A 10 años de los granadazos en Morelia, las víctimas siguen esperando reparación y justicia
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A 10 años de los granadazos en Morelia, las víctimas siguen esperando reparación y justicia

Los afectados denuncian omisiones e intimidaciones de las autoridades. Incluso relatan cómo los errores de la PGR entorpecen el que se les reconozca como víctimas del atentado ocurrido el 15 de septiembre de 2008.
Cuartoscuro
15 de septiembre, 2018
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Algunos de ellos se quedaron sin trabajo y otros padecen aún de estrés postraumático. Hombres, mujeres y niños que perdieron la movilidad de alguna parte de su cuerpo e incluso, sufrieron la amputación de una pierna o un brazo. Por si fuera poco, hay quienes también perdieron para siempre a un ser querido.

Son las víctimas de los atentados perpetrados con granadas de fragmentación la noche del 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia, Michoacán. Aquel ataque con explosivos ocurrido en pleno festejo patrio –calificado como atentado terrorista por el gobierno– y del que hoy se cumplen 10 años.

Una década en la que no ha habido justicia ni reparación del daño para los afectados.

La investigación oficial de este caso, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), acumula años empantanada. Las personas a las que en su momento detuvo y acusó ante los medios de ser las responsables terminaron en libertad pues fueron torturadas para declararse supuestos autores del ataque.

Como no hay culpables sentenciados, tampoco hay responsables a los que un juez pueda exigirles que reparen a las víctimas el daño causado. Las pifias de PGR no solo tambalean el caso, sino con ello el reconocimiento legal de los afectados.

Las instancias que el Estado tiene para apoyar a las víctima: Comisiones de Atención Especializada, a nivel nacional y local, no se acercaron a los afectados para ofrecerles el beneficio de una indemnización integral o de reparación. En algunos casos, solo les han ayudado con alguna pensión, medicamento o beca. En otros, ni eso.

Cuando las víctimas se enteraron de la reparación a la que por ley tienen derecho y decidieron buscarla por su cuenta padecieron de todo, desde la supuesta pérdida de sus expedientes, hasta trabas e intimidaciones del propio personal que debería de apoyarlas, acusan.

El saldo oficial de la detonación de las granadas de fragmentación de Morelia durante la fiesta del grito del 15 de septiembre fue de ocho personas muertas y más de 130 lesionadas.

Ocho de esas víctimas se acercaron a Animal Político a través de sus representantes legales para recordar que este caso, casi olvidado en el discurso oficial, el cual no se encuentra resuelto; al contrario, mientras los verdaderos culpables están impunes, los sobrevivientes viven entre la zozobra, la crisis, el coraje y la impotencia.


 

Otra matanza, otro caso impune

Horas después del atentado, el entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, atribuyó el ataque a la delincuencia organizada. La PGR, en ese entonces encabezada por Eduardo Medina Mora (hoy ministro de la Suprema Corte), estableció como principal línea de investigación que el cártel de Los Zetas era el responsable.

El 25 de septiembre de 2008 se anunció la detención de cuatro personas, supuestamente implicadas en los hechos, en Apatzingán, Michoacán. La entonces titular de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), Marisela Morales, dijo que los detenidos habían sido localizados gracias a una llamada anónima, y que habían confesado ser parte del mencionado grupo delictivo y responsables del ataque; una persona más sería detenida después.

Pero el proceso penal en contra de todos ellos se estancó casi desde el inicio. Pocos días después de la captura, los detenidos señalaron ante el juez que su “confesión” era falsa y que habían sido torturados para declararse culpables, una práctica que ya había empleado la PGR en otros casos. Por esa situación interpusieron demandas de amparo en contra del auto de formal prisión.

En mayo de 2015, un juez federal concedió finalmente el amparo a los detenidos, que para ese momento llevaban siete años encarcelados, y ordenó su libertad. Entre otras cosas, el juez destacó que diversos  exámenes periciales confirmaban que los detenidos habían sido torturados, y que no se respetaron sus derechos, pues se les recabó la declaración en un video sin contar con un abogado. Declaración que además fue difundida en medios.

El juez también destacó que una de las firmas plasmadas en una declaración ministerial no correspondía al puño y letra del detenido, lo que evidenciaba que era un testimonio fabricado. Finalmente se demostró que tres de los detenidos estaban en el municipio de Lázaro Cárdenas el día que se les detuvo y no en Apatzingán como aseguraron las autoridades.

