres o cuatro deciden levantar una denuncia. Muchas prefieren ir con el juez de paz y conciliar. Otras solo buscan apoyo psicológico o algo que las reconforte: una sobada tradicional maya o digito puntura, servicios que también se dan en el Centro.

De las que han denunciado, “solo en dos casos hemos logrado el acceso a la justicia y ahora esas mujeres están separadas de sus exparejas, trabajan y son independientes”. En el primer caso, una abogada que entonces estaba de planta en el CADIN llevó todo el proceso y ganó. En el segundo, la mujer encontró trabajo y logró escapar del esposo.

El bajo índice de éxito cuando las mujeres denuncian violencia tiene un origen de discriminación por género pero también es una cuestión racista, dice Fátima Gamboa, abogada de la asociación civil Equis Justicia para las Mujeres. “A las autoridades no les importa lo que les pase a las mujeres indígenas. Les ponen un monto de pretextos y les hacen muchos engaños para no atenderlas. No le dan importancia al problema de la violencia. Creen que ellas tienen la culpa de eso”.

Los ministerios públicos que trabajan en el interior de los municipios de Yucatán no tienen monitoreo, seguimiento ni evaluación sobre su labor. “No hay herramientas institucionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas como sí las hay en las ciudades. No tienen defensoría pública gratuita, no hay flujo de información, ni mecanismos para que puedan quejarse si las atienden mal, y muchas ni siquiera hablan español”, explica la abogada.

Pretextos y mentiras

El mismo día que el director de la escuela pidió apoyo para Martha, Liria May la acompañó al ministerio público de Maxcanú. Se levantó la denuncia, y nada más. El médico forense no estaba, así que la víctima no tuvo revisión. Tampoco se emitió una orden de protección para evitar más agresiones. “El fiscal nos dijo que la persona encargada de emitir esas órdenes no estaba y que volviéramos después”, cuenta Liria.

Martha no quiso irse a un refugio. Se fue a la casa de su papá. El esposo llegó en la noche hasta allí. Entró a la fuerza y volvió a golpearla. La mujer alcanzó a llamar al CADIN. Del Centro se comunicaron con la delegación de Halacho. Llegaron varios policías a la casa y se llevaron detenido al agresor.

En casos así, explica Gamboa, el ministerio público tiene 48 horas para vincular al acusado a proceso. Pero casi nunca terminan de hacer la investigación y no tienen todos los elementos para llevarlo ante el juez de control, así que lo terminan soltando.

May sabía eso, por eso llevó a Martha, al día siguiente, otra vez a la fiscalía para tramitar la orden de protección. Le dijo al ministerio público que el esposo había vuelto a golpear a Martha. “Y qué más quiere que hagamos –le respondió él–, la violencia es parte de la cultura de estas mujeres. Las golpean porque lo permiten. Cuántos años lleva aguantando violencia sin hacer nada”.

“Eso nos dijo el licenciado”, dice Liria. Fue cuando Martha le espetó: “sí, pero ya no quiero seguir aguantando”. No les dieron la orden de protección, ni ese ni los dos días seguidos en los que volvieron por el documento. “Nunca encontramos al supuesto responsable de emitirla”. Sólo se levantó una nueva denuncia.

Fátima Gamboa la abogada de Equis Justicia dice que es mentira que haya una figura responsable de emitir las órdenes de protección. “En el ministerio público los agentes investigadores o los fiscales que estén ahí tienen la competencia para dictarla. Solo que muchos no saben que pueden hacerlo ni cómo”.

Otra cosa que suelen decirles a las mujeres indígenas –dice Leticia Murúa, directora de Apis Sureste, Fundación para la Equidad, otra organización que apoya a víctimas de violencia– es que para obtener una orden de protección primero deben levantar una denuncia y también les piden que la solicite un abogado. “Ninguna de las dos son condicionantes”. La mujer puede solicitar una orden de protección de emergencia y la autoridad tiene que emitirla.

