Mientras pasan los meses en albergues de Chicago, menores migrantes contemplan fugarse y hasta suicidarse
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Mientras pasan los meses en albergues de Chicago, menores migrantes contemplan fugarse y hasta suicidarse

Documentos internos revelan la desesperación y el tedio en una de las más grandes redes de refugios para menores en la nación.
AFP
Por Melissa Sanchez, Duaa Eldeib y Jodi S. Cohen / ProPublica
7 de septiembre, 2018
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Esta historia fue publicada en colaboración con Mother Jones. Se reproduce íntegra, con premiso de ProPublica. Aquí se pueden leer las versiones originales en inglés y español.

***

Un guatemalteco de 16 años dijo que quería “quitarme la vida” mientras esperaba ser liberado de un albergue para jóvenes inmigrantes de Chicago. Estuvo detenido allí al menos 584 días.

Un guineano de 17 años hizo una huelga de hambre, diciendo a los funcionarios que no iba a comer hasta que viera pruebas de que estaban intentando encontrarle un hogar. Fue liberado casi nueve meses después de entrar en un albergue.

Y un niño de 10 meses, forzosamente separado de su padre en la frontera de EEUU y México en marzo, fue mordido repetidas veces por un niño mayor y, más tarde, fue hospitalizado después de caerse de una sillita alta. Estuvo detenido por cinco meses.

ProPublica Illinois ha obtenido miles de archivos confidenciales sobre los nueve albergues financiados por el gobierno federal en el área de Chicago para jóvenes inmigrantes y operados por Heartland Human Care Services, una agencia sin fin de lucro. Algunos archivos son de hace años, otros son tan recientes como de la semana pasada.

Los documentos dan un amplio panorama del funcionamiento interno y de la vida cotidiana dentro de una de las redes más grandes del país de albergues para menores no acompañados — entre ellos niños separados de sus padres bajo la política de tolerancia cero de la administración Trump.

Aunque los archivos conciernen albergues en Illinois, dan un retrato de un hermético sistema de detención que alberga niños en más de 100 instalaciones a través del país. Incluyen descripciones de informes sobre incidentes serios remitidos al gobierno federal, apuntes sobre las reunificaciones de familias, horarios de empleados, plantillas diarias, correos electrónicos internos y más.

Los documentos revelan las rutinas de la vida en los albergues, días marcados por tedio y miedo mientras los niños esperan y esperan y esperan para irse. Pasan sus días tomando clases de inglés y aprendiendo sobre peculiaridades como el argot americano, el Día de San Patricio, la NFL y las modas en la alfombra rojo de los premios de la Academia de cine. Se quejan de la comida y de maltratos por los funcionarios. Y lloran, y escriben cartas y, empujados por la desesperación, se autolesionan.

A través de las propias palabras de los jóvenes, y lo que se dice y escribe sobre ellos, una verdad se hace sumamente clara: lo más larga que se hace la detención de los menores, lo más que se desmoronan emocionalmente.

Y el tiempo que pasan adentro se está haciendo más largo. La duración media nacional de una estancia de detención en el año fiscal 2017 fue 34 días. Creció a 57 días en junio durante la campaña de mano dura en la frontera de la administración Trump que dividió a familias, y más recientemente creció hasta 59 días, dijeron funcionarios federales a ProPublica Illinois la semana pasada.

Pero esta estadística esconde la dura realidad que algunos menores han pasado cientos de días esperando para marcharse. Solo en Chicago, 27 menores que estaban bajo el cuidado de Heartland durante el mes de julio — incluidos algunos de India, Guatemala y Nepal — habían estado detenidos 200 días o más, según los archivos. Un hondureño de 17 años había estado en detención por el tiempo más largo: 598 días.

“Es traumático tener esta detención indefinida,” dijo Emily Ruehs-Navarro, una profesora asistente de sociología en Elmhurst College cerca de Chicago quien ha estudiado centros de acogida para menores inmigrantes no acompañados. “Es un círculo vicioso en que, lo más tiempo que están los niños, lo más que el trauma de su situación se agrava.”

Jóvenes — muchos de los cuales están experimentando las repercusiones del trauma de violación, violencia u otros abusos en sus países nativos o durante sus odiseas a Estados Unidos — sufren mientras asistentes sociales intentan encontrar guardianes e persuadirlos que se someten a verificaciones de antecedentes. Los menores que no tiene parientes o amigos de familia en Estados Unidos se quedan en detención aún más tiempo, a veces rechazados por programas de acogida de largo plazo que ya están totalmente llenos.

Mientras los asistentes sociales intentan buscar lugares para ellos, los jóvenes de mayor edad viven con el miedo de cumplir 18 años. Los archivos muestran que las autoridades de inmigración llegan, casi sin falta, en los cumpleaños de los jóvenes para detenerlos.