Un tribunal federal revisó el caso y determinó que el proceso debía reiniciarse por las fallas en las pruebas presentadas, sin embargo ordenó que los implicados fueran reaprehendidos. No obstante ellos interpusieron una nueva demanda de amparo, lo que ha impedido volver a capturarlos.

Se prevé que sea la próxima semana cuando el tribunal defina, en definitiva, si los señalados por la PGR desde hace casi una década deben ser procesados. Aunque ese fuera el caso, el juicio comenzará desde el inicio.

Víctimas a la deriva; comisiones que no ayudan

Años después del ataque, algunas víctimas recibieron apoyos del gobierno local, entre ellos pagos para ciertas medicinas; becas para un menor que hubiera perdido a un padre o dinero para traslados a la Ciudad de México para recibir tratamientos. También hubo víctimas directas o indirectas (no todas) que recibieron cuatro o seis mil pesos quincenales.

“Ha sido un apoyo asistencialista pero no es ni una reparación del daño ni una indemnización que es a lo que tienen derecho de acuerdo con la Ley de Víctimas”, dijo Reyna Velasco, abogada de las víctimas presentes en este reportaje.

En 2014 comenzó la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un órgano encargado de asistir a las víctimas de casos federales. Pese a que los atentados en Morelia fueron un asunto federal indagado por PGR y a que hubo reuniones con las víctimas, la CEAV nunca atrajo formal e integralmente el caso.

Fue apenas en junio pasado cuando el delegado de dicha comisión en Michoacán, Ricardo Díaz, le planteó a los afectados la necesidad de inscribirlos al Registro Nacional de Víctimas, el primer paso para buscar una compensación.

Sin embargo, tres meses después, los expedientes de dicho trámite no tuvieron ningún seguimiento o se extraviaron, pues les pidieron a las familias llena otra vez los mismos formularios, de acuerdo con la defensora de los afectados.

Quien sí se hizo cargo de estos casos en 2015 fue la Comisión Estatal de Víctimas de Michoacán. Sin embargo, el apoyo solo consistió en ayudas para medicamentos o pensiones.

“Es hasta que se reúnen conmigo en julio 2018 cuando ellos se enteran que tienen derecho a una reparación del daño. Incluso les pregunto si ya tienen un asesor jurídico por parte de la comisión estatal porque a tres años deberían de tenerlo, como mínimo, y  si tienen su expediente formado y del número de la averiguación previa de su caso o del proceso penal en Jalisco (donde estaban presos los detenidos). Y total no tenían nada, porque nunca se los ofrecieron ni se los dijeron”, expuso la abogada.

Después vinieron las intimidaciones. Las víctimas narraron a Velasco que la presidenta de la comisión estatal, Cristina Cortés Carrillo, se molestó cuando le informaron que ya habían contratado a una abogada particular. Les dijo que esto era un “retroceso” a lo que habían logrado y que ella no iba a facilitarle información a la defensora.

“Que ella haga su trabajo consiguiendo los papeles”, les dijo a las víctimas, según relata Reyna Velasco.

“En tres años nada más les estuvieron viendo la cara porque además los han tratado de amedrentar en las reuniones a las víctimas. Les hablan de un retroceso pero… ¿a qué se refieren si en tres años ni la comisión estatal ni la federal han hecho gran cosa? Aquí las omisiones son de ambas comisiones”, afirmó la abogada.

El calvario para reconocer a la víctimas

El proceso para que las víctimas reciban una reparación no solo se ha retrasado sino que además presenta dificultades legales, como el propio reconocimiento de  víctimas del atentado, un requisito indispensable para solicitar una indemnización.

Su abogada cuenta que a través de una solicitud que interpuso ante PGR pudo conocer el número de averiguación previa y del proceso penal que se sigue por los atentados de 2008, datos que las comisiones de víctimas tampoco pudieron proporcionar. Sin embargo ni la PGR ni el juez federal quisieron confirmar el estatus de víctimas de las personas que está asesorando.

