En México no se sabe con certeza cuántas personas son asesinadas. Pese a que los datos oficiales han mejorado en los últimos años, presentan fallas que los vuelven dudosos e incompletos, de acuerdo con los parámetros internacionales.

Los errores van desde la discrepancia en las bases de datos oficiales, hasta la falta de detalles clave como el sitio preciso del homicidio, esto sumado a la posible corrupción para maquillar las cifras.

“El Índice de Datos sobre Homicidios (IDH) 2018 es un primer intento de evaluar sistemáticamente la calidad e integralidad de los datos de homicidios (…) En el caso de México, los conjuntos de datos sobre homicidios no cumplen con los estándares internacionales establecidos en el Protocolo de Bogotá, el marco regional para determinar la calidad de los datos sobre homicidios utilizado como base para el índice”, señala el estudio.

De acuerdo con el análisis, el Protocolo de Bogotá contiene 42 indicadores distribuidos en cinco categorías para verificar la confiabilidad de los datos. En promedio, los estados no llegan ni a 15 indicadores cubiertos. A partir de los hallazgos del estudio, Animal Político presenta las principales fallas en los datos de homicidios en México, las posibles causas que las generan, así como los estados peor y mejor evaluados en la medición.

• Discrepancia en bases de datos

En México hay dos bases de datos oficiales para reportar homicidios. Una del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sustentada en los certificados de defunción de la Secretaría de Salud que identifican muertes por causas violentas. La otra se arma con los registros criminales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), basada en los homicidios que las procuradurías reportan e investigan.

El problema es que los números de ambas bases de datos no empatan.

Esta situación se presenta aun cuando el SESNSP reporta desde 2014 el número de víctimas (no solo de averiguaciones), por lo que no debería de haber discrepancia. Esto es considerado grave en el análisis, pues más allá de la falta de una cifra consolidada de homicidios, el hecho podría significar que hay homicidios reales que al no estar en registros criminales no son indagados.

• Información incompleta

El protocolo de Bogotá considera necesario que la información pública de un homicidio incluya datos sobre el perfil del victimario o detallar si el caso está vinculado o no con el crimen organizado. Ambos indicadores no están presentes en las bases de datos oficiales en México.

Aun cuando se sustentan en registros criminales, los datos del SESNSP carecen de detalle sobre la ubicación del homicidio (solo informan el nombre del municipio) y tampoco muestra la mayoría de las características sociodemográficas de la víctima.

Otra falla a destacar se presenta en la edad de la víctima, categoría que sí está presente en las bases de datos oficiales pero de forma incompleta. El Protocolo de Bogotá subraya que la falta de este dato debe ocurrir, como máximo, en el 5 % del total de los casos. Pero en la estadística de Inegi, 5.2 % de las víctimas no cuentan con edad, y en el caso del SESNSP el porcentaje es todavía mayor 19 %

• Números sin verificar

Los datos oficiales de homicidios en México se presentan sin verificación de una entidad paralela u organismo técnico o externo. Ni las cifras de salud que usa el Inegi ni los registros criminales que los estados reportan al SESNSP pasan por un proceso de revisión y comparación. Es decir, se publica lo que se reporta sin más.“El Protocolo de Bogotá recomienda que los gobiernos establezcan un organismo de verificación para revisar las metodologías para recopilar datos y verificar los casos víctima por víctima en todas las dependencias a nivel estatal. Un comité bien conformado, que incluya a líderes y expertos de la sociedad civil y del sector académico, puede ayudar a identificar fallas específicas en los sistemas a nivel estatal y proponer soluciones locales a los desafíos de cada estado”, indica el análisis.

• Definición poco clara

El Protocolo de Bogotá establece que debe existir en el país una sola definición de homicidio consolidado, que no deje lugar a dudas. El estudio destaca, sin embargo, que el concepto de homicidio no es el mismo entre lo que se define como tal en los certificados de salud (que usa Inegi) y lo que cada estado considera en términos penales como un asesinato.

Las causas

• Corrupción
  

Una de las causas que puede explicar, en parte, la discrepancia en los datos oficiales de homicidio y particularmente la cifra inferior en los registros criminales es la corrupción.El análisis advierte que los gobiernos locales pueden actuar premeditadamente para reportar en sus registros cifras inferiores de homicidios, con la finalidad de prevenir costos políticos. Esto se ve facilitado por la falta de instancias independientes que verifiquen los números.

“Los funcionarios públicos tienen un incentivo político para reducir el número de investigaciones de homicidios que informan sus oficinas, ya sea porque buscan recursos, nombramientos políticos o cargos de elección popular (…) las discrepancias que se observan en los conteos de víctimas en los datos de salud y los registros criminales, desde hace mucho tiempo sugieren que no se están iniciando, y mucho menos resolviendo, suficientes investigaciones de homicidios”, revela el análisis.

