El último hoyo negro de Gerardo Ruiz Esparza
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El último hoyo negro de Gerardo Ruiz Esparza

En la última etapa de su gestión, el aún titular de la SCT en la administración de Enrique Peña Nieto autorizó que el peaje carretero en México pase de las arcas públicas a un fideicomiso privado.
Imagen: Cuartoscuro
Por Ana Lilia Pérez / Newsweek en Español
1 de septiembre, 2018
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El pasado 26 de diciembre de 2017, desde las flamantes oficinas de Gerardo Ruiz Esparza en el 1089 de Insurgentes Sur, se emitió un documento dirigido a Felipe Alamilla Ramos, director general adjunto fiduciario y delegado fiduciario de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

En este se le autoriza modificar el título de concesión de las carreteras que forman parte del fideicomiso gubernamental 1936, “con la finalidad de permitir la implementación del Esquema de Monetización de Activos, el cual consiste en la bursatilización parcial de los derechos de recibir ingresos provenientes del cobro de tarifas al amparo del Título de Concesión, respecto de una o más autopistas”.

También se le concede la “autorización para ceder de manera onerosa los derechos de cobro que tiene el Fondo de la Autopista México-Puebla, a un Fideicomiso emisor de certificados bursátiles de naturaleza privada, denominado Fideicomiso Maestro, a fin de que el Fondo reciba certificados bursátiles residuales con un valor nominal determinado, con lo cual permitirá recibir ingresos derivados de los derechos de cobro cedidos al Fideicomiso Maestro…”.

El 12 de enero del año en curso este documento llegó a Banobras, la institución que de diciembre de 2012 a enero de 2015 estuvo dirigida por Alfredo del Mazo Maza, primo de Enrique Peña Nieto y actual gobernador del Estado de México, el tercero de la dinastía con la que se identifica a Gerardo Ruiz en el grupo Atlacomulco.

En el documento donde aparecen los nombres de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y del subsecretario de Infraestructura, Óscar Callejo Silva —quien firma “por ausencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”—, se explica que “el Fideicomiso Maestro de naturaleza privada tendrá, entre otros fines, la contratación de financiamientos pagaderos con activos aportados a su patrimonio, incluyendo los flujos derivados del ejercicio de los derechos de cobro que se cedan a dicho patrimonio”.

La dependencia federal aún a cargo de Ruiz Esparza instruyó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) continúe como “operador” de las autopistas, pero solo para recibir el dinero de manos de los usuarios y transferirlo al fideicomiso privado. Ahora Capufe será “supervisado” por un “ingeniero asesor” contratado por el fideicomiso privado, que tendrá atribuciones para decidir qué gastos pueden o no autorizarse para la operación y mantenimiento de las carreteras, atribuciones que previo a esta nueva disposición competían al Estado mexicano.

Como “ingeniero asesor” se designó a Grupo Triada, una compañía privada que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue contratada para proyectos como la supervisión del Tren Interurbano México-Toluca (TIMT).

En el mismo documento se señala que, a partir de esa autorización, “en una primera etapa se realice la cesión de derechos y bursatilización mediante un programa de emisiones 2017-2019 de los flujos futuros de ingresos de peaje del tramo México-Puebla”, y el resto de la cesión de los derechos de cobro de las otras carreteras se haría “de manera paulatina”.

Para el 15 de marzo, en el banco CI se constituyó el fideicomiso CIB/2849, en el cual CI Banco, S. A., Institución de Banca Múltiple, es fiduciaria, y CI Titulización de Activos, S. A. de C. V., funge como fideicomitente, y Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V., como representante común de los tenedores de los certificados bursátiles.

El patrimonio inicial del fideicomiso son los ingresos totales de la carretera México-Puebla más todos los que se sumen, es decir, las otras 52 vías carreteras.

Cinco días más tarde, el 20 de marzo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la inscripción de certificados bursátiles de este fideicomiso.

Documentos que forman parte del programa de certificados bursátiles del fideicomiso CIB/2849 indican que Banobras podrá cederle la titularidad de 53 tramos carreteros (incluidos dos puentes internacionales), con una longitud de 4,463 kilómetros —lo que representa el 45 por ciento de la carreteras concesionadas a escala federal—, y 120 plazas de cobro distribuidas a lo largo de la república mexicana.

Entre sus riesgos para operar, el nuevo fideicomiso plantea que como “el gobierno federal está obligado por ley a mantener carreteras libres de peaje y de uso gratuito, en caso de que el gobierno federal destine mayores recursos para mejorar las carreteras de uso gratuito existentes o se construya nuevas carreteras”, se verían disminuidos sus ingresos.