“La PGR nos dijo que como hace mucho mandaron el caso al juez ellos ya no lo tienen y no pueden certificar los nombres de las víctimas, cosa que es falsa porque ellos tienen un triplicado para supuestamente seguir con las investigaciones. Y el juez lo que nos responde es que no puede reconocer a las víctimas porque el proceso está impugnado vía amparo”, dijo Velasco, al explicar que los errores de la Procuraduría han entorpecido incluso el reconocimiento legal de las víctimas.

Hay casos como el de María de Jesús Vázquez Silva -quien perdió una pierna a causa de las lesiones sufridas- que se acaba de enterar a través de la CEAV, que su nombre no aparece en la averiguación que la PGR trabajó en su momento.

“Ahora yo tengo que buscar que le reconozcan la calidad de víctima pero 10 años después de ocurridos los hechos. ¿Cómo es esto posible cuando desde 2008 ella ha estado en todas las reuniones con las comisiones y que ahorita le digan que no, que resulta que no es víctima?… Es el colmo”, señaló su defensora.

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Getty Images

Sinovac: la emergencia por la que expertos en Indonesia piden una tercera dosis de esta vacuna china

Desde febrero han muerto al menos 30 médicos y enfermeras que ya habían recibido dos inyecciones de la vacuna china en un país que registra más de 20 mil nuevos contagios al día.
Getty Images
5 de julio, 2021
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Al menos 20 médicos y 10 enfermeras en Indonesia murieron entre febrero y junio de este año, a pesar de estar vacunados con dos dosis contra la COVID-19, según la asociación de los trabajadores de la salud del país.

Los expertos están haciendo ahora un llamado para que estos reciban una tercera dosis de Sinovac (la vacuna china que también se administra en Chile, Uruguay y varios otros países de América Latina), mientras Indonesia lucha contra un aumento en las infecciones impulsado por nuevas variantes.


En la entrada de un centro de vacunación en las afueras de Yakarta, cientos de personas empujan para entrar. Un guardia les dice que tengan paciencia, que adentro no hay espacio.

Menos del 8% de la población(250 millones) de Indonesia ha sido vacunada y con un aumento dramático de casos, impulsado por nuevas variantes como la delta, la gente está desesperada por obtener protección.

Dentro, el alcalde local, Arief Wismamsyah, explica que ha habido un malentendido: deben registrarse antes de acercarse, dice.

Afuera, por un altavoz, los guardias le dicen a la gente que se vaya a la casa… pero nadie se mueve.

“Ningún efecto”

Actualmente Indonesia registra más de 20,000 nuevos casos de COVID-19 por día, aunque los expertos dicen que la cifra es con toda probabilidad mucho mayor, dado que no se hacen suficientes pruebas fuera de la capital, Yakarta.

Multitud frente a un centro de vacunación en Denpasar, Bali, Indonesia, 26 de junio de 2021

Antara/Reuters
Las filas frente a los centros de vacunación son inmensas.

Pero incluso entre los inmunizados hay una creciente preocupación sobre cuánta protección les brindará la vacuna fabricada en China.

De los 949 trabajadores de la salud que murieron por COVID-19 en Indonesia entre febrero y junio, 20 médicos y 10 enfermeras habían recibido ambas dosis de Sinovac.

Los médicos se muestran reacios a hablar públicamente, pero admiten que se sienten muy vulnerables.

Una especialista en pulmones, que prefiere permanecer en el anonimato, es una de las que recibió sus dos dosis.

Después de un mes, dice que se hizo una prueba para verificar el nivel de anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad en su cuerpo.

“No tuvo ningún efecto. Esta vacuna no me generó anticuerpos“, le dijo al servicio indonesio de la BBC. “La hice de nuevo un mes después y obtuve los mismos resultados”.

Reconoce que algunos de sus colegas obtuvieron mejores resultados, pero en ella, la vacuna Sinovac tuvo poco o ningún efecto, remarca.

Ensayos

La Sinovac fue aprobada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indicó que los resultados habían mostrado que previno la enfermedad sintomática en el 51% de las personas vacunadas.

También señaló que la vacuna previno los casos graves de COVID-19 y la hospitalización en el 100% de la población estudiada.

Médicos en Indonesia

EPA
Los trabajadores de la salud comenzarón a ser vacunados con Sinovac en enero.

