Relatora de la ONU denuncia uso del sistema penal contra opositores a megaproyectos en México
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Relatora de la ONU denuncia uso del sistema penal contra opositores a megaproyectos en México

Victoria Tauli-Corpuz explicó que las autoridades y jueces han usado el sistema legal para acusar a pobladores de ser intrusos de sus propias tierras y emitió una serie de recomendaciones para México.
Cuartoscuro
21 de septiembre, 2018
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La relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, expuso su preocupación por las agresiones y la criminalización a los pueblos indígenas por defender su tierra y territorio ante megaproyectos de industrias extractivas, agroempresas, infraestructura, presas hidroeléctricas y tala de árboles en México.

Los pueblos indígenas cuestionan un modelo de desarrollo puramente comercial, señaló Tauli-Corpuz, que no tiene en cuenta sus derechos y causa un daño irreparable al medio ambiente y a los recursos naturales de los que dependen para su supervivencia.

Bajo ese modelo, pasan a ser intrusos u ocupantes ilegales de sus propias tierras y se les imputan cargos penales por “usurpación” u ocupación ilegal. “Los dirigentes y las comunidades indígenas que se oponen a los proyectos son asesinados, desplazados por la fuerza, amenazados e intimidados y sometidos a un insidioso acoso en forma de acusaciones penales que suelen ser imprecisas, sumamente exageradas o ficticias”, planteó la relatora.

El objetivo de esas agresiones violentas o jurídicas, subrayó, es silenciar cualquier oposición a los intereses empresariales e impedir que las comunidades ejerzan sus derechos.

Aunque hay algunas estimaciones mundiales del número de defensores que han sido asesinados, no existe información disponible sobre el alcance del acoso judicial y la imputación de cargos a los pueblos indígenas. “Pero es claro que se persigue a los dirigentes como estrategia para reprimir y silenciar a toda la comunidad”.

De acuerdo a diversos informes, denunció Tauli-Corpuz, los jueces y fiscales han contribuido a la aplicación irregular del derecho penal al aceptar falsos testimonios, dictar mandamientos judiciales sin pruebas suficientes, permitir que prosperen acciones judiciales infundadas e interpretar indebidamente la ley para incriminar a los defensores indígenas.

Antes de la imputación de cargos, suelen organizarse campañas de difamación y desprestigio en ciertos medios de comunicación contra los pueblos, sus dirigentes y sus comunidades, acusándolos de actuar contra el desarrollo y contra el interés nacional. El discurso de odio basado en el racismo y la discriminación alimenta ese tipo de acusaciones.

En el informe específico sobre su visita a México, del 8 al 17 de noviembre de 2017, la relatora señaló que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, lo mismo que las autoridades e instituciones agrarias, no responden a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajustan a las actuales obligaciones internacionales de México. “No reconocen el derecho de los pueblos a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido”.

En varios casos, señaló, agentes del Estado y terceros han manipulado el régimen agrario para deslegitimar y socavar a las autoridades indígenas opuestas a proyectos de desarrollo.

Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, la imposición del sistema agrario no reflejó los sistemas de tenencia territorial de los pueblos indígenas. Numerosas comunidades rarámuri y ódami han emprendido procesos legales ante autoridades agrarias, que se prolongan por años y hasta décadas, para obtener el reconocimiento de sus tierras.

Se han denunciado también casos en que agentes estatales han convocado asambleas agrarias o han creado padrones de comuneros para facilitar la apropiación de tierras para los proyectos.

En el caso del proyecto hidroeléctrico La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en terrenos de la comunidad indígena de bienes comunales de Cacahuatepec, en Guerrero, la relatora señaló que los tribunales anularon los resultados de asambleas agrarias que aprobaron el proyecto. Pero los gobiernos estatal y federal mantienen su intención de realizarlo, pese a que causaría desplazamientos e impactos a tierras y recursos naturales tradicionales de las comunidades indígenas afectadas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con las organizaciones internacionales Brigadas Internacionales de Paz (PBI); la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; la Organización Mundial Contra la Tortura, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT), aprovechó la reunión del Consejo de la ONU para organizar el foro “Defender el territorio en México” al que asistió la relatora al día siguiente de presentar su informe.

Ahí, Tauli-Corpuz escuchó el estado actual del conflicto por la presa La Parota, que muestra una nueva andanada de violencia hacia la comunidad y hacia la organización que se creó en contra del proyecto, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

El 7 de enero de 2017 durante una fiesta en la comunidad de la Concepción, municipio de Acapulco hubo un enfrentamiento entre opositores y simpatizantes al proyecto de CFE. Murieron ocho personas, seis a favor de la presa y dos policías comunitarios.