Lo anterior significa que para el Fideicomiso Maestro y sus participantes, entre peores condiciones tengan las carreteras libres a causa de la falta de preservación por parte del gobierno, más negocio habrá para ellos, explica Martín Curiel, experto en temas carreteros.

El también dirigente del Sindicato de Caminos y Puentes opina que este fideicomiso “se creó como una forma de desviar el dinero de los peajes”. Es el modo, añade, como “se empeñaron las carreteras, y así empeñadas es como las recibirá el nuevo gobierno”.

El asunto podría tener un trasfondo aún mayor.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, considera que se está frente a un “foco rojo” porque “cuando el dinero de los ingresos públicos, como son los peajes carreteros, se envía a un fideicomiso, el dinero sale de la contabilidad del presupuesto y de la cuenta pública, entonces lo que sucede adentro de estos fideicomisos no está reflejado en nuestra cuenta pública”.

El abogado y exprocurador fiscal de México Gabriel Reyes Orona alerta, por su parte, que con este mecanismo “Gerardo Ruiz Esparza hizo un compartimento o un hoyo negro en la contabilidad de la SCT que hace imposible su fiscalización eficiente”. Es, compara, “como si en una contabilidad que tiene que ser revisada se tacharan renglones en negro”.

Aún más. Reyes Orona apunta que el hecho de que el documento de autorización, que forma parte del mecanismo mediante el cual la SCT da visto bueno a que el denominado Fideicomiso Maestro tenga derechos de cobro de las autopistas, contiene “graves inconsistencias”.

Para él, el documento es “completamente ilegal”, ya que “en términos de la Fracción XI del artículo 5 del reglamento interior de la SCT, la facultad de modificar los títulos de concesión corresponde exclusivamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, al no ser una facultad delegable, por lo que al no contar con su firma la validez del oficio es cuestionable, poniendo en entredicho la validez de toda la operación del esquema de bursatilización, aparte de que, la fundamentación contenida en el mismo documento resulta insuficiente para disponer y canalizar recursos derivados de la operación carretera. En síntesis —subraya— es impugnable la cesión efectuada al Fideicomiso Maestro”.

OBSTÁCULO A LA FISCALIZACIÓN

En julio pasado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”. El número 18 señala que “se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

Ese anuncio se hizo seis meses después de que la secretaría a cargo de Gerardo Ruiz Esparza autorizara el mecanismo mediante el que el “Fideicomiso Maestro de naturaleza privada” obtuvo como patrimonio los derechos de cobro de peaje carretero, uno de los ingresos más importantes para el gobierno federal.

Hasta ahora la existencia de este esquema recién aprobado por la administración peñanietista se ha mantenido en la cúpula interna de la SCT. Este supone la bursatilización parcial de los derechos de recibir ingresos provenientes del cobro de tarifas de autopistas.

En México una ecuación de especulación bursátil más fideicomiso puede resultar explosiva. Y es que los fideicomisos a menudo han sido utilizados como mecanismo para malversación de dinero porque prácticamente se vuelven bóvedas con una cerradura a cal y canto, llamada secreto fiduciario, sobre todo si se le da estatus de “fideicomiso privado”.

El exprocurador fiscal Reyes Orona explica que en los términos en que está planteada la autorización y operación del fideicomiso, “lo que la secretaría a cargo de Ruiz Esparza está haciendo es sustraer recursos públicos del principio de ‘caja única’, un principio en el que los ingresos públicos, como son los peajes carreteros, se deben concentrar de manera única para que el Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, los revise y opere su aplicación presupuestaria”.

Con ese mecanismo, advierte, “lo que está haciendo Ruiz Esparza es crear un obstáculo para efectos de presupuestación, fiscalización y control público de ingreso público, en provecho y privilegio para otros”.

Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, considera además que “se pierde muchísima transparencia al enviar el dinero a los fideicomisos, pero esto es así porque no están regulados adecuadamente”. La consecuencia, agrega, es que “terminan convirtiéndose en una caja negra” que podría derivar en malos manejos.

El abogado abunda: “la cláusula que permite a un comité fiduciario canalizar o cambiar el destino de los ingresos derivados de obras y servicios públicos, subvierte y elude la capacidad presupuestaria que la Constitución encomienda al Poder Legislativo, y la autorización contenida en el documento expedido por la secretaría a cargo de Ruiz Esparza elude el ejercicio de las facultades que corresponde tanto al Poder Legislativo, en términos del artículo 126 constitucional, como las que por ley corresponde a la Subsecretaría de Egresos, sin que tampoco se dé transparencia a la forma y términos en que la Auditoría Superior de la Federación podría fiscalizar ese fideicomiso por no formar parte de la Cuenta Pública”.