Sinovac Biotech, que fabrica la vacuna, insiste en que dos dosis son suficientes para ofrecer protección contra los casos graves de la enfermedad.

La farmacéutica informó que está realizando ensayos clínicos sobre la eficacia de una tercera inyección y afirma que los primeros resultados son alentadores.

“Después de dos inyecciones, nuestro cuerpo ya ha producido una memoria inmune. En cuanto a en qué casos se necesitará la tercera inyección, hay que darles a los investigadores más tiempo para estudiarlo”, dijo recientemente Yin Weidong, CEO de Sinovac a la Televisión Central de China.

Yin explicó que cuando los voluntarios que habían sido doblemente vacunados con la vacuna Sinovac recibieron una tercera inyección después de tres y seis meses, la respuesta de anticuerpos llegaba a multiplicarse por 10 en una semana y por 20 en 15 días.

El equipo de mitigación de riesgos de la Asociación Médica de Indonesia dice que cree que, en general, cualquier vacuna aprobada por la OMS y las autoridades indonesias está ayudando a reducir el riesgo de COVID-19 grave.

Pero ahora está evaluando si los trabajadores de la salud deberían recibir una dosis adicional.

Debate sobre la tercera dosis

Dicky Budiman, epidemiólogo de la Universidad Griffith, en Australia, se encuentra entre los que apoyan la medida.

“En este momento en el que nos enfrentamos a una ola impulsada por nuevas variantes, es muy urgente que reciban un refuerzo. Es necesario potenciar la efectividad de la vacuna Sinovac y aumentar los anticuerpos frente a variantes como la delta uno”, opina.

Sinovac

EPA
Indonesia confía en la vacuna Sinovac para frentar el avance de la pandemia.

Tri Yunis Miko, epidemiólogo de la Universidad de Indonesia, dice que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo, y recuerda que han pasado seis meses desde enero, cuando los trabajadores de la salud recibieron sus vacunas en el país.

Pero Windhu Purnomo, profesor de la Universidad de Airlangga, también en Indonesia, se pregunta si tiene algún sentido recibir una tercera dosis.

“Hemos visto varios casos de trabajadores de la salud que murieron y que estaban completamente vacunados. Eso no debería haber sucedido”, dice.

“Si la vacuna Sinovac de hecho no protege a las personas contra nuevas variantes, entonces la administración de terceras dosis no será de utilidad”.

Siti Nadi Tarmizi, portavoz del gobierno de Indonesia para el lanzamiento de la vacuna, dice que están esperando más información.

“En relación a la sugerencia de una tercera dosis de la vacuna, no ha habido publicaciones científicas ni recomendaciones adicionales de la OMS al respecto. Por lo tanto, debemos esperar”, dijo.

“Tenemos nuestro propio equipo de investigación que se encuentra en la tercera fase de un ensayo clínico que analiza la eficacia de la vacuna Sinovac después de dos dosis. Esto nos proporcionará información sobre si necesitamos agregar una tercera inyección de refuerzo”.

“Al borde de una catástrofe”

Indonesia ha tenido el peor brote de COVID-19 del sudeste asiático, con alrededor de 2.1 millones de casos positivos y 57,000 muertes hasta la fecha.

ICU ward for COVID-19 patients at a government-run hospital in Jakarta, 26/06/2021

Reuters
Las nuevas variantes están propiciando un aumento en el número de casos en el país.

El mes pasado, la Cruz Roja de Indonesia describió la situación del país como “al borde de una catástrofe de COVID-19”, con hospitales llenos y suministro de oxígeno a niveles críticamente bajos.

El número de niños que contraen COVID-19 casi se ha triplicado desde mayo, y las muertes infantiles han aumentado drásticamente a medida que el país sufre la ola de infecciones más grave hasta el momento.

El presidente Joko Widodo anunció recientemente que el gobierno administrará la vacuna a niños mayores de 12 años.

Y las autoridades anunciaron un cierre de dos semanas en la isla principal de Java así como en Bali, con el objetivo de reducir a la mitad el número de casos.

Mientras que otras vacunas pueden estar disponibles en Indonesia, como las de AstraZeneca y Sinopharm, la mayoría de las dosis ha sido suministradas por su aliado cercano, China.

Por ello, la realidad es que el gobierno tiene pocas opciones en este momento, aparte de continuar usando Sinovac.


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