Relatora de la ONU denuncia uso del sistema penal contra opositores a megaproyectos en México

Victoria Tauli-Corpuz explicó que las autoridades y jueces han usado el sistema legal para acusar a pobladores de ser intrusos de sus propias tierras y emitió una serie de recomendaciones para México.

Presa La Parota
Denuncia relatora de la ONU sobre pueblos indígenas uso de sistema penal contra opositores a los megaproyectos. Cuartoscuro


La relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, expuso su preocupación por las agresiones y la criminalización a los pueblos indígenas por defender su tierra y territorio ante megaproyectos de industrias extractivas, agroempresas, infraestructura, presas hidroeléctricas y tala de árboles en México.

Los pueblos indígenas cuestionan un modelo de desarrollo puramente comercial, señaló Tauli-Corpuz, que no tiene en cuenta sus derechos y causa un daño irreparable al medio ambiente y a los recursos naturales de los que dependen para su supervivencia.

Bajo ese modelo, pasan a ser intrusos u ocupantes ilegales de sus propias tierras y se les imputan cargos penales por “usurpación” u ocupación ilegal. “Los dirigentes y las comunidades indígenas que se oponen a los proyectos son asesinados, desplazados por la fuerza, amenazados e intimidados y sometidos a un insidioso acoso en forma de acusaciones penales que suelen ser imprecisas, sumamente exageradas o ficticias”, planteó la relatora.

El objetivo de esas agresiones violentas o jurídicas, subrayó, es silenciar cualquier oposición a los intereses empresariales e impedir que las comunidades ejerzan sus derechos.

Aunque hay algunas estimaciones mundiales del número de defensores que han sido asesinados, no existe información disponible sobre el alcance del acoso judicial y la imputación de cargos a los pueblos indígenas. “Pero es claro que se persigue a los dirigentes como estrategia para reprimir y silenciar a toda la comunidad”.

De acuerdo a diversos informes, denunció Tauli-Corpuz, los jueces y fiscales han contribuido a la aplicación irregular del derecho penal al aceptar falsos testimonios, dictar mandamientos judiciales sin pruebas suficientes, permitir que prosperen acciones judiciales infundadas e interpretar indebidamente la ley para incriminar a los defensores indígenas.

Antes de la imputación de cargos, suelen organizarse campañas de difamación y desprestigio en ciertos medios de comunicación contra los pueblos, sus dirigentes y sus comunidades, acusándolos de actuar contra el desarrollo y contra el interés nacional. El discurso de odio basado en el racismo y la discriminación alimenta ese tipo de acusaciones.

En el informe específico sobre su visita a México, del 8 al 17 de noviembre de 2017, la relatora señaló que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, lo mismo que las autoridades e instituciones agrarias, no responden a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajustan a las actuales obligaciones internacionales de México. “No reconocen el derecho de los pueblos a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido”.

En varios casos, señaló, agentes del Estado y terceros han manipulado el régimen agrario para deslegitimar y socavar a las autoridades indígenas opuestas a proyectos de desarrollo.

Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, la imposición del sistema agrario no reflejó los sistemas de tenencia territorial de los pueblos indígenas. Numerosas comunidades rarámuri y ódami han emprendido procesos legales ante autoridades agrarias, que se prolongan por años y hasta décadas, para obtener el reconocimiento de sus tierras.

Se han denunciado también casos en que agentes estatales han convocado asambleas agrarias o han creado padrones de comuneros para facilitar la apropiación de tierras para los proyectos.

En el caso del proyecto hidroeléctrico La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en terrenos de la comunidad indígena de bienes comunales de Cacahuatepec, en Guerrero, la relatora señaló que los tribunales anularon los resultados de asambleas agrarias que aprobaron el proyecto. Pero los gobiernos estatal y federal mantienen su intención de realizarlo, pese a que causaría desplazamientos e impactos a tierras y recursos naturales tradicionales de las comunidades indígenas afectadas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con las organizaciones internacionales Brigadas Internacionales de Paz (PBI); la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; la Organización Mundial Contra la Tortura, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT), aprovechó la reunión del Consejo de la ONU para organizar el foro “Defender el territorio en México” al que asistió la relatora al día siguiente de presentar su informe.

Ahí, Tauli-Corpuz escuchó el estado actual del conflicto por la presa La Parota, que muestra una nueva andanada de violencia hacia la comunidad y hacia la organización que se creó en contra del proyecto, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

El 7 de enero de 2017 durante una fiesta en la comunidad de la Concepción, municipio de Acapulco hubo un enfrentamiento entre opositores y simpatizantes al proyecto de CFE. Murieron ocho personas, seis a favor de la presa y dos policías comunitarios.

Rogelio Teliz, abogado de Tlachinollan, relata en entrevista que cuando la policía llegó al lugar a hacer las diligencias intentaron desarmar a la policía comunitaria y mataron a tres de sus integrantes en una ejecución extrajudicial. Además se llevaron detenidos a 25 integrantes de CECOP y los acusaron de homicidio por los hechos en La Concepción.

El 22 de agosto de 2018, después de que el juez aceptó que hubo violaciones al debido proceso, se logró la liberación de nueve de los detenidos. Pero la mayoría de los líderes más importantes del movimiento siguen en la cárcel.

A los tres días de esas liberaciones, dice Teliz, la policía llegó a la zona de Cacahuatepec. “Entró a los bienes comunales, instaló retenes, cateó casas y detuvo a dos integrantes más de la organización que tenían pendientes órdenes de aprensión. La Fiscalía de Guerrero ha liberado más de 50 de estas órdenes contra comuneros del CECOP y “las ejecuta cuando lo ven más conveniente porque son de 2014 y 2016”.

Teliz acusa una mayor persecución contra la organización. “Parece que quieren dar el golpe final al movimiento y desaparecer CECOP para ir adelante con la presa. Ahorita siguen los retenes. Hay recorridos de la policía en los caminos, detienen a cualquier comunero que se encuentren y lo empiezan a interrogar”.

Después de conocer la actualización del caso la relatora concluyó —cuenta Diana Prado, coordinadora del Área Internacional de Tlachinollan— que lo de CEPCO representa claramente el patrón de criminalización y de persecución que hay contra los defensores del territorio.

Algunas de las recomendaciones de la relatora a México:

  • Las políticas, leyes y planes de desarrollo en materia energética, agraria, agroindustrial, turística y otras áreas deben tener en cuenta las propuestas, prioridades y preocupaciones de los pueblos indígenas en relación con el desarrollo en sus territorios o alrededor de los mismos antes de que resulten en concesiones, licencias, permisos y otras autorizaciones que pudieran afectar sus derechos y generar conflictos.
  • Deben adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios, realizados por entidades independientes de acuerdo a los estándares internacionales y tomando en cuenta el conocimiento de las comunidades sobre su hábitat en la elaboración de los estudios.
  • Asimismo, deben fortalecerse las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas y de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud que puedan sufrir los pueblos indígenas.
  • Debe garantizarse que no se utiliza el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legítima de sus derechos ni a las organizaciones que les asisten.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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