Atrapadas con sus agresores, el Estado deja solas a las mujeres mayas víctimas de violencia
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Atrapadas con sus agresores, el Estado deja solas a las mujeres mayas víctimas de violencia

En las comunidades San Antonio Siho, Halacho y Maxcanú, en la zona maya del sur de Yucatán, ocho de cada diez mujeres sufren violencia.
Cuartoscuro
13 de septiembre, 2018
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Martha estuvo tres horas refugiada en la escuela, aterrada y sin saber qué hacer. Al director de la primaria donde estudia su hija le dijo que no podía volver a su casa porque su esposo la iba a matar. A las 5 de la mañana de ese día, 5 de junio de 2018, el hombre le había dado una golpiza. Fue por un cuchillo. Iba a asesinarla. Una de las dos hijas de ambos empezó a suplicar que no le hiciera daño a su madre, eso lo detuvo.

La mujer trató de seguir la rutina y preparó a la niña, de siete años, para llevarla a la escuela. Con ese pretexto logró salir de la casa. Cruzó la puerta de la vivienda pensando escapar, junto con su otra hija de cuatro años, pero no supo adónde ir. Para donde volteara solo había monte y un callejón con una hilera de casas humildes. La última era la suya. Lo único que se le ocurrió fue encaminarse a la primaria y refugiarse ahí.

Después de tres horas de buscar una opción para ayudar a la mujer, el director de la escuela llamó a la asociación civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena (CADIN). Le dijeron que ahí la ayudarían. Liria May, coordinadora del Centro, tomó el caso. Durante días acompañó a Martha a la fiscalía y a diversas instancias buscando ayuda.

Las autoridades las trajeron dando vueltas. No les dieron ninguna solución, ni siquiera emitieron una orden de protección. Cansada de ir y venir, sin dinero ni trabajo ni vivienda propia, Martha, de 38 años, tuvo que regresar con el marido.

La estadística oficial del INEGI, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) registra que Yucatán es uno de los diez estados donde las mujeres sufren más agresiones. La prevalencia es de 65.2%. La más alta es la CDMX con 78.4%.

Pero Liria May dice que ese porcentaje será la prevalencia promedio en todo Yucatán. En las comunidades que ella atiende: San Antonio Siho, en Halacho, y Maxcanú en la zona maya del sur de la entidad, ocho de cada diez mujeres sufren violencia.

Casi ninguna obtiene justicia o protección por parte del Estado. A CADIN llegan unas 30 mujeres al mes, de ellas solo tres o cuatro deciden levantar una denuncia. Muchas prefieren ir con el juez de paz y conciliar. Otras solo buscan apoyo psicológico o algo que las reconforte: una sobada tradicional maya o digito puntura, servicios que también se dan en el Centro.

De las que han denunciado, “solo en dos casos hemos logrado el acceso a la justicia y ahora esas mujeres están separadas de sus exparejas, trabajan y son independientes”. En el primer caso, una abogada que entonces estaba de planta en el CADIN llevó todo el proceso y ganó. En el segundo, la mujer encontró trabajo y logró escapar del esposo.

El bajo índice de éxito cuando las mujeres denuncian violencia tiene un origen de discriminación por género pero también es una cuestión racista, dice Fátima Gamboa, abogada de la asociación civil Equis Justicia para las Mujeres. “A las autoridades no les importa lo que les pase a las mujeres indígenas. Les ponen un monto de pretextos y les hacen muchos engaños para no atenderlas. No le dan importancia al problema de la violencia. Creen que ellas tienen la culpa de eso”.

Los ministerios públicos que trabajan en el interior de los municipios de Yucatán no tienen monitoreo, seguimiento ni evaluación sobre su labor. “No hay herramientas institucionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas como sí las hay en las ciudades. No tienen defensoría pública gratuita, no hay flujo de información, ni mecanismos para que puedan quejarse si las atienden mal, y muchas ni siquiera hablan español”, explica la abogada.

