Este martes Morena presentará ante el pleno del Senado de la República una iniciativa de reforma al artículo 1 de la ley de adquisiciones, para evitar esquemas de desvío de recursos públicos señalados en la investigación periodística La Estafa Maestra, y obligar a los secretarios de Estado a firmar este tipo de convenios que evaden las licitaciones públicas.
La Estafa Maestra reveló un esquema que permitió que, solo entre 2012 y 2014, más de 4 mil 600 millones de pesos de 11 dependencias del gobierno federal ‘desaparecieran’ entre 144 empresas fantasma o irregulares, gracias a la ‘mediación’ de ocho universidades públicas que, de manera sistemática, violaron el artículo 1 de la ley federal de adquisiciones.
En la actualidad, una exención prevista en el artículo 1 de la ley de adquisiciones permite que dos instancias públicas de gobierno, como por ejemplo las secretarías de Estado (Sedesol, Sedatu, Pemex, etcétera) y las universidades públicas u otras entidades de gobierno, puedan firmar convenios de colaboración para prestarse servicios entre sí de manera directa y sin pasar por ninguna licitación pública.
El único ‘candado’ es que la parte contratada, las universidades en este caso, no puede subcontratar a terceros por más del 49% de los recursos que recibe de las secretarías de Estado. Sin embargo, en los 70 convenios analizados en La Estafa Maestra, las universidades violaron el artículo 1 de la ley de adquisiciones, y subcontrataron a empresas por más del 90% de los recursos para quedarse con el 10% como ‘comisión’, lo que les supuso, además, ganancias por mil millones de pesos solo por hacer de ‘puente’ con las compañías.
Ninguno de los convenios fraudulentos fue firmado por los titulares de las 11 secretarías de gobierno donde se produjeron los desvíos millonarios a empresas fantasma. Esto ha sido utilizado constantemente por secretarios de Estado como Rosario Robles, quien dirigió Sedesol, primero, y ahora está en la Sedatu, para deslindarse de responsabilidades en los desvíos señalados en ambas dependencias por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ahora, la iniciativa de reforma propuesta por los senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché plantea que si dos dependencias públicas de gobierno quieren firmar convenios para la realización de servicios al amparo del artículo 1, el titular de la dependencia contratante deberá firmar personalmente los contratos, con lo cual asume toda la responsabilidad ante posibles desvíos o malos manejos de recursos públicos.
“El titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo”, señala la propuesta.
Los llamados del exauditor que no fueron escuchados
Previo a esta propuesta de reforma de Morena, el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, hizo llamados recurrentes a los legisladores para reformar el artículo 1 de la Ley de adquisiciones, al advertir que era utilizado para desviar recursos públicos, pero no fue escuchado.
En las cuentas públicas de 2013 a 2015, la Auditoría había detectado que las universidades públicas subcontrataban empresas, y éstas triangulaban los recursos a través de más subcontrataciones. La clave para que ocurriera era justamente utilizando la ley.
Al entregar la cuenta pública de 2015, en julio del año pasado, incluso dijo que una manera de evitar la repetición de este esquema era reformar la ley para que los titulares de las dependencias y organismos del gobierno federal firmaran directamente ese tipo de convenios y no los funcionarios de mandos medios y bajos.
En una entrevista concedida previo a la publicación de la Estafa maestra, el entonces auditor aseguró que esta medida significaba obligar a los titulares a responsabilizarse.
“En los convenios con universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, y éste le dice a un director general, y éste a un director de área, y luego a un subdirector. Y así va bajando en el escalafón. Entonces, tal vez metan a alguien en la cárcel por estos convenios, pero no al que era el responsable inicial. Por eso, es necesario que quien firme se responsabilice, y para ello también se requieren sanciones”.
Sin embargo, la subcontratación a través del artículo 1 venía tiene antecedente en 2010, en la construcción de la Estela de Luz, como parte de la celebración del Bicentenario. La Auditoría detectó que para evadir la Ley de adquisiciones, el TURISSSTE subcontrató a la empresa III Servicios, dedicada a dar mantenimiento a casas habitación.
“Se la subcontrató sin licitación, y ésta a su vez subcontrató a otra compañía que sí hizo la construcción. Pero los sobrecostos fueron enormes debido a un uso indebido del Artículo 1”, dijo el Auditor. Incluso, por este caso la Auditoría también interpuso una denuncia penal ante la PGR.
Al entregar la Cuenta Pública de 2014, Portal aseguró que la la práctica reiterada de adjudicación directa por parte de las dependencias y entidades a universidades públicas y otras instancias, sin que éstas tuvieran la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida se había convertido “en una clara fuente de corrupción”.
Mientras que en febrero de 2018, durante la entrega de resultados de la Cuenta Pública 2016, el exauditor Federal, Juan Javier Pérez Saavedra, afirmó que nuevamente encontraron este esquema de desvío. El cuál había sido “señalado recurrentemente por la ASF, ya que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Se presenta un ambiente de excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados.”
Disminuye 79% contratos al amparo del artículo 1
La Secretaría de la Función Pública (SFP) reportó a través de una solicitud de información pública de Animal Político, que los convenios entre instancias públicas del gobierno al amparo del artículo 1 de la ley de adquisiciones se redujeron en cuatro años más de un 79%.
El ‘pico’ más alto de este tipo de convenios fue 2013. Ese año, según la SFP, se firmaron convenios entre dependencias públicas por 12 mil 869 millones. Un año después, la cifra bajó a 11 mil 279 millones de pesos, mientras que en 2015 el descenso fue más pronunciado: se redujo a 7 mil 452 millones, 33% menos. Para 2017, el monto fue de 2 mil 659 millones, una reducción del 79.3%.
