En México hay leyes y mentalidad más inclusiva, pero discriminación persiste hacia los indígenas
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Cuartoscuro Archivo

En México hay leyes y mentalidad más inclusiva, pero discriminación persiste hacia los indígenas

En México los empleos menos remunerados, más informales y con menos prestaciones médicas los tienen personas hablantes de lengua indígena, y las de tono de piel más oscuro.
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14 de septiembre, 2018
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En los últimos 25 años hubo un cambio en el mapa legal de la lucha contra la discriminación étnico racial: hay una Ley en la que el Estado se compromete a proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto discriminatorio. Cambió también el mapa institucional: existe ya el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Hubo, además, una transformación en la mente de las personas. Se pasó de la negación a reconocer que México es un país discriminador. Pero en la práctica todo sigue igual o peor para muchos grupos vulnerables, entre ellos las comunidades indígenas.

A esa conclusión llegó Ricardo Raphael, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), en la sesión “La agenda gubernamental contra la discriminación étnico-racial en México”, que forma parte del ciclo temático del seminario permanente de desigualdad socioeconómica del Centro de Estudios Sociológicos (CES) del Colegio de México (Colmex).

El analista compartió mesa con Alexandra Haas, presidenta de Conapred; José Alejandro Robledo, director general de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Eréndira Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Jacqueline L´Hoist, presidenta de Copred. 

En su intervención para cerrar la mesa, organizada por Patricio Solís, profesor investigador del CES, Raphael dijo que en la discriminación a los indígenas la única transformación que no ha ocurrido en México es la real.

“No sé si se puede afirmar que está peor, pero hay temas en los que sí lo parece. Los mega proyectos mineros han sido una tragedia para las poblaciones indígenas, con devastación de su territorio, desplazamientos y agresiones. La justicia se está utilizando en el país contra los líderes que se oponen a esos proyectos”.

En un breve diagnóstico sobre cada campo donde se genera discriminación, el analista comentó que, en el educativo, fue en 2003 cuando la SEP publicó el último libro de texto para educación indígena. Desde entonces no ha habido una reedición. “El modelo de educación incluyente no ha dado un solo paso”, afirmó.

La presidenta de Conapred, Alexandra Haas, aseguró, en entrevista previa con Animal Político que el sector educativo es clave porque permite obtener capacidades para después conseguir trabajos, ingreso y prestaciones. “Sin embargo vemos una política educativa que excluye. En la encuesta intercensal del 2015 se encontró que ningún joven monolingüe se había graduado de la secundaria”.

Y justo los empleos menos remunerados, más informales y con menos prestaciones médicas, aseguró Haas, los tienen personas hablantes de lengua indígena y las de tono de piel más oscuro. “Nueve de cada 10 hablantes de lengua indígena no tienen un contrato laboral por escrito y la misma cifra no tiene prestaciones médicas”.

Quienes hablan una lengua indígena, agregó, están sobrerepresentados en afiliación al seguro popular. 72% de ellos están en este sistema, eso significa que se les da acceso a una cobertura médica menor que la del IMSS.

Sobre este punto, Ricardo Raphael comentó durante el seminario que el seguro popular se presume como el programa que ha mejorado los indicadores de desarrollo social.

“Eso es una mentira cuando se refiere a poblaciones indígenas, porque este sistema se expresa regionalmente conforme a las capacidades de cada entidad, no es cierto que hay un solo seguro popular, sino una encarnación chiapaneca o una encarnación en la montaña guerrerense, imagínense a la hora que se desdobla este seguro, cómo llega a las comunidades indígenas”.

En el ámbito de la justicia, Raphael dijo que se ha dado una transición con los juicios orales, pero no hay ninguna previsión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni de la Procuraduría General de República, ni de las procuradurías en los estados sobre cómo afrontar la exclusión que el nuevo sistema va a implicar para las poblaciones indígenas.