Heartland reconoció que las estadías extendidas causan a los menores a “frustrarse y perder motivación y esperanza,” la agencia escribió en un informe al gobierno federal en 2017. Cuando los niños quedan detenidos durante periodos largos, el reporte añadió, no hay “incentiva” para que se porten bien.

Funcionarios de Heartland y del gobierno federal dicen que trabajan duro para encontrar hogares rápidamente para los jóvenes. El gobierno federal tiene la autoridad para aprobar la liberación de un menor.

En una declaración emitida a ProPublica Illinois, funcionarios de Heartland rehusaron comentar sobre casos específicos que involucran a un menor, pero reconocieron que aquellos afectados por la política de cero tolerancia “no quieren estar con nosotros — quieren volver a casa.”

“Eso se puede manifestar en profundos sentimientos de desesperación, tristeza, quererse escapar y hasta pensar en suicidio,” dijeron. “Esto no tiene nada que ver con el albergue y todo tiene que ver con el trauma y el horror que estos jóvenes han vivido: venir a un país extranjero, ser traídos a un lugar desconocido sin sus seres queridos, y sufrir emocionalmente por haber sido forzosamente separados de sus padres.”

Clases, aculturación y desesperación

Los archivos revelan una existencia regimentada en los centros de acogida, con los empleados controlando casi cada minuto del día de los niños. Aunque los menores asisten a clases y participan en juegos y deportes afuera, deben caminar en filas de uno a uno y, en general, no pueden moverse en los edificios sin permiso.

“Te despiertas para las 7 de la mañana, tomas una ducha, entonces te dan el desayuno,” explicó un nigeriana de 16 años quien, con dos hermanas, pasó más de un mes en un albergue esta primavera.

“Fui a muchas clases,” se acordó una brasileña de 15 años quien vive ahora con su madre en Philadelphia. “Tres o cuatro clases en la mañana, y otras tres después del almuerzo.”

Los niños pasan horas cada día en clase, sobre todo aprendiendo inglés. Horarios de trabajo y otros archivos documentan actividades regulares acerca de salud mental y educación vocacional, desde construir relaciones positivas hasta escribir un currículum. Los menores que se portan bien hacen excursiones a los principales destinos culturales de Chicago como los museos de arte y ciencias.

Los archivos describen “reuniones comunitarias” habituales en los albergues durante los cuales los menores pueden expresar sus opiniones. Durante una reunión en 2017, jóvenes en los refugios de Casa Guadalupe en el municipio suburbano de Des Plaines se quejaron de haber encontrado pelos en su comida. Esto motivó a la administración a recordarles a los empleados de llevar guantes y redecillas.

En otro centro de acogida, los menores pidieron café, cintas para el pelo y un diferente tipo de champú.

Los menores, según los archivos, dijeron que los funcionarios les estaban castigando injustamente cuando otros internos se portaban mal. Como respuesta, los gerentes hablaron con empleados de cómo “a veces nuestra respuesta típica no es una consecuencia apropiada.”

Otras quejas, descritas en los documentos y en entrevistas de ProPublica Illinois con menores, se centraban en la comida — que no había suficiente o que los menores eran forzados a comer todo lo que había en sus platos.

Casi una docena de menores quienes fueron recientemente liberados de un refugio de Heartland dijeron a ProPublica que agradecían el cuidado que habían recibido: tres comidas al día, una cama, y un techo encima de sus cabezas.

Un migrante de India de 16 años, quien pasó 114 días en la instalación más grande de Heartland en la zona sur de Chicago, dijo que no tuvo problemas durante su tiempo allí y contó que había hecho algunos amigos. Está contento ahora de estar con familia en Nueva York, dijo su tía.

“Estaba solo y no había familia (allí), así que esta cosa fue muy dura para él,” dijo.

En la mayoría de los casos, dijeron varios niños, los empleados de los albergues eran amables. Pero también los menores dijeron repetidamente que los empleados a veces amenazaban de ralentizar los esfuerzos de reunificación cuando los menores se negaban a participar en actividades diarias – algo que algunos menores hacían si se sentían demasiado “tristes” para participar.

Heartland dijo que tales amenazas no constituyen una política oficial. Ruehs-Navarro dijo que menores con problemas recurrentes de comportamiento o los que expresan pensamientos suicidas u otras necesidades psicológicas pueden pasar más tiempo en los albergues porque sus asistentes sociales deben comprobar que guardianes potenciales están preparados para brindar el apoyo que necesitan estos jóvenes.

“Tendría que ser una medida protectora,” dijo. “No tendría que ser un castigo, pero termina convirtiéndose en un castigo.”