El idioma también es un obstáculo para la justicia. Cuando las mujeres llegan al ministerio público, dice Gamboa, les preguntan si hablan español o maya. “Muchas responden que entienden español, entonces les dicen, ah, bueno, vamos a hacerlo todo en español”. Las están obligando con eso a hacer un procedimiento legal en un idioma que no es el suyo y que no dominan. Y si piden un traductor, tienen que esperar horas o volver al otro día porque deben llegar desde la central de Mérida.

Liria acusa que a las promotoras de justicia comunitaria o a las acompañantes de las asociaciones, los fiscales les prohíben hablar en maya con las mujeres. “Nos dicen que no estamos en la lista de traductores de la fiscalía y que entonces debemos hablar en español con ellas”. Eso también complica todo el procedimiento.

Lo que las mujeres indígenas encuentran en los ministerios públicos –resume Murúa– es una insensibilidad general. “Hasta les preguntan si están seguras de levantar la denuncia, les dicen que si ya lo pensaron bien, porque luego se arrepienten y los perdonan”.

Martha y Liria también fueron a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) de Halacho para tramitar la pensión alimenticia. La mujer estaba decidida a separarse del esposo. Pero ahí tampoco encontraron a la encargada de llevar el procedimiento. “Nos dijeron que solo está un día a la semana, pero no hay día fijo ni hora para encontrarla”, explica May.

Volver con el agresor

El esposo de Martha salió libre. Después de dos semanas, ella decidió volver a la casa con él. No tenía a dónde ir, en la de su papá vivían otras familias y no cabían ya. No tenía trabajo. “Decidió volver porque no tenía dinero para darle de comer a sus dos hijas. No podía llevar a la mayor a la escuela, no tenían donde vivir y ella apenas si habla español”, explica Liria.

Las mujeres aquí están atrapadas, resume, no tienen estudios. Las más grandes apenas acabaron la primaria. Las nuevas generaciones ya están llegando a secundaria. Pero se casan muy jóvenes. A los 15 años ya están casadas, empiezan a tener hijos y nunca tienen la oportunidad de buscar un ingreso propio.

No hay una política de Estado que busque modificar eso. “No se preocupan por ayudar a las mujeres a empezar un proyecto productivo para que puedan ganar su dinero y ser independientes. Acá muchas bordan, hacen hamacas, podrían trabajar en eso, pero no hay el apoyo. Las que están empezando a trabajar están entrando a las maquilas”.

A las mujeres indígenas el estado las deja muy solas. A los agresores se les asigna un defensor de oficio cuando los denuncian por violencia intrafamiliar, ellas, en cambio, no tienen acompañamiento legal. “Acá en el Centro no tenemos una abogada de planta que le dé el seguimiento a todos los casos. Hay una abogada y una psicóloga que vienen y dan atención y asesoría a las mujeres, pero no pueden estar todo el tiempo”.

Los hombres también están atrapados en esta región: en la violencia, la pobreza y las adicciones. De 10 hombres, ocho consumen alcohol y drogas, sobre todo marihuana, dice Liria. También es por la falta de oportunidades. “Hay muchos jóvenes buscan salir adelante, pero no pueden. No hay dinero para que sigan estudiando. Están frustrados porque no son lo que quieren. El mismo patrón de violencia que ven en sus casas los llevan también a la adicción”. Tampoco hay una política pública de apoyo para ellos.

Liria vive a tres o cuatro casas de la de Martha. Cuando pasa, escucha los gritos del esposo ofendiéndola. No sabe si ha vuelto a golpearla. Cuando se encuentran en la calle, la mujer la saluda y se va. May no puede hacer nada mientras Martha no vuelva a solicitarles acompañamiento. “Ahí estaremos para apoyarla si vuelve a buscarnos”. Habrá que ver si entonces el Estado quiere hacer su parte para protegerla.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Nayib Bukele: qué supone que el presidente de El Salvador tenga 'poder absoluto' con el control del Legislativo

Los resultados provisionales, con el 80% de actas contadas, dan una victoria histórica al partido de Bukele. ¿Qué consecuencias puede haber?
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1 de marzo, 2021
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Aunque su nombre no estuvo en las boletas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se perfila como el gran ganador de las elecciones legislativas y municipales de este domingo.