Aunque la creación de un fideicomiso por sí misma no constituye un acto ilegal, “lo que es ilegal e inconstitucional –explica Reyes Orona– es que los contratos de fideicomiso no permitan que se haga una efectiva revisión de cuenta pública completa de esos ingresos públicos, ya que este tipo de vehículos no están integrados a los programas de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación”.

En este caso, al tratarse de peajes carreteros y con ingresos públicos, agrega el experto, estos deben ser controlados por el gobierno.

“El principio general es que el ingreso público debe ser controlado por el Congreso de la Unión. En la medida que el fideicomiso se convierte en un mecanismo de evasión de control de su fiscalización, entonces hay un problema de orden constitucional, porque los recursos del fideicomiso deben de ser destinados por la autoridad que tiene la capacidad de fiscalizar, y eso es contrario a la Constitución”.

El exprocurador fiscal alerta que, mediante el mecanismo aquí descrito, Gerardo Ruiz Esparza hereda al próximo gobierno federal “renglones oscuros en la contabilidad, y no permitirán ejercitar correctamente las funciones constitucionales de contabilidad gubernamental, al establecer candados financieros que hacen nugatorias las atribuciones presupuestarias del gobierno federal”.

Lee la nota completa en la nueva edición de Newsweek en Español

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Muerte de la reina Isabel: Por qué los carteles en blanco se han convertido en una forma de protesta en Reino Unido

Tanto en Reino Unido en los últimos días como en manifestaciones en el pasado en Hong Kong y otros lugares, las pancartas en blanco se han usado como un símbolo de resistencia.
18 de septiembre, 2022
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En los últimos días varias personas han sido detenidas en Reino Unido por protestar durante los actos oficiales con motivo de la muerte de la reina Isabel II y la proclamación de su sucesor, el rey Carlos III.

Paul Powlesland no está entre ellos. Pero este abogado británico fue protagonista de un polémico incidente el 12 de septiembre.

Powlesland dice que mientras sostenía un papel en blanco en Parliament Square, la plaza junto a la sede del Parlamento británico en Londres, fue abordado por un policía que le pidió sus datos.

El abogado, quien filmó parte de su conversación con el policía y la publicó en Twitter, afirmó que le dijeron que lo arrestarían si escribía “No es mi rey” en el papel en blanco.

Manifestaciones “en blanco” similares fueron vistas en Edimburgo durante el paso del cortejo de la reina, sin informes de arrestos. Sin embargo, el video de Powlesland llevó a la Policía Metropolitana de Londres a declarar que el público tenía “derecho a protestar”.

“El público tiene absolutamente todo el derecho a protestar y hemos dejado esto en claro a todos los agentes involucrados en la operación policial extraordinaria que se lleva a cabo actualmente”, tuiteó la Policía Metropolitana el 12 de septiembre.

Manifestantes con carteles en blanco en Edimburgo

Getty Images
El arresto de un manifestante antimonárquico en Reino Unido generó protestas con carteles en blanco en Londres y Edimburgo.

¿Resistencia satírica?

No es la primera vez que se utiliza una hoja de papel en blanco para protestar, pero estas acciones se ven con mayor frecuencia en países donde es común la represión autoritaria de la disidencia.

Por ejemplo, en 2019, un joven activista en Kazajstán, Aslan Sagutdinov, fue detenido por la policía después de llevar un cartel en blanco a la céntrica plaza Abay de la ciudad de Oral, en el oeste del país, y sostenerlo frente a las oficinas de las autoridades locales.

“No participo en una protesta y quiero demostrar que me llevarán a la comisaría, aunque no haya nada escrito en mi cartel y no esté gritando consignas”, dijo el joven de 24 años a la prensa, según puede verse en el siguiente video del incidente.

https://www.youtube.com/watch?v=P0HrQ2y_8Nc

Katrina Navickas, experta en historia de protestas y acciones colectivas de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido, señaló que las protestas con carteles en blanco siguen los pasos de otras formas satíricas de disidencia que se remontan al siglo XVIII.

“El movimiento democrático cartista en la década de 1840 realizó manifestaciones al aire libre en silencio como protesta contra las autoridades locales que reprimían sus reuniones habituales”, dijo Navickas a la BBC.

(El cartismo fue un movimiento popular obrero que surgió en el siglo XIX en Reino Unido durante la Revolución Industrial. Su nombre deriva de un documento de peticiones llamado la “Carta del Pueblo”).