Para el guatemalteco de 16 años que gritó que “quería quitarme la vida,” su vida antes del refugio ya era traumática: dijo al personal de Heartland que había venido a Estados Unidos a principios de 2015 para huir de la violencia en Guatemala, donde decía que había sido disparado dos veces y que una pandilla le había extorsionado.

Mientras pasaban los meses en el albergue, nuevos problemas surgieron. El menor habló del suicidio, de huirse y de escuchar voces. Más de un año más tarde, los documentos dicen que se enfadó después de recibir un informe de su asistente social acerca del intento de ubicarle con un guardián.

No se fue hasta cuatro meses más tarde, a finales de 2016. No queda claro donde fue.

“Solo espere hasta que se termina el papeleo”

Heartland, que cuida a aproximadamente 3,000 menores no acompañados cada año, recibe más fondos federales para hacer este trabajo que todos las otras organizaciones de este tipo en el país menos tres. Heartland forma parte de una organización sin fines de lucro más grande que se llama Heartland Alliance, basada en Chicago, que trabaja en una variedad de temas, entre ellos derechos humanos, vivienda y salud.

Un antiguo alto oficial del Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) dijo que Heartland tiene una reputación por estadías más largas que el resto de la red de albergues nacional, en parte porque cuida a un número desproporcionado de menores con desafíos físicos y psicológicos.

Dicen activistas que defienden a niños inmigrantes, y algunos empleados de Heartland, que hay otra razón por recientes aumentos en tiempos de detención: la atención pública que han recibido los niños separados bajo la política de tolerancia cero de Trump, además de una fecha límite impuesta por un tribunal para reunir aquellas familias. En combinación, estos factores ejercen presión sobre el personal de los albergues para priorizar aquellos casos, al detrimento de los otros menores en los centros de acogida.

Funcionarios de Heartland dijeron que la llegada de menores bajo la política de tolerancia cero no ha tenido un efecto “significativo” sobre el proceso de devolver otros niños a sus familias. En cambio, señalan otras razones por las demoras, incluidos exigencias más pesadas para guardianes potenciales. Por ejemplo, se exige tomar las huellas digitales de todos los miembros de un hogar, un procedimiento largo.

Y nuevos reglamentos federales exigen que se comparta información sobre los guardianes con ICE (la agencia federal de Investigación de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés), que podría disuadir a posibles guardianes con gente indocumentada en sus hogares de aceptar encargarse de niños. En el caso de un hondureño de 16 años, los archivos describen una demora después de que el “guardián tuvo miedo de ir a una estación de policía para que se tomaran huellas digitales.”

Los archivos obtenidos por ProPublica Illinois muestran cómo el proceso de colocar menores con guardianes — parientes, amigos, o familias de acogida — puede ser dilatado. Funcionarios de los albergues deben pedir copias de certificados de nacimiento, fotos u otros documentos para intentar confirmar las relaciones.

El pariente de un menor de 17 años quien fue liberado este verano explicó a ProPublica Illinois cómo mandó cartas a la madre de un niño de Bangladesh y esperó que ella los firmara y los enviara de vuelta. Dijo que tuvo que constantemente asegurar al menor, quien fue detenido durante 11 semanas en Chicago, que iba a ser liberado pronto.

“Le dije, ‘Solo espere hasta que se termina el papeleo,’” dijo.

El gasto es otro factor. Normativas federales requieren que los guardianes paguen los billetes de avión para viajar a un nuevo hogar para el menor y un acompañante. Pero muchos guardianes — muchas veces parientes de la misma familia — tienen poco dinero para empezar, y se han endeudado para traer los niños a Estados Unidos. Una madre, por ejemplo, dijo a las autoridades que vendió su casa en la India para pagar el viaje de su hijo hasta aquí, según los documentos.

En otro caso, un guardián potencial para un guatemalteco de 17 años dijo a personal de un albergue que había pedido 30,000 quetzales — cerca de $4,000 — para ayudar a pagar los gastos de obtener documentos legales y de un vuelo entre Chicago y Florida. El guardián fue rechazado, y unos días más tarde, el menor dijo “que se quería matar porque había recibido la noticia que su guardián fue rechazado,” según los documentos.

Funcionarios de Heartland dijeron que comprenden las preocupaciones acerca de los gastos de viaje — hasta $1,250, algunas familias dijeron a ProPublica Illinois — y que en casos de “necesidad extrema,” el gobierno federal cubre los gastos.

Varios empleados de Heartland dijeron a ProPublica Illinois que el incremento del tiempo de las estadías en detención también se debe a falta de personal. A veces se pide a los especialistas en reunificar familias, dijeron, a hacer otras tareas como supervisar a menores o limpiar después de comidas. Esto les desvía del trabajo de ayudar a colocar a menores en seguridad con guardianes.