Con más del 80% de las actas procesadas, su partido, Nuevas Ideas, y sus socios obtendrían dos tercios de la Asamblea Legislativa (Congreso), la mayoría absoluta, un hecho que no se veía en el país centroamericano desde hace más de dos décadas.

El TSE indicó que votaron más del 50% de los inscritos en el padrón electoral, en un país de más de 7 millones de habitantes, una cifra menor que en las pasadas elecciones presidenciales pero mayor que las dos anteriores legislativas.

La ya casi segura victoria no solo le permitirá a Bukele pasar leyes y aprobar presupuestos sin el contrapeso de la oposición, sino que también lo llevará a controlar prácticamente todas las ramas del gobierno.

“Las elecciones del Legislativo son las que llevan a lo que en El Salvador se conoce como elección de segundo grado o de funcionarios de segundo grado, que van desde el fiscal general, un tercio de los magistrados de la Corte Suprema, el procurador general hasta la procuraduría de derechos humanos, Corte de Cuentas, entre otras instituciones”, explica a BBC Mundo la analista política salvadoreña Bessy Ríos.

Conteo de votos en El Salvador.

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El conteo de votos se ha prolongado durante varias horas de la madrugada del lunes.

“Esto significa que si el partido del presidente domina el Legislativo, tiene también la oportunidad de controlar el poder judicial y los órganos de segundo grado, como la fiscalía, lo que le da un poder bastante considerable y sin contrapesos”, agrega.

Es la oportunidad para que el presidente pueda poner en práctica la agenda de su gobierno y fomentar medidas en beneficio popular sin los lastres y los enfrentamientos que había tenido ahora con el Legislativo.

“Esto implica un gran desafío para Bukele, porque tradicionalmente se ha quejado de que no puede hacer cosas porque no tiene poder. Aquí hay dos elementos: o cumple y le va bien, o no cumple y se le acabará su luna de miel con los salvadoreños”, opina Ríos.

Sin embargo, los más críticos con el gobierno temen que un “poder absoluto” pueda ser el “fin de la institucionalidad” en el país latinoamericano.

“Desde que llegó a la presidencia, Bukele no solo ha mostrado rasgos importantes de autoritarismo, sino que ha debilitado significativamente las instituciones y ha ignorado muchos de los controles impuestos a la acción ejecutiva” le dice a BBC Mundo José Miguel Cruz, experto en El Salvador de la Universidad Internacional de Florida, en Miami.

Nayib Bukele el pasado 22 de febrero.

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Los más críticos con el gobierno temen que la victoria de Nuevas Ideas sea el “fin de la institucionalidad” del país, ya que opinan que Bukele ha mostrado “rasgos importantes de autoritarismo”.

“Dados estos precedentes, existe el temor entre muchos sectores de que esta acumulación excesiva de poder pueda significar la destrucción definitiva de las instituciones democráticas en el país”, agrega.

El carismático y popular gobernante de 39 años que gobierna El Salvador desde mediados de 2019 niega las acusaciones de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque con el ascenso de su proyecto ven amenazados “sus privilegios”.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, rechazó también los señalamientos cuando periodistas le preguntaron este domingo acerca de varias cartas y documentos que congresistas de EE.UU. publicaron en los últimos meses y en los que alertaban de un posible autoritarismo, de vulnerar las instituciones democráticas y de ataques a la prensa por parte del gobierno salvadoreño.