• Recursos limitados

El estudio recuerda que de acuerdo con el Índice de Paz México 2018, las autoridades siguen sin invertir recursos suficientes en temas de justicia y seguridad. En ese contexto se corre el riesgo –según el análisis– de considerar el desarrollo de datos sobre la delincuencia como baja prioridad en comparación con la tarea de resolver casos individuales.

México requiere sistemas modernos de información que permitan desarrollar sistemas de alta calidad, y para ello hay que invertir más. No obstante, los datos certeros pueden generar políticas de prevención adecuadas que al final repercutan en los índices delictivos y, por ende, en menos costos humanos y materiales.

• El problema de las fosas y los desaparecidos

Los analistas advierten que los asesinatos múltiples, así como el hallazgo de fosas comunes y/o clandestinas con múltiples cuerpos, y la falta de claridad en cuanto a personas desaparecidas son variables que inciden directamente en la calidad de los datos de homicidio, pues son fenómenos que se encuentran en la ambigüedad y que por lo tanto no necesariamente llegan a los registros oficiales.

“Las fosas clandestinas y los homicidios múltiples complican aún más la recopilación de datos de calidad para informar la formulación de políticas públicas efectivas (…) la información oficial disponible sobre personas desaparecidas, homicidios múltiples y fosas clandestinas no permite la resolución satisfactoria de cada caso”, indica el estudio.

• El crimen organizado

La operación consolidada del crimen organizado en varias partes de nuestro país puede afectar la calidad de la información que se genera sobre violencia. La cooptación e intimidación de autoridades y de medios de comunicación puede ocasionar que estos decidan no informar sobre casos o no hacerlo de forma oportuna.

“En lugares donde los grupos delictivos han evadido o cooptado a las fuerzas policiales locales, al Ministerio Público o la Fiscalía, las tasas de criminalidad pueden ser artificialmente bajas porque las tasas de investigación y aprehensión son también bajas. Además, el crimen organizado alienta y fomenta la corrupción, lo cual también puede conducir a cifras falsas”, refiere el informe.

En este mismo tema el estudio destaca la falta de claridad que existe en México para reportar oficialmente cuántos homicidios de los que se reportan estarían vinculados con la delincuencia organizada. Esto pese a los esfuerzos que instancias independientes han hecho para arrojar estimaciones sobre el tema.

Ranking por estados; CDMX entre los peores

El Índice de Datos sobre Homicidios 2018 presenta un ranking estatal sobre la calidad de los datos de homicidio. Para ello analizó la información que cada entidad federativa reporta o hace pública y la contrastó con los indicadores del Protocolo de Bogotá, asignando finalmente a cada estado una calificación del 1 al 10.

El resultado en promedio es negativo. Ninguno de los estados superó una calificación de 6.5, pero destacan cinco casos entre los peores: Ciudad de México, Yucatán, Nayarit, Tabasco e Hidalgo los cuales presentaron una calificación de 3.5 o menos. ¿Las razones? En todos ellos se presentó una discrepancia grave (mayor al 20 %) entre el número de homicidios asentados en los certificados de salud y los que reportaron las procuradurías locales.

“El indicador de discrepancia tiene una ponderación alta debido a que la incongruencia entre las fuentes sugiere un grave problema de impunidad”, indica el análisis.

En el caso específico de Ciudad de México se advierten fallas importantes en cuanto a la ausencia de detalle en la información sobre los homicidios que ocurren. En los casos de Tabasco, Nayarit e Hidalgo se destaca que dichas entidades reportan la información mínima indispensable sobre sus homicidios, lo que significa que todos ellos reportan menos de la mitad de los indicadores que contempla el Protocolo de Bogotá.

De los 43 indicadores del protocolo, hay cinco que ninguno de los estados cumplió incluyendo la publicación anual de microdatos y el requisito de contar con un mecanismo interinstitucional de validación. Además, solo tres estados pudieron proporcionar datos a nivel de víctimas individuales y solo San Luis Potosí lo brindó en el formato de base de datos.

En contraste, las cinco entidades con los datos de homicidio de mayor calidad en el país son Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Baja California y Coahuila.

Todos ellos con una calificación de 5.7 a 6.5 en la escala del 1 al 10. “Los cinco estados con mejor calificación registran un alto nivel de detalle sobre cada evento de homicidio, víctima y presunto victimario. De los 23 indicadores dentro de la categoría detalle de las informaciones, los cinco estados cumplieron con 12”, señala el análisis.