Monitores federales, de hecho, recordaron a funcionarios de Heartland en un correo electrónico de agosto de 2016 que los especialistas en reunificación de familias y los clínicos “no tienen que ser asignados a otros deberes” porque “afecta significativa y negativamente .”

Pero los problemas de plantilla persisten. En julio, una supervisora de programas en Casa Guadalupe mandó un correo electrónico pidiendo voluntarios para llenar docenas de turnos de horas extra. Un domingo, el correo electrónico muestra, había siete plazas disponibles para un turno de mañana con 13 puestos.

En otro correo electrónico unos días más tarde, la supervisora de programas pidió si los empleados pudieran trabajar inclusive una parte de un turno porque el albergue “necesita ayuda esta semana, especialmente los turnos de jueves, viernes y sábado.”

En semanas recientes, según empleados actuales, Heartland anunció que iba a traer a trabajadores temporarios para ayudar en sus albergues, entre ellos su instalación más grande en el barrio Bronzeville de Chicago.

Funcionarios de Heartland reconocieron que tienen que luchar para retener empleados en los centros de acogida.

“Nuestro personal de primera línea tienen trabajos muy duros y pueden llegar a experimentar fatiga como muchos que hacen este trabajo,” dijeron en una declaración escrita. “Además, la fluctuación e imprevisibilidad del número de entradas en nuestro programa presenta desafíos en lo que concierne retener personal que trabaja a tiempo completo.”

La declaración dijo que, cuando es necesario, la organización “trabaja con agencias especializadas de empleo” y que el “personal temporario” es sometido a verificaciones de antecedentes y entrenamiento antes de trabajar con menores.

Heartland hace reclutamiento recurrente para contratar nuevo personal, y recientemente organizó una feria de empleo cerca de Casa Guadalupe enfocada en candidatos bilingües, según una volantina que publicitaba el evento.

El antiguo funcionario federal de HHS dijo que ya hace tiempo que Heartland ha tenido problemas con el reto de responder a las necesidades lingüística de los niños porque la organización recibe a muchos menores bajo cuidado federal que no son hispanohablantes.

Oficiales de Heartland dijeron que la organización “tiene la capacidad para aceptar una población diversa porque el personal habla muchos idiomas.”

Los archivos muestran que, en julio, alrededor de 60 por ciento de los menores en albergues de Heartland venían de países donde no se habla español, incluidos India, Bangladesh, Brasil y Rumanía. En los albergues a través del país, la gran mayoría de los menores vienen de Centro América y México.

Durante este verano, incidentes relacionados con la plantilla en albergues de Heartland fueron sometidos a un escrutinio público sin precedentes. Autoridades federales y estatales abrieron investigaciones de la agencia después de que informes de prensa alegaron que empleados en Casa Guadalupe dieron inyecciones a un niño guatemalteco que lo dejaron soñoliento.

Las dos investigaciones siguen abiertas, pero funcionarios de Heartland dijeron que una revisión interna no encontró pruebas para comprobar las acusaciones.

Los abogados de un niño de 11 años denunciaron a Heartland en una corte federal en julio, acusando a personal de Casa Guadalupe de ser negligente en ignorar los gritos del niño pidiendo auxilio, y alegaron que fue acosado y físicamente lesionado por un niño mayor. Heartland no ha respondido en la corte a la denuncia, aunque funcionarios de la organización han dicho que no han encontrado pruebas de negligencia.

ProPublica Illinois ha reportado previamente que Heartland ha sido citada por el Departamento de Servicios para Niños y Familias estatal varias veces en años recientes por no brindar supervisión apropiada. En un caso, se determinó que menores practicaron sexo oral en una sala común de un albergue. En otro, una empleada supuestamente tuvo una relación sexual con un menor detenido.

Los funcionarios de Heartland declinaron comentar sobre los incidentes específicos, pero dijeron que “representan ocasiones altamente inusuales.”

Miedo de cumplir 18

En una mañana de jueves reciente, más de una docena de niños y niños vestidos en camisas de polo iguales entraron en fila en la corte de la juez de inmigración de Chicago Jennie Giambastiani, quien se encarga del expediente de menores del tribunal.

Los menores estaban detenidos en instalaciones de Heartland y variaban en edades, desde una hondureña de 14 años con el pelo oscuro separado en dos masas, hasta varios varones de 17 con incipientes barbas y bigotes. La mayoría de los menores se sentaron silenciosamente y miraban sus manos cerradas en sus regazos. Un joven periódicamente secaba sus palmas sudadas en sus rodillas, mientras otro rebotaba un pie.

