Información incompleta y corrupción ponen en duda las cifras de homicidios, revela un estudio
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Información incompleta y corrupción ponen en duda las cifras de homicidios, revela un estudio

La Ciudad de México, Yucatán, Nayarit, Tabasco e Hidalgo son los estados con los datos más dudosos, pues podrían estar ocultando 1 de cada 5 asesinatos, de acuerdo con el Índice de Datos sobre Homicidios 2018, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.
Cuartoscuro Archivo
12 de septiembre, 2018
Comparte

En México no se sabe con certeza cuántas personas son asesinadas. Pese a que los datos oficiales han mejorado en los últimos años, presentan fallas que los vuelven dudosos e incompletos, de acuerdo con los parámetros internacionales.

Los errores van desde la discrepancia en las bases de datos oficiales, hasta la falta de detalles clave como el sitio preciso del homicidio, esto sumado a la posible corrupción para maquillar las cifras.

Así lo concluye un estudio “Índice de Datos sobre Homicidios 2018”, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz el cual arroja que, en una escala del 1 al 10 en calidad de información, ni una sola de las 32 entidades supera una calificación de 6.5. La Ciudad de México se encuentra entre los cinco estados más atrasados, con un promedio inferior a 3.5.

“El Índice de Datos sobre Homicidios (IDH) 2018 es un primer intento de evaluar sistemáticamente la calidad e integralidad de los datos de homicidios (…) En el caso de México, los conjuntos de datos sobre homicidios no cumplen con los estándares internacionales establecidos en el Protocolo de Bogotá, el marco regional para determinar la calidad de los datos sobre homicidios utilizado como base para el índice”, señala el estudio.

De acuerdo con el análisis, el Protocolo de Bogotá contiene 42 indicadores distribuidos en cinco categorías para verificar la confiabilidad de los datos. En promedio, los estados no llegan ni a 15 indicadores cubiertos. A partir de los hallazgos del estudio, Animal Político presenta las principales fallas en los datos de homicidios en México, las posibles causas que las generan, así como los estados peor y mejor evaluados en la medición.

Las fallas

  • Discrepancia en bases de datos

En México hay dos bases de datos oficiales para reportar homicidios. Una del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sustentada en los certificados de defunción de la Secretaría de Salud que identifican muertes por causas violentas. La otra se arma con los registros criminales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), basada en los homicidios que las procuradurías reportan e investigan.

El problema es que los números de ambas bases de datos no empatan.

El estudio señaló que, en 2014, el Inegi reportó 2,700 homicidios más en comparación con los registros criminales del SESNSP. Aunque para 2016 esta diferencia se redujo, hubo 2 mil homicidios de diferencia.

Esta situación se presenta aun cuando el SESNSP reporta desde 2014 el número de víctimas (no solo de averiguaciones), por lo que no debería de haber discrepancia. Esto es considerado grave en el análisis, pues más allá de la falta de una cifra consolidada de homicidios, el hecho podría significar que hay homicidios reales que al no estar en registros criminales no son indagados.

  • Información incompleta

Uno de los temas centrales que el análisis destaca es la falta de profundidad –y por ende de calidad– en los datos de homicidios en México.

El protocolo de Bogotá considera necesario que la información pública de un homicidio incluya datos sobre el perfil del victimario o detallar si el caso está vinculado o no con el crimen organizado. Ambos indicadores no están presentes en las bases de datos oficiales en México.

Aun cuando se sustentan en registros criminales, los datos del SESNSP carecen de detalle sobre la ubicación del homicidio (solo informan el nombre del municipio) y tampoco muestra la mayoría de las características sociodemográficas de la víctima.

Otra falla a destacar se presenta en la edad de la víctima, categoría que sí está presente en las bases de datos oficiales pero de forma incompleta. El Protocolo de Bogotá subraya que la falta de este dato debe ocurrir, como máximo, en el 5 % del total de los casos. Pero en la estadística de Inegi, 5.2 % de las víctimas no cuentan con edad, y en el caso del SESNSP el porcentaje es todavía mayor 19 %

  • Números sin verificar

Los datos oficiales de homicidios en México se presentan sin verificación de una entidad paralela u organismo técnico o externo. Ni las cifras de salud que usa el Inegi ni los registros criminales que los estados reportan al SESNSP pasan por un proceso de revisión y comparación. Es decir, se publica lo que se reporta sin más.“El Protocolo de Bogotá recomienda que los gobiernos establezcan un organismo de verificación para revisar las metodologías para recopilar datos y verificar los casos víctima por víctima en todas las dependencias a nivel estatal. Un comité bien conformado, que incluya a líderes y expertos de la sociedad civil y del sector académico, puede ayudar a identificar fallas específicas en los sistemas a nivel estatal y proponer soluciones locales a los desafíos de cada estado”, indica el análisis.

  • Definición poco clara

El Protocolo de Bogotá establece que debe existir en el país una sola definición de homicidio consolidado, que no deje lugar a dudas. El estudio destaca, sin embargo, que el concepto de homicidio no es el mismo entre lo que se define como tal en los certificados de salud (que usa Inegi) y lo que cada estado considera en términos penales como un asesinato.