Pretextos y mentiras

El mismo día que el director de la escuela pidió apoyo para Martha, Liria May la acompañó al ministerio público de Maxcanú. Se levantó la denuncia, y nada más. El médico forense no estaba, así que la víctima no tuvo revisión. Tampoco se emitió una orden de protección para evitar más agresiones. “El fiscal nos dijo que la persona encargada de emitir esas órdenes no estaba y que volviéramos después”, cuenta Liria.

Martha no quiso irse a un refugio. Se fue a la casa de su papá. El esposo llegó en la noche hasta allí. Entró a la fuerza y volvió a golpearla. La mujer alcanzó a llamar al CADIN. Del Centro se comunicaron con la delegación de Halacho. Llegaron varios policías a la casa y se llevaron detenido al agresor.

En casos así, explica Gamboa, el ministerio público tiene 48 horas para vincular al acusado a proceso. Pero casi nunca terminan de hacer la investigación y no tienen todos los elementos para llevarlo ante el juez de control, así que lo terminan soltando.

May sabía eso, por eso llevó a Martha, al día siguiente, otra vez a la fiscalía para tramitar la orden de protección. Le dijo al ministerio público que el esposo había vuelto a golpear a Martha. “Y qué más quiere que hagamos –le respondió él–, la violencia es parte de la cultura de estas mujeres. Las golpean porque lo permiten. Cuántos años lleva aguantando violencia sin hacer nada”.

“Eso nos dijo el licenciado”, dice Liria. Fue cuando Martha le espetó: “sí, pero ya no quiero seguir aguantando”. No les dieron la orden de protección, ni ese ni los dos días seguidos en los que volvieron por el documento. “Nunca encontramos al supuesto responsable de emitirla”. Sólo se levantó una nueva denuncia.

Fátima Gamboa la abogada de Equis Justicia dice que es mentira que haya una figura responsable de emitir las órdenes de protección. “En el ministerio público los agentes investigadores o los fiscales que estén ahí tienen la competencia para dictarla. Solo que muchos no saben que pueden hacerlo ni cómo”.

Otra cosa que suelen decirles a las mujeres indígenas –dice Leticia Murúa, directora de Apis Sureste, Fundación para la Equidad, otra organización que apoya a víctimas de violencia– es que para obtener una orden de protección primero deben levantar una denuncia y también les piden que la solicite un abogado. “Ninguna de las dos son condicionantes”. La mujer puede solicitar una orden de protección de emergencia y la autoridad tiene que emitirla.

El idioma también es un obstáculo para la justicia. Cuando las mujeres llegan al ministerio público, dice Gamboa, les preguntan si hablan español o maya. “Muchas responden que entienden español, entonces les dicen, ah, bueno, vamos a hacerlo todo en español”. Las están obligando con eso a hacer un procedimiento legal en un idioma que no es el suyo y que no dominan. Y si piden un traductor, tienen que esperar horas o volver al otro día porque deben llegar desde la central de Mérida.

Liria acusa que a las promotoras de justicia comunitaria o a las acompañantes de las asociaciones, los fiscales les prohíben hablar en maya con las mujeres. “Nos dicen que no estamos en la lista de traductores de la fiscalía y que entonces debemos hablar en español con ellas”. Eso también complica todo el procedimiento.

Lo que las mujeres indígenas encuentran en los ministerios públicos –resume Murúa– es una insensibilidad general. “Hasta les preguntan si están seguras de levantar la denuncia, les dicen que si ya lo pensaron bien, porque luego se arrepienten y los perdonan”.

Martha y Liria también fueron a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) de Halacho para tramitar la pensión alimenticia. La mujer estaba decidida a separarse del esposo. Pero ahí tampoco encontraron a la encargada de llevar el procedimiento. “Nos dijeron que solo está un día a la semana, pero no hay día fijo ni hora para encontrarla”, explica May.