Todos eran representados por abogadas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC por sus siglas en inglés), también un subsidiario de Heartland Alliance.

Giambastiani habló brevemente con todos los menores – a todos menos uno a través de un intérprete – e hizo las mismas preguntas: nombre, edad y, dependiendo de la respuesta, cuán pronto iban a cumplir 18.

“Ah, esto ya llega pronto,” dijo a un joven.

La jueza se dirigió a la abogada de otro joven e hizo la misma advertencia que había repetido muchas veces durante la mañana: “Con su cumpleaños 18 al caer, no quiero que pierda una oportunidad” de ser colocado con un guardián.

“Por favor tenga esto presente,” añadió.

El cumpleaños 18 de un menor es un hito temido que se destaca por la llegada de agentes federales de inmigración a las puertas de los albergues, a veces justo pasada la medianoche. Empleados antiguos y actuales dicen que han escuchado a jóvenes hablar de fugarse cuando se acercaban sus cumpleaños. Algunos lo han logrado.

En algunos casos, Heartland asigna a un empleado a vigilar al menor.

Funcionarios de Heartland dicen “que no han tenido un número significativo de menores cumplir 18 mientras estaban bajo nuestro cuidado.” Pero los archivos revelan que, solo en julio, al menos seis jóvenes detenidos en albergues fueron arrestados por agentes de ICE el día que cumplieron 18.

Un registro federal de detenidos mostró que tres de aquellos jóvenes permanecían en detención para adultos más de un mes después de que fueron transferidos, incluido uno que estaba en una cárcel de un condado en Illinois que contrata con el gobierno federal para la detención para inmigrantes. No está claro si los otros tres migrantes de 18 años fueron deportados o liberados.

A nivel nacional, entre 1,000 y 2000 menores que cumplieron 18 mientras estaban bajo custodio de la Oficina de Reubicación de Refugiados federal fueron llevados a instalaciones de detención para adultos de ICE en el año fiscal 2017, según una denuncia civil puesta en marzo por NIJC y el bufete legal Kirkland & Ellis. La denuncia intenta frenar el proceso de transferir automáticamente a los jóvenes de 18 a instalaciones para adultos sin considerar el “escenario menos restrictivo” — incluido ser colocados en lugares fuera de centros de detención – como requiere la ley.

En algunos casos, jóvenes que habían conseguido asignaciones con familias fueron sin embargo transferidos a ICE en sus cumpleaños 18, según documentos en la denuncia.

“Las preocupaciones y vulnerabilidades de niños inmigrantes no desaparecen mágicamente en su cumpleaños 18,” dijo Kate Melloy Goettel, una abogada con NIJC.

Los cambios en centros de detención para adultos no son siempre para lo peor. De una parte, los jóvenes de 18 pueden recibir visitas, algo que raramente pasa en albergues para menores por la confidencialidad que rodea estas instalaciones.

Pero los jóvenes pierden acceso a llamadas gratis a familias, las clases diarias y los asistentes sociales. Cambian su ropa sencilla de albergue para uniformes carcelarios y, dependiendo de donde son mandados, sus compañeros de celda son hombres y mujeres acusados de crímenes serios. Y en vez de preocuparse de si les aceptará un guardián, los migrantes de 18 esperan a ver si serán designados elegibles para ser liberados o si sus familias tendrán el dinero para pagar sus fianzas.

La semana pasada, un juez de una corte de distrito federal rechazó un pedido gubernamental de denegar la denuncia civil y permitió que el caso avanzara como una demanda colectiva que incluye todos los jóvenes no acompañados que fueron transferidos a instalaciones de ICE después de cumplir 18.

Funcionarios de Heartland dijeron que piensan que el derecho a buscar seguridad y asilo se extiende a jóvenes que cumplen 18 mientras están en albergues y que se oponen al “enjuiciamiento, detención y devolución” de estos jóvenes quienes buscan tales indultos.

A veces, los jóvenes tienen tanto miedo de cumplir 18 – o ya tenían 18 cuando entraron en el país — que mienten acerca de su fecha de nacimiento o muestran certificados de nacimiento falsos. Normativas federales dan instrucciones a funcionarios que sospechan que supuestos menores son verdaderamente adultos a verificar sus edades, en parte para evitar que adultos sean hospedados con niños. Los empleados de los albergues pueden solicitar procedimientos médicos como exámenes dentales forenses y pruebas de densidad de huesos como parte del proceso de verificación.

Dos empleados de Heartland dijeron que estas evaluaciones son llevadas a cabo por un dentista de la zona bajo la apariencia de una visita rutinaria. Funcionarios de Heartland no respondieron a preguntas acerca de este procedimiento, pero citaron a las normativas federales.