Las faltas al debido proceso, subrayó José Alejandro Robledo, director general de Derechos Indígenas del CDI, se presentan hasta en 80% de los casos de las personas indígenas privadas de la libertad porque no tuvieron un intérprete. Y hay otra parte que perjudica sus derechos: no se consideran los sistemas normativos internos para juzgar con esa perspectiva.

Eréndira Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la CNDH, refirió que la Comisión ha hecho varias recomendaciones en ese sentido, como ver el nuevo modelo de justicia en una lógica pluricultural. “Los sistemas normativos internos no son adversos al sistema positivo, como se ha creído, eso es un mito. Es importante retomar algunos modelos de esos sistemas”.

En lo político, Raphael declaró que no hay un esfuerzo real de representación de las comunidades indígenas en este ámbito. “No se ve así en el Congreso (de la Unión), ni en los congresos locales, ni en los gabinetes”.

Lo que sí hay en el país, recalcó, es un culto a crear instituciones, eso ha multiplicado a los responsables del fenómeno. Hay un problema serio de fragmentación institucional, en el ámbito municipal, estatal y federal, que atiende a la discriminación pero por grupos.

“Hay una lucha contra la discriminación que está descoordinada, fragmentada, parcializada y con un enfoque clientelar o que trabaja solo para pacificar el enojo de las poblaciones indígenas. Lo que se necesita es atacar campos específicos de discriminación: en la política educativa, la justicia, la salud. Hay que pasar de las políticas dirigidas a grupos a las políticas dirigidas a campos discriminatorios”, concluyó el analista.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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4 factores que explican la histórica sequía que afecta al norte de México (y cuánto puede durar)

Ante la gravedad de la situación, el presidente mexicano firmó un decreto que permite reducir provisionalmente el agua concesionada a empresas de la zona metropolitana de Monterrey.
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1 de agosto, 2022
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Suministro de agua en casa durante solo siete horas al día. Largas filas para recoger agua con cubos de camiones cisterna. Barcos encallados en superficies que albergaban ríos y que hoy lucen completamente secos.

Imágenes como estas dan cuenta de la grave sequía que se sufre desde hace varios meses en el norte de México, muy especialmente en el estado de Nuevo León y su capital Monterrey, la segunda ciudad más poblada y capital industrial del país.

“Somos víctimas de nuestro propio éxito”, reconoció hace unos días el gobernador de Nuevo León, Samuel García. “Fue y es sin duda la peor crisis que ha vivido el estado”, dijo, de lo que responsabilizó a su predecesor en el cargo por “no haber invertido” lo suficiente en garantizar el abastecimiento de agua.

La falta de lluvias, la existencia de presas prácticamente vacías y el hartazgo cada vez mayor de la población llevaron al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a firmar un decreto el pasado viernes en el que la crisis hídrica fue declarada como “un asunto de seguridad nacional”.

Según el mandatario, con sus medidas se aspira a garantizar el abastecimiento en Nuevo León durante los próximos “ocho o diez años”. Las autoridades fueron blanco de críticas por no haber previsto un plan con el que hacer frente a una sequía ya prevista por expertos en una región acostumbrada a este fenómeno.

Pero ¿qué es lo que causó esta situación extrema y qué factores podrían haberse tomado en cuenta para minimizar su impacto en la población?

El fenómeno La Niña

La sequía que sufre el norte de México se debe principalmente a La Niña, el fenómeno climatológico debido a disminuciones en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial pero que, a nivel global, modifica los vientos y las precipitaciones.

Mapa sequia MX

Conagua
En este mapa publicado el 18 de julio se muestran en color rojo y granate las zonas de sequía extrema y sequía excepcional en México.

“La Niña hace que deje de llover en el norte de México desde diciembre a mayo-junio e influencia un cambio de patrones que causa temperaturas más calientes y provoca esta sequía que seguimos viendo”, dice Christian Domínguez Sarmiento, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

Tanto La Niña como su contraparte cálida El Niño pueden alterar la temperatura global y causar efectos atmosféricos muy extremos. Ambos son eventos frecuentes pero, por lo general, no suelen durar más de un año.