Volver con el agresor

El esposo de Martha salió libre. Después de dos semanas, ella decidió volver a la casa con él. No tenía a dónde ir, en la de su papá vivían otras familias y no cabían ya. No tenía trabajo. “Decidió volver porque no tenía dinero para darle de comer a sus dos hijas. No podía llevar a la mayor a la escuela, no tenían donde vivir y ella apenas si habla español”, explica Liria.

Las mujeres aquí están atrapadas, resume, no tienen estudios. Las más grandes apenas acabaron la primaria. Las nuevas generaciones ya están llegando a secundaria. Pero se casan muy jóvenes. A los 15 años ya están casadas, empiezan a tener hijos y nunca tienen la oportunidad de buscar un ingreso propio.

No hay una política de Estado que busque modificar eso. “No se preocupan por ayudar a las mujeres a empezar un proyecto productivo para que puedan ganar su dinero y ser independientes. Acá muchas bordan, hacen hamacas, podrían trabajar en eso, pero no hay el apoyo. Las que están empezando a trabajar están entrando a las maquilas”.

A las mujeres indígenas el estado las deja muy solas. A los agresores se les asigna un defensor de oficio cuando los denuncian por violencia intrafamiliar, ellas, en cambio, no tienen acompañamiento legal. “Acá en el Centro no tenemos una abogada de planta que le dé el seguimiento a todos los casos. Hay una abogada y una psicóloga que vienen y dan atención y asesoría a las mujeres, pero no pueden estar todo el tiempo”.

Los hombres también están atrapados en esta región: en la violencia, la pobreza y las adicciones. De 10 hombres, ocho consumen alcohol y drogas, sobre todo marihuana, dice Liria. También es por la falta de oportunidades. “Hay muchos jóvenes buscan salir adelante, pero no pueden. No hay dinero para que sigan estudiando. Están frustrados porque no son lo que quieren. El mismo patrón de violencia que ven en sus casas los llevan también a la adicción”. Tampoco hay una política pública de apoyo para ellos.

Liria vive a tres o cuatro casas de la de Martha. Cuando pasa, escucha los gritos del esposo ofendiéndola. No sabe si ha vuelto a golpearla. Cuando se encuentran en la calle, la mujer la saluda y se va. May no puede hacer nada mientras Martha no vuelva a solicitarles acompañamiento. “Ahí estaremos para apoyarla si vuelve a buscarnos”. Habrá que ver si entonces el Estado quiere hacer su parte para protegerla.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Cómo la inflación del 70% en Argentina está generando un boom del consumo y un aumento de trabajadores pobres

Hoy conviven "dos Argentinas": la de los restaurantes repletos y la fiesta del consumo y la del 30% de ocupados pobres.
8 de septiembre, 2022
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El supermercado de mi barrio solía abrir a las 8 de la mañana todos los días, pero hace semanas empecé a notar que abría cada día más tarde.

Frustrada por este retraso, un día le reclamé a la cajera por la impuntualidad.

“Es que antes de abrir tenemos que actualizar los precios de los productos que aumentaron, y cada día son más largas las listas de lo que tenemos que remarcar”, me explicó, disculpándose.

Encontrarte con precios más caros cada vez que sales a hacer las compras es una de las consecuencias de vivir en un país con más del 70% de inflación por año, una de las más altas del mundo.

Este problema no es nada nuevo para los argentinos.

Mientras que en otras partes del mundo se horrorizan porque el costo de vida alcanzó el 10%, como consecuencia de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, en este país sueñan con tener esas cifras.

Aquí desde hace una década que la inflación anual no baja del 25%, y en los últimos años ese número se duplicó.

Sin embargo, nada se compara con lo que se está viviendo este año, en el que los problemas internos, ahondados por los problemas externos, han llevado a una aceleración de la inflación que no se veía desde la crisis de 2001-2002, que dejó a más de la mitad de la población en la pobreza.

Desde marzo que el país viene registrando alzas mensuales de precios por encima del 5%.