Los archivos de Heartland muestran que, en julio, un joven de Ghana y una joven de Honduras fueron entregados a ICE después de “nuevas verificaciones de edad.”

Beatriz, una brasileña de 15 años, recordó como otra menor con quien se hizo amigos durante sus casi nueve meses en un centro de Heartland fue entregada a ICE después de que empleados descubrieron que en realidad tenía al menos 20 años. Beatriz dijo que su amiga fue eventualmente liberada y vive ahora con parientes en la costa este.

Beatriz, mientras tanto, vive en Atlanta, aunque volvió recientemente a Chicago para una audiencia judicial de inmigración. Dijo que piensa frecuentemente en su tiempo en el albergue de Heartland, hasta buscándolo en el Internet con Google Street View, recordándose del nombre de la calle y de una escuela cercana.

Y ha mantenido contacto con las amigas que hizo adentro, entre ellas la joven que ahora está en la costa este, a través de una aplicación de mensajería.

A su grupo de WhatsApp le han dado el nombre en inglés de “Sweet Freedom,” o “Dulce Libertad.”

Traducción por Carmen Méndez.

Reportera Ginger Thompson de ProPublica y Katlyn Alo, becaria del programa de aplicaciones de noticias de ProPublica Illinois, contribuyeron a este reportaje.

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El 'Chernóbil mexicano': cómo ocurrió el mayor incidente nuclear de América

Un empleado de un hospital en México manipuló una maquina de terapia de cáncer que tenía una fuente radiactiva. La cadena de sucesos que siguió generó en 1984 el mayor incidente nuclear en la historia del continente.
25 de octubre, 2020
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La búsqueda de desechos radiactivos

BBC/CNSNS
Ciudad Juárez, México, vivió una inquietante alerta por radiación en la década de 1980.

La activación de alarmas en un centro de investigación nuclear en el suroeste de Estados Unidos fue el primer indicio de que algo andaba mal.

En la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984 que activó los detectores de de radiación de ese, el lugar donde se fabricó la primera bomba atómica.

Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo, que pasaba por simple coincidencia por ahí, tenía un elevado nivel de radiación.

La investigación de su origen llevó hasta Ciudad Juárez, México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América dada la extensión que abarcó.

Aunque no tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el “Chernóbil mexicano” por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provoca comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética.

Y es que miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas con cobalto-60 y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México.

El otro gran incidente de radiación en América fue en 1987 en Goiânia, Brasil, que causó al menos cinco muertes y una decena de personas con padecimientos crónicos.

Un entierro en Goiânia, Brasil, en 1987

Getty Images
El de Ciudad Juárez y el de Goiânia, Brasil, han sido los incidentes con radiación más grandes del continente.

En el caso de México, unas 4,000 personas tuvieron algún grado de exposición.

Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente, además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas.

“Un material que es sólido, encerrado, se vuelve líquido y se convierte en varilla y se distribuye por toda una nación. Aunque en ese estado ya no no es riesgoso, esa es una gran aberración de manejo de material radiactivo“, dice a BBC Mundo Gerardo Espinosa, un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien participó en la investigación académica de aquel suceso.

Como muestran la documentación de lo ocurrido, varios fueron los errores que generaron la crisis de contaminación de esa magnitud.

La compra inutilizada y no reportada

Una extensa investigación del Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) publicada en 1985 describe cómo se generó la situación.

El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto-60 fabricada en Estados Unidos.

Aunque su importación requería un permiso, la CNSNS asegura que el organismo pertinente “nunca fue avisado” y por ende “jamás extendió la autorización”.

Una unidad de terapia con cobalto

Getty Images
El cobalto-60 se ha usado para la radioterapia desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad.

En tanto, el hospital nunca tuvo el personal capacitado para usarlo, por lo que lo almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la que “no se cumplían los requisitos mínimos” de seguridad, según la CNSNS.

El cobalto es un material radiactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales siguen usando cobalto-60 para pacientes con cáncer”, explica Espinosa.

La extraen del hospital como “chatarra”

Pasaron seis años hasta que, en diciembre de 1983, el técnico de mantenimiento de la clínica Vicente Sotelo Alardín inadvertidamente inició el incidente.

El trabajador “desarmó el cabezal de la unidad y extrajo de allí un cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto-60. La operación la realizó sin ninguna ayuda”, dice la investigación.

“El objetivo era vender como chatarra las partes”.

Ilustración de la fuente de cobalto

CNSNS
Sotelo perforó la fuente blindada de cobalto-60, lo que causó la salida de material radiactivo.

Debido a que el cilindro con la fuente radiactiva pesaba unos 100 kg, Sotelo Alardín le pidió ayuda a un amigo, Ricardo Hernández, para trasladar el material en una pequeña camioneta de carga.