“Lo sorprendente es que esta Niña dura desde 2020, es demasiado y es algo que no ocurría desde hace 20 años”, le explica a BBC Mundo la meteoróloga Domínguez Sarmiento.

Según la experta, son multitud de factores oceánicos los que están prolongando esta Niña causante de unas sequías que, como fenómeno natural que existe desde tiempos inmemorables, “no vamos a poder evitar”. Sin embargo, alerta, su crudeza sí se vera aumentada cada vez más por las condiciones de cambio climático.

“Los escenarios dicen que de aquí a diez o 20 años podríamos tener sequías más intensas y extremas, principalmente en el norte del país. Y serán más recurrentes. Es decir, que esta Niña que ya dura tres años podría volver a presentarse en un menor tiempo”, advierte.

Falta de infraestructura hídrica

La mitad del agua que se suministra al área metropolitana de Monterrey llega de pozos subterráneos, mientras que la otra mitad procede de tres presas con una capacidad total de 1.462,5 Mm³.

Pero, ante la falta de lluvias y con la excepción de El Cuchillo (dedicada principalmente a uso agrícola), sus pobres niveles de llenado lucen ahora alarmantes.

Porcentaje de llenado de presas que abastecen a Monterrey. . .

Las recurrentes sequías y el aumento de población en la región -que desde 1990 casi se duplicó hasta los 5,3 millones de personas en 2020- evidencia que “se debió haber invertido en proyectos y más infraestructura” hídrica, le dice a BBC Mundo Ramón Aguirre Díaz, exdirector del Sistema de Aguas de Ciudad de México.

El ingeniero civil experto en agua y saneamiento recuerda el proyecto Monterrey VI, un acueducto que pretendía llevar agua a Monterrey desde el río Pánuco de Veracruz y que fue cancelado en 2016 entre cuestionamientos por posibles daños ecológicos y sociales de la obra.

“El problema es que, al cancelarse, se dijo que había hasta 15 alternativas en estudio… y no fue hasta 2020 que empezaron a construir la presa Libertad, con mucha menos capacidad que Monterrey VI”, critica.

En el decreto presidencial firmado este viernes, se incluyó financiamiento para la construcción del acueducto El Cuchillo II y la finalización en 2023 de la presa Libertad, algo que activistas ambientales consideraron una buena solución “a mediano plazo”.

La explotación empresarial y agrícola

Según cifras oficiales, la mayor parte del uso del agua en Nuevo León se destina a la suma de uso agropecuario e industrial. Gran parte de estas grandes empresas en Monterrey funcionan mediante la explotación de pozos, gracias a acuerdos de concesión alcanzados con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por un período concreto de años.

Uso de agua en Nuevo León. . .

Por ello, muchos reclamaron que también se impusieran limitantes a estos sectores en el uso de agua. El propio presidente López Obrador llegó a pedir a las refresqueras y cerveceras de la región que redujeran o incluso detuvieran su producción para destinar a consumo de la población todo el agua que utilizan en sus fábricas…

En las últimas semanas, varias empresas anunciaron que cederían parte de sus concesiones de agua. Hasta el pasado viernes, la Conagua había firmado convenios para que las industrias aporten 500 litros por segundo a la red de agua potable, mientras que las zonas agrícolas citrícolas aportarán hasta 1.000.

Sin embargo, y debido a que estas cifras siguen sin ser suficientes, el decreto firmado por López Obrador da luz verde a imponer un aumento de estas cesiones al contemplar que las autoridades puedan reducir provisionalmente y durante al menos seis meses el volumen de agua de las empresas concesionadas, que quedarán liberadas de su pago mientras dure la iniciativa.

Barco en presa La Boca

Getty
La sequia en la presa La Boca ha dejado imágenes como la de barcos encallados en lo que antes era un gran embalse de agua.

“Esta medida llega tarde porque este pronóstico de crisis se conoce desde hace al menos 18 meses y también es insuficiente: el consumo de la industria y lo agrícola es muy grande y se deberían aumentar esos volúmenes de cesión”, cuestiona Antonio Hernández, biólogo experto en asuntos de política ambiental de Monterrey.