En julio llegó al 7,4%, la cifra más alta de las últimas dos décadas, y la mayoría de las consultoras estiman que en agosto rondó el 6,5%.

Este es el motivo por el cual en las últimas semanas las maquinitas para remarcar precios no dan abasto.

Dos empleados de supermercado en Argentina

Getty Images
Los supermercados remarcan los precios cada vez más seguido.

Pero lo peor es que pocos prevén que la situación desacelere. Por el contrario: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indicó que se espera un 90% de inflación para fin de año.

Y varios consultores privados creen que la cifra podría llegar a los tres dígitos.

Sin “anclas”

Incluso quienes tenemos mucha experiencia conviviendo con la inflación perdemos la brújula con este nivel de alzas.

Y es que una de las consecuencias más perjudiciales de tener una inflación tan alta es que ya no se tienen lo que los economistas llaman “anclas”, es decir, referencias de precios.

Los comerciantes van aumentando sus valores de acuerdo con el costo que ellos estiman tendrán que pagar a fin de mes para reponer ese producto. Algunos aumentan de acuerdo con la inflación del mes previo. Otros asumen que el alza será mayor.

Y no faltan los que aprovechan la confusión generalizada para lucrarse, ampliando sus márgenes de ganancias.

Una persona comprando en un supermercado en Argentina

Getty Images
Los precios en el supermercado aumentan cada semana.

Por otra parte, hay sectores que sufrieron fuertemente durante la pandemia, como el turismo, la gastronomía y los negocios de ropa, que aprovechan la reactivación y la necesidad de muchos de volver a la normalidad para imponer fuertes aumentos que les permiten recobrar un poco de lo perdido.

Lo que esto ha generado es una distorsión de precios que hace que los consumidores ya no sepamos lo que deberían valer las cosas.

“El otro día compré un par de zapatillas infantiles online y pagué $13.000 (unos US$90 al dólar “oficial” o US$45 al paralelo), lo que me pareció caro”, me comentó en el fin de semana Yanina, una amiga que es docente y que no sabía si había hecho una buena o una mala compra.

“Después fui al supermercado y gasté casi lo mismo solamente en la compra semanal”, me dijo.

Una persona colocando carteles de precios fuera de un restaurante

Getty Images
Por la inflación tan alta en Argentina ya no hay referencia de precios y estos varían de lugar en lugar.

La confusión es aún mayor si toca pagar por un servicio, desde contratar a un plomero o electricista para arreglar un desperfecto en la casa a ir a pintarse las uñas o llevar al auto al taller.

Uno no tiene la más mínima idea de lo que le puedan llegar a cobrar. ¿Me costará 3.000 pesos? ¿$5.000? ¿O $10.000?

Es imposible saber qué es caro y qué es un precio razonable, porque no hay contra qué comparar.

La locura de los dólares

Ante la falta de anclas, los argentinos están más pendientes que nunca del precio del dólar, la moneda que históricamente ha sido referente y reserva de valor en este país.

Pero lejos de ser una brújula, la moneda estadounidense se ha convertido en una parte fundamental de la crisis actual.

Primero, porque en Argentina no hay una sola cotización del dólar. Hoy tenemos al menos seis (esas son las más usadas) y la variación entre la menor y la mayor cotización es tan amplia que a veces supera el 100%.

¿Por qué tenemos seis precios del dólar?

Porque los constantes ciclos inflacionarios han hecho que el peso argentino pierda gran parte de su valor, llevando a la adopción del billete estadounidense como moneda de reserva y la que se usa para realizar grandes transacciones, en especial la compra de propiedades.

Pero como Argentina no produce los dólares necesarios para abastecer la fuerte demanda de su población y de su economía -dependiente de insumos importados para su producción-, los gobiernos imponen controles de capital -“cepos” les dicen aquí- y fijan el precio del dólar.

Un abanico de dólares

Getty Images

Esto crea un dólar “oficial” -el de la cotización más baja- y todo un abanico de otros dólares -el “ahorro”, el “tarjeta”, el “bolsa”-, y el más conocido y seguido por todos: el “blue”, nombre que recibe aquí el dólar paralelo, comúnmente conocido en otras partes como “dólar negro”.