Viajaron hasta un local de compra-venta de chatarra llamado Yonke Fénix, en el sur de Ciudad Juárez, donde vendieron lo obtenido.

Sin embargo, la manera en cómo el aparato fue perforado y trasladado dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves.

“La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas cosas arrumbadas: aparatos de ventilación, catres y todo eso y, la verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así“, dijo Sotelo Alardín al semanario Proceso en 1984.

Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín aseguraba que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo.

Un rastro de radiación por Ciudad Juárez

El trabajador había perforado el cilindro que contenía 6,000 gránulos o “pellets” de cobalto-60 y una cantidad indefinida de ellos quedaron regados en la camioneta usada, en el patio de Yonke Fénix, en las grúas y otros vehículos del negocio y hasta en las calles de Ciudad Juárez.

Pero los dos grandes focos de radiactividad fueron la camioneta y el depósito de chatarra.

Pellets como los del incidente de Ciudad Juárez

CNSNS
Los gránulos de cobalto-60 son diminutos, pero representan una fuente de radioactividad decadente hasta por 35 años.

“Ha podido establecerse que para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con el cobalto-60 por las fábricas de productos de acero, en las fundiciones”, dice la investigación, que señala que la empresa Aceros de Chihuahua SA (Achisa) como el principal comprador de hierro.

El descubrimiento por casualidad

El 16 de enero de 1984 se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México (Estados Unidos).

Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por Achisa, notificaron al gobierno de México.

A partir de ahí, los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó: “se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radiactivo”.

Laboratorio Nacional de Los Álamos

Getty Images
En el Laboratorio Nacional de Los Álamos se detectó el camión con radiación.

Espinosa explica que este material radiactivo “tiene una vida media de 5 años” y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva.

“Si tienes 100 átomos radiactivos, en 5 años tendrás 50, en otros 5 años nada más 25. Se considera que tienen 7 vidas medias, es decir, una vida activa de casi 35 años”, así que en 1984 el cobalto-60 del incidente ya había pasado a la mitad de su potencia.

La camioneta estacionada

La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones Yonke Fénix y Achisa había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo Alardín y la calle en donde la estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez.

La fuente de desechos encontrada

CNSNS
La fuente de cobalto-60 fue encontrada en el sitio de compra-venta de chatarra Yonke Fénix.

Además de establecer “blindaje” en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo rastrear la presencia de los gránulos de cobalto-60 sueltos con equipos especializados e incluso un helicóptero con un detector que barrió las calles de Ciudad Juárez.

La pequeña camioneta Datsun, estacionada durante semanas debido a una avería en un barrio habitacional cercano a la frontera con EE.UU., donde vivía Sotelo Alardín, también fue un foco de contaminación inquietante: las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta 1.000 R/h

“Eso se considera alto y en una exposición de una hora a cuerpo completo puede morir la persona. Pero si el conductor y acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente debieron haber recibido una exposición de aproximadamente 4.7 R/h que pudo haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento de la piel en la semana”, dice a BBC Mundo el doctor Epifanio Cruz, de la UNAM.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
Los gránulos o pellets quedaron regados por los locales de comercio de hierro.

“En virtud de que se trataba de una zona densamente poblada, se consideró urgente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni se encontrase demasiado distante”, dice el informe de la CNSNS.

La maniobra se planeó cuidadosamente y se ejecutó en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos.

“Fuimos a hacer mediciones de radiación. Una señora se sentaba diario junto a la camioneta. Nadie se enteró de que había una fuente radiactiva. Y ese fue el problema”, recuerda Espinosa del trabajo que hicieron por parte de la UNAM.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
La población poco supo de la situación que se había dado, explica Espinosa.

“Nadie supo que había material radiactivo ni en el hospital, ni en el traslado, ni en la camioneta”, añade.

El material sacado de Ciudad Juárez

La degradación natural del cobalto-60 hizo que la fuente de radiación pasara de 3.000 curios (Ci) en 1977 a 450 Ci para febrero de 1984.

“Con menos de 500 puede haber efecto, pero no mucho. Depende del tiempo de exposición. Por eso el daño a la población fue muy bajo”, explica Espinosa.

Además de Yonke Fénix y Achisa, la investigación de la CNSNS detectó que tres empresas que comercializaban materiales férreos en las ciudades de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación.

Las instalaciones de Achisa

CNSNS
Unas 6.600 toneladas de varilla fueron fabricadas con hierro contaminado, según la investigación.

Incluso en una carretera que une a Ciudad Juárez y Chihuahua hubo rastros de material radiactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos conaminados.

En total, 6,600 toneladas de varilla y 3,000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas.

La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México. De 17,600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas, según el informe.

“Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos (pilares) de construcciones. Su nivel ya no era importante, pero por ley había que detectar ese material. Y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribaran”, recuerda Espinosa.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
Gránulos de cobalto-60 fueron detectados incluso en una carretera por la que pasó un vehículo con hierro contaminado.

El experto explica que, si bien el nivel de exposición ya no era riesgoso, las normas internacionales requieren que 90% del material contaminado sea asegurado y desechado.

4,000 personas expuestas

La investigación indica que unas 4,000 personas resultaron “expuestas a la radiación” de las cuales un 80% recibió dosis inferiores a 500 mrem.

Eso es equivalente a lo que una persona puede recibir si está cerca de un paciente que recibió tratamiento de radiación.

Otro 18% recibió entre 0,5 y 25 rems, mientras que 2%, o unas 80 personas, estuvieron expuestas a más de 25 rems. De todas, cinco personas estuvieron expuestas a dosis de entre 300 y 700 rems en un periodo de dos meses, según la CNSNS.

“Para las cinco personas expuestas a las dosis entre 300 y 700 rem, fue más que suficiente para afectar a gónadas, glándulas tiroides y huesos superficiales por ejemplo en manos y pies, acortamiento de la calidad de vida”, explica el doctor Cruz.

“El efecto de esas dosis puede llevar a daños del material genético hereditario al menos a dos generaciones, causar esterilidad y falta de espermatozoides en la persona expuesta que puede recobrarse pasados al menos cinco años”, añade.

La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, pero es poco lo que se describe sobre problemas de salud detectados en las personas expuestas.

Sobre Vicente Sotelo Aldarín no se reporta nada, pero él mismo dijo a Proceso meses después que tuvo malestares que luego desaparecieron: “creyeron que era diabetes”.

Después del incidente, poco se supo del trabajador. Espinosa dice que “el señor se perdió”.

Los trabajadores de Yonke Fénix “dijeron no haber experimentado vómitos, cansancio ni náuseas y no presentaban marcas visibles en pies o manos”, salvo algunas pigmentaciones y algunos malestares pasajeros, según la CNSNS.

Cuatro trabajadores, el hijo de uno de ellos y un cliente, sí presentaron leucopenia, que es disminución en la concentración de leucocitos en la sangre.

Pero luego de unos meses. los empleados de Achisa “se quejaron de fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarreas”, reportó Proceso en aquella época.

Señal de peligro por radiación.

Getty Images
Sotelo Aldarín asegura que no había ninguna advertencia de riesgo en la máquina que tomó.

Ricardo Hernández, quien ayudó a trasladar la unidad, tenía “una quemadura atribuible a radiaciones en proceso de cicatrización sin ningún otro síntoma”.

“En ninguno de los casos se detectó sintomatología aguda”, según la investigación de ese entonces. No hubo reportes de víctimas mortales conocidas.

BBC Mundo solicitó a la CNSNS una actualización de las consecuencias médicas que hubo, pero la institución dijo que lo contenido en el informe de 1985 es lo único disponible: “no contamos con más registros de esa época”.

Como varios reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer, que es una de las consecuencias por la exposición de radiación.

El “cementerio” radiactivo

Encontrar un lugar en el cual colocar el material radiactivo fue el siguiente problema a resolver: tenía que estar en un sitio apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medioambiente.

“Llevaron de un lado para otro durante casi un año en camiones el material radiactivo para ver dónde lo enterraban. Fue un desorden total“, recuerda Espinosa.

El tiradero de desechos radiactivos

CNSNS
En un espacio desértico conocido como “La Pedrera” fue excavado el “cementerio” de desechos.

Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno, por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado “La Pedrera”.

Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado, como la camioneta de Sotelo Aldarín. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo.

Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel “cementerio” de desechos radiactivos que debería estar protegido ha quedado en el abandono.

La CNSNS dijo a BBC Mundo que “se calcula que actualmente la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos, cercanos a los niveles de dispensa”.

“Por lo anterior, se puede afirmar que la existencia del sitio de disposición La Piedrera no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente”, añade.

El tiradero de desechos radiactivos

CNSNS
La camioneta manejada por Sotelo Aldarín fue enterrada en el tiradero construido.

Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar.

Para el físico Guillermo Espinosa, es cierto que la vida media ya superada ayudó a que no fuera un riesgo en la actualidad: “pero sí creo que fue muy mal manejado”, considera.

La radiactividad es como el fuego: si lo manejas bien, cocinas unos excelentes bifes. Si no la manejas bien, hay quemaduras”, continúa.

“La lección que se debe aprender es que cualquier fuente de radiación debe estar controlada, certificada y siempre debe haber un responsable. Cosa que ahí no ocurrió”.


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