Navickas contó que también “en Manchester en 1795 se formó un ‘Club de pensamiento’ que celebraba reuniones en silencio para protestar contra leyes sobre ‘reuniones sediciosas’ y grupos democráticos”.

Pero protestar con carteles sin eslóganes, símbolos o incluso colores que representen una causa política es algo que, según la experta, no se había dado en un período más reciente de la historia.

Esto parece ser una innovación, aunque en la tradición de la subversión satírica de las restricciones de autoridad“, agregóNavickas.

(La siguiente foto publicada en Twitter aparentemente muestra el arresto de un manifestante ruso contra la guerra con un cartel en blanco)

https://twitter.com/khadljasays/status/1569701229009281025/photo/1

También se han visto carteles en blanco en Rusia durante las últimas dos décadas, pero se han vuelto mucho más comunes desde la invasión de Ucrania en febrero de este año. Las autoridades rusas han reprimido enérgicamente las protestas contra la guerra y hasta el 17 de agosto se habían producido en el país más de 16.000 detenciones, según OVD-Info, una iniciativa rusa de investigación sobre derechos humanos.

En redes sociales y medios de comunicación independientes han aparecido historias sobre arrestos de manifestantes con carteles en blanco en varias ciudades rusas.

Irónicamente, un viejo chiste de la era soviética se centra en el arresto de una persona que reparte folletos en blanco en la Plaza Roja de Moscú.

Navickas dice que este tipo de protesta puede resultar particularmente “molesta” para las autoridades.

“Al igual que las protestas silenciosas, es más difícil para la policía probar que se está cometiendo un delito o que existe la intención de cometer un delito”, señaló la experta.

“Todo el mundo se sabe el eslogan de memoria”

Las protestas de Hong Kong de 2020 contra una nueva ley de seguridad impuesta por China, que criminalizaba algunos eslóganes a favor de la democracia, también incluyeron carteles en blanco.

Manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong con carteles en blanco en 2020

Getty Images
En Hong Kong, manifestantes prodemocracia utilizaron carteles en blanco durante varias protestas en 2020.

Uno de los manifestantes, un hombre de unos 50 años, dijo a la agencia de noticias Reuters que como “todo el mundo se sabe las consignas de memoria”, no había necesidad de escribirlas. Lo importante, agregó, era resaltar la censura.

“Estas consignas siempre estarán en mi corazón y esas palabras siempre quedarán en un papel blanco, que nunca desaparecerá”, agregó el hombre.

Preocupación en Reino Unido

Todos los ciudadanos en Reino Unido tienen derecho a protestar pacíficamente.

Los derechos a la libertad de expresión y de reunión se establecen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se incorporó a la legislación británica en 1998 en la Ley de Derechos Humanos o Human Rights Act.

Pero hay límites para estos derechos. Otras leyes permiten que la policía restrinja las libertades cuando sea necesario y proporcionado hacerlo, particularmente para proteger la seguridad nacional y pública o prevenir el desorden o el crimen.

Los manifestantes pueden ser arrestados bajo la Ley de Orden Público o Public Order Act. La sección 5 de esta ley otorga a la policía de Inglaterra y Gales el poder de arrestar a alguien cuyo comportamiento pueda causar “acoso, alarma o aflicción”. Los manifestantes pueden ser además multados si se les acusa formalmente de este delito.

Manifestantes en las afueras del Castillo de Cardiff durante la proclamación del Rey Carlos III en Gales el 11 de septiembre

Getty Images
La respuesta de la policía ante algunas protestas contra la monarquía fue criticada.

Sin embargo, grupos de derechos civiles han expresado preocupación por el arresto de manifestantes antimonárquicos en Reino Unido. Uno de esos grupos, Liberty, dijo que era “muy preocupante ver a la policía haciendo valer sus amplios poderes de una manera tan dura y punitiva”.

“La protesta no es un regalo del Estado, es un derecho fundamental”, dijo Jodie Beck, responsable de políticas y campañas de Liberty.

Al menos en el caso de Paul Powlesland, el clamor en las redes sociales contra la respuesta policial funcionó.

El abogado tuiteó el 14 de septiembre que él y un grupo de manifestantes, algunos con pancartas en blanco y otros con lemas contra la monarquía, protestaron sin problemas frente al Palacio de Westminster.

“Los policías en el terreno siguieron la declaración emitida por la Policía Metropolitana y nos dejaron solos. Creo que esto representa una verdadera victoria, que fue resultado de la reacción y la presión del público”, tuiteó el abogado.


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