Réplicas económicas para negocios afectados por el 19S no cesan
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Réplicas económicas para negocios afectados por el 19S no cesan

El apoyo económico que han recibido los pequeños y medianos negocios de la Ciudad de México ha sido irrisorio en comparación con el daño que sufrieron tras el terremoto del 19 de septiembre.
Por Antonio Cruz y Carlo Echegoyen / Newsweek en Español
16 de septiembre, 2018
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Del  negocio de Mario Arellano solo quedó el nombre: Salón Social Palace.

Su superficie fue atravesada por una falla que derivó en la demolición del inmueble.

Las letras con el nombre fueron colocadas en el tapiado de madera que rodea los 200 metros donde estuvieron el salón y la vivienda del músico de profesión, en la colonia Del Mar, en Tláhuac.

Mario Arellano señala que el valor de su propiedad rebasaba los 4 millones de pesos, pero el gobierno capitalino le entregó un cheque por 2,000 pesos como ayuda. El hombre lo relata frente a una manta gubernamental que anuncia una inversión de 3 millones de pesos para todos los daños de la colonia.

El sismo se llevó sus ahorros de décadas, dice el músico de 50 años de edad.

Antes de ser demolido en diciembre, el salón fue centro de acopio y albergue. Por ello, fue nominado para recibir una placa que lo distinguía como “negocio solidario”, a manos de Miguel Ángel Mancera, pero Mario Arellano la rechazó.

“Le dije que le cambiaba esa placa de metal por ayuda verdadera, que realmente me apoyara”.

Un año después del sismo, la calle donde está el predio de Mario Arellano sigue desnivelada casi medio metro.

En la colonia, donde 26 negocios resultaron dañados, algunos locales se mantienen cerrados y los comerciantes coinciden en que la caída en las ventas llega a 30 por ciento. Lo atribuyen a la mudanza de muchos vecinos y a la inseguridad acentuada por el daño en las calles, donde no puede circular las patrullas.

Arellano muestra el comprobante  que recibió por 2,000 pesos como parte del apoyo a negocios afectados por el sismo.

Mario Arellano asegura que no sabía de la falla que atraviesa la superficie de la propiedad que adquirió dos años atrás:

“Imagínate que llegas a comprar una casa con tu DRO, con tu arquitecto con tu asesor, imposible… Uno compra un predio pensando en tener un buen desenvolvimiento económico, para seguir manteniendo a la familia, tengo dos hijos universitarios”.

Por el momento, Mario Arellano vive con su familia en una casa que su hermano le prestó. Y responsabiliza a las autoridades por la falta de información.

“Las autoridades otorgan un permiso de construcción; regularizaron la tierra; escrituraron, yo tengo escrituras; otorgaron servicios, permisos de servicios mercantiles… Hay una gran responsabilidad de parte del gobierno, recaudó sin decirle a los propietarios que estaban en una zona que no era factible de habitar…”.

Además de los 2,000 pesos iniciales, Mario ha recibido en el año 17,000 pesos como apoyo para renta por parte del gobierno capitalino.

“Teníamos de manera normal 15 trabajadores, entre chef, lavaplatos, gente que trabajaba en la limpieza. Cuando se hacían los festejos, el número de trabajadores subía a 40 personas, entre músicos, meseros y otros servicios adicionales”.

No pudo tener acceso a los 2,300 pesos del seguro de desempleo: “me dijeron que yo no califico, porque estoy considerado como patrón”.

Lorena Mora frente al lugar donde estaba el edificio que cayó junto a su negocio, en la Zona Rosa.

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

Los dueños del Café Zu, David Rojas y Lorena Mora, tienen muy claro cuál es su pérdida económica tras el sismo del 19 de septiembre: 2 millones 350 pesos –“es lo que debo, lo que pedí prestado”, dice, explicando que la deuda está repartida en cuatro distintos créditos personales, dos cada quien.