Rogelio Teliz, abogado de Tlachinollan, relata en entrevista que cuando la policía llegó al lugar a hacer las diligencias intentaron desarmar a la policía comunitaria y mataron a tres de sus integrantes en una ejecución extrajudicial. Además se llevaron detenidos a 25 integrantes de CECOP y los acusaron de homicidio por los hechos en La Concepción.

El 22 de agosto de 2018, después de que el juez aceptó que hubo violaciones al debido proceso, se logró la liberación de nueve de los detenidos. Pero la mayoría de los líderes más importantes del movimiento siguen en la cárcel.

A los tres días de esas liberaciones, dice Teliz, la policía llegó a la zona de Cacahuatepec. “Entró a los bienes comunales, instaló retenes, cateó casas y detuvo a dos integrantes más de la organización que tenían pendientes órdenes de aprensión. La Fiscalía de Guerrero ha liberado más de 50 de estas órdenes contra comuneros del CECOP y “las ejecuta cuando lo ven más conveniente porque son de 2014 y 2016”.

Teliz acusa una mayor persecución contra la organización. “Parece que quieren dar el golpe final al movimiento y desaparecer CECOP para ir adelante con la presa. Ahorita siguen los retenes. Hay recorridos de la policía en los caminos, detienen a cualquier comunero que se encuentren y lo empiezan a interrogar”.

Después de conocer la actualización del caso la relatora concluyó —cuenta Diana Prado, coordinadora del Área Internacional de Tlachinollan— que lo de CEPCO representa claramente el patrón de criminalización y de persecución que hay contra los defensores del territorio.

Algunas de las recomendaciones de la relatora a México:

  • Las políticas, leyes y planes de desarrollo en materia energética, agraria, agroindustrial, turística y otras áreas deben tener en cuenta las propuestas, prioridades y preocupaciones de los pueblos indígenas en relación con el desarrollo en sus territorios o alrededor de los mismos antes de que resulten en concesiones, licencias, permisos y otras autorizaciones que pudieran afectar sus derechos y generar conflictos.
  • Deben adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios, realizados por entidades independientes de acuerdo a los estándares internacionales y tomando en cuenta el conocimiento de las comunidades sobre su hábitat en la elaboración de los estudios.
  • Asimismo, deben fortalecerse las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas y de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud que puedan sufrir los pueblos indígenas.
  • Debe garantizarse que no se utiliza el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legítima de sus derechos ni a las organizaciones que les asisten.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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5 países en más riesgo de sufrir una hambruna bíblica por el COVID-19 (y uno está en Latinoamérica)

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte que se avecina la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué países son los más vulnerables?
EPA
24 de abril, 2020
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El mundo está al borde de una posible “pandemia de hambre”.

Así lo advirtió el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, mientras múltiples gobiernos de todo el mundo batallan contra la pandemia del covid-19.

A finales de 2019, 135 millones de personas vivían con niveles de hambre “extremos”, pero a causa de las cuarentenas por el covid-19, es probable que ese número aumente a 265 millones, dijo el martes el director ejecutivo del WFP, David Beasley.

“Antes de que el coronavirus se convirtiera en un problema, decía que 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial por varias razones”, apuntó Beasley. “Ahora, con el COVID-19, quiero enfatizar que no solo estamos enfrentando una pandemia, sino también una catástrofe humanitaria global”.

En una videoconferencia con el Consejo de Seguridad de la ONU, Beasley advirtió que podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses”.

Beasley advirtió que el mundo debe “actuar sabiamente y rápido”.

El WFP recibió 8,300 millones de dólares en 2019 y ahora necesita entre 10,000 y 12,000 millones de dólares para mantener sus operaciones durante este año.

¿Qué países están en mayor riesgo de la hambruna de la que advierte Beasley?

Yemen

Incluso antes de que comenzara la guerra en Yemen, el país era el más pobre del mundo árabe.

Pero desde que una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en el conflicto contra los rebeldes hutíes de Yemen en 2015, la situación humanitaria del país se ha deteriorado aun más.

“En 2016, estábamos ayudando quizá a unas tres o cuatro millones de personas en Yemen. Hoy ese número asciende a los 12 millones”, dijo a la BBC el economista jefe del WFP y director de la División de Investigación, Evaluación y Monitoreo, Arif Husain.