Este dólar “blue”, que sube y baja según el ánimo del mercado, también es muy sensible a las crisis políticas: se disparó casi 10% en un solo día a comienzos de julio tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán.

Y este es el segundo factor que está provocando la escalada inflacionaria.

Porque al ser la principal referencia de precios de muchos -en especial los empresarios- cuando el “blue” sube, suben casi todos los precios.

Y cuando la cotización de este dólar se dispara -como en los últimos meses en los que duplicó el valor del dólar “oficial”- se genera una brecha que distorsiona la economía, poniendo más presión para que el peso se devalúe.

Todas estas complejidades de la economía argentina hacen que los locales tengan que convertirse en cuasi expertos económicos para hacer rendir su salario de la mejor manera.

Una de las maniobras financieras que más se popularizaron es el llamado “puré”.

Consiste en comprar US$200 a la cotización “oficial” -el máximo mensual permitido por el gobierno, que además le aplica impuestos del 65%- y venderlo en “cuevas” (financieras ilegales, que aquí son muy comunes) a precio “blue”, generando una jugosa diferencia que multiplica los ingresos.

Dólares y pesos argentinos

Getty Images
En Argentina el dólar cotiza casi al doble en el mercado paralelo que en el oficial.

Las dos Argentinas

Aunque la inflación afecta la vida de todos los argentinos, el impacto es muy dispar según en qué grupo se esté.

Quienes tienen salarios que aumentan a la par de la inflación viven una realidad, y la vasta mayoría, que pierde poder adquisitivo mes a mes, vive otra.

Los primeros son los grandes responsables del boom del consumo que vive Argentina, un fenómeno que sorprende a muchos locales, que se preguntan cómo es posible que los restaurantes estén que explotan y los shoppings estén colmados en medio de la crisis.

O que el grupo británico Coldplay haya logrado vender diez conciertos en el enorme estadio de River Plate, un récord absoluto para este país.

La explicación no es solo que sigue habiendo más de un 20% de la sociedad con ingresos altos o medio altos. También es que muchos de ellos, e incluso personas con ingresos más modestos, están optando por consumir en vez de ahorrar.

“La gente que tiene pesos intenta sacárselos de encima porque queman”, me explicó el economista Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina, en referencia a la alta inflación que se come el valor de la moneda local.

Con acceso limitado a su instrumento favorito de ahorro, el dólar -por el tope de los US$200 “oficiales” y el precio récord del “blue”-, muchos optan en vez por comprar bienes durables para mantener el valor de su dinero, o lo gastan en actividades que les dan placer, como salir a comer, ver un espectáculo o viajar.

Un restaurante en Puerto Madero, Buenos Aires

Getty Images
Muchos restaurantes en Buenos Aires tienen lista de espera.

Esto ha permitido a Argentina mantener un buen nivel de actividad económica, con un crecimiento de más del 6% en el primer semestre y un desempleo bajo, del 7%.

Pero en la cara opuesta de esta Argentina opulenta hay millones de personas que no llegan a fin de mes y cada vez tienen que ajustar más el cinturón, incluso cortando productos básicos.

Pobres con trabajo

Los principales perjudicados por la inflación son las personas más pobres, que hoy representan casi el 40% de la población.

Ellos suelen tener empleos informales que no están protegidos por las “paritarias”, como se conoce a las negociaciones sectoriales que acuerdan aumentos por inflación.

La mayoría subsiste con ayuda del Estado, pero esta asistencia tampoco ha logrado mantener el ritmo del alza de precios.

Un recuperador urbano -o "cartonero"- en Buenos Aires.

Getty Images
Un recuperador urbano -o “cartonero”- en Buenos Aires.

Sin embargo, incluso los trabajadores con empleos registrados han perdido mucho poder adquisitivo por culpa de la inflación.