El negocio, ubicado en el número 39 de la calle de Génova, no está incluido en el censo de los 126 dañados –y que convierten a esta colonia en una de las más afectadas; sin embargo, tuvo que permanecer cerrado porque el edificio contiguo de 12 pisos fue demolido.

El matrimonio había pedido dos créditos para remodelar su negocio durante la rehabilitación de la calle, que duró nueves meses, pero solo abrieron por tres semanas antes del sismo.

“Fue la gota que derramó el vaso”, lamenta David.

“No es solo la remodelación, es pagar a los empleados, la rentas; no sacábamos ni las rentas, pedimos crédito para aguantar el tiempo de gasto”, agrega Lorena.

La demolición del edificio contiguo tardó nueve meses. Se consumieron dos más para trámites y reabrieron su café a mediados de agosto.

Los empresarios lamentan no haber podido tener uno de los créditos anunciados por la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Ciudad de México.

“Metimos papeles, avisamos, cambiamos de banco tres veces. Es gracioso, porque te decían ‘Ok, tienes un negocio, pero ahorita no estás generando, ¿cómo vas a pagar el crédito? Entonces no eres sujeto a crédito’. Se supone que eran créditos específicamente diseñados para los damnificados”, explica ella.

Los dueños del Café Zu relatan que, adicionalmente, deben la renta del año que mantuvieron cerrados tras el sismo, y el dueño ya les envió un requerimiento.

“Necesitamos apoyo del gobierno para que nos dejen trabajar”.

Los negocios de la llamada Zona Rosa aún no alcanzan el nivel de ventas que tenían.

Norma Medina, la administradora del Restaurante-Bar Boomers, en el número 39-A de la misma calle, explica que su negocio perdió poco más de 2 millones de pesos por el sismo, además de los casi 500,000 pesos adicionales en la renovación de permisos y otros trámites que perdieron vigencia.

Estos comerciantes no cantan victoria. La delegación Cuauhtémoc anunció antes del sismo la remodelación de la calle Hamburgo, que cruza a Génova, lo que anulará el flujo peatonal.

Felipe Casas afectado por el sismo. Su chinampa se partió en  San Gregorio, Xochimilco.

SACUDIDA EN LAS CHINAMPAS

Con la “sacudida”, como el agricultor Felipe Casas se refiere al sismo del 19S, el agua de los canales en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, desbordó 300 metros cuadrados de una chinampa y el líquido inundó 50 centímetros sobre su cultivo de brócoli, jitomate, tomate, chiles, cale, hinojo, coliflor…

El hombre calcula a bote pronto: el daño a la siembra sumó 25,000 pesos, más el trabajo de reparación de la chinampa: 20 jornales, que sumarían 6,000 pesos.

Felipe pudo subsanar la pérdida y seguir cultivando gracias a la ayuda de amigos y vecinos.

Uno de los aprendizajes que le dejó la experiencia, dice, es no confiarse en las autoridades.

“Más que en el gobierno, confiamos en la sociedad civil. Es la que llegó con una botella de agua, una torta… su apoyo fue invaluable, me quedo con eso”, dice.

El sismo en San Gregorio Atlapulco, por tratarse de un pueblo productor de verduras y flores, donde destaca el comercio, derivó en doble pérdida: viviendas y negocios para las mismas personas.

Es también el caso del floricultor Fernando Páez, quien perdió su casa y la cosecha de hortensias que prepara cada seis meses y el negocio de banquetes que tenían. Con su familia, vivió en una camioneta y una casa en obra negra que les prestaron, hasta que se repuso. Una asociación civil les financió la construcción de su vivienda, pero no han podido reiniciar su negocio de alimentos.

En San Gregorio Atlapulco, famoso por ser un epicentro comercial entre los pueblos y barrios de Xochimilco es muy notorio el daño tras el sismo.