Según el sitio web elsalvador.com, Ulloa dijo a los congresistas: “Deberían venir acá y observar lo que sucede, porque normalmente ellos reciben información sesgada, tergiversada, interesada de algunos grupos de oposición. Lo mejor es que vengan y vean (…), que revisen todas las encuestas (…) donde el nivel de aceptación del presidente sobrepasa el 90%”.

“Les invito personalmente a que vengan, para que observen cómo está la situación a nivel nacional, y no informarse por noticias o reportes que no siempre son objetivos”, insistió en un ataque a los medios como al que acostumbra Bukele.

¿Cómo se llegó aquí?

La aparente victoria del partido de Bukele es extraordinaria en la historia reciente de El Salvador y no sólo porque logró hacerse con una mayoría en el Congreso a poco menos de tres años de ser creado.

“Es excepcional porque en las últimas décadas, los gobiernos necesitaron de alianzas entre partidos en el Congreso, lo que llevaba a que se distribuyeran los funcionarios de segundo grado. Ahora, por primera vez en años, el presidente no requerirá de esas alianzas o de partidos bisagras”, dice.

Los contextos en los que ocurre también son inéditos.

Los salvadoreños han dado su voto de confianza a un partido que ha gobernado en alguno de los momentos más difíciles de la nación en las últimas tres décadas y que ha tomado también algunas medidas que han levantado cuestionamientos en organizaciones de derechos humanos.

Durante el año pasado -y a raíz del coronavirus y de desastres naturales- se profundizó con creces la deuda del país, se perdieron más de 80,000 empleos y el producto interno bruto cayó en 8.6%.

“El país está en condiciones muy difíciles, con un endeudamiento muy fuerte, con una parálisis productiva importante por la pandemia y los desastres naturales”, le dice a BBC Mundo Jose María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana de El Salvador y director de su Instituto de Derechos Humanos.

Salvadoreños reclaman la necesidad de comida tras la caída de remesas por las restricciones del coronavirus.

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A raíz del coronavirus, muchos problemas se han agudizado en El Salvador.

“A eso también se han sumado otras medidas por parte del Ejecutivo que han despertado cierta preocupación en el plano de los derechos civiles y humanos y de respeto a la institucionalidad”, agrega.

Y es que el gobierno no solo fue señalado de asumir medidas coercitivas “extremas” para frenar la pandemia, sino que se enfrentó abiertamente a los medios de comunicación, a políticos que lo cuestionan y también al poder legislativo y judicial, al punto de que Bukele envió militares al Congreso y desafió abiertamente a la Corte Constitucional.

“Sin embargo, nada de esto ha impedido que la popularidad del presidente haya crecido y que sea muy bien aceptado en los sectores más desfavorecidos. No había dudas previo a las elecciones de que obtendría una mayoría”, agrega.

¿Cómo se explica la popularidad de Bukele y su partido?

Una encuesta realizada por la consultora Mitofsky a mediados del año pasado ubicaba a Bukele no solo como el mandatario más popular de la región, sino que lo colocaba por encima de líderes de Australia, Asia o Europa, como Angela Merkel.

Y cuando los resultados de las encuestas para las elecciones de este domingo comenzaron a salir, muy pocos dudaron que el partido Nuevas Ideas alcanzaría una mayoría.

Bukele tras votar junto a su esposa, Gabriela Rodríguez.

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“Bukele es un extraordinario comunicador, muy efectivo y carismático”, opina el experto José María Tojeira, sobre una de las claves de la popularidad del mandatario.