Porque en los últimos años, mientras el costo de vida se disparaba, el salario real iba en dirección opuesta.

La caída empezó durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y ya lleva cinco años consecutivos, haciendo que hoy la mayoría de los argentinos tengan ingresos más bajos que a finales de 2017.

Según la consultora LCG, la pérdida del poder adquisitivo en el último lustro fue del 23% en promedio.

Pero no solo la alta inflación explica la caída del salario. También cambió la forma en que se reparte la torta, es decir, la distribución de la riqueza.

En 2017, el sueldo de los trabajadores representó el 52% del ingreso nacional y las ganancias de los empresarios el 39%.

Pero a partir de entonces la relación de fuerzas empezó a invertirse, y para 2021, los trabajadores representaban solo el 43% de la riqueza, y el capital, el 47%, según un estudio de Cifra, el centro de estudios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Un hombre muestra sus bolsillos vacíos frente a una bandera de Argentina

Getty Images
Los trabajadores argentinos perdieron un cuarto de su poder adquisitivo en el último lustro.

El resultado es el fenómeno que más preocupa a muchos aquí: el de los trabajadores pobres.

Históricamente en Argentina se consideraba que la diferencia entre ser pobre y no serlo era conseguir un trabajo formal.

Pero hoy el salario mínimo no llega a cubrir la mitad de una canasta básica, como se conoce a los alimentos y bienes esenciales que requiere una familia tipo de cuatro integrantes.

Es decir, que incluso una pareja con empleo registrado no tiene garantizado los ingresos mínimos para no caer en la pobreza.

Esto ha llevado a que casi uno de cada cinco asalariados sea pobre, y que un tercio de todos los ocupados argentinos vivan en la pobreza, según investigaciones realizadas en 2021 por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.

Es algo que nunca antes había visto en este país, y un problema que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, pretende atenuar duplicando entre septiembre y noviembre la asignación que recibirán por cada hijo los 1,1 millones de trabajadores registrados de la escala salarial más baja.

Trabajadores en una fábrica en Buenos Aires

Getty Images
El gobierno reforzará las asignaciones familiares de más de un millón de trabajadores formales, para que no caigan bajo la línea de pobreza.

El futuro

Como argentina nacida hace casi medio siglo me ha tocado vivir muchas de las crisis económicas más dramáticas que atravesó este país, que hace apenas cien años era uno de los más prósperos del mundo.

Viví inflaciones incluso mucho peores que la actual (en 1989, cuando cursaba el secundario, el costo de vida alcanzó su récord máximo, por encima del 3000% anual).

Y en la primera década de este siglo, fui una de los cientos de miles de jóvenes que se mudaron al exterior en busca de mejores oportunidades, mientras mi país se sumía en la peor debacle de su historia.

Pero, aunque el presidente Alberto Fernández, quien formó parte del gobierno que sacó a Argentina de esa crisis, asegure que el país volverá a resurgir, como entonces, es difícil mantener el optimismo.

Es cierto que la situación internacional, en particular debido a la guerra ruso-ucraniana, ha hecho que los granos argentinos vuelvan a valer fortunas, lo que fue una de las claves que permitió la recuperación a partir de 2003.

Y también da esperanza que, incluso con una desaceleración económica prevista para el segundo semestre, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coincidan en que el país cerrará 2022 con un crecimiento cercano al 4%, por encima del promedio regional.

Un niño detrás de una bandera de Argentina

Reuters
El 51,4% de los argentinos menores de 14 años son pobres, según las estadísticas oficiales.

Pero no puedo dejar de preguntarme cómo podrá resurgir un país en el que el 45% de su población depende de la ayuda del Estado, según los datos del Observatorio de la Deuda Social.

Y sobre todo: qué futuro le aguarda a Argentina cuando más de la mitad de sus niños son pobres, y medio millón abandonó la escuela tras el prolongado cierre de la educación presencial durante la pandemia, como advirtió a comienzos del año lectivo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).


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