Los productores que venden verduras y hortalizas en carretillas en torno a la iglesia estiman que venden entre 40 y 30 por ciento menos respecto a 2017.

La calle principal, Chapultepec, estuvo cerrada por 10 meses y sigue sin ser pavimentada, por lo que es notorio el alto número de fachadas comerciales que fueron dejadas por negocios fallidos.

Otros prestadores de servicios, como Marisol Pérez, cuya estética donde laboraba se derrumbó, improvisan negocios con carpas en terrenos donde antes hubo viviendas.

Pero el impacto comercial destaca en el mercado de 152 locales que sigue inutilizable y sin ser demolido.

Ahí permanece el carnicero Crispín Patiño, 72 años, metido en un local con los muros cuarteados, en espera de ocupar un puesto provisional de 3.5 metros donde no cabría el refrigerador de segunda mano que compró ni su sierra ni su vitrina.

La mayoría de los locatarios improvisó puestos afuera del mercado, en espera de que les asignen uno provisional que les funcione.

María del Rosario Loyola, 62 años, vendedora de jugos y licuados, se resiste a tomar el puesto provisional que le asignaron: “¿Qué voy a hacer sin agua? No me sirve…”.

Rocío Mejía, vendedora de ropa y representante de los locatarios, advierte que fuera del mercado tendrán que lidiar también con los robos, como ya ha ocurrido en ocho ocasiones en el año.

El mercado del pueblo es uno de los dos que deben ser demolidos en la capital por los daños del sismo, además del de Santa Cecilia, en Tláhuac, con 79 locales.

Hasta el 6 de septiembre, la Sedeco solo había construido 59 de los 152 puestos provisionales de lámina requeridos. El tiempo que permanecerán ahí es incierto.

Por la falta de programas ejecutivos de la Sedeco, la Comisión para la Reconstrucción redireccionó, a favor de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, los 120 millones de pesos que eran para los mercados.

Ante la debacle de ventas, los locatarios del mercado se han ayudado con los 2,000 pesos del programa “Yo te apoyo” y cuatro mensualidades de 2,300 correspondientes al seguro de desempleo, suspendido después de las elecciones.

Lee la nota completa en la nueva edición de Newsweek en Español

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¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres que cualquier otro país?

La BBC habló con activistas de derechos humanos dentro y fuera de Irán sobre las razones que explican esta situación.
10 de agosto, 2022
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Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

Los grupos de derechos humanos dicen que Irán vive una ola de ejecuciones. Solo en la última semana de julio, 32 personas fueron ejecutadas, incluidas tres mujeres que fueron ahorcadas por asesinar a sus maridos.

“No hay pena de prisión por asesinato . O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Agentes preparan una soga de ahorcamiento en Irán.

Getty Images
Los activistas acusan a las autoridades iraníes de ocultar el número real de ejecuciones.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

La madre de Abdolah Hosseinzadeh, quien fue asesinado en 2007, remueve la soga del cuello de Balal, quien mató a su hijo.

Getty Images
En un extraño acto de compasión, los padres de un joven asesinado perdonaron al asesino después de que fuera llevado a la horca.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Atena Daemi

Atena Daemi
Atena Daemi dice que el sesgo de género en el sistema judicial dificulta la absolución de una mujer acusada de asesinato.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

Una mujer iraní detenida en prisión.

Getty Images
Muchas familias cortan vínculos con las mujeres que son acusadas judicialmente, explican los activistas.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Asieh Amini

Javad Montazeri
Asieh Amini atribuye la ejecución de mujeres en Irán a las leyes religiosas y a la sociedad patriarcal.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Reclusas iraníes sentadas en su celda en la cárcel de Evin.

Getty Images
Atena Daemi dice que las cárceles de mujeres a menudo carecen incluso de las necesidades básicas

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Una mujer parada en la horca en Irán.

Getty Images
En el exterior ha habido muchas protestas contra el uso de la pena capital por parte de Irán.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas.


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