En entrevista con BBC Mundo, Hernández pone como ejemplo que la acerera Ternium, la empresa con mayor concesión de agua en el estado, cuente con un volumen de líquido que supone “el 98% de lo que requeriría la población de Monterrey”.

“El progreso tecnológico es totalmente legítimo. Lo que no lo es fue haber privilegiado y poner todos los huevos en la canasta de la industrialización, dejando de ver la importancia de la naturaleza y sus recursos naturales. Monterrey es ejemplo de ello”, le dice a BBC Mundo Luis Gerardo Esparza, ingeniero agrónomo especialista en desarrollo rural.

Persona pescando en presa La Boca

Getty

Pero gran parte de la vida productiva de Monterrey está unida a dichas actividades industriales, que a la vez son unas de las grandes consumidoras del agua. “Si no funcionaran (esas empresas), generarías otro problema de índole más socioeconómica. Por eso, lo justo sería regular y actualizar los volúmenes que realmente necesita la industria”, responde Hernández.

Incendios forestales y educación ambiental

La deforestación es también es uno de los factores a tener en cuenta para entender las recurrentes sequías en la zona.

“Los incendios forestales son el principal motivo de que estén degradadas las cuencas en las áreas naturales de las que se extrae el agua que abastece a Monterrey”, recuerda Hernández, quien calcula en unas 21.000 hectáreas la extensión quemada en los últimos dos años.

Según el activista ambiental, los gobiernos no pueden aumentar la extracción de agua hasta comenzar un proceso de restauración ecológica de esas cuencas que son “la fábrica de agua de Monterrey, eso es fundamental”.

“Los incendios acaban con la corteza forestal y aumenta el azolve (lodo o basura) que va a dar a los lechos de los ríos, que en esta zona va fundamentalmente al río Santa Catarina. Se tiene que hacer una inversión gigantesca para extraer esos millones de metros cúbicos de grava y cascajo”, agrega Esparza, coautor de un estudio sobre las crisis del agua en Monterrey desde 1597.

Fila de personas esperando agua en Monterrey

Getty

Otro factor a mejorar señalado por expertos es la necesidad de mejorar la educación ambiental entre la población y fomentar un uso más responsable del agua en una región en la que se localizaron diversas tomas clandestinas que desviaban agua hacia ranchos y terrenos privados.

Aguirre Díaz cree que la verdadera solución pasaría por una revisión y aumento de tarifas para las personas cuyos medidores reflejen un mal hábito de consumo de agua. “Esto se resuelve haciendo que a la gente le cueste desperdiciar”, apunta.

Pero Hernández cree que sería más efectivo abaratar las tarifas a quienes utilicen infraestructuras que reducan el consumo.

“Si el gobierno establece estímulos tarifarios para quienes instalen sanitarios o regaderas ahorradoras, por ejemplo, sería algo más favorable y exitoso entre la población”, dice.

Hombre recoge agua en cisterna

Getty

¿Cuándo acabará la sequía?

En este escenario, la mayor incógnita es ¿hasta cuándo durará esta situación de grave sequía?

La meteoróloga Domínguez Sarmiento asegura que las previsiones actuales apuntan a que La Niña se extenderá al menos hasta final de año.

“En noviembre habrá que volver a analizar los modelos para ver qué nos dicen respecto a 2023, pero se esperaría que termine en diciembre y ya se transicione a una fase neutra”, pronostica.

Presa La Boca

Getty

Sin embargo, eso no quiere decir que la gravedad de la sequía se vaya a mantener hasta entonces. Una vez que México entra en la temporada de lluvias entre julio y agosto, se espera que las precipitaciones aumenten gradualmente y disminuya la extensión de la sequía actual.

La experta destaca que “estados del norte como Chichuahua, Coahuila, Sonora y Nuevo León dependen de que exista algún ciclón tropical que toque tierra y que deje alta cantidad de lluvias”.

“Eso es lo que se está esperando y es habitual que ocurra en el mes de septiembre. Ahí es cuando podría terminar la sequía”, concluye.


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