Las causas

  • Corrupción

Una de las causas que puede explicar, en parte, la discrepancia en los datos oficiales de homicidio y particularmente la cifra inferior en los registros criminales es la corrupción.El análisis advierte que los gobiernos locales pueden actuar premeditadamente para reportar en sus registros cifras inferiores de homicidios, con la finalidad de prevenir costos políticos. Esto se ve facilitado por la falta de instancias independientes que verifiquen los números.

“Los funcionarios públicos tienen un incentivo político para reducir el número de investigaciones de homicidios que informan sus oficinas, ya sea porque buscan recursos, nombramientos políticos o cargos de elección popular (…) las discrepancias que se observan en los conteos de víctimas en los datos de salud y los registros criminales, desde hace mucho tiempo sugieren que no se están iniciando, y mucho menos resolviendo, suficientes investigaciones de homicidios”, revela el análisis.

  • Recursos limitados

El estudio recuerda que de acuerdo con el Índice de Paz México 2018, las autoridades siguen sin invertir recursos suficientes en temas de justicia y seguridad. En ese contexto se corre el riesgo –según el análisis– de considerar el desarrollo de datos sobre la delincuencia como baja prioridad en comparación con la tarea de resolver casos individuales.

México requiere sistemas modernos de información que permitan desarrollar sistemas de alta calidad, y para ello hay que invertir más. No obstante, los datos certeros pueden generar políticas de prevención adecuadas que al final repercutan en los índices delictivos y, por ende, en menos costos humanos y materiales.

  • El problema de las fosas y los desaparecidos

Los analistas advierten que los asesinatos múltiples, así como el hallazgo de fosas comunes y/o clandestinas con múltiples cuerpos, y la falta de claridad en cuanto a personas desaparecidas son variables que inciden directamente en la calidad de los datos de homicidio, pues son fenómenos que se encuentran en la ambigüedad y que por lo tanto no necesariamente llegan a los registros oficiales.

“Las fosas clandestinas y los homicidios múltiples complican aún más la recopilación de datos de calidad para informar la formulación de políticas públicas efectivas (…) la información oficial disponible sobre personas desaparecidas, homicidios múltiples y fosas clandestinas no permite la resolución satisfactoria de cada caso”, indica el estudio.

  • El crimen organizado

La operación consolidada del crimen organizado en varias partes de nuestro país puede afectar la calidad de la información que se genera sobre violencia. La cooptación e intimidación de autoridades y de medios de comunicación puede ocasionar que estos decidan no informar sobre casos o no hacerlo de forma oportuna.

“En lugares donde los grupos delictivos han evadido o cooptado a las fuerzas policiales locales, al Ministerio Público o la Fiscalía, las tasas de criminalidad pueden ser artificialmente bajas porque las tasas de investigación y aprehensión son también bajas. Además, el crimen organizado alienta y fomenta la corrupción, lo cual también puede conducir a cifras falsas”, refiere el informe.

En este mismo tema el estudio destaca la falta de claridad que existe en México para reportar oficialmente cuántos homicidios de los que se reportan estarían vinculados con la delincuencia organizada. Esto pese a los esfuerzos que instancias independientes han hecho para arrojar estimaciones sobre el tema.

Ranking por estados; CDMX entre los peores

El Índice de Datos sobre Homicidios 2018 presenta un ranking estatal sobre la calidad de los datos de homicidio. Para ello analizó la información que cada entidad federativa reporta o hace pública y la contrastó con los indicadores del Protocolo de Bogotá, asignando finalmente a cada estado una calificación del 1 al 10.

El resultado en promedio es negativo. Ninguno de los estados superó una calificación de 6.5, pero destacan cinco casos entre los peores: Ciudad de México, Yucatán, Nayarit, Tabasco e Hidalgo los cuales presentaron una calificación de 3.5 o menos. ¿Las razones? En todos ellos se presentó una discrepancia grave (mayor al 20 %) entre el número de homicidios asentados en los certificados de salud y los que reportaron las procuradurías locales.

“El indicador de discrepancia tiene una ponderación alta debido a que la incongruencia entre las fuentes sugiere un grave problema de impunidad”, indica el análisis.

En el caso específico de Ciudad de México se advierten fallas importantes en cuanto a la ausencia de detalle en la información sobre los homicidios que ocurren. En los casos de Tabasco, Nayarit e Hidalgo se destaca que dichas entidades reportan la información mínima indispensable sobre sus homicidios, lo que significa que todos ellos reportan menos de la mitad de los indicadores que contempla el Protocolo de Bogotá.

De los 43 indicadores del protocolo, hay cinco que ninguno de los estados cumplió incluyendo la publicación anual de microdatos y el requisito de contar con un mecanismo interinstitucional de validación. Además, solo tres estados pudieron proporcionar datos a nivel de víctimas individuales y solo San Luis Potosí lo brindó en el formato de base de datos.

En contraste, las cinco entidades con los datos de homicidio de mayor calidad en el país son Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Baja California y Coahuila.

Todos ellos con una calificación de 5.7 a 6.5 en la escala del 1 al 10. “Los cinco estados con mejor calificación registran un alto nivel de detalle sobre cada evento de homicidio, víctima y presunto victimario. De los 23 indicadores dentro de la categoría detalle de las informaciones, los cinco estados cumplieron con 12”, señala el análisis.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
Comparte

Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=C0ydVmP8DCU

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.