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Para empeorar la situación, el WFP dijo a principios de mes que reduciría a la mitad la ayuda a las áreas controladas por los hutíes, entre las preocupaciones manifestadas por algunos países sobre la obstrucción de entregas de ayuda por los rebeldes.

República Democrática del Congo (RDC)

Después de más de un cuarto de siglo de conflicto armado en varias partes del país, en la RDC se encuentra la segunda crisis de hambruna más grande del mundo, según el WFP.

Más del 15% de la población del país sufre de inseguridad alimentaria grave, lo que significa que se encuentran entre las 30 millones de personas en zonas de guerra alrededor del mundo que dependen casi por completo de la ayuda que reciben.

Soldados marroquíes de la misión de Naciones Unidas en territorio Djugu, en el este de la República Democrática del Congo.

AFP
En la RDC se encuentra la segunda crisis de hambruna más grande del mundo.

Se necesitan casi 2,000 millones de dólares para asegurar el suministro de alimentos para estas poblaciones para tan solo los próximos tres meses, alertó Husain.

“Esas personas fueron las más afectadas y ahora están aun en mayores problemas”.

Venezuela

Según un informe publicado a fines de febrero por el WFP, casi un tercio de la población venezolana (un 32,3%) padece inseguridad alimentaria y necesita ayuda.

De acuerdo con el estudio, 2,3 millones de venezolanos (7,9% de la población) se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa.

Es decir, sufren “carencias extremas en el consumo de alimentos, o la pérdida extrema de medios de vida que podría conducir a carencias en el consumo de alimentos o algo peor”.

El país ha perdido más de un 50% de su PIB desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia, una contracción de la economía que ha tenido consecuencias sobre la alimentación de los venezolanos.

Venezolanos cruzando la frontera entre Cúcuta en Colombia y San Antonio del Táchira en Venezuela.

AFP
Muchos venezolanos se han visto forzados a cruzar ilegalmente la frontera con Colombia para comprar comida y medicinas.

La crisis se ha visto acompañada de la hiperinflación, una subida constante y acelerada de los precios, lo que ha llevado a que un 59% de los hogares no cuenten con ingresos suficientes para comprar comida.

Las dificultades se ven agravadas en medio de la pandemia por un éxodo masivo de trabajadores de la salud, según el organismo de la ONU.

Y los problemas no terminan ahí: alrededor de 4.8 millones de personas (o el 15% de la población) han abandonado Venezuela en los últimos años, y cientos de miles de estos migrantes enfrentan inseguridad alimentaria en los países vecinos.

Sudán del Sur

El país más joven del mundo se independizó de su vecino del norte, Sudán, en 2011.

La medida estaba destinada a marcar el final de una larga guerra civil, pero el país cayó en un conflicto violento tan solo dos años después.

Personas de Sudán del Sur esperando recibir comida de la Cruz Roja.

Getty Images
Casi el 60% de la población de Sudán del Sur lucha por encontrar comida todos los días.

El WFP advierte que el hambre y la desnutrición en Sudán del Sur se encuentran en los niveles más extremos desde 2011. Casi el 60% de la población lucha por conseguir alimentos a diario.

Para empeorar la situación, la plaga de langostas que destruyeron cultivos en África Oriental llegaron a Sudán del Sur a principios de 2020.

Y como uno de los países más dependientes del petróleo del mundo, es probable que el país se vea muy afectado por la caída de los precios del crudo registrada durante la pandemia.

Afganistán

Afganistán, otro país devastado por los conflictos, había sufrido casi dos décadas de guerra cuando Estados Unidos lo invadió en 2001.

Un soldado vigila a las mujeres que reciben raciones de comida del Programa Mundial de Alimentos en Herat, Afganistán.

EPA
Un soldado vigila a un grupo de mujeres que reciben comida gratuita en Herat, Afganistán.

Casi 20 años después, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Y el WFP estima que más de 11 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa.

y los nuevos 130 millones

Además de las áreas afectadas por la guerra, los problemas ambientales o las crisis económicas, es probable que muchos más países de ingresos bajos y medianos se vean afectados por la pérdida de empleo y otras dificultades económicas causadas por la propagación del COVID-19 en los próximos meses.

El problema se agravará por presiones económicas similares en países de todo el mundo, lo que significa que las remesas, o el dinero enviado por familiares en el extranjero, caerán en estos países.

“Lo más importante es que haya un tratamiento asequible para el COVID-19 que esté disponible para todos en todo el mundo”, dijo Husain.

“Pero hasta que lleguemos a ese punto, debemos asegurarnos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar vidas y proteger los medios de vida”.

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BBC

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