Según los expertos consultados por BBC Mundo, la victoria de Bukele en estas elecciones y su creciente popularidad obedecen a tres factores principales:

  • “Los salvadoreños sienten un rechazo casi mortal hacia los partidos que tradicionalmente se han repartido el poder del Ejecutivo y el Legislativo en los últimos 30 años de posguerra. Es un sentimiento que Bukele ha sabido aprovechar y que ha hecho ver a Nuevas Ideas como la alternativa”, dice Ríos.
  • “Bukele es un extraordinario comunicador, muy efectivo y carismático, hace un manejo muy hábil de las redes sociales y los medios de comunicación, lo que le ha hecho llegar a muchas personas de una forma muy directa”, opina Tojeira.
  • “Desde que llegó al poder, ha implementado una gran campaña de patronazgo y clientelismo en el país, en la que distribuye regalías y bonos entre la gente más necesitada. Con la pandemia, esto se ha incrementado y lo ha llevado a una campaña sostenida de distribución de recursos que le han hecho ganar el voto de los sectores más populares”, considera Cruz.

¿Qué pasa ahora?

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que el control del Parlamento le da a Bukele un “poder casi absoluto” sobre el país, con limitados contrapesos para su acción.

“Tradicionalmente, hemos oído a Bukele quejarse de que no tiene poder como presidente. Y eso es cierto, porque desde el fin de la dictadura, se crearon varios mecanismos para limitar el poder del Ejecutivo. Ahora tiene un gran desafío, un compromiso muy fuerte para materializar su plan de gobierno”, opina Ríos.

“Ahora lo que muchos temen es que los contrapesos para ese poder ya no van a estar. ¿Por qué? Precisamente porque venimos de ahí, porque por nuestra historia sabemos que el poder total puede ser mal consejero, que se puede caer en la tentación de conducir el país con autoritarismo, sin tomar en cuenta las minorías. Y ahí vienen los abusos, la corrupción”, dice.

Protestas antiBukele en El Salvador el pasado 9 de febrero.

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Varios expertos apuntan que, a pesar de tener más poder, Bukele tendrá un gran desafío por delante.

Cruz, por su parte, recuerda que en la historia latinoamericana reciente, las experiencias similares de poder absoluto por parte del Ejecutivo no han llegado a buen puerto.

“Este caso recuerda lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos en tiempos recientes, como el caso de Venezuela o Nicaragua, con Ejecutivos extremadamente fuertes que llegan al poder por medios democráticos pero que cambian las reglas para mantenerse en el poder de manera indefinida e ignorar las normas democráticas, a pesar de haber ganado por la vía electoral”, considera.

“Por eso, existe el temor entre un sector de la población en que esto sea el primer paso para que Bukele promueva una reforma constitucional para mantenerse en el poder por un segundo mandato consecutivo y que se afiance la postura autocrática que ya había manifestado con anterioridad”, agrega.

La votación de este domingo llevó a una confrontación entre Bukele y el Tribunal Supremo Electoral, luego de que el mandatario convocara una conferencia de prensa para denunciar supuestas irregularidades y convocar a sus seguidores a salir a votar, lo que fue considerado como una violación del silencio electoral.

Durante esa presencia ante los medios, Bukele encuadró su esperada victoria en una especie de paso lógico tras ganar las presidenciales de 2019 y en su deseo de contar con una Asamblea “que trabaje de la mano” con el Ejecutivo.

“Si usted votó el 3 de febrero 2019 (cuando ganó las presidenciales), hoy es el día para que terminemos de cerrar lo que comenzamos (…) Terminemos de cerrar lo que iniciamos ese día logrando tener una Asamblea Legislativa que trabaje de la mano con el Gobierno (…)”, dijo.

Por su parte, Tojeira opina que “solo en el futuro veremos cuál es el resultado real de estas elecciones“.

“Si con la victoria electoral el partido Nuevas Ideas se comenzara a dialogar más con quienes tienen un pensamiento crítico y con los que tienen ideas diferentes, si se evidenciara que hay un plan sólido de gobierno, si se toman medidas dentro de las normas de la democracia, no sería malo”, afirma.

“El problema es que de momento no se ve una agenda democrática y de desarrollo clara, con apertura al debate… Pero hay que mirar a ver qué pasa en el futuro”.


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